Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 46.224-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los ajustes efectuados en lasresoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por las partes no conformadas, es decir las que fueron objeto de tratamiento en autos, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $70.388 (pesos setenta mil trescientos ochenta y ocho) por la representación procesal y de $175.970 (pesos ciento setenta y cinco mil novecientos setenta) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-87255871-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Agosto de 2022 INDUSTRIALIZADORA ARGENTINA DE CARNES S.A.“ En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 46.224-I y su acumulado N° 46.225-I caratulados “COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA ARGENTINA DE CARNES S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias – Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 52/67 y 133/139 la Compañía Industrializadora Argentina de Carnes S.A. (de aquí en más C.I.A.C.S.A.), interpone recursos de apelación contra las resoluciones N° 223/15 y N° 224/15 (DV RSAL), ambas de fecha 10 de diciembre de 2015 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinó:
1. la obligación impositiva con carácter parcial en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012, con más intereses resarcitorios, quedando diferida la sanción según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769 (hoy derogada por ley N° 27.430 que estableció en su art. 279 el nuevo Régimen Penal Tributario) y, 2) impugnar las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2012 a 07/2012, 09/2012 a 09/2013, y determinar de oficio con carácter parcial por los períodos fiscales 01/2012 a 09/2013 y saldo a ingresar para los períodos fiscales 02/2012 a 03/2012, 06/2012 a 07/2012, 09/2012 y 11/2012 y 03/2013, con más intereses resarcitorios, quedando diferida las sanción según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769 (hoy derogada por ley N° 27.430 que estableció en su art. 279 el nuevo Régimen Penal Tributario) por los períodosfiscales 2012 y aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido por el período fiscal 03/2013 conforme arts. 46 y 47 incs. a) y c) la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Manifiesta que consiente en parte la liquidación, pero impugna parte de la diferencia de ingresos y la totalidad de gastos realizados con la sociedad Estancia La Colorada S.A. Que el acto cuestionado contiene un ajuste arbitrario. Explica que como importe anual de ventas en el ejercicio alcanza los $53.897.342,30.- en venta de carnes, netos de I.V.A., y detalla que mensualmente, las cobranzas alcanzaban un total de $58.322.360,90.-, cifra que incluye la venta neta de carne más el 10,5% de I.V.A., por lo que la diferencia entre ventas netas y cobranzas es de $4.335.218,58.- que dicha diferencia fue reconocida, pero el Organismo fiscal pretende incluirla como ingreso sujeto a impuesto tanto para I.V.A. como para Ganancias. Que el monto que se reconoce es de $4.100.125,80.- mientras que el monto que liquida el Fisco Nacional es de $5.064.627,86.-
Que se le atribuye un monto de ventas que nunca existió, alegando que existe una reversión contable injustificada que no responde a operaciones reales sino a un ajuste en la diferencia de inventarios. Que dicha cifra que se le imputa corresponde a las existencias ya verificadas al inicio del período y no se deben contabilizar como ingresos de ventas del período, siendo esto un aspecto técnicamente elemental.
Da a conocer que para el desarrollo de su actividad arrendó campos, camiones y tractores, siendo imposible sin estos recursos el movimiento de la empresa. Que el Fisco Nacional desconoce esos movimientos económicos por meras formalidades considerando que están armados y son falaces. Explica que estos gastos relacionados con la Estancia La Colorada S.A., son ficticios para el organismo fiscalizador, al tener fecha cierta los certificados que obran en las actuaciones. Que si la fiscalización hubiese sido realizada correctamente, se habrían observado los balances de “Estancia” donde obran por el período fiscal 2012 los ingresos originados en los contratos invocados.
Que ofrece prueba documental - que acompaña -,plantea el caso federal y pide que se revoquen los actos impugnados con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 77/87 y 148/160 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Sostiene que conforme las facultades otorgadas por la ley N° 11.683, y como resultado de la verificación efectuada a la aquí apelante, se detectaron diferencias a favor de eseorganismo. Que la empresa se dedica principalmente a la matanza de ganado bovino teniendo otras actividades secundarias, las que se encuentran alcanzadas por la ley N° 20.628 en sus arts. 1, 2, 5, 49 inc. a) y 69 inc. a) pto. 1, y arts. 1, 2, 5, 10, 11, 12, 24 y 23.349 y mod. siendo la mencionada empresa sujeto pasivo de dichos impuestos.
Que C.I.A.C.S.A. no presentó declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2012, la que fuera exhibida el 18/07/2014 y por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 1/2012 a 9/2013 se encontraban presentadas sin movimiento y luego fueron rectificadas al momento de la fiscalización. Que se han efectuado cuatro requerimientos en diferentes oportunidades solicitando a la actora que aporte los registros I.V.A. Ventas de los períodos fiscalizados como también de la documentación respaldatoria, lo cual nunca fue cumplido. En cambio, se analizaron los ingresos de las registraciones del Libro Diario aportado por la firma en soporte magnético el 21/07/2014 y en soporte papel el 20/10/2014.
Constató así que la firma incurrió en las siguientes inconsistencias: omisión de ingresos gravados, costos y/gastos computados en exceso, y carentes de documentación de respaldo y costos y/gastos computados en exceso por duplicación de registración, para el caso del Impuesto a las Ganancias. Que respecto del Impuesto al Valor Agregado, se detectó omisión de débitos fiscales por ingresos gravados y créditos fiscales computados en exceso por duplicación de su registración.
Sostiene que las simples manifestaciones que hace la actora, resultan insuficientes para acreditar la real existencia de las operaciones cuestionadas.
Respecto de la sanción impuesta frente al I.V.A. sostiene que están dados los elementos de la conducta que hacen plenamente válida la aplicación de la misma.
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida por la actora, y acompaña antecedentes administrativos. Que por los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada, pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 167 se decidió acumular el Expediente 46.225-I de igual carátula a los presentes autos.
Que es necesario evaluar el presente expediente teniendo en cuenta la documentación disponible en el mismo y sus antecedentes administrativos, ya que no hubo ofrecimiento adicional (prueba pericial contable o informativa) al momento de interponer el recurso, quedando su resolución de puro derecho.
Que por la PV-2022-79010917-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D" y mediante IF-2022-85995047-APN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que corresponde establecer si las resoluciesapeladas se ajustan a derecho. Que la mencionada compañía es una sociedad anónima, que declara como actividad principal la matanza de ganado bovino, y como actividades secundarias las de: servicios de transporte automotor de animales, servicio de automotor de cargas, operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo, matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne, cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche y venta al por mayor de materia prima agrícola y de la silvicultura n.c.p.
Que como resultado de la verificación efectuada el Organismo fiscal detectó que la empresa C.I.A.C.S.A. no ingresó los impuestos en crisis en su justa medida por los períodos citados, por haber incurrido en una serie de inconsistencias tales como:
Para el Impuesto a las Ganancias:
• Omisión de ingresos gravados (por ventas realizadas), que surgen del análisis de las cuentas contables Deudores por Venta y Caja, donde se advirtieron irregularidades de los asientos contables que no fueron justificados por la apelante, por lo que resultó un ajuste en concepto de ventas omitidas por $5.064.627,86.-.
• Costos y/gastos computados en exceso, y carentes de documentación de respaldo por $2.003.640.-
• Costos y/gastos computados en exceso por duplicación de registración por $1.471.500,69.- Que de las mencionadas inconsistencias, para el caso de las ventas omitidas, se han determinado en base a un análisis de las cuentas contables “Deudores por venta”, “Caja” y “Ventas”, donde en la primera de ellas se detectó que tanto al inicio como al cierre los saldos eran “0”. Que entonces estos ingresos omitidos se relacionan a un tratamiento contable improcedente practicado por la empresa y vinculado a la partida contable “deudores por venta c/c” por un total de $4.302.651,84.- Es decir que surge esa diferencia mencionada entre las cobranzas imputadas contra deudores por ventas y las ventas imputadas contra deudores. Que por otro lado, del Asiento contable N° 574 del 31/12/2012 surge otro ingreso omitido relacionado esta vez con las cuentas “Caja”, “Ventas varias” y “Ventas de cueros”, por una reversión contable injustificada y sin documentar.
A continuación (fs. 814 Legajo Imp. A las Ganancias) C.I.A.C.S.A. es quien mediante multinota presentada en la Agencia Sede Salta el 19/11/2014 reconoce la diferencia de ingresos omitidos parcialmente, alegando que fue por un error involuntario de contabilidad.
Que respecto de los gastos computados en exceso carentes de documentación de respaldo, los mismos se corresponden a gastos contabilizados con la empresa “Estancia La Colorada S.A.” en concepto de alquiler de tractores, camiones, arrendamiento Cpo. A Alsina y arrendamiento Finca Zopota conforme detalle de gastos sin documentación respaldatoria impugnados por la inspección(fs. 807 Legajo Imp. A las Ganancias).
En lo que concierne a los gastos computados en forma duplicada, se verificó que se han registrado dos veces los mismos comprobantes durante el ejercicio fiscal 2012 (fs. 805/806 Legajo Imp. A las Ganancias)
Para el Impuesto al Valor Agregado:
• Omisión de débitos fiscales, provenientes de ventas omitidas • Créditos fiscales computados en exceso por duplicación de su registración.
Que para el caso de los débitos fiscales, la contribuyente tenía presentadas las declaraciones juradas de los periodos fiscales bajo análisis “sin movimiento” y luego durante la fiscalización en marzo y julio de 2014 presentólas rectificativas exteriorizando débitos y créditos fiscales. Que al igual que el Impuesto a las Ganancias, las ventas omitidas, se han determinado en base a un análisis de las cuentas contables “Deudores por venta”, “Caja” y “Ventas”, donde en la primera de ellas se detectó que tanto al inicio como al cierre los saldos eran “0”. Que entonces estos ingresos omitidos se relacionan a un tratamiento contable improcedente practicado por la empresa y vinculado a la partida contable “deudores por venta c/c” por un total de $4.302.651,84. Que del resultado del análisis de las cuentas contables “Deudores por venta” y “Caja” se advirtieron inconsistencias en los asientos contables por el ejercicio fiscal 2012 que no pudieron ser justificadas, lo que representó un ajuste en concepto de ventas omitidas por las que se determinó débito fiscal por los períodos fiscales 01/12 a 12/12. Que en los débitos fiscales declarados por los meses 01/13 a 9/13 contra los registrados por el contribuyente no se ha detectado diferencia con interés fiscal (fs. 475 Legajo I.V.A.). Que C.I.A.C.S.A. es quien mediante multinota presentada en la Agencia Sede Salta el 19/11/2014 reconoce la diferencia de ingresos omitidos parcialmente, alegando que fue por un error involuntario de contabilidad. En conclusión, y conforme los ajustes efectuados contra las declaraciones juradas rectificativas presentadas, surgen débitos fiscales omitidos de declarar. Que en materia de créditos fiscales, se desprende que la fiscalizada ha señalado en sus declaraciones juradas que los créditos fiscales que allí consiga son superiores a los que surgen de los propios libros de I.V.A. compras, por lo que en consecuencia no fueron tomados como válidos a los fines de su liquidación. (fs. 463 y 474 Legajo I.V.A.)
Que respecto del saldo a favor, la contribuyente en su rectificativa del 22/12/14 exterioriza un saldo a favor, pero al no aportar los registros de Libro I.V.A. Ventas y Libro I.V.A. Compras, ni documentación de respaldo que habilite el cómputo del mismo, no se consideró para la liquidación del impuesto la incidencia de dicho saldo.
Finalmente, por el período fiscal 08/12 C.I.A.C.S.A. presentó la rectificativa n° 4 conformando la pretensión fiscal.
Que de lo expuesto, surge que no se ha aportado la documentación necesaria que logre respaldar el cómputo del débito fiscal como el del crédito fiscal determinado por el Organismo fiscal.
