Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 34799-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de fs. 127/133; con costas de alzada al ARCA (ex AFIP-DGA).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 13 de marzo de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (exAFIP-DGA) a fs. 139, contra la sentencia de fs. 127/133, fundado por la expresión de agravios de fs. 148/152, cuyo traslado fuera replicado por la parte actora a fs. 157/185. Y,
I.-Sumario de los hechos que dieron origen al caso Que la División Empresas Vinculadas de la División Aduana de Santa Fe, el 5/09/2009, mediante la Nota 582 (DV EMVI) practicó un estudio de valor sobre las destinaciones documentadas por la exportadora Compañía Industrial Cervecera SA. (en adelante CICSA) durante el periodo comprendido entre el 01/01/2004 y el 31/05/2009 (cfr. fs. 680/686 de las act adm. 12522-698-2005/1), en el que -en lo que aquí interesa- se tuvo en cuenta que:
(i) conforme los ejercicios económicos con cierre el 31/12/2004, 2005, 2006 y 2007 la empresa, con planta productora radicada en la Provincia de Santa Fe, desarrolló la actividad económica de producción para la venta en el mercado local y para su exportación de la cerveza Heineken, en virtud del acuerdo de licencia y asistencia técnica suscripto por la casa matriz Compañías Cervecerías Unidas de Chile SA, con la holandesa Heineken Brouwerijen BV.
(ii) la operatoria involucraba una triangulación, según la cual se constataron exportaciones a consumo con una factura consignada a una firma en el país de destino (Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay) y otra factura comercial consignada a una empresa vinculada. (iii) la firma holandesa, a su vez, refacturaba al comprador de su vinculada CICSA en el exterior con destino al importador de Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay.
(iv) como consecuencia de dicha operatoria, la base de tributación quedaba disminuida, puesto que el precio de la refacturación de la compañía vinculada incrementaba el valor de destino en guarismos que alcanzan el 50% de diferencia.
La División de la Regional de Rosario, el 30/11/2009, sobre la base de considerar el reseñado informe producido por la División de la Regional Santa Fé, practicó ajuste de valor respecto de las destinaciones documentadas durante el año 2006. En función de tales circunstancias, mediante la nota (SE FVEX) 173/2009 la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación ordenó la remisión a la Aduana de registro junto con el listado de los documentos liquidados, planillas de liquidación y cargos generados (cfr. fs. 1/6, de la actuación SIGEA 12522-698-2005/4).
Dicho informe dio lugar a la formulación de los cargos 315/09 al 519/2009 en concepto de “ajuste por vinculación” por un total de USD 88.681,48 (ver fs. 7/452refolaido de las act. adm., y notificación de fs. 453/454refoliado de las act. adm.), los cuales fueron impugnados por la exportadora de conformidad con lo previsto en el art. 1053, inciso a) del CA, dando origen a la actuación SIGEA 12522-53 -2010.
El procedimiento de impugnación, en el que -como se verá en seguida- la empresa desplegó una significativa actividad probatoria, concluyó con la resolución (AD SAFE) 169/2014, por la que el Administrador de la Aduana de Santa Fe, de conformidad con lo dictaminado el 9/06/2014 (v. fs. 1017refoliado a fs. 1025, Dictamen AD SAFE 031/2014), revocó algunos cargos correspondientes a 81 destinaciones que corresponden a la venta de la cerveza de la marca Budweiser (art. 1°) y, en cambio, confirmó parcialmente algunos de los cargos en concepto de diferencia de derechos de exportación, según el recálculo efectuado por un total de US$ 6.881,09 (ver art. 2°), correspondientes a las 124 destinaciones detalladas a fs. 1026/1028 refoliado.
Al respecto, dejó sentado que “atento que se encuentra probado que el valor de la licencia de marca no se encuentra incluido en el precio facturado por CICSA y sí en el precio facturado por Heineken Brouwerijen BV por ser esta firma titular de la misma, se ha efectuado un recálculo del ajuste descontándose de la diferencia de valor determinada en los ajustes originales (32,92%) un 11% del valor FOB declarado en la mercadería marca HEINEKEN, en ese concepto que se encuentra justificado”.
