Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto imputa a la firma “Compañía Regional de Acero Forjados S.A.” la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A, como consecuencia de no haber reexportado y/o nacionalizado la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT N° 00 001 IT14 001045 P, fijando la multa en la suma de $ 25.000,11, es decir, una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (con excepción de la mercadería cancelada mediante destinación de importación a consumo N° 01 001 IC82 000065 F, Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias), en tanto exige, a la firma importadora, el pago de los tributos que ascienden a la suma de $ 25.000,11, con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A.
3Costas conforme los mutuos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-107037768-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Septiembre de 2023 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “COMPAÑÍA REGIONAL DE ACEROS FORJADOS MERCEDES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, Expte. N° 32.061-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 12ref./21ref. la firma Compañía Regional de Acero Forjados S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748- 2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $ 25.614,77 en concepto de multa y $ 65.877,72 en concepto de tributos con más el CER e intereses del art. 794 del C.A., por encontrarse incursa en la infracción tipificada en el art. 970 la mercadería amparada mediante la DIT N° 00 001 IT14 001045 P. En primer lugar, señala que la mercadería ingresada mediante la destinación en trato fue nacionalizada con dos destinaciones de importación a consumo, registradas bajo los Nros. 01 001 IC82 000065 F y 01 001 IC81 000044 B. En la inteligencia señalada, considera incorrecta la liquidación de la multa y los tributos obrante en las actuaciones administrativas. Por otro lado, sostiene la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas, atento el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la operación involucrada hasta la instrucción de sumario, corrida de vista, notificación de la misma y, finalmente, dictado de la resolución apelada. Cuestiona la aplicación de derecho adicional. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 39/44 la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la contraria y relata brevemente lo actuado en sede administrativa. En prieta síntesis, rechaza la prescripción planteada por la actora ya que la instrucción de sumario se dictó dentro del plazo establecido en la normativa y, consecuentemente, produjo los efectos otorgados por ley en orden a la suspensión e interrupción de plazos. En relación al régimen de importación temporal, manifiesta que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que no se ha cumplido con la reexportación (o nacionalización, mediante las destinaciones de importación a consumo), encuadrando su conducta en la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. Por otro lado, recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Afirma que la infracción por la cual la importadora fue condenada en sede administrativa fue configurada, ya que no resulta posible establecer la cancelación del DIT involucrado por resultar imprescindible contar con el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en cuestión a los efectos de establecer la relación insumo-producto empleada, surgiendo de este modo la responsabilidad de la obligación tributaria y de la multa impuesta. En cuanto al derecho adicional manifiesta que se vulneraría el principio constitucional de igualdad al imponerle mayores cargas tributarias a quienes actúan de acuerdo a la ley, en relación a quienes incurren en infracción. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con costas.
III. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 608514-748-2005 surge a fs. 1 el acta de denuncia por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación a la DIT 00 001 IT14 001045 P. A fs. 5 obra sobre contenedor original de la DIT en cuestión. A fs. 7 obra acto de instrucción de sumario de fecha 20/12/2006. A fs. 10 obra liquidación de multa y tributos (con más el CER a la fecha de efectivo pago, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 214/02). A fs. 15 obra corrida de vista de fecha 23/05/2011, notificada el 07/06/2011 (cfme. constancia obrante a fs. 23). A fs. 31/32 y 36/46 obran contestaciones de vista de la aseguradora y la importadora, respectivamente. A fs. 50 se las tiene por presentadas, se tiene presente la prueba ofrecida con la documental obrante en el sobre contenedor de fs. 5 (parcial 2 de las destinaciones Nros. 01 001 IC82 000065 F y 01 001 IC81 000044 B) y se envían las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires para que, teniendo a la vista dicha documental, se expida sobre la descarga de la DIT denunciada, indicando, en caso de corresponder, si existe mercadería en infracción al régimen de admisión temporaria. A fs. 53 responde dicha Sección e informa que no resulta posible determinar la cancelación del DIT en trato toda vez que no se encuentran adjuntos los eventos cancelatorios involucrados, a excepción de 4.032,08 kg. correspondientes al Ítem 1 y 0,58 kg. correspondientes al Ítem 2 de dicha DIT, que sí fueron cancelados mediante la destinación de importación a consumo N° 01 001 IC81 000044 B. A fs. 54 se efectúa una nueva liquidación de multa y tributos (con más el CER a la fecha de efectivo pago). A fs. 57/61vta. se dicta la Resolución DE PRLA N° 9595/11 de fecha 20/12/2011 (notificada a la importadora a fs. 64/vta. - en fecha 30/07/2012- y a la aseguradora a fs. 65/vta. –en fecha 10/07/2012-). A continuación, sin foliar, obra agregado escrito donde se acredita la apelación por parte de la firma Compañía Regional de Acero Forjados S.A. y se acompaña el Formulario F. 4 correspondiente.
