Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-70721427-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución RESOL-2022-4574-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 13289-18733-2017, declarando que la obligación tributaria en lo que aquí interesa respecto al DIT 160921IT14000550J, asciende a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 1/100 DÓLAR (u$s 8.841,01) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 7/10/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR SA. es el de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000), importe que fuera garantizado, en total, mediante la póliza N° 21923 -emitida el 26/02/2016-.Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
3Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91368314-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos: “COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-70721427- -APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. En RE-2022-70719983-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-4574-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto confirma el cargo de u$s 8.841,01 concepto de tributos más intereses, por no haberse regularizado la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 16092IT14000550J. En primer lugar, entiende que la Aduana no tiene derecho al reclamo de los tributos que se le exigen en virtud a que no cuenta agregada en los actuados aduaneros la póliza original ni su copia certificada. Afirma que sin el mencionado documento no puede saberse el objeto de la póliza, es decir el riesgo cubierto. En ese sentido, manifiesta que la instrucción de sumario es nula al no cumplir con un de los requisitos principales dados por el art. 1094 del C.A. al no encontrarse determinados los hechos constitutivos de la infracción. Cita jurisprudencia. En subsidio, se agravia de los intereses por considerarlos abusivos. Ofrece prueba, hace reserva del caso Federal y solicita se revoque el “Fallo” aduanero, con costas.
II. En IF-2022-115478648-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado del recurso que el fuera conferido. Realiza una breve reseña de los hechos. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora. Expresa con relación a la falta de la póliza en las actuaciones administrativas que manifiesta la quejosa, no tiene fundamento en tanto es conocida la jurisprudencia que cuando el defecto pueda ser subsanado en una instancia posterior no cabe dar la nulidad por la nulidad misma y la póliza fue acompañada en esta instancia. Afirma que no se acredito en ningún momento la cancelación de dicha póliza que la liberaría de responsabilidad, como tampoco el CTC que acredita el régimen del cumplimiento de la temporal, por lo que la condena tiene razón de ser. Explica que el auto de apertura es totalmente, ya que no corresponde automatizar al art. 1094 del C.A. y esperar que la instrucción de sumario contenga todos los requisitos que este articulo estipula. Con respecto al fondo, aduce que la importador no cumplió con las obligaciones emergentes del régimen al que se adhirió al no acompañar el CTC involucrado en autos por lo que no se podría realizar el cruce de datos ni la trazabilidad de la mercadería ingresada en forma temporaria ni reconocer la identidad entre la mercadería ingresada temporalmente y aquella que sale como parte de un producto exportado. Afirma con relación a la responsabilidad de la compañía aseguradora, que la finalidad del seguro de caución no es otra que la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y basta el mero vencimiento de la deuda, salvo que se haya pactado beneficio de exclusión, circunstancia que no ha acontecido en el caso de marras. Advierte que el límite de la póliza que solicita la actora puede ser violatorio de la normativa vigente cuando es una suma por debajo de la reclamada. Con relación a los intereses y el tipo de moneda exigido, debe entenderse que se aseguró los tributos en su totalidad junto con accesorios y conforme el art. 20 de la ley 23.905 la determinación tributario es en dólares estadounidenses por ser una operatoria de comercio exterior. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirma la resolución apelada, con costas.
III. Que en PV-2022-98371942-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco y por PV-2026-34938767-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 13289-2017-1(reconstrucción) se inicia con el mail de solicitud de reconstrucción por la DGA. A continuación, se agrega la resolución RESOL-2022-4574-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA aquí apelada. Luego obra la providencia de este Tribunal que ordena la reconstrucción de las actuaciones. Posteriormente, surgen mails de la AFIP que informan que la búsqueda de los actuados aduaneros dio resultado negativo. Finalmente, se agrega print de pantalla de Consulta de la garantía.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad de la apertura del sumario opuesto por la actora COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS INSUR S.A. vinculado a la falta de agregación de la Póliza N° 21923.
La actora expresa que no se encuentran reunidos los hechos constitutivos para determinar la infracción al no contar con la póliza involucrada en los actuados aduaneros, por lo que el auto de apertura de sumario es nulo al no cumplir con el art. 1094 del C.A.
