Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-52168875-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($80.973,44), por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., con costas a la co-actora importadora.
2Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto formula cargo en concepto de tributos, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (usd 6.528,47), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., que se computan desde el 12.09.2019 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
3Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la co-actora MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. es el de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), importe que fuera garantizado mediante póliza N° 001566506-emitida el 24.08.2005- o el importe de los tributos si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
4Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 004780, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto le exige el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de DOCE …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87104303-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 MERCANTIL ANDINA S.A. (y acumulado INGENIERIA Y COMPUTACION S.A.)
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación) Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ DGA s/apelación"; EX-2019-52168875- -APN-SGASAD#TFN (Acumulado "INGENIERIA Y COMPUTACION S.A.”);
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DEPRLA 4780/2016, dictada por la Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 04/10/2016, en la Actuación Nº 12210- 4172-2010, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. al pago de una multa que asciende a la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($80.973,44) y se formula cargo en concepto de tributos a la firma importadora y a la aseguradora LA MERCANTIL ANDINA CIA DE SEGUROS SA en su carácter de garante hasta el límite afianzado, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUNIENTOS VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (usd 6.528,47), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y por la suma de DOCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($12.117,44) en concepto de IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., respecto a la destinación 05073IT14002275M, con vencimiento el 30/08/2006.
II. Que mediante IF-2019-45959906-APN-DTD#JGM, se presenta, por apoderada la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 4780/2016 mencionada ut-supra. Relata los antecedentes del caso. Opone la prescripción para percibir tributos. Impugna liquidación Se agravia del tipo de moneda de cambio intimada. Señala la improcedencia del IVA adicional y el anticipo de ganancias. Menciona la aplicación ilegítima de intereses resarcitorios devengados entre el 4 de octubre de 2016 y el 6 de mayo de 2019 por la demora irrazonable de practicar la correspondiente notificación. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución condenatoria, con costas.
III. Que mediante IF-2019-71477428-APN-DNTEID#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. Sostiene que no pudo realizarse el cruce de la documental por lo cual se ratifica la denuncia efectuada oportunamente por la totalidad de la mercadería documentada por el DIT. Señala que la calidad de importador lo obliga a un actuar diligente. Recuerda las características de la figura infraccional por las cuales la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Considera que la graduación de la multa se encuadra dentro de la graduación establecida en el código Sostiene que la actora planteo que se declare la nulidad de todo lo actuado por exigirse el ingreso de gravámenes en pesos y dólares. Señala que la exigencia tributaria sobre los rubros de IVA adicional y el impuesto a las ganancias debe practicarse en pesos desde su origen. Manifiesta que no hay afectación alguna al derecho de defensa. Considera que la aseguradora adeuda las obligaciones tributarias afianzadas. Respecto al límite de la póliza, relata que los límites cuantitativos de cobertura, mientras respeten los intereses asegurables no son antijurídicos ni irrazonables. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
IV. Que en PV-2019-87169748-APN-VOCXVIII#TFN, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido respecto a la aseguradora y se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas.
V. Que, mediante PV-2025-126934774-APN-SGASAD#TFN, se digitaliza el EX-2019-49429527- -APN- SGASAD#TFN - INGENIERIA Y COMPUTACION S.A., al cual se acumula al expediente EX-2019-49429527-
-APN-SGASAD#TFN.
VI. Que, mediante IF-2019-49429163-APN-SGASAD#TFN se presenta la co-actora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. Relata los hechos. Invoca la prescripción tributaria y penal a raíz de la notificación de la resolución definitiva fuera del plazo de ley previsto para exigirlos. Señala que acreditó la reexportación de la mercadería en sede administrativa. Subsidiariamente impugna la liquidación por ser injusta e irrazonable la aplicación del tipo de moneda de cambio intimada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la apelación impetrada con costas.
VII. Que, mediante IF-2022-89027510-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido respecto a la co-actora INGENIERIA Y COMPUTACION SA. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. Sostiene el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 970 del C.A. Señala que la actora en sede administrativa no produjo pruebas que puedan rebatir los informes que respaldan la denuncia emitida por el servicio aduanero, limitándose solo a atacar la notificación de la resolución apelada. Afirma que no se ha producido la prescripción penal ni la tributaria. Sostiene la validez de la liquidación en dólares estadounidenses por ser operaciones de comercio exterior. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
VIII. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y con posterioridad se llaman autos a sentencia.
IX. Que, las actuaciones SIGEA 12210-4172-2010 se inician a fs. 80 con la denuncia 12/11 de fecha 24.02.2011. por falta de presentación de las ddjj en los términos de la Resol. EX ANA 479/95. A fs. 83 luce el sobre contenedor. A fs. 85 luce el aforo de la mercadería. A fs. 86/88 se efectúa la liquidación de los tributos. A fs. 93 en fecha 05.10.2011 se instruye sumario. A fs. 94 obra la consulta de garantía global. A fs. 95/100 lucen agregadas las determinaciones de base de tributos y multa. A fs. 101, en fecha 28.08.2016 se corre vista de todo lo actuado y se cita a la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA. A fs. 108 vta. surge constancia de notificación de la corrida de vista a la firma importadora en fecha 07.09.2016. A fs. 109/117 contesta vista la aseguradora y a fs. 118/148 contesta vista la importadora. A fs. 151 se ratifica la denuncia formulada toda vez que no se aporta nuevos elementos a los que se tuviera presente al momento de efectuarse el informe técnico de fs. 82. A fs. 153/158 se agrega copia del registro de infractores. A fs. 160/162 con fecha 04.10.2016 se dicta la resolución DEPRLA N° 4780, aquí apelada. A fs. 163/164 obran agregadas las constancias SICNEA de la notificación de la resolución mencionada ut supra a la importadora y a la aseguradora respectivamente, sin fecha. A fs. 167 se acompaña el formulario F4 presentado ante este Tribunal.
X. Que, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del Fisco, para imponer penas opuesto por la actora "INGENIERIA Y COMPUTACION S.A."
Vale aclarar, en primer lugar, que, sin perjuicio de mi opinión respecto a la interpretación de las normas de prescripción del CA, por razones eminentes de economía procesal corresponde aplicar en autos lo decidido por el plenario de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830- A)" de fecha 21.09.03 y el precedente de la Corte Suprema in re "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12 de mayo de 2009.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del Fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años, plazo que comienza a computarse desde el 1° de enero del año siguiente a la fecha de comisión infracción imputada (30.08.2006). Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01.01.2007 y vencía el 31/12/2011.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del CA “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, conforme surge de fs. 93 de las actuaciones administrativas, el curso de la prescripción penal se interrumpió el 05.10.2011 con el dictado de la instrucción de sumario, comenzando a correr el nuevo plazo quinquenal el 06.10.2011 Que, en consecuencia, el plazo de la prescripción penal habría operado el 06.10.2016; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 04.10.2016 no se encuentra prescripta la acción del fisco para imponer la multa en trato.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
XI. Que, corresponde ahora tratar el planteo de prescripción tributaria invocado por las co-actoras. Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.”
Que, el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión"
Que, no se encuentra discutido en autos que el vencimiento del plazo otorgado para la regularización de la mercadería temporariamente importada mediante el DIT 05073IT14002275M operó el 30.08.2006.
Que, en consecuencia, comienza el cómputo de la prescripción tributaria el 01.01.2007 y de no mediar causales suspensivas ni interruptivas del curso de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos, la misma opera el 31.12.2011 Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 05.10.2011 -ver fs. 93 de las actuaciones administrativas-, se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”-conforme art. 805, inc. a), del C.A. La resolución se dictó el 04.10.2016.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
XII. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver la procedencia de la multa y de los tributos reclamados por la falta de reexportación en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación DIT 05073IT14002275M Que, mediante dicha destinación, oficializada el 25.08.2005 ante la Aduana de Ezeiza, la firma INGENIERIA Y COMPUTACION SA documentó en los términos del Decreto 1439/96 la importación temporaria de mercadería correspondiente a la posición SIM/DC 8536.30.00.900R, 8536.49.00.900N, 8536.50.90.100P, 8538.90.90.000C, 8538.90.90.000C, 8538.90.90.000C.
En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 30.08.2005 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, cuyo vencimiento operó el 30.08.2006. Que al no existir constancias del cumplimiento total de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole a la importadora la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos adeudados. Que, en virtud de lo actuado en las actuaciones administrativas se dictó la Resolución DE PRLA N° 4780/2016, aquí apelada.
Que el artículo 250 del CA establece que: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo ". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el art. 970 del CA sanciona al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria".
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, como se dijo, la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del Decreto 1439/96 - que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del DIT que nos ocupa -Res. 1439/96 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos PE.
Que para acceder a dicho beneficio se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería a exportar e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero".
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA”, sentencia del 01/10/91).
XIII. Que del análisis de las actuaciones administrativas y de los presentes actuados no surge documentación alguna que corrobore el cumplimiento del régimen temporal al cual la importadora se ha adherido. En efecto, la documentación acompañada resultó incompleta al no encontrarse sello o constancia de cumplido de los despachos ni tampoco luce agregada la totalidad de las hojas correspondientes a los ítems y subitems involucrados en los permisos de embarque impidiéndose verificar la correspondencia entre los insumos importados temporalmente y los productos exportados.
Que, como quedó expuesto, la importadora tiene la obligación de presentar los documentos aduaneros que acrediten la exportación para consumo en término de la mercadería (permisos de embarque y CTC, según el caso), los cuales no pueden suplirse con las impresiones SIM, ni con el detalle del Seguimiento de Destinaciones Suspensivas.
Que la falta de una adecuada declaración y correcta documentación de la reexportación de la mercadería importada temporariamente por las co-actoras, a cuyo cargo se encontraba esa prueba, obliga a confirmar la condena respecto de la mercadería ingresada al amparo de la destinación temporal 05073IT14002275M, debiendo confirmarse la multa impuesta a la co-actora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.
XIV. Que, en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de la mercadería importada temporalmente genera la aplicación a los efectos tributarios, del art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
XV. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que han sido cuestionados por la firma aseguradora las percepciones IVA adicional y Ganancias (v. liquidación practicada a fs. 95/100 de las actuaciones administrativas).
Que, en este sentido la Corte Suprema en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. La Corte sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Resulta pues de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la Corte Suprema ha precluido, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana.
Que, respecto de los intereses resarcitorios (art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683) correspondientes a las percepciones Ganancias e IVA Adicional no ingresados tempestivamente (inexigibles en virtud del referido fallo "CLADD") cabe declarar su condonación de oficio conforme lo establecido por el art. 8 tercer párrafo de la ley 27.743 (BO: 08.07.24) y el art. 21 tercer párrafo de la Resolución General (AFIP) 5525/2024 (BO 16.07.24).