IV. A fs. 49 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a Sala G, que los pasa a sentencia a fs. 53.
Primera Cuestión:
V. Que, ante todo, corresponde examinar si, tal como plantea la recurrente, la acción del fisco para percibir los tributos e, incluso, para la imposición de pena, se encontraban prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 608514-748-2005 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2002 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 20/12/2006 (fs. 7 del expediente administrativo) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado. En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. En atención a lo expuesto en los considerandos anteriores, y en virtud del incumplimiento de la exigencia impuesta por la ley, el acto examinado (auto de apertura de sumario) carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas -art. 937 inc. a) del C.A.- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos -art. 805 inc. a) del C.A.- .
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2002, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2006 (cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad a la corrida de vista (de fecha 23/05/2011 y notificada a la firma el 07/06/2011, cfme. constancia obrante a fs. 23 de las actuaciones administrativas) y, obviamente, al dictado de la resolución apelada en autos (de fecha 20/12/2011 y notificada a la firma el 30/07/2012 cfme. constancia obrante a fs. 64 de las actuaciones administrativas).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expediente administrativo correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización D.I.T. 01 24/02/2000 001 IT14 001045 P Vencimiento DIT 22/02/2001 Acta de denuncia (fs. 1) 15/02/2005 Apertura de sumario (fs. 20/12/2006 7 sin notificar)
Corrida de vista (fs. 15) 23/05/2011 Notificación de la corrida 07/06/2011 de vista (fs. 23)
Resolución apelada (fs. 20/12/2011 57/61vta.)
Notificación de la Resolución a la firma (fs. 30/07/2012 64/vta.)
01/01/2002-
Plazo de prescripción 31/12/2006 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, no existe constancia alguna de notificación fehaciente a la firma de la apertura de sumario.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora y, consecuentemente, declarar prescripta las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 00 001 IT14 001045 P.
Segunda Cuestión:
VII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
En las condiciones consignadas resulta necesario destacar que no se encuentra controvertido en autos el incumplimiento del régimen de importación temporaria debido a que la apelante, ni al presentarse en sede aduanera y ni ante esta instancia, aportó más prueba documental que la obrante en el sobre contenedor de fs. 5, la cual efectivamente no permite acreditar la reexportación (o, en este caso, la nacionalización) de la totalidad de la mercadería amparada por el DIT N° 00 001 IT14 001045 P, al vencimiento del plazo de permanencia que operó el 22/02/2001.
Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de mencionar que al realizar un examen de los documentos obrantes en el mentado sobre contenedor, advertí que si bien es cierto que en el Ítem 1 de la destinación de importación a consumo N° 01 001 IC82 000065 F se nacionalizan residuos, desperdicios o desechos de los Ítems 1 y 2 del DIT involucrado, no es menos cierto que los Ítems 2 y 3 de la mentada destinación de importación a consumo, cancelan 2.730,45 kg. del Ítem 2 y 927,64 kg. del Ítem 1 del DIT N° 00 001 IT14 001045 P, ello independientemente de lo informado por la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires a fs. 53 de las actuaciones administrativas. A continuación efectúo el correspondiente detalle del cual surge la cantidad de mercadería que se encuentra efectivamente en infracción, a la luz de lo expuesto precedentemente:
ITEM 1 ITEM 2
Mercadería Importada 49.005,92 Mercadería Importada 94.807,42 Mercadería Cancelada (01 001 IC82 Mercadería Cancelada (01 001 IC82 927,64 2.730,45 000065 F ) 000065 F )
Mercadería en Infracción 48.078,28 Mercadería en Infracción 92.076,97 Llegado este punto cabe agregar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba (que no es más que la documentación aduanera adecuada, reglada, idónea y requerida reglamentariamente por el decreto 1439/96 -Res. 72/92-) que permita acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal, se encuentra a cargo del importador o, en su caso, de su garante.