Contra dicha resolución la firma Compañía Industrial Cervecera SA interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO entre otros argumentos opuso la falta de fundamentación de los ajustes, planteó la nulidad de la resolución por vicios en la causa y la motivación, alegó el cumplimiento del principio “arm’s length” y la veracidad en los precios FOB declarados en los permisos de embarque y la consecuente improcedencia de acudir a una base de valoración supletoria (cfr. fs. 15/39vta.).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante la sentencia del 7 de junio de 2023, revocó el art. 2° de la resolución (AD SAFE) 169/2014, imponiendo las costas a la Aduana vencida. Para así decidir, dejó sentado que la valoración de mercaderías en Aduana para la exportación debe ajustarse al Código Aduanero, cuyo artículo 735 establece que el valor imponible para el cálculo del derecho de exportación ad valorem es el valor FOB, FOT o FOR, según el medio de transporte, en operaciones entre un comprador y un vendedor independientes.
Explicó que el código adopta un concepto teórico de valor imponible basado en un precio estándar que cualquier vendedor podría ofrecer (art. 745), considerando factores como precio, cantidad, tiempo, lugar y nivel comercial (arts. 735-750).
Puntualizó que la Aduana tiene facultades para observar y ajustar el valor documentado según el artículo 747 y que se acepta el precio declarado si no difiere sustancialmente de valores comparables (art. 748, incs. a, b y c). En cambio, si existen antecedentes que indiquen diferencias notorias, la Aduana puede exigir justificación, bajo apercibimiento de rechazar el valor propuesto.
Indicó que las principales causas de desestimación del valor documentado surgen en casos de vinculación entre las partes (art. 746) o -en un campo más amplio- cuando el precio declarado difiere significativamente del valor comparable, resultante de los métodos previstos en el art. 748.
Precisó que, de esta manera, el precio comparable será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exportare, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del aludido art. 748, los señalados precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
Señaló que en aquellos casos en que existieren razones fundadas que habilitan a la Aduana a apartarse del valor declarado, se exige la previa citación del exportador a justificarlos, conforme el Anexo I, art. 2.1.2.1 de la resolución general AFIP 620/99.
En cuanto a las concretas circunstancias del caso, dejó sentado que el aspecto sustancial en el que la Aduana ha fundado la formulación de los cargos impugnados, en los términos del art. 748, inc. f) del CA, consiste en la falta de inclusión del valor de la licencia de marca en el precio facturado por la recurrente. Y, recalcó, que la Aduana consideró probado que no se encontraba incluido en el precio facturado por CICSA, pero sí en el precio facturado por Heineken Brouwerijen BV (por ser la titular de la licencia de marca). Recordó que el servicio aduanero fundó el ajuste en el sumario antecedente de actuación 12522-698-2005, el cual fue requerido como medida para mejor proveer, dado que allí se efectuó una investigación de valor para exportaciones documentadas en los años 2004-2005, siendo que en el caso las operaciones datan del 2006. En cuanto aquí resulta relevante considerar, el Tribunal señaló que:
(i) no se encuentra controvertido que la actora está vinculada con Heineken Brouwerijen BV;
(ii) la actora cuestionó el informe SE FERO 078/2006 por haber dado idéntico tratamiento a las ventas de bienes de diversas marcas (Budweiser, Heineken y Schneider) efectuadas por la firma CICSA, en relación con diverso tipo de producto (botella de litro, lata de 355cm3 y botella de 355cm3 de cerveza) y a dos operaciones totalmente distintas llevadas a adelante por la empresa: la venta a terceros de sus productos y la operación de elaboración, embalaje y almacenamiento que desarrolla para AB y HN, sin que se haya tomado en cuenta los Contratos de Elaboración aportados por CICSA en su oportunidad.
(iii) la aduana indica que la metodología utilizada para el ajuste fue efectuar un promedio general de las diferencias de valor entre CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO lo facturado por CICSA y los terceros operadores a su destino final, y consideró para ello la totalidad de la diferencia de valor y efectuó un recálculo de ajuste general para todas las operaciones que involucraban a la marca Heineken a un 25,92% (V. Nota 582/2009 DV EMVI);
(iv) la actora hace especial énfasis en la importación que hubiera tenido en el caso considerar el Contrato de Elaboración de Cerveza HNK, en razón del rol limitado que cumple CICSA en el giro total del negocio de la venta de cerveza HNK en Uruguay, por cuanto con este documento se hubiere demostrado que su intervención se ciñe a la etapa de la elaboración y embalaje y que queda a cargo de HNK y su distribuidor en Uruguay la posterior comercialización y distribución del producto.
