Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-89557126-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente N° 13289-3408-2007 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, aquí apelada.
2Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora.
4Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-82055533-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Septiembre de 2021 MERCANTIL ANDINA S.A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el expediente EX-2020-89557126--APN-SGASAD#TFN caratulado: “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ DGA S/RECURSO DE APELACION”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4172/2018 recaída en la actuación N° 13289-3408-2007, en cuanto en su art. 3° se formula cargo en concepto de tributos por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: mediante IF-2020-89557027-APN-DTD#JGM se presenta por apoderado la firma Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 4172/2018 y hace una breve reseña de los hechos.
En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento infraccional por cuanto la aduana omitió correr vista de las actuaciones administrativas conforme lo establece el art. 1101 del C. A.. Como consecuencia de ello, plantea la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 4172/2018 por carecer de causa y violar al derecho aplicable. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Seguido ello, plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos pues entiende que esta operó el día 1/11/2018. En este sentido, señala que el presunto hecho imponible acaeció el 05/03/2008 (vencimiento de la temporal) por lo que, conforme lo reglado por los arts. 803 y s.s. del C. A., el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 01/01/2009. Sostiene que dicho plazo se suspendió con el dictado del auto de apertura de sumario de fecha 20/08/2013 y se reanudó con el dictado de la resolución apelada en autos (21/6/2018), por lo que, a la fecha de notificación de la resolución apelada, la acción del fisco para percibir los tributos se encontraba prescripta.
Subsidiariamente, impugna la moneda en que la aduana efectúa el reclamo de los tributos (dólares) y la tasa de interés aplicada. Destaca que la póliza ha sido emitida en pesos y que debe tenerse en cuenta la moneda y la suma máxima asegurada. Asimismo, plantea la improcedencia del reclamo de IVA adicional y anticipo de ganancias. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: mediante IF-2021-24620599-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una somera reseña de los antecedentes administrativos.
Seguidamente contesta los agravios vertidos por la actora. En primer lugar, sostiene la plena validez del procedimiento administrativo y señala que no debe declararse la nulidad por la nulidad misma. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Asimismo, aduce que la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos no se encuentra prescripta puesto que desde la instrucción del sumario hasta el dictado del pronunciamiento que habilita la vía ejecutiva la prescripción de la acción tributaria se suspende (art. 805 C.A.). En este sentido, efectúa un análisis de qué se entiende por pronunciamiento que habilite la vía ejecutiva y concluye que en las presentes actuaciones aún no se ha dado dicho supuesto, motivo por el cual el curso de la prescripción se encuentra suspendido. Con respecto a la impugnación de la liquidación aduanera, destaca que los cargos tributarios se determinaron en dólares estadounidenses de conformidad con lo prescripto por la ley 23.905. Asimismo, sostiene que la firma aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro, cubriendo la totalidad de los tributos que gravan la importación para consumo, entre los que se encuentran el IVA adicional y ganancias, destacando que los tributos garantizados y la alícuota aplicable surgen de la documentación obrante en el sobre contenedor de la DIT.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa, hace reserva de caso federal y solicita que se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida con expresa imposición de costas a la contraria.
IV. Que a fs. 8 de las actuaciones administrativas correspondientes a estos actuados (Expte. N.° 13289-3408- 2007) obra agregado el sobre contenedor de la DIT 06 001 IT14 001513V. A fs. 9 obra el acta de denuncia N° 1780/09 por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto de la mercadería importada mediante el DIT mencionado. A fs. 11 se dispone la instrucción de sumario y se ordena la remisión de las actuaciones a la División Verificación. A fs. 13 obra agregado el aforo de la mercadería y a fs. 15 la liquidación de multa y tributos. A fs. 16 obra agregada la planilla computarizada de la Póliza N.°1570715. A 17 se procedió a la consulta del Sistema SUMARCHI de donde surge que no existen antecedentes registrados archivados en relación a la firma Lipokem S.R.L. A fs. 18/vta obra la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, aquí apelada.
V. Que mediante PV-2021-33354298-APN-VOCXXI#TFN se declaran los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora como de previo y especial pronunciamiento. Mediante PV-2021-77881657-APN- VOCXXI#TFN se elevan los autos a esta Sala “G” y en fecha 30/8/2021 por IF-2021-80663890-APN- VOCXXI#TFN se ponen los autos a sentencia.
VI. Que, en primer lugar, cabe destacar que la resolución aduanera aquí apelada, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General 9/17 (DGA), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, como se dijo en el considerando IV, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N.º 06 001 IT14 001513 V, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establecieron las pautas procedimentales para que las autoridades administrativas a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones que signifiquen aplicación de sanciones cuyos bajos montos tornen antieconómico instrumentar o continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro.
Que a tal efecto se ordenó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A. dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
Que con dicho fundamento el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada el archivo de la denuncia por presunta infracción, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $ 19.523,76 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
Que resulta indiscutible que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A. Que, por lo demás, también conviene aclarar que, conforme surge de lo dispuesto en el punto H) de la referida Instrucción, el archivo de las denuncias revestía carácter provisional hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
VII. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo que efectúa la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera, en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras, y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Que el art. 1101 del C.A. dispone que cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…). Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 11, ninguna intervención se le dio ni al importador ni a la aseguradora garante ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar —o en su caso, solicitar su agregado— de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, sin que con anterioridad se notificara a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado.
Que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…).
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), esto es, notificar la corrida de vista a la aseguradora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que el proceder del servicio aduanero afecta no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA Nº 4172/2018, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora y aseguradora en su carácter de garante de la obligación en trato. Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada. Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N.° 13289-3408-2007, en relación a la aseguradora recurrente a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 11), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
VIII. Que corresponde, a continuación, tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra discutido en autos que el vencimiento de la DIT. operó el 05/03/2008. En consecuencia, y de conformidad lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2009. Dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (20/08/2013); ello, en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Sin costas.
Por ello, voto por:
1).- Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente N° 13289-3408-2007 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, aquí apelada.
2).- Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3).- Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. 4).- Costas a la DGA.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Que dicho lo que antecede, corresponde expedirse en relación a las excepciones de nulidad y prescripción planteadas por la recurrente.
Que, a efectos de decidir sobre su procedencia, en primer lugar corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 20/08/2013 (ver fs. 11 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2009, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2013 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 21/06/2018 -fs. 18/18vta. de las act. adm.-). Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la excepción de prescripción y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 06 001 IT14 001513 V.
IV. Que por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
Hacer lugar a la excepción de prescripción y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 06 001 IT14 001513 V. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1).- Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente N° 13289-3408-2007 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 4172/2018, aquí apelada.
2).- Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
3).- Ordenar a la DGA que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. 4).- Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2021.09.02 09:28:10 ART Date: 2021.09.02 14:44:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.02 15:47:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.02 15:47:33 -03:00
Fin de la sentencia