V. Que corresponde considerar los distintos planteos expuestos con relación a los ajustes practicados, junto con la prueba documental agregada en el presente y en las actuaciones administrativas, sin haber ofrecido otra prueba.
En primer lugar se analizará la cuestión debatida sobre el Asiento contable N° 574, mencionada en el considerando anterior. Que la actora plantea que respecto de la reversión efectuada que la misma fue efectuada por la AFIP y que fue un ajuste de ventas al efectuar los cálculos por diferencias de inventario. El Organismo fiscal sostiene respecto de este punto que, dicha afirmación carece de sustento lógico por varias cuestiones. Primero porque la contribuyente no aportó prueba documental que acredite el origen o justificación de porqué se realiza dicho asiento contable en particular, segundo porque es la misma empresa quien debita de una cuenta (ventas varias) y la acredita en otra (caja) (fs. 873 cpo. Legajo Imp. A las Ganancias), y tercero, que esas cuentas mencionadas no se correlacionan con una diferencia de inventario, ya que se relacionan a partidas contables vinculadas al cobro e ingresos de la firma, lo que generó una disminución en los saldos de dichas cuentas.
Que teniendo en cuenta lo alegado por la actora, lo mencionado por el Fisco Nacional y la falta de prueba que conmuevan el criterio fiscal, corresponde confirmar el ajuste respecto del Asiento Contable N° 574.
En segundo lugar, corresponde tratar el gasto computado en exceso relacionado a la empresa “Estancia La Colorada S.A.”. Que la contribuyente aportó en oportunidad de la vista otorgada, copias certificadas ante Escribano Público de documental relativa a los mencionados alquileres y arriendos de equipos y campos, en donde obra como titular de los mismos dicha Estancia. Que agrega que los contratos se encontraban en C.A.B.A. ya que allí radican los domicilios legales de ambas sociedades, y que por esta razón no habrían sido exhibidos anteriormente. Que el Fisco Nacional entiende que en fecha 11/11/2014 el personal fiscalizador puso a disposición de la contribuyente las conclusiones acerca de la auditoría fiscal, pero que las Notas de Oferta y Recepción de Ofertas relativas a los arriendos tienen todas fecha de certificación de las firmas el 18/11/2014, habiendo intervenido el Escribano Juan Antonio Astudillo, Titular del Registro Notarial N° 35 de la Ciudad de Salta, por lo que surge que entonces dicha documentación fue armada para justificar el cómputo de los gastos impugnados, y que además no era verdad que dichos papeles se encontraban en la Ciudad de Bs. As. , por lo que entonces es carente de sinceridad.
Que de la documental acompañada en autos, surgendel Estado de Resultados al 31/01/2013 (fs. 42), los ingresos que Estancia La Colorada S.A. tuvo por “Alquileres ganados” lo que, por sí solo, no es prueba suficiente y hábil para respaldar los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias, ya que no demuestra la identidad del sujeto pagador que se pretende acreditar ni a qué tipo de bienes se refieren los alquileres expuestos. Que la pertinencia de dicha prueba deviene incompleta ya que no se correlaciona con lo que la recurrente dice haber contratado y pagado (por falta de documentación fehaciente exigida). Además de ello se puede observar en las actas de directorio acompañadas por CIACSA (folios 164 y 166 del Libro respectivo) que existen informes al Directorio –no autorización previa- que datan de siete meses posteriores a las contrataciones que se esgrimen, certificadas recién en el año 2016. En consecuencia no quedó demostrada la efectiva prestación del servicio.
Que por el cómputo en exceso respecto de los créditos fiscales en el I.V.A., el personal fiscalizador detectó para los períodos fiscales en debate un exceso en su registración por duplicación, por lo que se lo tuvo a los mismos por improcedentes (fs. 587/589 LEGAJO I.V.A.). En consecuencia y luego de haber presentado la recurrente declaraciones juradas rectificativas en diferentesoportunidades, marzo y diciembre de 2014, surge que los montos allí consignados son superiores a los de sus propios libros de I.V.A. Compras, razón por la cual no fueron tomados como válidos. (fs. 463/474 Legajo I.V.A.)