(v) si bien el servicio aduanero en la resolución apelada indica que dicho contrato se hallaba en inglés y que por ello no fue considerado, tampoco consta en las actuaciones administrativas que la Aduana lo hubiere requerido traducido, lo cual ha impedido un conocimiento acabado de las modalidades inherentes a las operaciones analizadas en el caso.
(vi) la diferencia en el valor FOB declarado en los permisos de embarque por la recurrente con los consignados en los MIC/DTA fue autorizada por la División Técnica de la Aduana mediante el e-mail 1653/2001 AD SAFE en respuesta a la consulta efectuada por la firma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 de la decisión CMC nro. 1/04 “Régimen de Origen Mercosur”;
(vii) no luce agregada a la actuación SIGEA 12522-53 -2010 la información en base a la cual el servicio aduanero efectuó el referido promedio general de las diferencias de valor entre lo facturado por CICSA y por los terceros operadores a su destino final.
Bajo tales parámetros, concluyó que no existen indicios aceptables para objetar el valor de transacción como base de valoración y como valor imponible, de modo que el ajuste de valor determinado por la aduana no se encuentra fundado y debe ser desestimado.
Que el Fisco Nacional, exAFIP-DGA, en sustento de su recurso, se agravia de lo así resuelto, alegando que “el ajuste de valor cuestionado en autos empleó la metodología prevista en la Sección IX -Título 1-art 274 a 76 de la Ley 22.415, que refleja la ‘noción teórica de valor’ de la mercadería, procediendo conforme lo establecido en la resolución gral. N° 620/99”.
Indica que la cantidad debidamente comprobada de la influencia de la vinculación resultó de comparar el precio efectivamente facturado al destinatario final de la mercadería, con el precio documentado en los respectivos permisos de embarque.
Expone que cuando la vinculación entre el comprador y el vendedor influye en el precio de la transacción que motiva la exportación caben dos alternativas: ajustar la base o cambiarla. Agrega que, para esto último, será necesario descartar ese precio de transacción y acudir a una de las bases supletorias previstas en el art. 748 del CA. Precisa que, en el caso, el tribunal pasó por alto las condiciones que debe reunir un precio para constituir una base genuina de la materia imponible.
En ese orden de ideas, recalca que “en el presente caso las diferencias entre el precio denunciado por el exportador argentino respecto del precio facturado por el tercer operador vinculado en los términos del art. 742 del CA no constituyen un patrón razonable de intermediación, toda vez que se advierte como único propósito, radicar la ganancias por la venta de la mercadería objeto de valoración en una jurisdicción distinta de aquella donde el bien exportado se produce, no habiendo acreditado durante la sustanciación de la investigación de valor elemento alguno que justifique el incremento que incorpora el tercer operador, sobre la base de elementos objetivos que permitan al servicio aduanero establecer su procedencia”.
Manifiesta que la aplicación del método previsto en el art. 748 inciso f) del CA se justifica en la especie dado que se propone demostrar que los precios denunciados para la venta en el mercado interno tienen concordancia con el valor final de las exportaciones que paga el importador de destino. Dicho de otro modo, explica ese cálculo como “la suma del precio denunciado por CICSA en los permisos de embarque, más el valor agregado por el tercer operador vinculado”.
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2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Señala que la matriz de valores se realizó sobre el total de las destinaciones de todas las marcas de cerveza exportadas y sobre mercadería idéntica, a la misma fecha y en las mismas condiciones, sólo que en una venta posterior realizada por un tercer operador. Añade que “el rechazo del precio pagado o por pagar como base de valoración se funda en razones técnicas y jurídicas respecto de las ventas realizadas a través del Régimen del Tercer Operador, sin considerar las eventuales ventas que pudiera haber realizado la empresa CICSA en forma directa a los destinos” República Oriental del Uruguay para la cerveza Heineken y la República Federativa de Brasil, Paraguay y Chile para la cerveza marca Budweiser.
Finalmente, expone las facultades de desestimación del valor declarado en exportaciones que surgen del Código Aduanero (arts. 746 y cc. del CA) y cita jurisprudencia que considera favorable a su postura.
