Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 49.156-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103064661-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. N° 49.156-I, caratulado: “COMPAÑIA DE INVERSIONES EN ELECTRICIDAD S.A. s/ apelación”; a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la CuartaNominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 24/63vta la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 146/2018 (DV RRMR) dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2011 y 2012, con más sus intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el artículo 45 Ley 11.683. En primer lugar, manifiesta que con fecha 27 de octubre de 2017, el Organismo Fiscal inició un proceso de fiscalización integral de la situación impositiva de COINELEC bajo la O.I. 1631794, que abarcó el Impuesto sobre los Bienes Personales - acciones y participaciones accionarias (ISBP) por los períodos 2011 a 2012. Afirma que en el marco de la fiscalización señalada, la recurrente informó, respecto del tratamiento impositivo aplicado en el Impuesto sobre los Bienes Personales -Acciones y participaciones societarias- a las acciones pertenecientes a la sociedad DISVOLV ENERGIA SL, que en función de lo dispuesto por el artículo agregado a continuación del artículo 25 de la Ley 23.966 y modif, y el artículo 22, inciso 4, del Convenio de Doble Imposición celebrado con España, se consideraron no alcanzadas por dicho gravamen.
Destaca que no obstante los errores terminológicos en la caracterización de los sujetos de la relación jurídica tributaria en que se incurren en los vistos y considerandos de la Resolución y las suposiciones que se efectúan sin apoyo en elementos de pruebas, puede deducirse que el Organismo fiscal sostiene que se habría abusado del CDI en cuestión (sin identificar los responsables de dicha actuación) a través de la interposición de DISVOLV ENERGIA S.L., sociedad holding domiciliada en España. El Fisco, aparentemente, deduciría tal conclusión de sus actividades principales (tenencia accionaria) como "sociedades holding", con un organigrama equiparable a tal y haber optado por gozar de los beneficios tributarios acordados por la legislación española a las ETVE. (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros)
Afirma que el hecho imponible del gravamen establecido en el art. 25.1 de la ley y, en consecuencia, el contribuyente (sujeto incidido por el tributo), está constituido por la titularidad de acciones y participaciones sociales de sociedades regidas por la ley 19.550, con excepción de las empresas o explotaciones unipersonales, siendo los contribuyentes sus titulares, sean personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior y personas de existencia ideal domiciliadas en el exterior.
Alega que el mentado art. 25.1 pone la obligación de liquidar e ingresar dicho gravamen a las sociedades regidas por la ley 19.550, estableciendo su responsabilidad sustituta, la que nace cuando verifiquen, al 31 de diciembre de cada año, la titularidad de sus acciones y/o participaciones sociales en cabeza de personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior o de personas de existencia ideal domiciliadas en el exterior, y en tanto no se encuentren exentos ni excluidos del gravamen. Afirma que la verificación que exige la ley al sustituto sobre los elementos del hecho imponible (y que hará nacer su responsabilidad), se limita a la constatación de elementos externos u objetivos que determinan formalmente la titularidad de las acciones o cuotas sociales, que están previstos en las normas del derecho común o societario.
Alega que la evaluación respecto del nacimiento de la responsabilidad sustituta en el caso de autos, ha de partir necesariamente del mandato de la ley, sin extenderse más allá de sus términos. Por lo cual, respecto del ISBP, como el Fisco Nacional pudo verificar, eran titulares de las acciones de COINELEC al 31 de diciembre de 2011 y 2012, LUZ DEL PLATA S.A. y DISVOLV ENERGIA SL, ésta última persona de existencia ideal residente del exterior.
Sostiene que de allí que, teniendo en consideración las disposiciones del art. 25.1 de la Ley 23.966, la recurrente en su carácter de responsable sustituto del ISBP, declaró excluidas del impuesto a las acciones de DISVOLV ENERGIA SL, en virtud de las disposiciones del art. 22, inc. 4 del Convenio de doble Imposición suscripto con el Reino de España, cuyas disposiciones serán analizadas a continuación.
Sostieneque el único hecho al que dicho artículo subordina el nacimiento del hecho imponible y de la responsabilidad sustituta, consiste en la "titularidad de las acciones". Por lo cual la exigencia que recae en cabeza del sustituto se limita a la verificación de los elementos objetivos que, conforme al derecho de fondo, prueban dicha titularidad. Señala que la norma no requiere constataciones y/o verificaciones específicas a cargo del sustituto respecto de la situación de los contribuyentes ni la titularidad de sus acciones y que puedan ir más allá de la prueba fehaciente que el derecho de fondo prevé a tal fin. Ello tampoco surge del Decreto Reglamentario ni de la reglamentación dictada por el Organismo Fiscal (Resolución General 2151/2006 - Título IV).
Indica que en mérito de las pruebas obrantes en las actuaciones administrativas, se encuentra acreditado —y no discutido por el Fisco Nacional- que DISVOLV ENERGIA SL se constituyó conforme a la legislación española, bajo el régimen jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, tiene domicilio fiscal y social en España, se encuentra sujeta al poder impositivo de España, por lo cual se han inscripto ante la Autoridad Fiscal española y presentado las declaraciones juradas de los impuestos respectivos.
Alega que toda vez que el inc. 4 del art. 22 del CDI sólo refiere a la condición de residente del titular de las acciones sociales, la constatación de dicho carácter (con elementos objetivos que razonablemente lo acreditan) implica para el sustituto (COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ELECTRICIDAD S.A.) el cumplimiento del mandato legal contenido, en el presente caso, en el art. 25.1. de la Ley 23.966, ergo que no se ha verificado el hecho generador de su responsabilidad sustituta.
Destaca que en el presente caso se verifica la titularidad de las acciones de DISVOLV ENERGÍA SL, tanto al 31 de diciembre de 2011 como 2012. No obstante, las acciones de dicha sociedad, se encontraban excluidas del poder impositivo del Estado Argentino, en virtud del Convenio suscripto con España.
Alega que la pretensión fiscal insinuada en la Resolución implica una clara extensión de los términos del art. 25.1. de la ley del gravamen y de las disposiciones del CDI en cuestión, conforme a los cuales, habiéndose verificado la condición de residente en los términos del Convenio, la recurrente, como responsable sustituto del ISBP, se encontraba habilitado para la aplicación de la norma convencional y, en consecuencia, considerar excluido o no gravado con dicho impuesto a las acciones de titularidad de DISVOLV ENERGIA SL.
Manifiesta que la cuestión a resolver radica en determinar si corresponde gravar con el Impuesto sobre los Bienes Personales de Argentina el porcentaje accionario de COINELEC (sociedad argentina) de titularidad de DISVOLV ENERGIA SL, sociedad legalmente constituida y residente en el Reino de España, bajo las previsiones del Convenio para evitar la doble imposición (CDI) suscripto entre la República Argentina y el Reino de España - ratificado por la Ley 24.258-, vigente para los períodos fiscales en debate, para el patrimonio constituido por acciones o participaciones en sociedades, que otorgaba un poder de imposición exclusivo y excluyente al Estado contratante del que su titular era residente (conf. Art. 22 inc 4 del CDI).
Señala que las acciones de titularidad de DISVOLV ENERGIA SL, estaban sometidas exclusivamente al poder tributario de España, por lo cual COINELEC, en su carácter de responsable sustituto, no practicó retención alguna del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Sostiene que el CDI suscripto entre nuestro país y el Reino de España, no contiene una cláusula general de reenvío directo al derecho interno de los Estados contratantes que expresamente permita la aplicación de normas anti-abuso internas, con excepción de las normas sobre transparencia fiscal, capitalización exigua o subcapitalización. Tampoco contiene clausuras especiales aplicables al caso de impuestos patrimoniales, tales como aquellas previstas para la imposición a la renta supra señaladas. La aplicación del concepto de "beneficiario efectivo" al campo de los impuestos patrimoniales fue introducida en el nuevo CDI suscripto el 11.03.2013. Afirma que en la medida que tales clausulas no se incorporen al Convenio (como ocurrió a partir del año 2013), dicha omisión no puede ser suplida por una interpretación que desconozca la letra del Convenio, con el solo objeto de extraer conclusiones inadmisibles y reasumir potestades tributarias reasignadas a favor del Estado contratante.
Señala que el artículo 2 de la ley 11.683 (t,o. 1998 y sus modif.) lleva necesariamente al análisis de los hechos de la causa, los cuales excluyen toda pretensión de aplicar el mentado principio como regla interpretativa jurídica, pues existe en el caso de autos una total coincidencia entre la forma jurídica y la realidad económica. Manifiesta que con relación a la situación tributaria, cabe señalar que DISVOLV ENERGIA SL ha presentado las declaraciones juradas del IBPS (sic), correspondientes a los períodos fiscales 2011 y 2012. Además, tal como surge del cuerpo de antecedentes administrativos, la Sociedad ha sido objeto de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria española, respecto de los ejercicios 2011/2012 para todos los impuestos que le son de aplicación. Es decir se acredita su efectiva sujeción al poder tributario español.
Plantea la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar impuesto con relación al período fiscal 2011. Afirma que el artículo 57 de la Ley 11.683, señala que la prescripción de las acciones para determinar impuestos comienza a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se produce el vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Asimismo, el artículo 58 de la citada ley, establece que la prescripción de las acciones para aplicar multas comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Señala que la causal de suspensión del plazo de prescripción, establecida por el artículo 17 de la Ley 26.860, cabe concluir que no aplica en el caso de la recurrente, en función a la correcta interpretación de la norma, en atención a que resulta justo, razonable y adecuada a la finalidad que tuvo en miras el legislador para su sanción. Plantea la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 26.860, que dispone una extensión del plazo quinquenal de prescripción que estipula la Ley 11.683, con carácter general, violando, entre otros, las disposiciones contenidas en los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de nuestra Constitución Nacional.
Alega que del desarrollo de las razones de hecho y de derecho expuestas a lo largo del presente escrito, se desprende que la multa resulta manifiestamente improcedente, en primer lugar, debido a que no se configura en el caso de marras el factor objetivo de atribución de la conducta infraccional que se pretende imputar, así como tampoco la culpa requerida para la configuración subjetiva de la misma, por lo cual, corresponde el cierre del sumario. Ello así, sin perjuicio de encontrarse prescriptas las facultades del Organismo Fiscal para aplicar sanciones en relación al período fiscal 2011.
Afirma el plazo de prescripción de la acción punitiva fiscal respecto al período fiscal 2011 comenzó a correr el 01/01/2012. En consecuencia, no habiéndose producido causal alguna de suspensión de la prescripción, tal como señalara precedentemente, dichas facultades se encuentran prescriptas a la fecha del presente.
En cuanto a los intereses resarcitorios manifiesta la improcedencia en su aplicación. Ello así, atento que, aún cuando pudiera de manera inconcebible mantenerse la interpretación del Fisco Nacional, no podría admitirse que haya existido mora culpable como presupuesto generador de los accesorios.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 75/93 el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Que en primer lugar, señala que respecto al contribuyente de autos cabe destacar que tiene como objeto la inversión en valores mobiliarios, muebles e inmuebles y operaciones financieras, al cierre de los Balances en cuestión, la actora posee el 51% del paquete accionario de EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA EDELAP S.A. -empresa distribuidora de energía-, y el 51% del paquete accionario de CENTRAL DIQUE S.A. -empresa de producción y comercialización de energía eléctrica-.
Sostiene que en el marco de una Orden de Intervención llevada a cabo a otra contribuyente con idéntica presunción de ajuste fiscal, se analizaron antecedentes solicitados por la DIRECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL dependiente del Fisco Nacional, a la AGENCIA TRIBUTARIA DE ESPAÑA en relación a la empresa española: DISVOLV ENERGIA SL.-único Socio DISVOLV INVESTMENTS SA, firma uruguayacon Domicilio en Madrid España y cuyo objeto social resulta ser la constitución o participación por sí misma o de forma indirecta en la gestión y control de otras empresas y sociedades; la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español.
Alega que se procede a negar los beneficios del tratado entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el REINO DE ESPAÑA y gravar el patrimonio declarado por COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ELECTRICIDAD S.A. ya que se considera que la contribuyente de autos ha actuado de manera abusiva, toda vez que la sociedad constituida en el REINO DE ESPAÑA tiene la característica de sociedad interpuesta a los fines de gozar de los beneficios del Acuerdo.
Sostiene que el único socio integrante de la sociedad DISOLV ENERGIA SI, no reside en ninguno de los países firmantes del mencionado Convenio, a la luz de la realidad económica evidenciada se advierte que se procedió a interponer entre COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN ELECTRICIDAD S.A. y aquella, una sociedad en el Reino de España que carece de sustancia económica real, cuya única finalidad puede entenderse como un aprovechamiento ilegítimo de la ventaja fiscal, pudiendo tal situación considerarse abusiva de las disposiciones del convenio, debido a que la condición de residente fiscal de dicha sociedad en uno de los países contratantes no debería ser condición suficiente para habilitar el reclamo del beneficio fiscal.
En cuanto al planteo de prescripción manifiesta que la suspensión introducida por la citada ley es aplicable a las obligaciones discutidas en autos; por lo tanto el plazo de prescripción para determinar impuesto y aplicar sanciones por el período fiscal 2011 vencerá el 31/12/2018. Por otra parte, en relación a los cuestionamientos dirigidos a la inconstitucionalidad del citado artículo 17 de la LEY N° 26.860, cabe mencionar que esta instancia resulta incompetente y carente de facultades para tratarlas, no siendo ésta la etapa procedimental apropiada para plantear la inconstitucionalidad de una norma.
En cuanto a los intereses resarcitorios sostiene que en tanto la suerte de los mismos queda supeditada a la del principal, es dable remitir para su rechazo a las consideraciones formuladas precedentemente en pos de confirmar el ajuste practicado-. Nada, pues, autoriza a eximir a la contribuyente de la responsabilidad por la demora ni a reducirlos; por lo que se solicita confirmarlos con costas a la recurrente.
En cuanto a la aplicación de multa manifiesta que el encuadre del ilícito materia de litis, el artículo 45 de la Ley 11.683, surge con claridad toda vez que el responsable ingresó en defecto el importe correspondiente al período en cuestión, en contravención a las disposiciones aplicables en la materia. Ello dice, se encuentra probado en autos. Debe tenerse presente que la conducta contravencional que se le imputa al recurrente tiene como punto de partida la inspección llevada a cabo por personal fiscalizador, quien detectó las diferencias, ajustes y conductas antes mencionadas.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 111 se celebra la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley 11683, texto según Ley N° 27.430, donde se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa y pericial contable. A fs. 117 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 122 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que en principio corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción planteada por la actora y analizar si la acción del fisco para determinar tributos y aplicar multa se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que, la ley 11.683, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Cabe dejar sentado que conforme se desprende de las constancias de autos en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011, el término comienza a computarse desde el 01/01/2013.
Que, teniendo en cuenta lo indicado supra, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
En lo atinente a los agravios de la recurrente tendientes a cuestionar la validez constitucional de dicha normativa ante este Tribunal, cabe señalar que, atento la restricción jurisdiccional contenida en el art. 185 de la Ley 11.683, no es posible acoger el planteo que formula la apelante en ausencia de un pronunciamiento de la Corte que así lo declare.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente, no se encuentran prescriptos.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue planteado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no corresponde una imposición de costas autónoma, toda vez que no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re: “Colorín IMSSA (T.F.N. 24.123-I) c/D.G.I.”, sentencia del 2 de julio de 2013).
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora.
V. Que entrando al fondo de la cuestión traída a decisión de este Tribunal, cabe señalar en primer término que la Ley 23966 instituyó el Impuesto sobre los Bienes Personales por el que se gravaban los bienes situados en el país o en el exterior pertenecientes a personas físicas y/o sucesiones indivisas que no se encontrasen incorporados al proceso económico existentes al 31 de diciembre de cada año. A su turno, por conducto de la Ley 25329 se estableció la gravabilidad en dicho impuesto para las acciones y títulos valores que no cotizaran en Bolsa. Posteriormente, la Ley 25585 incorporó un artículo a continuación del 25 de la ley del gravamen que estableció lo siguiente: “El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por la Ley 19.550 y la alícuota a aplicar será del 0,50% sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22, no siendo de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto por el artículo 24. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se presume de derecho -sin admitir prueba en contrario- que las acciones y/o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550, cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron lugar al pago”
Por su parte, el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio suscripto entre nuestro país y el Reino de España, aprobado por la Ley 24258, en su artículo 22, inciso 4, vigente en los períodos aquí tratados, establecía entonces que “El patrimonio constituido por acciones o participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo puede someterse a imposición en el Estado contratante del que su titular sea residente”.
Cabe recordar que en nuestro sistema jurídico, la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Que la Corte tiene dicho que las convenciones internacionales que versan sobre materia fiscal deben ser interpretadas de acuerdo a la doctrina general de hermenéutica en materia de tratados y de normas tributarias (Fallos 340:47, Considerando 12). Asimismo, en razón de la superior jerarquía de que goza un tratado internacional frente a la ley de fuente interna, ésta puede sufrir restricciones o incluso ser invalidada si el conflicto es inconciliable, en virtud de los compromisos asumidos por la República en un convenio internacional para evitar la doble imposición fiscal (Fallos 321:1031, considerando 4º).
Ello así, en función de las normas antes transcriptas, surge que la sociedad argentina regida por la Ley 19550 tiene el carácter de responsable sustituto por la tenencia del paquete accionario cuya titularidad pertenezca a otra sociedad domiciliada en el exterior. Pero si ésta última (la sociedad extranjera) estuviera radicada en el Reino de España, estaría sujeta a tributación en ese país y no en la República Argentina. No obstante, como lo señala la Corte en el fallo “Molinos Río de la Plata SA” (sentencia del 2/9/2021) dentro de los principios de derecho público de nuestro ordenamiento constitucional, se encuentra el principio de razonabilidad, pauta que presupone que en nuestro sistema los derechos no son absolutos. Ello no solo implica la posibilidad de reglamentar razonablemente los derechos y garantías reconocidos en la parte dogmática, sino también que su contenido no ampara ni protege ejercicios abusivos en su nombre. El principio de razonabilidad expulsa del ordenamiento jurídico el ejercicio abusivo de derecho en todas sus variantes.
Agrega la Corte en dicho fallo que a la luz de los principios de derecho público reconocidos en la Constitución, surge claro que ningún tratado internacional vigente puede ser invocado de forma abusiva, independientemente de la consagración expresa de una cláusula antiabusiva en el texto de ese mismo tratado. Reconoce allí la Corte a la buena fe como guía estructural de interpretación de los pactos internacionales y a la razonabilidad como el patrón de comportamiento que repele interpretaciones que so pretexto de la invocación de cláusulas de un tratado, desvirtúen su naturaleza, objeto o finalidad.
En el caso en examen el Fisco Nacional recurre al artículo 2 de la Ley 11683, esto es, al principio de la realidad económica.
Que dicho principio faculta al organismo a desconocer las formas y estructuras asignadas por el contribuyente a sus actos o negocios, y le permite recalificarlos a fin de considerar la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplica con independencia de las escogidas por los contribuyentes o que les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. En el precedente “Molinos” antes citado, la Corte establece que ubicado el caso dentro del sistema jurídico argentino, sin prescindir de los niveles de jerarquía normativa que estructura el artículo 31 de la Constitución Nacional, se observa para su análisis una confluencia armónica del principio de razonabilidad y no abuso del derecho (art. 27 CN), la interpretación de buena fe y de acuerdo a los fines de los tratados (art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y la pauta de la realidad económica prevista, precisamente, en el artículo 2 de la Ley 11683.
Pues cabe concluir entonces que no existe un impedimento para aplicar el principio de “realidad económica” - invocado por el Fisco Nacional en este caso- fundado en la jerarquía de las normas involucradas. Ello así, corresponde que se proceda al análisis de las particulares circunstancias del caso para determinar si la firma española es una sociedad constituida al solo efecto de obtener las ventajas fiscales otorgadas por el Convenio -como sostiene el Fisco Nacional- o si se trata de una sociedad que realiza actividad económica sustancial -como afirma la recurrente-.
Al respecto, cabe tener presente que el hecho que califica al abuso no es la búsqueda del ahorro de impuesto dentro de las posibilidades que brinda el Tratado sino los medios empleados para obtenerlo, es decir, aplicando un régimen al cual no tendría derecho en atención a su situación particular. Así el caso de utilización incorrecta del Tratado por parte de residentes de un tercer estado con el objeto de acceder a beneficios que no les corresponderían en caso de actuar directamente.
Que de las actuaciones administrativas, en función de los antecedentes solicitados a la Dirección de Fiscalidad Internacional de la Agencia Tributaria de España y demás elementos colectados por la fiscalización, surge: que la actora posee el 51% del paquete accionario de Empresa Distribuidora La Plata S.A. -empresa distribuidora de energía- y el 51% del paquete accionario de Central Dique S.A. -empresa de producción y comercialización de energía. El paquete accionario de la aquí recurrente pertenece, tanto al 31/12/2011 como al 31/12/2012, a Luz De La Plata S.A. (54,81%) y a Disvolv Energía SL (45,195), la primera es una empresa del país en tanto que la segunda es una empresa española. Esta última, inició sus operaciones el 3/11/2011, bajo el nombre de Radioton Spain SL, con domicilio en Madrid, su objeto es la constitución o participación en la gestión y control de otras empresas y sociedades, la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español y tendría como único socio a Disolv Investments S.A., la cual es una firma uruguaya.
Según la documentación recabada por el Fisco Nacional no ha tenido empleados, siendo los recursos humanos afectados los relacionados con el representante persona física del administrador único de Disvolv Energía SL y ha estado asesorada externamente por tres entidades en áreas mercantil jurídica, contable fiscal y auditoría. No habría tenido durante los años 2011 y 2012 participación en ninguna empresa española. Se trata de una entidad adherida al Régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), no encontrándose alcanzada en aquel país por impuesto similar al que nos ocupa. Participa en Luz del Plata S.A., Cía. de Inversiones S.A. y AES Pampa Energy S.A., todas sociedades argentinas por valor contable igual a un euro.
Que de las pruebas y circunstancias de autos se advierte que la firma española carece de una sustancia económica genuina siendo la firma Disolv Investments S.A. (firma uruguaya) la titular del 100% de las acciones de aquella. Ello así, es razonable concluir en que su constitución tuvo la finalidad primordial de obtener los beneficios que otorgaba el Convenio por parte de una sociedad extranjera de un tercer país ajeno al ámbito de aplicación del tratado sin que la actora haya logrado acreditar que la sociedad española realizaba una genuina actividad económica y que, por ende, no era una mera estructura jurídica sin sustancia económica (en igual sentido CNCAF, Sala I, in re “FIRST DATA CONO SUR S.R.L.” sentencia del 3/12/2019).
En consecuencia, corresponde confirmar el criterio fiscal. Con costas.
VI. Que, respecto de los intereses resarcitorios cabe precisar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo tanto, se confirman los intereses fijados en la determinación recurrida, con costas.
VII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto en su justa medida, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada. Con costas.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
VIII. Que atento lo expuesto precedentemente voto por: Confirmar la resolución apelada en autos. Con Costas. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos y de los planteos de las partes que ha efectuado el del Dr. Pérez, así como también a la solución propuesta en su voto, salvo en lo que respecta al planteo de prescripción de la acción para aplicar multa por el periodo fiscal 2011 del ISBP - APS que dedujo la parte actora. Considero, en base a las razones que seguidamente expondré, que dicho planteo se ajusta al derecho aplicable al caso y que debe ser admitido.
II. En su defensa, la actora plantea que la acción del Fisco Nacional para aplicar la sanción impugnada se encontraba extinta, en razón de haber operado la prescripción, advirtiendo que el término comenzó a correr el 01/01/12 -vide fs. 52- y que venció el 31/12/2017 -vide fs. 47-, esto es, con notoria antelación al dictado de la resolución 146/2018 (DV RRMR) apelada en estos autos.
Previene la recurrente que no resulta aplicable a su caso la suspensión dispuesta en el artículo 17 de la ley N° 26.860, toda vez que la misma fue sancionada el 03/06/2013, es decir con posterioridad al inicio del cómputo de la prescripción de una infracción de naturaleza penal, aludiendo en sustento de su postura al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Cita doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de su postura.
III. En primer lugar, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) La infracción que nos ocupa corresponde al impuesto sobre los Bienes Personales - Acciones y participaciones societarias, período fiscal 2011. Según sostiene la parte actora -y el Fisco no formuló reparo al respecto-, el cómputo del término se habría iniciado el 01/01/2012.
ii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.860, que en su artículo 17 dispuso la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iii) El 30/07/2018 el organismo fiscal demandado emitió la Resolución N° 146/2018 (DV RRMR) que determinó de oficio la obligación tributaria en el ISBP-APS de los periodos fiscales 2011 y 2012 e impuso multa por omisión de impuesto (art. 45 L. 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) equivalente al 70% del impuesto omitido en dichos periodos.
iv) El planteo de prescripción -en cuanto concieme al aspecto sancionatorio del acto administrativo apelado y que aquí es motivo de análisis- comprende exclusivamente la acción inherente al periodo fiscal 2011. Que según surge del relato de las partes, el hecho controvertido en tomo a la operatividad de la prescripción se posicionaría en el punto u) de la reseña fáctica que antecede. Mientras el recurrente sostiene que aquella causal de suspensión no se aplica a su caso y por ello habría operado la prescripción, el organismo fiscal asevera que la causal es carácter general, y por lo tanto, aplicable a la recurrente, concluyendo que la resolución fue emitida encontrándose expeditos las acciones y poderes del fisco.
IV. Que en el marco del debate abierto, se impone entonces examinar si la acción del fisco nacional para aplicar sanción en el periodo fiscal 2011 se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución en crisis. A ese fin y en primer lugar, cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fimdar su decisión (conf CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/87, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala V "Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento sentencia del 13/4/98, "Manzino, Silvia B.", T.F.N., sala "D", sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Que la norma general aplicable al supuesto -art. 56 inc. a) de la Ley 11.683- establece una plazo de prescripción de 5 años para aplicar multas. Ahora bien, con arreglo al art. 58 de dicho cuerpo legal, aquél plazo quinquenal se comenzará a computar desde el 1° de enero siguiente al año en que hubiera tenido lugar la violación de los deberes materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible.
Por su parte, la RG. (AFIP) 2151/06 vigente a la fecha de los hechos establecía que la presentación de la declaración jurada determinativa del tributo en cuestión debía efectuarse, de acuerdo a un cronograma variable, hasta el mes de mayo del año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara (art. 33). Bajo las premisas normativas apuntadas hasta aquí, cabe concluir que el plazo prescriptivo de la acción inherente a la multa del periodo fiscal 2011 comenzó a correr el 01/01/2013 y su extinción debía producirse el 01/01/2018. En este aspecto corresponde descartar el cómputo efectuado por cada una de las partes en sus respectivas presentaciones en virtud de no ajustarse a las normas aplicables.
Sentado lo que antecede, corresponde ahora analizar el precepto suspensivo contenido en la ley 26.860, a los fines de determinar su operatividad en el caso bajo análisis.
El artículo 17 de la citada ley dispone "Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales". Con sustento en lo que he merituado al votar -en minoría- en la causa "Comsofi SA." del registro de esta Sala, sentenciada con fecha 01/02/2012, debo concluir que no resulta de aplicación al supuesto bajo análisis la norma del artículo 17 de la ley 26.860, toda vez que su incorporación como causal de suspensión es posterior al inicio del curso de prescripción correspondiente a la acción de la multa que se juzga en estos autos, tal como lo expresa la actora en su escrito de apelación.
Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza material o procesal del instituto de la prescripción, así como también de las derivaciones que habrían de seguirse según se adopte una u otra postura. Entre tales derivaciones, cabe traer a colación aquí la que refiere a la posibilidad -o no- de operar modificaciones legales que impliquen el prolongamiento de los plazos prescriptivos, aun cuando ello tenga lugar mediante la incorporación de causales suspensivas o interruptivas de su curso.
Una muy ilustrativa resefía histórica de esta discusión y de las diversas posturas que han adoptadoprestigiosos autores a su respecto, es la que ha efectuado el Procurador General de laNación al emitir su dictamen en el precedente de Fallos 330:5158. Allí señaló que "La aplicación retroactiva de las leyes que amplían los plazos de la prescripción ha sido intensamente discutida en Alemania cuando se investigaban los delitos de guerra (..) Esta discusión renovó una disputa acerca de la naturaleza jurídica de los presupuestos del proceso, en especial, del plazo de la prescripción. Quienes comprendían a los presupuestos del proceso como institutos meramente procesales aceptaban la prolongación retroactiva de los plazos, mientras que quienes le atribuían contenido material, por el contrario, la rechazaban. (cfr. 0710, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 61 edición, § 2/19 y s.).
Este debate ha dado lugar a un amplio abanico de opiniones jurídicas. El Tribunal Federal Constitucional de Alemania sostuvo la opinión de que la prescripción no está alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley más gravosa (BverfG 25, 287). La solución contraria, la irretroactividad de la modificación perjudicial, se fundamenta en que la prescripción posee naturaleza material (PASTOR, Prescripción..., p. 52; del mismo modo en: El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, de. Ad-hoc, ano 2002, p. 457 y s.), o bien en el argumento, que he referido en otro contexto (Interrupción de la prescripción de la acción penal por la "secuela del juicio ", p. 437), de que el debate sobre la naturaleza jurídica del instituto no es determinante para la pregunta sobre la sujeción al principio de ley previa, puesto que a las disposiciones de derecho procesal -o a cierto grupo de ellas- también se aplica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Transita también este camino la idea de que la regulación de la prescripción constituye en Argentina "ley penal" en los términos del artículo 20 de nuestro Código Penal y que, por tanto, se le aplica la prohibición de retroactividad (cfr voto de SCHIFFRIN, Cfed La Plata, Sala III Penal, agosto 30- 1989, S.J.FL., de, 135-323 y ss.)".
Que tal consideración referida a que las normas que regulan la prescripción deben ser consideradas "ley penal", es la que ha adoptado nuestra Corte Suprema de Justicia, incluso dentro del ámbito de las infracciones tipificadas en las normas fiscales, al señalar que "Reconocido el carácter principalmente punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes penales 'ex post facto' que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, en cuyo concepto se incluye el estatuto de la prescripción... (Fallos 294:68; 304:849; 304:892; 305:332).
Conforme puede extraerse de la doctrina jurisprudencial transcripta precedentemente, la citada regla de no operatividad de la ley penal más gravosa exhibe raigambre constitucional, toda vez que ella deriva del principio de legalidad material, instituido en el art. 18 de la Carta Fundamental, asistiéndole razón a los argumentos esgrimidos por la apelante.
Ello así, es dable concluir que no resulta aplicable al presente caso el supuesto de suspensión de la prescripción establecida en el artículo 17 de la ley 26.860, por lo que corresponde hacer lugar al planteo de la parte actora y declarar prescripta la acción para aplicar multa respecto del periodo fiscal 2011 del Impuesto sobre los Bienes Personales - Acciones y Participaciones Societarias, imponiéndose las costas al Fisco Nacional.
En virtud de la votación que antecede, por mayoria, SE
Confirmar la resolución apelada en autos. Con Costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.27 15:25:15 ART Date: 2022.09.27 20:55:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 10:00:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 10:00:48 -03:00
Fin de la sentencia