XVI. Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT asciende a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 6.528,47-) -conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, con más los intereses del art. 794 del CA. Que ello es así, toda vez que:
(i) las normas de determinación de tributos aduaneros cuando tienen lugar en materia infraccional (arts. 638 inc.e) y la regla del art. 639 del CA) son normas especiales previas; en consecuencia, no habiendo sido derogadas, su vigencia y aplicación subsiste frente a una norma general posterior sobre determinación de derechos de exportación e importación (art. 20 de la ley 23.905, BO: 18.02.191), máxime cuando esta última norma, en rigor, no introdujo novedad alguna en la materia de determinación tributaria sobre la que versa, pues lo que establece igualmente ya operaba de consuno con las normas especiales previas del CA;
(ii) el dictado del art. 20 de la ley 23.905 debe interpretarse de modo armónico con las normas especiales previas del CA, no derogadas por dicha ley y que continúan vigentes, y que se aplican a los supuestos específicos que gobiernan. Vale remarcar que esta es la interpretación correcta del ordenamiento normativo, dado que en nuestro sistema jurídico no se admite: la derogación tácita de normas; no se presume la imprevisión del legislador y todas las normas vigentes deben interpretarse armónicamente, siendo esta última la modalidad que debe prevalecer sobre aquellas cuyo resultado es la destrucción de unas contra otras, por simple vía interpretativa del magistrado.
(iii) afirmar que fue a partir del dictado del art. 20 de la ley 23.905 que los derechos de exportación e importación empezaron a determinarse en dólares resulta una aserción errónea, divorciada de la realidad fáctica (comercial) y normativa (aduanera del comercio exterior) que se pretende captar. Aunque sorprenda tener que recordarlo, las obligaciones de comercio exterior se contraen en dólares y, en consecuencia, los tributos anejos a dichas obligaciones, como accesorios de ellas, también se determinaron siempre en esa moneda (con independencia de las franquicias de los diferentes estados para cancelarlos en moneda nacional). Efectivamente, que los arts. 638 inc. e) y 639 del CA establecieran, en 1981, cuál era el tipo de cambio aplicable a supuestos específicos de determinación de derechos de importación (i.e. los emergentes de un sumario infraccional) se debía precisamente a que dichas obligaciones se determinaban en dólares en 1981, diez años antes de que, en 1991, ello se aclarara por el legislador mediante el art. 20 de la ley 23.905, dictada preventivamente por la inminente sanción de la ley de convertibilidad 23.928. En tal sentido, resulta antojadiza la tesis de que el art. 20 de la ley 23.905, por aclarar que los tributos aduaneros se determinan en dólares, modificara o alterara el alcance de dos normas vigentes del CA; justamente porque esas dos normas, por su propio contenido -fijación del tipo de cambio aplicable- desde su misma concepción y sanción en 1981, operaban sobre la realidad comercial y legal de que los tributos aduaneros se determinan en dólares, no pudiendo ello verse alterado en su alcance por una ley que simplemente aclaró o consignó tal realidad comercial y jurídica operante desde siempre.
(iv) finalmente, el supuesto infraccional específico de estos autos, en lo que concierne al tipo de cambio aplicable a la determinación tributaria concomitante a la configuración del ilícito -gobernado por los arts. 638 inc. e) y 639 del CA- resulta una cuestión ajena, no decidida ni tratada por la Corte Suprema en ninguno de los precedentes del alto tribunal que se usan para sostener la tesis contraria (“Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/ DGA. s/ Recurso de hecho” del 12.08.08; “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/ Dirección General de Aduanas” del 27.04.10 y “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA" del 23.08.11), no siendo de recibo interpretaciones extensivas de dicha jurisprudencia a supuestos normativos especiales extraños a tales precedentes. Máxime cuando dichas interpretaciones extensivas conllevan la derogación judicial de normas del Código Aduanero que se encuentran plenamente vigentes -arts. 638 inc. e) y 639 del CA-, sin intervención del Congreso. Por lo expuesto, lo aquí resuelto no contradice, de ningún modo, jurisprudencia alguna del Alto Tribunal y se atiene a las normas legales vigentes.
XVII. Que, con relación a la responsabilidad de la aquí co-actora COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA, cabe señalar que mediante la póliza N° 001566506 -emitida el 24.08.2005- cuya copia obra agregada en RE-2019-45734281-APN-SGASAD#TFN de los presentes actuados, LA COMPAÑÍA MERCANTIL ANDINA DE SEGUROS SA., garantizó el pago de los tributos emergentes del DIT referido ut supra, hasta el importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($54.000), con más lo que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A.
Que, conforme surge de las condiciones particulares de la póliza: “Queda especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que resulte obligado el tomador o proponente de acuerdo a las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro y que la suma máxima fijada en el párrafo anterior no comprenderá a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código, los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma” -ver fs. 7 de las actuaciones administrativas-.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme.C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma COMPAÑÍA SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000) o el importe de los tributos si este último resultare menor, ello con más los intereses devengados art.794 del C.A.
XVIII. Los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí co-actora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA que data desde el 29.08.2016 (conforme constancia de fs. 107 de las actuaciones administrativas). En consecuencia, los intereses deberán abonarse desde el 12.09.2016 hasta la fecha de efectivo pago.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($80.973,44), por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., con costas a la co-actora importadora.
2. Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto formula cargo en concepto de tributos, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (usd 6.528,47) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., que se computan desde el 12.09.2019 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las co-actoras.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la co-actora MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. es el de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), importe que fuera garantizado mediante póliza N° 001566506-emitida el 24.08.2005- o el importe de los tributos si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 004780, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto le exige el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 44/100 CENTAVOS ($12.117,44-), con costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que, en primer término, me remito a lo relatado en los Ptos. I a IX del voto que antecede.
II. Que, bajo tales premisas, adhiero a los fundamentos esbozados en el Pto. X del voto del Dr. Soria, por lo que resulta a ajustado a derecho rechazar el planteo de prescripción de la multa impuesta en la litis.
III. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 4 de octubre de 2016 y notificada recién el 9 de mayo de 2019, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2007, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 30/08/2006), debiendo haber fenecido el 1/1/2012, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario, en fecha 5/10/2011, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IV. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 4 de octubre de 2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a dicha recurrente el día 9 de mayo de 2019, es decir, casi 2 años y 7 meses después de su dictado - constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
V. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VI. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VII. Que, por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuviera en consideración la causal de suspensión establecida en el artículo 17 de las ley 26.860 (B.O. 3/6/2013) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino)
VIII. Que, no obstante, habida cuenta la inveterada y predominante jurisprudencia de la Sala “F” en el aspecto prescriptivo –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por la mayoría de los Vocales que componen la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, y por razones de celeridad y economía procesal -máxime considerando lo decidido por el Vocal instructor en relación al fondo del asunto-, a los estrictos fines de formar mayoría se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
IX. Que, en tales condiciones, adhiero en lo sustancial a lo decidido en el voto del Dr. Soria, pero disiento con la solución propiciada por el Vocal preopinante en lo que respecta a la incidencia que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 sobre el régimen originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
Que, en efecto, el voto que antecede funda su conclusión en la aplicación de dichas disposiciones, entendiendo que, en los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, corresponde acudir al régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigentes al momento del hecho generador de la obligación tributaria.
Que, conforme a dicha inteligencia, la conversión a moneda nacional de la deuda tributaria determinada por la Dirección General de Aduanas debe efectuarse utilizando el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente.
Que la cuestión controvertida exige determinar el alcance que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 en relación con el sistema originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, particularmente en lo atinente a la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y al criterio legal aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos. Que, en tal sentido, el voto que antecede parte de la premisa según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado históricamente en dólares estadounidenses, atribuyendo al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 un alcance meramente aclaratorio o sistematizador. Desde esa perspectiva, considera que las disposiciones contenidas en los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero conservan plena operatividad también en materia cambiaria.
X. Que el criterio adoptado se sustenta, en lo sustancial, en una interpretación según la cual las disposiciones contenidas en los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero, en tanto normas específicas aplicables a los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, conservarían plena operatividad aun con posterioridad a la sanción del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, tanto en lo relativo a la moneda de determinación de los tributos aduaneros como respecto del momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para su conversión a moneda nacional.
Que, de acuerdo con esa inteligencia, la especialidad de dichas disposiciones impediría atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 efectos modificatorios sobre el régimen previamente establecido por el Código Aduanero, por entenderse que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a dicha reforma y que la cuestión relativa al tipo de cambio continuaría íntegramente regida por los artículos 638 —inc. e)— y 639 del citado cuerpo legal.
Que, sin embargo, no comparto tal conclusión, pues el argumento fundado en la pretendida especialidad de los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero no resulta decisivo para resolver la cuestión debatida. Ello es así, pues el carácter general o especial de una norma no se define por la amplitud temática de la ley en la que se inserta, sino por el aspecto concreto de la realidad jurídica que regula.
Que, desde esa perspectiva, si bien la Ley Nº 23.905 contiene diversas disposiciones de naturaleza tributaria, su artículo 20 regula de manera directa y específica una cuestión determinada: la moneda en que deben ser determinados los tributos aduaneros y el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos.
Que, en tales condiciones, la cuestión controvertida no consiste en determinar si una norma especial debe prevalecer sobre una norma general, sino en establecer si el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo o no una modificación relevante respecto del régimen originariamente previsto por el Código Aduanero en materia de moneda de determinación de los tributos aduaneros y de conversión a moneda nacional.
Que, por las razones que seguidamente expondré, entiendo que dicha reforma alteró el sistema preexistente, extremo que impide atribuir a los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero el mismo alcance que tenían bajo el régimen originario.
XI. Que los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero se inscriben en el sistema originario de dicho cuerpo legal, dentro del cual la cuantificación de los tributos aduaneros se estructuraba mediante la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible.
Que, desde una perspectiva histórica, dicho sistema no constituyó una innovación introducida por la Ley 22.415, sino que respondió a un esquema preexistente en el cual los valores expresados en moneda extranjera —propios del comercio internacional— debían ser considerados conforme a una referencia cambiaria determinada para posibilitar la liquidación de los tributos correspondientes.
Que ese criterio fue receptado y sistematizado por el Código Aduanero en sus artículos 638, inciso e), y 639 y concordantes, al establecer la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible, y encuentra asimismo confirmación en los estándares internacionales en materia de valoración aduanera incorporados al derecho interno mediante la Ley Nº 23.311, cuyo artículo 9 contempla la utilización del tipo de cambio vigente al momento de la importación o exportación.
Que, en este contexto, no puede ser atendida la afirmación según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado siempre en dólares estadounidenses, pues tal aseveración importa no distinguir entre el plano de la realidad económica —en la cual las operaciones de comercio exterior pueden celebrarse en moneda extranjera— y el plexo normativo de la determinación tributaria, que bajo el régimen originario del Código Aduanero se estructuraba en moneda nacional.
Que, en tal sentido, la circunstancia de que las operaciones de comercio exterior se estructuren habitualmente sobre valores expresados en dólares estadounidenses, o que determinados importes sean exteriorizados en dicha moneda al momento de oficializarse una destinación aduanera, no autoriza por sí sola a concluir que la obligación tributaria se encontrara jurídicamente determinada en dólares estadounidenses en el mismo sentido previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que una cosa es la utilización del dólar estadounidense como moneda de valoración, referencia comercial o unidad de cuenta dentro de la operatoria del comercio internacional, y otra distinta es la determinación jurídica de la obligación tributaria en dicha moneda, entendida como una consecuencia normativa expresamente establecida por el legislador.
Que, por ello, la sola existencia de valores FOB, CIF o importes tributarios expresados en dólares estadounidenses dentro de la operatoria aduanera no permite concluir, sin más, que el régimen originario del Código Aduanero hubiera consagrado una determinación jurídica de los tributos aduaneros en dicha moneda en los términos posteriormente receptados por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
XII. Que, en ese marco, la propia existencia de una regla como la contenida en el artículo 639 del Código Aduanero —destinada a fijar el tipo de cambio aplicable al momento imponible— evidencia que dicha referencia cambiaria constituía un elemento integrante del sistema legal vigente al tiempo de su sanción, extremo difícilmente conciliable con la afirmación de que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses en el mismo sentido y con el mismo alcance que posteriormente consagró el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, no obstante, ese presupuesto normativo fue sustancialmente alterado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905, el cual dispuso que los tributos aduaneros se determinen en dólares estadounidenses, sustituyendo el esquema originario en el cual la obligación tributaria quedaba cuantificada en moneda nacional mediante la aplicación del tipo de cambio previsto por el artículo 639 del Código Aduanero, referido, en el supuesto contemplado por el artículo 638, inciso e), al vencimiento del plazo acordado para la reexportación.
Que la incorporación de dicha disposición impide considerar que el régimen legal permaneció inalterado. Por el contrario, revela la voluntad del legislador de introducir una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y del criterio aplicable para su conversión a moneda nacional, aspectos que hasta entonces se encontraban regidos por una lógica normativa diversa.
Que, en consecuencia, no se configura aquí una verdadera colisión entre normas especiales y generales que deba resolverse mediante la prevalencia de unas sobre otras, sino una modificación legislativa posterior que incide directamente sobre el presupuesto normativo dentro del cual operaban originalmente los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
Que ello impide atribuir a dichas disposiciones el mismo alcance que tenían bajo el sistema originario, sin tomar en consideración la incidencia que sobre la materia introdujo el artículo 20 de la ley 23.905.
XIII. Que, en ese nuevo contexto normativo, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero conservan vigencia en cuanto determinan el momento al cual deben referirse los elementos del régimen tributario aplicable —tales como la alícuota, la base imponible y el tratamiento arancelario correspondiente—. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regula específicamente la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y establece el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos, circunstancia que necesariamente incide sobre la función que el artículo 639 cumplía en materia cambiaria dentro del sistema originario.
Que, en tales condiciones, no resulta posible atribuir a la regla cambiaria contenida en el artículo 639 del Código Aduanero el mismo alcance que poseía con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Nº 23.905, pues el presupuesto normativo sobre el cual dicha disposición operaba ha sido sustancialmente modificado por el legislador.
XIV. Que no altera esta conclusión la circunstancia de que la determinación tributaria examinada se exteriorice en el marco de un procedimiento infraccional. En efecto, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no establece distinción alguna según el origen, causa o vía procedimental de la obligación tributaria aduanera, ni limita su aplicación a determinadas clases de liquidaciones. Antes bien, su texto se refiere, en términos amplios, a los derechos de importación, a los derechos de exportación y a los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior, razón por la cual no corresponde introducir por vía interpretativa restricciones que el legislador no contempló.
XV. Que tampoco resulta atendible sostener que la cuestión aquí debatida sea completamente ajena a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien es cierto que el Alto Tribunal no se expidió en forma expresa sobre un supuesto exactamente igual al presente, no lo es menos que sus precedentes han reconocido de manera reiterada la plena vigencia del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y la validez de la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, premisa de la cual se siguen necesariamente las consecuencias jurídicas propias del régimen legal allí establecido.
Que, de la secuencia conformada por los precedentes "Editorial Perfil" (12/8/2008), "Bridgestone Firestone Argentina S.A." (27/4/2010), "Volkswagen Argentina S.A." (23/8/2011) y "Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina S.A." (15/10/2020), así como del dictamen emitido por la Procuradora Fiscal, Dra. Laura Monti, en esta última causa (12/2/2019), se desprende una línea interpretativa definida, a saber: a) el artículo 20 de la ley 23.905 se mantiene plenamente vigente;
b) los tributos aduaneros alcanzados por dicha norma deben determinarse en dólares estadounidenses; c) cuando la obligación ha sido exteriorizada en esa moneda, corresponde reconocerle el tratamiento jurídico propio de una obligación expresada en moneda extranjera;
d) cuando el pago se efectúa en moneda nacional, la conversión correspondiente debe realizarse conforme al régimen previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905; y e) la circunstancia de que el pago se efectivice en moneda nacional no altera la regla legal que fija la moneda de determinación del tributo en dólares estadounidenses.
Que, en tales condiciones, no resulta posible afirmar que la citada disposición legal careció de toda incidencia sobre el régimen originariamente previsto por el Código Aduanero, pues ello importaría desconocer el alcance que reiteradamente le ha sido reconocido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal.
Que, por el contrario, la inteligencia que mejor se armoniza con los precedentes citados es aquella que reconoce que el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y de su conversión a moneda nacional, extremo que necesariamente debe ser considerado al interpretar el alcance actual de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
XVI. Que, a mayor abundamiento, corresponde aclarar que la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable no puede ser caracterizada como un problema de naturaleza meramente instrumental, metodológica o de técnica liquidatoria.
Que ello es así, pues no se trata de una simple modalidad operativa de pago, sino de un aspecto que incide directamente en la cuantificación de la deuda tributaria y, por ende, en su contenido económico. Que, en efecto, no resulta jurídicamente indiferente considerar el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente, conforme a lo previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero o, por el contrario, mantener la obligación determinada en dólares estadounidenses hasta su cancelación, con conversión a moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905. Que lo expuesto puede apreciarse con claridad a partir de un ejemplo sencillo. Supóngase una obligación tributaria determinada por un importe de USD 1.000.
Que, si se aplicara el tipo de cambio vigente al momento jurídicamente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero —por ejemplo, $100 por dólar—, la obligación quedaría cuantificada en $100.000 desde ese momento, permaneciendo inalterada frente a posteriores variaciones cambiarias. Que, por el contrario, si la obligación permanece determinada en dólares estadounidenses y su conversión a moneda nacional se difiere hasta el momento del efectivo pago, aplicándose el tipo de cambio vigente el día anterior a éste —por ejemplo, $200 por dólar—, el importe exigible ascendería a $200.000.
Que ello evidencia que el criterio de conversión aplicable no constituye una cuestión meramente operativa ni una simple modalidad de cancelación, sino un elemento que incide directamente sobre la cuantificación económica efectiva de la obligación tributaria.
Que, en tales condiciones, la problemática aquí examinada trasciende el plano estrictamente operativo o cancelatorio y se proyecta sobre el propio régimen monetario de la obligación tributaria, extremo que impide abordarla como una cuestión meramente accesoria o secundaria dentro del sistema legal aplicable.
XVII. Que, sentado lo anterior, corresponde examinar la construcción interpretativa según la cual la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable debería ser analizada distinguiendo entre un supuesto plano constitutivo de determinación de la obligación tributaria y un ulterior plano relativo a su cancelación efectiva. Que, en tal sentido, la distinción entre un supuesto “plano constitutivo” de determinación del tributo, regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, y un “plano extintivo” relativo a su cancelación, gobernado por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, aun cuando pueda enunciarse en un plano teórico o meramente ilustrativo, no resulta jurídicamente apta para resolver la cuestión debatida en la litis. Que la distinción precedentemente descripta se sustenta en la premisa según la cual los tributos aduaneros ya se encontraban jurídicamente determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 23.905, atribuyendo al primer párrafo de dicha disposición un alcance meramente declarativo de una situación preexistente en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros.
Que la dificultad que presenta la construcción analizada no radica en la circunstancia de que la determinación de la obligación tributaria y su efectivo pago puedan verificarse en momentos temporalmente distintos, extremo que naturalmente puede acontecer en toda relación jurídica obligacional. En realidad, la cuestión debatida consiste en determinar la naturaleza y alcance de la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y su relación con el régimen monetario establecido por dicha disposición.
Que, en tal sentido, no puede compartirse la premisa según la cual el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 integraría exclusivamente un supuesto plano extintivo o cancelatorio de la obligación tributaria. Si bien dicha disposición contempla las distintas monedas e instrumentos mediante los cuales puede efectuarse el pago, ello no permite desvincularla del régimen monetario establecido por el propio artículo 20.
Que, en efecto, mientras el primer párrafo dispone que los tributos aduaneros se determinarán en dólares estadounidenses, el segundo contempla las distintas formas en que podrá efectuarse su pago y establece, para el supuesto en que éste se realice en moneda nacional, que la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago. De este modo, ambos párrafos regulan aspectos de un mismo régimen monetario: la moneda en que debe determinarse la obligación tributaria y el criterio aplicable para su conversión cuando el pago se efectúe en moneda nacional.
Que, desde esta perspectiva, la referencia al “efectivo pago” contenida en el segundo párrafo no permite caracterizar la regla cambiaria allí prevista como perteneciente exclusivamente al plano extintivo de la obligación, pues aquélla constituye la referencia temporal adoptada por el legislador para determinar el tipo de cambio aplicable a la equivalencia en moneda nacional de una obligación previamente determinada en dólares estadounidenses.
Que tampoco resulta suficiente para justificar dicha conclusión la afirmación según la cual el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regularía exclusivamente el importe en moneda nacional necesario para extinguir la obligación tributaria, pues, como se ha analizado en el considerando anterior, la determinación del criterio cambiario aplicable incide directamente sobre la cuantificación económica de la deuda y no constituye una cuestión autónoma o escindible del régimen monetario que la disciplina.
Que, en tales condiciones, el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no puede ser examinado de manera aislada, pues integra, junto con la previsión contenida en su primer párrafo, un régimen normativo relativo a la determinación monetaria de los tributos aduaneros y a su conversión a moneda nacional, conformando ambos aspectos una regulación jurídicamente integrada de una misma materia.
Que, por ello, la sola invocación de un supuesto plano constitutivo regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero y de un plano extintivo regido por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no basta para resolver la cuestión debatida, pues la circunstancia de que esta última disposición contemple el pago de la obligación tributaria no permite atribuirle un contenido exclusivamente cancelatorio ni escindirla del régimen monetario establecido por el artículo 20 en su conjunto. Resta, por tanto, determinar de qué modo dicha regulación se articula con el sistema de cuantificación previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, cuestión que será examinada seguidamente.
XVIII. Que la inconsistencia de la construcción analizada se advierte con particular claridad cuando se examina la función que cumplen los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero dentro del sistema normativo originario.
Que, en efecto, dichas disposiciones no regulan aisladamente distintos aspectos de la obligación tributaria, sino que integran un sistema de determinación construido sobre una referencia temporal única e históricamente determinada, en virtud de la cual el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento jurídicamente relevante previsto por la ley. Que, en el supuesto aquí examinado, incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, el artículo 639 del Código Aduanero remite expresamente a la fecha prevista en el artículo 638, inciso e), esto es, al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente. Que, en ese esquema, la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional no constituye una operación autónoma o posterior a la determinación del tributo, sino que integra el propio proceso de cuantificación de la obligación tributaria previsto por el citado artículo 639. Así, el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento del vencimiento del plazo para la reexportación.
Que, de tal modo, la obligación tributaria resulta íntegramente cuantificada mediante la remisión a circunstancias ya verificadas al tiempo previsto por la ley, quedando íntegramente cuantificada en moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo para la reexportación, sin que la determinación de su contenido económico dependa de acontecimientos posteriores vinculados al momento de su cancelación. Que, por el contrario, el régimen instaurado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 responde a una lógica normativa diversa en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros, pues dispone que éstos se determinen en dólares estadounidenses y que, cuando su pago se efectúe en moneda nacional, la conversión correspondiente deba practicarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, incorporando así una referencia temporal necesariamente posterior al momento imponible y ajena al esquema de cuantificación histórica previsto por los artículos 638 y 639 del Código Aduanero.
Que, en tales condiciones, el tipo de cambio previsto en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no constituye una mera sustitución puntual de la regla contenida en el artículo 639 del Código Aduanero, pues presupone una forma distinta de determinación monetaria de la obligación tributaria.
Que lo expuesto no implica desconocer la vigencia de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero en lo relativo a la determinación de los restantes elementos estructurales de la obligación tributaria. En efecto, en el supuesto aquí examinado, tales disposiciones continúan rigiendo en cuanto remiten al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente como fecha relevante para la determinación del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible.
Que la cuestión debatida se circunscribe exclusivamente al régimen monetario aplicable a los tributos aduaneros, ámbito en el cual el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica relativa tanto a la moneda de determinación de la obligación como al criterio temporal de conversión cuando el pago se efectúe en moneda nacional, redefiniendo en ese aspecto el régimen legal originario.
Que, por ello, no resulta jurídicamente consistente preservar la lógica temporal histórica de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero respecto del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible y, simultáneamente, sustituir exclusivamente el tipo de cambio allí previsto por el vigente al momento del efectivo pago en razón de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que semejante solución importa desarticular el funcionamiento interno del sistema previsto por dichas disposiciones, conservando algunos de sus elementos y sustituyendo otros por criterios pertenecientes a una lógica normativa distinta, sin explicar adecuadamente el fundamento jurídico que justificaría dicha operación. Que, en efecto, termina combinando un esquema de cuantificación de la obligación tributaria en moneda nacional por referencia al tipo de cambio vigente al momento legalmente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero con una regla de conversión concebida para operar respecto de tributos determinados en dólares estadounidenses, conforme al segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, de tal modo, reconoce eficacia normativa a esta última disposición en materia de tipo de cambio aplicable y, simultáneamente, niega que el primer párrafo de esa misma norma hubiera introducido modificación alguna en lo relativo al régimen de determinación monetaria de los tributos aduaneros establecido por el legislador, construyendo así un régimen híbrido que no se corresponde íntegramente ni con el sistema originario del Código Aduanero ni con el instaurado por la Ley Nº 23.905.
Que admitir una interpretación en tal sentido importa prescindir de un principio reiteradamente afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual no cabe presumir la inconsecuencia del legislador (Fallos: 312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241; 323:585; 324:3876, entre muchos otros), debiendo interpretarse las leyes de modo tal que sus disposiciones no se neutralicen entre sí, sino que se integren en un sistema coherente y armónico (Fallos: 313:1149), extremo que no se verifica en la construcción analizada, en tanto conduce a vaciar de contenido una de las previsiones centrales del artículo 20 de la ley 23.905, esto es, la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses.
Que ello evidencia que la construcción analizada no logra integrar de manera coherente la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 23.905, sino que termina combinando reglas pertenecientes a sistemas normativos diversos cuya coexistencia, en materia de moneda de determinación y tipo de cambio aplicable, no resulta jurídicamente conciliable.
XIX. Que los fundamentos expuestos resultan suficientes para precisar el alcance que corresponde atribuir a las normas involucradas. Sin perjuicio de ello, la exigencia de claridad en la fundamentación de las decisiones jurisdiccionales no autoriza a simplificar un problema jurídico cuya adecuada resolución exige un análisis integral del sistema normativo aplicable, a fin de asegurar una adecuada comprensión del régimen jurídico vigente y evitar interpretaciones que, por su carácter reductivo y fragmentario, generen confusión acerca de su alcance y aplicación.
XX. Que por ende, , en ese entendimiento corresponde remitirse a los fundamentos desarrollados en los Considerandos IV a XXII del voto del suscripto en el expediente EX-2024-14015961--APN-SGASAD#TFN, caratulado “SKF ARGENTINA S.A.”, de esta Sala F, con sentencia de fecha 9 de abril de 2026, en los cuales se aborda con mayor extensión la problemática aquí tratada, en términos concordantes con la solución que se propicia en el presente.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución 004780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($80.973,44), por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., con costas a la co-actora importadora.
2. Confirmar la Resolución 004780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto formula cargo en concepto de tributos, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (usd 6.528,47) -conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., que se computan desde el 12.09.2019 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las co-actoras.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la co-actora MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. es el de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), importe que fuera garantizado mediante póliza N° 001566506-emitida el 24.08.2005- o el importe de los tributos si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 004780, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 44/100 CENTAVOS ($12.117,44-), con costas por su orden.
5. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
El Dr. Gonzalez Palazzo dijo:
I. En primer término, y por razones de método, habré de remitirme a la descripción del marco fáctico y probatorio de la presente que pormenorizadamente plasma el Dr. Juan Manuel Soria en su voto.-
II. Alcance de mi adhesión.
Comparto la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor en cuanto confirma la procedencia de la exigencia tributaria y determina la obligación fiscal derivada de los hechos sometidos a juzgamiento.
Sin embargo, discrepo respetuosamente con los fundamentos desarrollados en lo que respecta al tipo de cambio aplicable para la cancelación de la acreencia fiscal.
III. La necesaria distinción entre determinación de la obligación tributaria y cancelación de la deuda. A mi juicio, la cuestión exige distinguir dos planos conceptualmente diversos que no deben confundirse. Por un lado, la determinación de la obligación tributaria, esto es, la individualización y cuantificación del crédito fiscal nacido como consecuencia del hecho imponible previsto por la legislación aduanera.
Por otro, la cancelación de esa obligación ya determinada, cuestión que remite a la forma en que el obligado extinguirá válidamente el crédito fiscal así establecido.
La distinción no es meramente terminológica. Por el contrario, constituye un presupuesto lógico indispensable para interpretar armónicamente el sistema normativo aplicable.
Comparto plenamente la cuantificación de la obligación tributaria efectuada en el voto preopinante, en tanto surge de la aplicación de las normas específicas del Código Aduanero que regulan el nacimiento del tributo, la configuración del hecho imponible y la determinación de la deuda.
Sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que la conversión de dicha obligación a moneda nacional deba efectuarse al tipo de cambio vigente al momento en que se produjo el hecho imponible o al tiempo en que se determinó el crédito fiscal.
IV. Alcance del artículo 20 de la ley 23.905.
El artículo 20 de la ley 23.905 dispone que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan operaciones regidas por la legislación aduanera, se determinan en dólares estadounidenses y que, cuando corresponda su cancelación en moneda nacional, la equivalencia deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago.
A mi entender, dicha disposición no deroga, desplaza ni contradice las normas específicas del Código Aduanero relativas a la determinación de la obligación tributaria.
Antes bien, ambas regulaciones operan sobre aspectos diferentes de una misma relación jurídica. Mientras las disposiciones del Código Aduanero permiten establecer cuánto se adeuda, el artículo 20 de la ley 23.905 regula cómo debe cancelarse esa obligación cuando el pago se efectúa en moneda nacional. Desde esta perspectiva, no existe incompatibilidad normativa alguna que exija acudir a criterios de derogación tácita, prevalencia temporal o especialidad.
Las normas gobiernan momentos distintos del fenómeno tributario y, precisamente por ello, pueden coexistir armónicamente.
V. La doctrina de la Corte Suprema.
Esta inteligencia encuentra adecuado sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ D.G.A.”.
En dicho precedente, el Alto Tribunal reconoció la operatividad del artículo 20 de la ley 23.905 respecto de los tributos que gravan operaciones de importación y exportación, distinguiendo claramente entre la determinación de la obligación tributaria y la conversión a moneda nacional necesaria para su cancelación.
A mi juicio, esta interpretación permite armonizar adecuadamente las disposiciones del Código Aduanero con la legislación posterior, sin necesidad de considerar desplazada ninguna de las normas involucradas.
VI. La coherencia del sistema.
La interpretación propiciada preserva la coherencia interna del ordenamiento.
En efecto, si se acepta —como correctamente lo hace el voto preopinante— que la obligación tributaria se encuentra determinada en dólares estadounidenses, resulta conceptualmente difícil sostener, al mismo tiempo, que la cancelación de dicha obligación deba efectuarse mediante una conversión histórica practicada al tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible.
Ello importaría, en los hechos, transformar inmediatamente una obligación determinada en moneda extranjera en una obligación expresada en pesos históricos, privando de efectos prácticos a la propia determinación efectuada en dólares.
Dicho de otro modo, una cosa es establecer cuánto se debe y otra muy distinta determinar cuánto debe entregarse para extinguir válidamente esa deuda.
Confundir ambos planos conduce a resultados interpretativos que no parecen compatibles con la estructura normativa diseñada por el legislador.
VII. Conclusión.
Por las razones expuestas, adhiero parcialmente al voto del Sr. Vocal instructor en cuanto confirma la exigencia tributaria y determina su cuantía.
No obstante ello, dejo aclarado que, a mi juicio, la cancelación de la obligación deberá efectuarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, mediante su conversión a moneda nacional según el tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago.
Así lo voto.
POR ELLO, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($80.973,44), por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., con costas a la co-actora importadora.
2. Confirmar la Resolución 4780, dictada en la Actuación SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto formula cargo en concepto de tributos, los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (usd 6.528,47), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., que se computan desde el 12.09.2019 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la co-actora MERCANTIL ANDINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. es el de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), importe que fuera garantizado mediante póliza N° 001566506-emitida el 24.08.2005- o el importe de los tributos si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
4. Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 004780, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-4172-2010, en cuanto le exige el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 44/100 CENTAVOS ($12.117,44-
), con costas por su orden.
5. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.09.07 16:02:13 ART Date: 2026.09.08 12:05:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 12:24:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 12:25:23 -03:00
Fin de la sentencia