IV. La contestación de la firma exportadora Que la parte actora, en primer lugar, solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por la demandada, desde que en su escrito solo incluye reflexiones genéricas en torno a las normas que regulan las facultades de la Aduana. En subsidio, contesta los agravios y solicita que se confirme la sentencia apelada, con costas, V.- Delimitación de la cuestión litigiosa.
Las pretensiones que han subsistido en autos son exclusivamente aquellas a las que refiere el art. 2° de la resolución (AD SAFE) 169/2014 y que consisten en exportaciones de CICSA de mercadería de la marca Heineken, puesto que las ventas efectuadas a Anheuser Busch International, de la marca Budweiser, han quedado excluidas de la materia controvertida. Esto es así, ya que en el art. 1° de la referida resolución fue admitida la impugnación de la actora en sede aduanera, con fundamento en que en el año 2006 la empresa estadounidense ya no formaba parte del grupo empresario, más concretamente de la Compañía Cerveceras Unidas de Chile.
Las cuestiones que debe examinar la Sala son si la vinculación entre CICSA y Heineken Brouwerijen BV influenció en el precio de la mercadería, tornando procedente la desestimación del valor propuesto en las declaraciones aduaneras y, a todo evento, si la base supletoria prevista en el art. 748, inciso f) del CA es la que resulta aplicable. Ambos aspectos, han sido debatidos -desde el inicio- por la firma exportadora y su dilucidación conducirá a definir si la valoración efectuada por el servicio aduanero resulta ajustada a derecho o si, tal como lo decidió el Tribunal Fiscal, el valor declarado por la exportadora es inobjetable como base de valoración y valor imponible.
A tal fin, cabe tener presente que no se encuentra controvertida la facultad que tiene la aduana de apartarse del precio pagado o por pagar en caso de que considere que éste no constituye una base idónea de valoración a los fines de calcular los derechos de exportación. Para ello, podrá utilizar la base de valoración que mejor se adecuare a las modalidades inherentes a la exportación, sin que el orden en que aparecen descriptos los métodos valorativos en los incisos del art. 748 del código aduanero imponga una pauta de prelación que obligue a aplicarlos en un orden determinado, a diferencia de lo que ocurre en las destinaciones de importación en virtud del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio.
Repárese, aún a riesgo de efectuar reiteraciones, que de conformidad con lo dispuesto por el art. 747 del mismo código sólo se puede acudir a las bases supletorias contempladas en el art. 748 frente a la constatación de antecedentes de valores que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar en cuyo caso podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable.
A fin de elegir el método supletorio, el servicio aduanero deberá apreciar en qué medida se aparta la base de valoración de las pautas desarrolladas en los arts. 735 a 744 del código que rige la materia, ponderando las diferencias que se originen en gastos de venta y entrega (art. 739 del citado código), en la cantidad de mercadería a valorar (art. 740 del mismo código) y en el nivel comercial que correspondiere a la transacción que da lugar a la exportación, sobre la base de operaciones de comercio usuales (art. 741).
Es que, conforme como surge de la exposición de motivos del código aduanero (ver capítulo 6, correspondiente a los derechos de exportación, puntos 10 a 13) no basta con que la aduana deseche un CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO valor declarado por diferir con los declarados en otras operaciones idénticas o similares, sino que, por el contrario, se debe analizar cuál es el valor real de la mercadería objeto de destinación (13) toda vez que “se ha procurado esbozar una norma de valor imponible que, atendiendo a un principio de neutralidad en las reglas que gobiernan la valoración, permita, al momento de fijarse las escalas de derechos, el cumplimiento de los objetivos que indique la política más conveniente para los intereses generales a través del arancel.” (11). Tal principio de neutralidad se ha conceptualizado como “aquel que no pretende al definir el valor imponible, obtener en forma directa a través de ello un mayor o menor quantum de ingreso fiscal por razones de política económica. Únicamente se ha pretendido contar con una norma objetiva, clara y sencilla, que sea fácil de comprender y aplicar librando a la esfera del arancel la decisión final de los montos efectivos a tributar.”
