Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-121498925-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución N.º 9405/2018 dictada el 03/12/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-15527-2008, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-28261519-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Marzo de 2025 MERCANTIL ANDINA S.A.
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), para resolver los autos caratulados “ COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EX- 2022-121498925-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el IF-2022-121498827-APN-DTD#JGM la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.
interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 9405/2018 dictada el 03/12/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-15527-2008, mediante la cual resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma “LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A.” en virtud del monto de la multa y conforme la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., e intimar a la firma mencionada y a su aseguradora -aquí la actora- al pago de los tributos aduaneros en relación al D.I.T. N.º 07001IT14003395J. En primer término, invoca la nulidad por vicios en el cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, debido a la omisión de la corrida de vista de las actuaciones administrativas, lo que ha vulnerado su derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En ese entendimiento, sostiene que la resolución apelada le es inoponible, al ser nula de nulidad absoluta e insanable. A continuación, señala que ha operado la prescripción de la acción del fisco para el cobro de los tributos. En subsidio, manifiesta la improcedencia de la determinación tributaria, así como de la tasa de interés aplicada. Por último, limita su responsabilidad al monto máximo asegurado en la póliza. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
II. En el IF-2023-52351608-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Luego de hacer la negativa genérica de rigor y un sucinto relato de los hechos, defiende la validez del procedimiento en sede aduanera y sostiene la plena vigencia de la acción del fisco para percibir tributos. Cita jurisprudencia. Hace referencia a la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., y sostiene que el reclamo tributario no se fundamenta en la infracción, sino en la presunción de importación a consumo conforme lo dispuesto en el artículo 274 del C.A. En cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, analiza su calidad de garante de la obligación tributaria, la naturaleza del seguro de caución, la finalidad del contrato de garantía y las condiciones de la póliza. Destaca que, al no haber cumplido el importador con sus obligaciones del régimen de importación temporaria, la aseguradora, como garante, debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador del seguro dentro del marco legal vigente. Cita normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme la resolución aduanera recurrido, con costas.
III. Actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-15527-2008 (v. el embebido del IF-2023-52344673-APN- DTD#JGM): A fs. 1 se encuentra la solicitud de liberación de la póliza, acompañada de la documental pertinente, posteriormente se agrega el sobre del DIT en trato. A fs. 115 obra el acta de denuncia relacionada con el D.I.T. 07001IT14003395J, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 118 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería en infracción. A fs. 121 se glosa la liquidación de tributos. A fs. 122 (el 10/06/2014), se dispone a la instrucción del sumario (sin notificar ni correr vista cfr. el art. 1101 del C.A.). A fs. 123 se determina la liquidación de multa y tributos. A fs. 124 se glosa el print de pantalla de la garantía. A fs. 125 se deja constancia que se ha consultado el sistema de causas SUMARCHI con resultado negativo en los términos de la Instrucción General 09/17 DGA con relación a la firma importadora. A fs. 126/vta (el 03/12/2018), se dicta la Resolución N. º 9405/18 apelada en autos (notificada a la importadora a fs. 127, el 01/11/22, no obra constancia de notificación a la aseguradora). A fs. 128, el 03/11/22, la aseguradora -aquí actora- solicita tomar vista de las actuaciones administrativas.
IV. En el embebido del IF-2023-52344909-APN-DTD#JGM, la representación fiscal adjunta la providencia PV-2023- 00925658-AFIPDEJUDI# SDGTLA, mediante la cual se otorga conformidad al allanamiento parcial en relación con los conceptos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias consignados en la liquidación tributaria. Asimismo, mediante la PV-2023-55768627-APN-TFN#MEC se dispone el traslado a la actora respecto del allanamiento parcial mencionado, quien fue debidamente notificada a través del IF-2023-58395916-APN-VOCXIX#TFN, sin que haya formulado contestación alguna.
V. En la PV-2025-26909015-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
VI. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la actora respecto a la tramitación del sumario.
Así es que, de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-15527-2008 se desprende que, luego del acta de denuncia por la presunta infracción al art. 970 contra la importadora “LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A.” (ver fs. 115), se procedió a clasificar y valorar la mercadería (ver fs. 118), y a liquidar los tributos y la multa (ver fs. 121 y 123). Posteriormente se instruyó sumario (ver fs. 122). A continuación, se adjuntó el print de pantalla de la garantía, se consultó el Sistema SUMARCHI para verificar los antecedentes de la sumariada, obteniéndose respuesta negativa, y, seguidamente, se dictó la Resolución apelada en autos.
En tal sentido, resulta pertinente señalar que no obra en el expediente administrativo constancia documental alguna que acredite la disposición de la corrida de vista (ver fojas 122 y siguientes), siendo este acto de carácter obligatorio conforme a la normativa vigente.
En este contexto, es evidente que la demandada no cumplió con lo establecido en el art. 1101 del CA: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”
Al respecto, es importante mencionar la interpretación que la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal realizó del artículo 1101 del Código Aduanero en un caso análogo, (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses. Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de indefensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, como los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Este razonamiento se encuentra alineado con la jurisprudencia consolidada de la CSJN, que ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (cfr. Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre otros). En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la omisión de la corrida de vista impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la actora, vulnerando de esta forma las garantías esenciales del debido proceso y el derecho de defensa con fundamento en normas constitucionales y convencionales.
VII. En este punto, es necesario subrayar que el análisis de las circunstancias relativas a la nulidad no debe realizarse de manera mecánica, sino evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso particular.
En efecto, si bien en otros precedentes he advertido la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros). En la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa.
En este orden de ideas, resulta evidente que la omisión de la corrida de vista tanto a la presunta imputada como a la aseguradora -aquí actora-, en conformidad con el artículo 1101 del C.A., impidió el ejercicio pleno de su derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, lo que constituye un perjuicio que no puede ser subsanado en esta instancia.
VIII. En virtud de la jurisprudencia reseñada y los principios aplicables, es necesario hacer especial énfasis que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) establece que, antes de la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva), deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, así como aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b).
Bajo ese enfoque interpretativo, la omisión de correr vista de lo actuado conforme el art. 1101 del CA, se traduce en un incumplimiento palmario a estos requisitos, por lo que la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo carece de validez en su totalidad.
IX. Con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas al Fisco. Por lo expuesto, VOTO POR:
Declarar la nulidad de la Resolución N.º 9405/2018 dictada el 03/12/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-15527-2008, con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad de la Resolución N.º 9405/2018 dictada el 03/12/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-15527-2008, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del C.A.)
Date: 2025.03.18 15:18:30 ART Date: 2025.03.18 19:32:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.18 19:32:45 -03:00
Fin de la sentencia