Que, es menester destacar que la infracción no se determina por la existencia de la póliza. La infracción al artículo 970 del C.A. –como es el caso de autos- deviene por el incumplimiento a las obligaciones vinculadas con el régimen de destinación suspensiva de no darle un destino, tratamiento o cumplimiento dentro del plazo previsto y condiciones brindadas por la norma.
Ahora bien, quien tiene en cabeza esta obligación es el importador o exportador siendo el que documenta la operatoria. La compañía aseguradora es citada por el servicio aduanero por ser garante de las obligaciones asumidas frente a éste. Es decir, la aseguradora no es necesariamente quien cometió materialmente la infracción. Su intervención deriva de haber otorgado una garantía a favor de la Aduana para asegurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a un régimen aduanero determinado. Que, en ese entendimiento del asunto, no contar con la póliza de caución al inicio del procedimiento administrativo no invalida el auto de apertura de sumario porque no forma parte de los hechos constitutivos de la infracción que menciona el art. 1094 del C.A. Ello así, en tanto una cosa es la responsabilidad infraccional propiamente dicha del obligado principal y la otra es la responsabilidad patrimonial o accesoria que puede derivar de la garantía otorgada por la compañía aseguradora. Sin perjuicio, de que esta última pueda demostrar a lo largo del procedimiento que se cumplió con la reexportación de la mercadería en tiempo y forma. Por lo que en el caso de autos, considero que el auto de apertura es válido.
VI. Que, sentado lo expuesto corresponde resolver si la Resolución que condena a la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A., aquí la actora, al pago de tributos por la suma de US$8.848,01, en los términos de los arts. 970, en relación a la operación de importación documentada bajo el DIT 16092IT14000550J, se ajusta a derecho.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial o en su caso la aseguradora y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, advirtiendo que la actora no aporta elementos en instancia aduanera, ni tampoco ante esta instancia, que permitan desvirtuar los hechos denunciados, corresponde tener por configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
VII. Que, ello así, corresponde analizar la obligación tributaria emergente del despacho de importación aquí involucrado.
En efecto, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo - en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias. A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, cabe aclarar que la aquí actora no se agravia de la liquidación tributaria efectuada en sede aduanera, por lo que la suma de US$ 8.841,01 (en concepto de Derecho de importación, Tasa de estadística e IVA), se confirma.
VIII. Que, con relación a la responsabilidad de la aquí actora COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR SA, cabe señalar que mediante la pólizas N° 21923 emitida el 26/02/2016 cuya copia obra como archivo embebido en IF-2026-76406617-APN-DTD#JGM, se garantizó el pago de los tributos emergentes del DIT 16092IT14000550J, hasta el importe de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000), con más lo que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A.
Que, conforme surge de las condiciones particulares de la póliza: “Queda especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que resulte obligado el tomador o proponente de acuerdo a las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro y que la suma máxima fijada en el párrafo anterior no comprenderá a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código, los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma”.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/de los Electrónica SA y otros”).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01). Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4).
La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS (1.200.000). Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 7/10/2021-fecha de la contestación de la corrida de vista a la actora que informa en la presentación de IF-2026-36224214-APN-DTD#JGM atento a no contarse con dicha documentación en las actuaciones reconstruidas- y hasta la fecha del total y efectivo pago.
Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-4574-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 13289-18733-2017, declarando que la obligación tributaria en lo que aquí interesa respecto al DIT 160921IT14000550J, asciende a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 1/100 DÓLAR (u$s 8.841,01) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 7/10/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR SA. es el de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000), importe que fuera garantizado, en total, mediante la póliza N° 21923 -emitida el 26/02/2016-.Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Costas a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Soria y a la solución que propicia en cuanto corresponde confirmar la obligación tributaria determinada en la suma de u$s 8.841,01, con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero, así como respecto del alcance de la responsabilidad de COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR S.A. conforme los términos de la póliza de caución involucrada. Considero, sin embargo, necesario efectuar una precisión respecto de la referencia contenida en el considerando VII a los arts. 638, inc. e), y 639 del Código Aduanero, a fin de evitar que pueda atribuírsele un alcance que no comparto en materia de tipo de cambio aplicable para la cancelación de la obligación tributaria.
Entiendo que los arts. 638, inc. e), y 639 del Código Aduanero disciplinan, en lo que aquí interesa, la determinación originaria de la obligación tributaria derivada de la importación para consumo irregular que se produce como consecuencia del incumplimiento del régimen de importación temporaria. Tales disposiciones permiten identificar la fecha jurídicamente relevante para establecer el régimen tributario aplicable y, a partir de allí, fijar los parámetros propios del crédito fiscal. En ese plano normativo, la noción de liquidación remite a la determinación de lo debido: qué tributo nace, bajo qué régimen y conforme a qué parámetros debe ser calculado. Pero de ello no se sigue que esas mismas normas agoten una cuestión distinta, cual es establecer cuántos pesos resultan necesarios para cancelar una obligación que, por disposición legal, se encuentra determinada en dólares estadounidenses.
Confundir ambos planos importa identificar la determinación jurídica del crédito con la mecánica posterior de su extinción. En ese sentido, el art. 20 de la ley 23.905 estableció una regla específica para los tributos aduaneros al disponer su determinación en dólares estadounidenses y prever, al mismo tiempo, que cuando deban ingresarse en moneda nacional la equivalencia se fijará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago. La norma no modifica el nacimiento de la obligación tributaria ni altera el hecho imponible previsto por el Código Aduanero; regula una cuestión diversa, vinculada con la forma en que una obligación ya determinada en moneda extranjera debe traducirse a moneda nacional al momento de su cancelación.
Dicho de otro modo, una cosa es determinar cuánto se debe y otra, distinta, establecer cuántos pesos resultan necesarios para cancelar aquello que se debe.
Esta inteligencia se compadece, además, con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ D.G.A.”, sentencia del 23 de agosto de 2011, en cuanto reconoció la operatividad del art. 20 de la ley 23.905 respecto de la determinación en dólares estadounidenses y de su conversión a moneda nacional al tiempo del pago. En tal entendimiento, la referencia contenida en el art. 639 del Código Aduanero al tipo de cambio correspondiente a la fecha jurídicamente relevante para la liquidación no impide distinguir entre el parámetro utilizado para la determinación originaria del tributo y la equivalencia pecuniaria requerida para su cancelación. No se trata de postular dos liquidaciones ni dos obligaciones distintas, sino de reconocer que existe una única deuda jurídicamente determinada en dólares estadounidenses y que, cuando su cancelación se efectúa en moneda nacional, el importe en pesos necesario para extinguirla debe establecerse conforme la regla específica prevista por la ley. En autos, el voto preopinante confirma la deuda tributaria en la suma de u$s 8.841,01, extremo respecto del cual no formulo discrepancia. Mi precisión se limita a dejar establecido que la referencia a los arts. 638, inc. e), y 639 del Código Aduanero no puede interpretarse en el sentido de fijar definitivamente un tipo de cambio histórico para la cancelación en pesos de aquella obligación. De corresponder su ingreso en moneda nacional, deberá estarse a lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905, esto es, a la equivalencia correspondiente al tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago, sin que ello altere el límite de responsabilidad asumido por la aseguradora, que conforme los términos de la póliza ha sido fijado en la suma de $1.200.000, con el alcance respecto de los intereses que surge de sus propias condiciones. Por tales razones, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Soria, con la precisión efectuada respecto del tipo de cambio aplicable para la eventual conversión a moneda nacional de la obligación tributaria determinada en dólares estadounidenses.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-4574-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 13289-18733-2017, declarando que la obligación tributaria en lo que aquí interesa respecto al DIT 160921IT14000550J, asciende a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 1/100 DÓLAR (u$s 8.841,01) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 7/10/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora COMPAÑÍA DE SEGUROS INSUR SA. es el de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000), importe que fuera garantizado, en total, mediante la póliza N° 21923 -emitida el 26/02/2016-.Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.09.18 14:36:37 ART Date: 2026.09.18 15:50:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.18 16:58:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 16:58:49 -03:00
Fin de la sentencia