No obstante, ello, es preciso señalar que la resolución general (AFIP) 620/99, en cuanto hace referencia a los procedimientos que debe seguir la aduana a efectos de la valoración de los permisos de embarque propone en sus disposiciones la necesaria fundamentación de los ajustes del valor allí documentado. En ese sentido, dice: “2.1.2.1) Efectuar ajustes de valor a que hubiere lugar de conformidad con lo expresado en el art. 748 del código aduanero. Las áreas de valoración confeccionarán un listado de los ajustes valor que en principio estime aplicables, indicando el fundamento de los mismos”.
Seguidamente, aclara que “los interesados podrán suministrar, a las áreas de valoración, elementos y/o explicaciones que a su juicio permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original”; añadiendo que, para el caso que se considere procedente el ajuste de valor, “se remitirá la carpeta del permiso de embarque a la aduana de registro correspondiente, con un informe donde conste las fundamentaciones técnicas de tal decisión, a los efectos de practicarse la liquidación, intimación y cobro de los cargos por la diferencia de tributos y/o estímulos, para las aduanas del Interior”.
Por su parte el art. 748, inc. f) del Código Aduanero establece que “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá como base de valoración (…) “f) el valor de la mercadería que se exportare obtenido a partir del precio de venta, pagado o estimado, en el mercado interno del territorio aduanero de exportación, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación y el mercado al cual la misma hubiere de destinarse”. En lo que respecta a la carga de la prueba en el procedimiento de ajuste de valor, quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, y es quien deberá probar la veracidad de su cuestionamiento, y de lograrlo transferirá al exportador -en este caso- la carga de demostrar la legitimidad de su declaración. Así, hasta tanto la aduana no produzca la prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste del valor declarado, ninguna carga pesa sobre el particular (cfr. Sala IV in re “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA” del 13/09/05, y Sala II in re “Patagonian Fruits Trada SA (TF 20985-A) c/ DGA” del 3/12/09). En efecto, es la aduana quien para apartarse de la base de valoración prevista por la ley debe fundamentar y justificar por qué está rechazando el precio declarado (cfr. esta Sala expte. nro. 27553/2012 “Expofrut (TF 24862-A) C/DGA”, del 27/03/2012).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho Que es necesario recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, en principio, no cabe revisar en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662 -A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, y con la actual composición, expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024, entre otras). Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22, más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024).
VII. Rechazo de los agravios del fisco nacional A la luz de lo expuesto en los considerandos que anteceden, cabe destacar que el Tribunal Fiscal ha efectuado un detenido examen de las circunstancias fácticas de la causa y que la conclusión a la que se arribó al valorarlas resulta razonable, sin que se advierta que hubiese incurrido en un error que descalifique el pronunciamiento dictado.
En efecto, de conformidad con lo expuesto en el Considerando VIII del voto de la vocal preopinante el Tribunal Fiscal, luego de una minuciosa consideración de las actuaciones administrativas, concluyó que el ajuste de los valores declarados por CICSA efectuado por la Aduana no estaba debidamente justificado, lo cual autorizaba a descartar la recomposición de valor y la consecuente exigencia de la diferencia de los derechos de exportación.
En este sentido, puntualizó que: (i) la resolución se sustentó en un estudio de valor plasmado en un informe que practicó ajustes para los periodos 2004 y 2005, cuando el lapso temporal que se considera en el caso es el periodo 2006; (ii) la Aduana omitió analizar el Contrato de Elaboración aportado como prueba por la exportadora; (iii) la propia División Técnica de la Aduana había autorizado a declarar el valor como lo hizo la empresa; (iv) la Aduana no agregó a las actuaciones administrativas cuál fue la concreta información en base a la que arribó a un promedio general de las diferencias entre lo facturado por CICSA y por los terceros operadores a su destino final.
De todos modos, en orden a dar adecuada respuesta a lo expuesto por el Fisco Nacional en sus agravios, deviene imprescindible poner de relieve que, en cuanto a la influencia de la vinculación entre la exportadora y la empresa holandesa, el servicio aduanero ha omitido considerar elementos de convicción que permiten descartar su impacto en el precio de la mercadería. Al respecto, a fs. 545/576 de las actuaciones administrativas se encuentra agregado el informe pericial, en el cual el experto contable examinó las diferencias entre diversas relaciones contractuales, a saber:
- el “Contrato de Elaboración de Cerveza”, celebrado entre CICSA y Heineken Brouwerijen BV, según el cual la aquí actora sólo tenía un rol en la elaboración y el embalaje de la mercadería en función de las especificaciones que impartiera Heineken. Indica el informe que la cláusula 7.1 “Entrega” define ese momento cuando la cerveza Heineken sea entregada en contendedores a Heineken Brouwerijen BV o al Distribuidor en el depósito de carga de CICSA, aclarando que “para el primer caso HB suministrará los contenedores vacíos de carga y organizará el transporte desde el depósito de carga de CICSA o cualquier depósito externo, hacia sus mercados de exportación” (ver página 19 del informe, agregado a fs. 563 de las act. adm.)
- el “Contrato de Licencia de Marca”, suscripto el 30/11/2005 entre las mismas partes contratantes y según el cual CICSA se encontraba habilitada a comercializar cerveza de la marca Heineken en el territorio nacional, asumiendo una serie de costos que el experto describe en el punto 3.3 de su informe (vgr. pago de regalías; logística y transporte, comercialización, marketing y publicidad, administración de créditos y cobranzas), sin que surja de ese documento que CICSA pueda efectuar ventas directas a terceros fuera del territorio argentino. - el “Contrato de Distribución” pactado entre CICSA y la firma uruguaya Gomalar SA, para la venta directa de cervezas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2711/2024 COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA SA (TF 34799-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Budweiser y Schneider hacia el Uruguay, también asumiendo costos que no surgen en el contrato elaboración.
Tal como fue apuntado en la sentencia apelada, a partir de dicho análisis comparativo la empresa justificó las razones por las que el precio que vendía en virtud del “Contrato de Elaboración” (en el que asumió menores costos) resultaba menor que precio con el que comercializaba Heineken Brouwerijen BV a los compradores extranjeros.
A lo antedicho, cabe anudar que el método para obtener la base supletoria al que acudió el servicio aduanero (art. 748, inc. f) del CA), en función del precio de venta pagado o estimado en el mercado doméstico, no resulta adecuado como un comparable válido. En este sentido, resulta ilustrativa la conclusión a la que arribó el experto respecto del punto 3.3 “Improcedencia de la Aplicación de la Base Supletoria de Valoración prevista en el art. 748, inciso f) del Código ”, en la que expuso “Según he constatado en la contabilidad de CICSA (en el período que transcurre entre los ejercicios económicos 2004 a 2009) y cotejado (por medio de muestras) con la documentación de respaldo, he comprobado la existencia de gastos en concepto de Logística y Transporte (12,74% sobre el total de ventas de la Compañía, en promedio anual del período mencionado), Comercialización (3,08%), Marketing y Publicidad (15,46%), Administración de Créditos y Cobranzas (0,37 %) y Regalías (2,90%), que están vinculados inequívocamente a las ventas que realiza CICSA directamente a sus clientes (tanto en el mercado interno como externo). El porcentaje total de este tipo de gastos que surge de este análisis es de 34,55 %. Por el contrario, no he hallado evidencias que permitan verificar la existencia de alguno de estos gastos en las operaciones de elaboración de cerveza efectuadas en el marco de los Contratos suscriptos por CICSA con A-B y con HB”.
No es posible soslayar que en la expresión de agravios el Fisco Nacional tampoco ha propuesto algún argumento para contrarrestar estas conclusiones ni se ha referido a que “la diferencia en el valor FOB declarado en los permisos por la recurrente con los consignados en los MIC/DTA fue autorizado por la División Técnica de la Aduana mediante el e-mail N° 1653/01 AD SAFE en respuesta a la consulta efectuada por la firma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 de la Decisión CMC n° 1/04 “Régimen de Origen de Mercosur”, lo cual fue uno de los argumentos capitales del voto que conformó la decisión (cfr. fs. 130vta., tercer párrafo).
En definitiva, el Tribunal Fiscal de la Nación adecuadamente ha resuelto que la Aduana no ha justificado su accionar en la desestimación del valor declarado y en el ajuste. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional –exAFIP DGA– y confirmar la sentencia apelada VIII.- Costas En lo que respecta a la distribución de costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de alzada al Fisco Nacional –ARCA– vencido en autos (art. 68, primera parte, del Código Procesal).
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de fs. 127/133; con costas de alzada al ARCA (ex AFIP-DGA).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia