Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37839-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 33075/2023 COMPAÑIA MINERA AGUILAR SA (TF 37839-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, de junio de 2024. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso Mediante Resolución Fallo Nº 182/2017 (AD ROSA) se condenó a la firma Minera Aguilar S.A. la infracción prevista en el art. 954, inc. a) del Código Aduanero por declarar en la destinación de exportación como país de destino uno distinto al que debió consignar. Contra aquella resolución, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal solicitando la condonación de la multa en los términos de la ley 27.260, la cual fue admitida.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 26/12/2022 (obrante a fs. 75/76), resolvió declarar condonada la multa impuesta en la Resolución Fallo Nº 182/2017 (AD ROSA), por la suma de $534.423,82, con costas por su orden.
Sostuvo que en primer lugar correspondía resolver si resultaba condonable en los términos de la Ley N° 27.260 y normas complementarias, la multa impuesta en la Resolución Fallo N° 182/2017 (AD ROSA). Relata que la Aduana en la resolución cuestionada le imputó a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A., exigiendo el pago de una multa que ascendía a la suma de $ 534.423,82. Agrega que allí dr reconoció expresamente que no se formuló exigencia alguna en lo que respecta a la faz tributaria, toda vez que la liquidación tributaria aduanera fue ingresada en legal tiempo y forma y abonada en sede administrativa.
Posteriormente, realizó una transcripción de los artículos 52, 53 y 56 de la ley 27.260 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, del art. 2º y 18 de la resolución 3920/2016 y de los arts. 3º, 4º y 6º de la resolución 4007/2017 y concluyó que de la letra del legislador no se constataba la intención de circunscribir el régimen a procedimientos administrativos concluidos con la aplicación de sanciones que no se encuentren firmes a la fecha de su entrada en vigencia, beneficiando de ese modo solamente a los condenados. Agregó que en la causa se ha imputado a las actoras la comisión de la conducta prevista en el art. 954 inc. a) del C.A., encontrándose debidamente acreditada en autos la cancelación de los tributos reclamados por la Aduana en sede administrativa por la infracción aludida, en los términos del art. 56 de la Ley 27.260 y normas complementarias, declaró condonada la multa impuesta en la Resolución Fallo N° 182/2017 (AD ROSA), que asciende a la suma de $ 534.423,82.
III. Agravios de la AFIP Contra la sentencia del 26/12/2022, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 86-89, los cuales fueron contestados por la actora a fs. 94-96.
Sostiene que el Tribunal realiza una interpretación de la normativa aislada a la totalidad del marco normativo plasmado en la ley. A su entender, del análisis del art. 52 de la ley 27260 se desprende que la ley posibilita que los responsables de tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP, acojan a lo dispuesto en la misma por obligaciones vencidas al 31/05/2016 o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones tributarias. Alega que la ley no dispone que se condona cualquier multa, sino solo aquellas que se hayan aplicado como consecuencia de hechos que generan asimismo una obligación tributaria no cancelada.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 33075/2023 COMPAÑIA MINERA AGUILAR SA (TF 37839-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, “Biocardales SA (TF 37340-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 41.258/2023, del 7/3/2024, entre muchos otros).
VI. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que mediante la ley 27.260 se aprobó el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” y en tu Título II denominado “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” se dispone –en lo que aquí interesa– : Art. 52: Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción (…) al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título. Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 33075/2023 COMPAÑIA MINERA AGUILAR SA (TF 37839-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Por su parte, el artículo 53 establece que quedan incluidas en el artículo anterior las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
Por otro lado, el art. 54 expresa que en el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera (en los términos de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento y el art. 55 establece que para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Título y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación: a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización previsto en este Título. Por otro lado, la resolución 3920/2016 reglamenta el procedimiento para la adhesión al régimen previsto en la ley mencionada, y en lo que aquí resulta relevante establece, en su art. 2º que: Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones. Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha.
Finalmente, la resolución general 4007-E/17 de la AFIP reglamentaria de las normas anteriormente descriptas, determina en su artículo 4º que: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones –formales o sustanciales/materiales– cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas.” Por otro lado, el art. 6 del mismo cuerpo normativo establece que: “Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha. En este caso, los intereses también quedan condonados. b) La obligación sustancial y la porción de intereses no exentos se encuentran regularizados mediante pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la Resolución General N° 3.920 y sus modificatorias, y la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización o del pago de contado. c) La obligación sustancial y su respectivo interés están incluidos en planes de facilidades de pago dispuestos con anterioridad al 23 de julio de 2016, que se encuentren CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 33075/2023 COMPAÑIA MINERA AGUILAR SA (TF 37839-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO vigentes, y la sanción no se encuentra firme ni abonada a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.260.”
Finalmente, el párrafo final del art. 6º establece que “Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones.” (el resaltado nos pertenece)
VII. La condonación de la multa es procedente La multa que se discute en la especie, en los términos en los que ha sido encuadrada en la resolución condenatoria -ello es el art 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero- se corresponde a “obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria” que pueden ser regularizadas por la exportadora.
En el caso, estamos ante la presencia un perjuicio fiscal (tal como el que reprime el inciso a) del apartado 1 de la infracción de declaración inexacta) y resulta nítida la procedencia de acogerse al sistema de moratoria por todo aquello que se adeude en concepto de tributos aduaneros, correspondiendo considerar los beneficios aludidos en el inciso a) y c) del art. 55 de la ley 27.260 (conf. esta Sala in re “YPF S.A. TF 29419-A”, del 23/04/2019).
Resulta oportuno traer a colación el dictamen de la Procuradora General de la Nación del 28/02/2019, en donde consideró que: i) el bien jurídico tutelado por el art. 954 del Cód. Aduanero es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación; ii) “En estas condiciones, es claro para mí que las multas aquí discutidas encuadran, sin hesitación, en el art. 56 de la ley 27.260, en cuanto allí se dispone el beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales (...)”; iii) “tales deberes formales no resultan susceptibles de ser cumplidos con posterioridad a la comisión de la infracción, motivo por el cual la sanción quedó condonada “de oficio” según lo fija el art. 56, tercer párrafo, de la ley 27.260”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1/11/2022 en la causa in re, “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” sostuvo que resultan condonables, de conformidad con lo normado en el art. 6º de la Resolución 4007-E/17 de la AFIP, las infracciones tipificadas en el art. 954, inc. a, situación que coincide con la planteada en esta causa, en atención al incumplimiento de una obligación formal en los términos de lo dispuesto en el art. 56, tercer párrafo, de la ley 27.260.
En razón de ello, corresponde rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada; imponiendo las costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia