Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-103685115-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N°3906/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12210-379-2008.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-28724128-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 19 de Marzo de 2026 MERCANTIL ANDINA S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia Beatriz Sarquis), para resolver en los autos caratulados: “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ D.G.A.
s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2019-103685115- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°3906/15, la autoridad aduanera condenó a la firma SKF ARGENTINA SA al pago de una multa y, a su vez, le formuló un cargo por los tributos adeudados, haciéndolo extensivo en forma solidaria a la aseguradora, en relación con la Destinación de Importación Temporal N° 04073IT14003128J, al considerar configurada la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (CA).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA interpone recurso de apelación, señalando en primer término que el procedimiento sustanciado en sede administrativa es nulo por no haberse notificado la corrida de vista. En igual sentido, invoca la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos. En subsidio, impugna la liquidación atento al tipo de moneda exigido junto con el pago de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, el Fisco se presenta y, tras formular la negativa general de rigor, sostiene la plena validez del procedimiento administrativo sustanciado en autos y la legitimidad de la acción tendiente al cobro del tributo reclamado. Invoca la responsabilidad de la aseguradora respecto de los conceptos exigidos por el servicio aduanero, con fundamento en la póliza de caución mediante la cual fueron garantizadas las obligaciones en cuestión.
En cuanto a la liquidación practicada, afirma la procedencia íntegra de los importes determinados por la Aduana, por considerarlos ajustados a derecho. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
IV. Sentado lo anterior, corresponde expedirse, en primer término, acerca de la nulidad del procedimiento solicitada por la actora, con fundamento en no haber sido notificada de la corrida de vista obrante a fs. 22. Al respecto, no surge de las actuaciones N° 12210-379-2008 ninguna constancia de comunicación o notificación cursada mediante el sistema SICNEA que permita acreditar que la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA haya tomado efectivo conocimiento del expediente sustanciado en sede administrativa, siendo este acto de carácter obligatorio conforme a la normativa vigente.
Bajo estas condiciones, se evidencia de manera indubitable que la demandada no ha cumplido con lo previsto en el art. 1101 del CA, que dispone: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
Al respecto, es importante mencionar la interpretación que la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal realizó del artículo 1101 del CA: (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses. Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Cabe señalar, además, que el derecho a la defensa comienza con el reconocimiento del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. Esta garantía impone que la persona reciba una comunicación suficiente en cuanto a su contenido, calidad y oportunidad temporal, a fin de conocer con precisión los cargos formulados en su contra. Su finalidad es evitar la producción de actos de autoridad desconocidos para el interesado y, por ende, imposibles de controlar o impugnar eficazmente. La notificación debe practicarse desde el momento en que se inicia una investigación que individualiza a una persona como posible responsable, y antes de que ésta formule su primera manifestación ante la autoridad interviniente, pues de lo contrario se vería conculcado su derecho a preparar adecuadamente su defensa. En términos simples, la comunicación previa y detallada de la acusación constituye un presupuesto esencial del debido proceso legal[1].
Este razonamiento se halla en consonancia con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (cfr. Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre otros).
V. En este estado de cosas, debe destacarse que el tratamiento de las circunstancias que configuran la nulidad no puede ser abordado de manera mecánica, sino que debe efectuarse evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación conforme a las circunstancias específicas de cada caso. En efecto, si bien en otros fallos he destacado la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), en la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió notificar por completo a uno de los sujetos involucrados en la imputación efectuada por el servicio aduanero, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa.
En este orden de ideas, resulta indiscutible que la omisión de la corrida de vista a la aseguradora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1101 del CA, ha obstaculizado el ejercicio pleno de su derecho de defensa, garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tal omisión configura un perjuicio irreparable en esta instancia, dado que afecta de manera sustancial la validez y legitimidad de todo el procedimiento administrativo.
VI. Llegado a este punto, es necesario hacer especial énfasis en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), la cual dispone que con anterioridad a la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva) deben cumplirse los procedimientos esenciales y aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b). Bajo esta óptica jurídica, la omisión de la corrida de vista de lo actuado conforme al artículo 1101 del CA constituye un incumplimiento manifiesto de estos requisitos, lo que invalida en su totalidad la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo.
VII. Con base en los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N°3906/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12210-379-2008.
2. Costas a la vencida.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N°3906/15, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12210-379-2008.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
[1] LICHT, Miguel Nathan, Teoría del Ilícito Administrativo, La Sustantividad de la Sanción Administrativa, Tomo II, Buenos Aires, La Ley, p. 159.
Date: 2026.03.18 09:52:44 ART Date: 2026.03.19 15:49:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.19 15:50:26 -03:00
Fin de la sentencia