Así las cosas, y teniendo en especial consideración que en el caso de autos, no se adjunta el CTC definitivo emitido por la Secretaria de Industria y Comercio relativo a la destinación en trato, de manera que como ya mencioné, la documental acompañada no resulta suficiente para acreditar de la reexportación (o, en el caso en particular, la nacionalización de la totalidad de la mercadería mediante las dos destinaciones de importación a consumo involucradas), no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A.
En ese entendimiento del asunto, habiendo quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente del pago de la multa y los tributos correspondientes, los cuales se detallarán en el considerando XI, teniendo en cuenta la mercadería que se encuentra en infracción conforme el detalle anterior.
VIII. Sentado lo que antecedente, corresponde expedirse sobre la determinación de la deuda tributaria reclamada, en relación a los rubros derecho adicional, IVA adicional y ganancias.
En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada al amparo del DIT N° 00 001 IT14 001045 P que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto N° 1439/96-, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación final obrante a fs. 54 de las actuaciones administrativas).
IX. En virtud de lo expuesto, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N° 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de dicha mercadería, corresponda imponer las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, atento que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
X. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA Resol. 2590/06 (Expte. N° 604.155/01) s/ DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido que determinada que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.” Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según Ley 25.063) y en el art. 22 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Por lo expuesto en los considerandos VII, IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria y, consecuentemente, la multa impuesta, conforme se detalla a continuación:
DIT N° 00 001 IT14 001045 P – TRIBUTOS / MULTA ITEM 1 ITEM 2
Base imponible $ Base imponible $ (Valor en aduana) 23.341,75 (Valor en aduana) 44.584,54 Derechos de $ Derechos de 16,5% 10,5% $ 4.681,37 importación 3.851,39 importación Tasa de Estadística 0,50% $ 116,71 Tasa de Estadística 0,50% $ 222,92 $ $ Base IVA Base IVA 27.309,85 49.488,83 $ $ IVA 21% IVA 21% 5.735,07 10.392,65 $ $ TOTAL TOTAL 9.703,17 15.296,94 TRIBUTOS: $ 25.000,11 MULTA MÍNIMA: $ 25.000,11 30% VA: $ 20.377,88 En consecuencia, el importe adeudado en concepto de multa se reduce a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON ONCE CENTAVOS ($ 25.000,11) y el importe de tributos adeudados por la mercadería en infracción en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. se reduce a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON ONCE CENTAVOS ($ 25.000,11), con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A., hasta la fecha de su efectivo pago.
XII. Por último, e independientemente de que la actora no se haya agraviado expresamente en su recurso de apelación respecto a la procedencia de la aplicación del CER, cabe poner de manifiesto al respecto que atento que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nº 214/02 (ver corrida de vista de fs. 15 de las actuaciones administrativas de fecha 23/05/2011, notificada el 07/06/2011), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo. Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($ 1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto Nº 214/02, el CER es inescindible del capital adeudado. Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que, el ajuste mediante el CER resulta ajustado a derecho.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto imputa a la firma “Compañía Regional de Acero Forjados S.A.” la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A, como consecuencia de no haber reexportado y/o nacionalizado la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT N° 00 001 IT14 001045 P, fijando la multa en la suma de $ 25.000,11, es decir, una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (con excepción de la mercadería cancelada mediante destinación de importación a consumo N° 01 001 IC82 000065 F, Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias), en tanto exige, a la firma importadora, el pago de los tributos que ascienden a la suma de $ 25.000,11, con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial, especialmente a lo resuelto en virtud de la Segunda Cuestión (Considerandos VII y siguientes) del Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto imputa a la firma “Compañía Regional de Acero Forjados S.A.” la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A, como consecuencia de no haber reexportado y/o nacionalizado la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT N° 00 001 IT14 001045 P, fijando la multa en la suma de $ 25.000,11, es decir, una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 9595/11 dictada en el trámite de la Actuación SIGEA N° 608514-748-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (con excepción de la mercadería cancelada mediante destinación de importación a consumo N° 01 001 IC82 000065 F, Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias), en tanto exige, a la firma importadora, el pago de los tributos que ascienden a la suma de $ 25.000,11, con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.07 21:50:41 ART Date: 2023.09.07 22:16:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.12 09:11:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.12 09:11:18 -03:00
Fin de la sentencia