Que de la reseña efectuada hasta aquí y en el Considerando anterior, se desprende que los elementos colectados por la inspección resultan contundentes para sostener que la aquí recurrente no ha aportado la documentación suficiente para poder deducir en su balance impositivo los gastos y créditos fiscales que se computó. Que en este plano, la ausencia de documentación de respaldo coloca a la recurrente en la imposibilidad de fundar documentalmente sus afirmaciones, toda vez que el caso bajo análisis es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba, por lo que debió tomar los recaudos suficientes para posibilitar a los organismos de control sus tareas de verificación, ya que conforme lo dispone el art. 33 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.
Para el caso del cómputo de gastos, en particular se pone de resalto que la documentación aportada no solo carece de fecha cierta, sino que además carece de sinceridad, y se concluye que no solo no se pudo probar la prestación real de los servicios, sino tampoco el circuito físico y económico de los bienes, ni pagos o cancelaciones de los mismos.
Que ello así, corresponde a C.I.A.C.S.A. demostrar que no ha incurrido en la omisión de ventas gravadas, el cómputo de gastos en exceso y de créditos fiscales duplicados, lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada por el ente fiscal, conforme se desprende de lo expuesto precedentemente.
Que las circunstancias descriptas hacen aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnanla demostración fehaciente de los hechos.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que resta señalar que la contribuyente no ha formulado queja de la impugnación de gastos duplicados por el ejercicio fiscal 2012, por lo que cabe confirmar dicho ajuste Que ello así resulta procedente la estimación efectuada por el Fisco Nacional, por lo que corresponde convalidar los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VI. Que corresponde analizar la sanción determinada en el Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 03/2013, aplicada conforme arts. 46 y 47 incs. a) y c) de la ley 11.683 (texto anterior a 1998).
Que la fiscalización ha detectado que la responsable computó créditos fiscales de manera improcedente, por lo que el elemento objetivo de la conducta está dada por haber efectuado la declaracion jurada de ese período de forma incorrecta dando origen a una grave contradicción entre lo que declara y la documentación, configurando así la defraudación fiscal. Que el artículo 46 dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que, no resulta ocioso advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que "la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad."
Que en el caso, se ha detectado que la responsable computó créditos fiscales de manera improcedente, por lo que el elemento objetivo de la conducta está dada por haber efectuado las declaraciones juradas de forma incorrecta dando origen a una grave contradicción entre lo que declara y la documentación, configurando así la defraudación fiscal.
Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08). A su turno, el artículo 47 en su primer y tercer inciso establece: “Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11; c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Que, si bien las presunciones establecidas en el artículo 47 deben contar con un soporte fáctico, el cual debe ser probado por el Fisco Nacional, en el caso de autos es la recurrente quien, con su voluntad y conocimiento de la metodología empleada de forma incorrecta acredita las circunstancias fácticas previstas en dicho artículo.
Que, en este sentido, la actora no acompañó los elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades destacadas en su contabilidad pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo.
Que, ante la ausencia de soporte probatorio, tanto en sede administrativa, como ante este Tribunal y en atención a las circunstancias expuestas, corresponde confirmar la sanción apelada, con costas.
VII. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados en las resoluciones apeladas, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), los que además fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), sin que se presenten como confiscatorios, por lo que cabe disponer la confirmación de los mismos.
VIII. Que por lo expuesto, voto por confirmar los ajustes efectuados en las resoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por las partes no conformadas, es decir las que fueron objeto de tratamiento en autos, con costas. Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar los ajustes efectuados en lasresoluciones que determinaron el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado por las partes no conformadas, es decir las que fueron objeto de tratamiento en autos, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $70.388 (pesos setenta mil trescientos ochenta y ocho) por la representación procesal y de $175.970 (pesos ciento setenta y cinco mil novecientos setenta) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.08.22 10:55:51 -03:00 Date: 2022.08.22 12:27:13 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.22 12:28:27 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.22 12:28:29 -03:00
Fin de la sentencia