Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-36305345-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2021-8283-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-183-2015, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT 09 001 IT14 000622 B, los que ascienden a la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 14.961,61) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 5-11-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3Imponer las costas respecto al punto 2) a la actora.
4Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $129.000 garantizado con la póliza 1602703. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-12508068-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 4 de Febrero de 2026 MERCANTIL ANDINA S.A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación) Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2022-36305345- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución dictada en la Actuación Nº 12197-183-2015, en cuanto formula cargo a la aquí actora COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. en su carácter de garante de la firma LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A., en concepto de tributos adeudados por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 61/100 CTVOS. DE DÓLAR (U$S 14.961,61-). con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 09 001IT14000622B, con vencimiento el 07/02/2010.
II. Fundamentos del recurso: mediante IF-2022-36305232-APN-DTD#JGM, se presenta la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA, en su carácter de garante de la operación e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa un resumen de los hechos. Opone excepción de falta de legitimación pasiva, sostiene que la póliza individualizada en estas actuaciones ha sido liberada y devuelta a su representada por la propia Dirección General de Aduanas, momento a partir del cual se ha extinguido su obligación de responder por la obligación tributaria pretendida. (art. 437 inc 3) CPCCN). Invoca prescripción por la ley Nacional de Procedimientos Administrativos y prescripción de la acción del fisco para imponer tributos. Destaca que la alegada ley 27.562 no resulta aplicable al caso. Alega que al hacer caso omiso de la previsión dispuesta en el art. 1° inc e) punto 4, art. 11 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y art. 40 de su decreto reglamentario, el Servicio Aduanero ha logrado, ilegítimamente, extender los plazos para ejercer las funciones a su cargo por fuera de los plazos previstos en las normas de fondo. Subsidiariamente impugna los tributos exigidos en dólares estadounidenses con causa en haber sido intimados, incorrecta e ilegítimamente, en una moneda distinta a la de curso legal, considerándola una repotenciación de deuda proscripto por las leyes. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada con costas a cargo de la demandada.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2022-83166144-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Manifiesta que a través de la Póliza 1602703, constituída para garantizar la destinación de importación en trato, la aquí actora se encuentra obligada a pagar por lo que la firma importadora resultara exigida a abonar como consecuencia de la importación temporal cuyo incumplimiento generó el cargo tributario en cuestión. Respecto a la prescripción, aduce que tanto la instrucción sumarial como la corrida de vista se realizaron dentro del plazo de prescripción establecido por el art. 805 del C.A. Cita WONDERLAND SRL. Infiere que la prescripción no ha sucedido en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 27.562, norma sancionada por el Congreso de la Nación y Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina suspendiendo por el término de un año el curso de la prescripción. Sostiene que dicha normativa es dictada en virtud de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. Sostiene que el acto de apertura de sumario no requiere que sea puesto en conocimiento del contribuyente sino que basta para la suspensión del curso de la prescripción el ejercicio de la facultad investigativa. Alega que los derechos de importación y exportación consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería importada cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera, por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda. Alega que de lo contrario quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo. Sostiene que la tasa de interés aplicable es la del art. 794 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que, en lo que aquí interesa, la actuación administrativa SIGEA N° 12197-183-2015, se inicia a fs. 2/4 con la solicitud de liberación de póliza. A fs. 5/8 luce copia del sobre contenedor del despacho de importación 09 001 IT14 000622 B, aquí en cuestión. A fs. 9 obra copia de print de consulta de declaración detallada. A fs. 10/11 obra acta de denuncia N° 23/2015. A fs. 12 obra la clasificación arancelaria de la mercadería. A fs. 13/14 obra agregada la liquidación. A fs. 16, con fecha 15/12/15 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 18 se rectifica el informe de fs. 12. A fs. 20 lucen liquidaciones de multa y tributos. A fs. 21 obra print de pantalla de consulta de garantía global. A fs. 22 con fecha 14/10/2021 se corre vista de lo actuado a la importadora y se cita a la aseguradora. A fs. 23/24 obran constancias de notificación de corrida de vista a la importadora en fecha 21/10/2021 y a la aseguradora en fecha 25/10/21. A fs. 25 se declara la rebeldía de la importadora en fecha 11/11/21. A fs. 26/36 contesta vista la aseguradora. A fs. 37/38 obra agregada la copia de la póliza 001602703. A fs. 39 con fecha 16/22/21, se notifica la rebeldía a la importadora. A fs. 42/46 en fecha 3/12/21 se dicta la resolución RESOL-2021-8283-E-AFIP-DEPRLA#SGTLA, aquí apelada. A fs. 47/48 obra agregada notificación SICNEA de la resolución a la firma importadora en fecha 25/03/2022 y a la aseguradora en fecha 25/03/2022, respectivamente.
V. Que mediante PV-2022-85130929-APN-VOCXVIII#TFN, se tiene por contestado el traslado; mediante PV- 2022-111677977-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. En IF-2023- 96988953-APN-SGASAD#TFN luce agregada contestación de oficio de la DGA por la que remite la póliza 1602703. A continuación, se elevan los autos a la Sala “F”, y pasan a sentencia.
VI. Que, en primer término, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos invocado por la actora.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...” Que el vencimiento del despacho de importación temporaria 09 001IT14000622B, operó el 07/02/2010; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria se inició el 1-1-11 y operaba, de no mediar causales suspensivas ni interruptivas de su curso el 31-12-15.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 15-12-15 -ver fs. 16 de las actuaciones administrativas- , se suspende el cómputo.
Que, en lo que aquí interesa, hasta dicha fecha transcurrieron 4 años, 11 meses y 15 días; restando para que opere la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos 15 días.
Que, la Resol-2021-8283-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, se dictó el 03-12-2021.
Que, atento lo establecido en el ya referido art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -en el caso 15/12/2015 “... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión:...”. Que si bien el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” -el resaltado me pertenece-.
Que, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se reinicia el 13-12-2021 -léase: 5 días hábiles administrativos posteriores al dictado de la Resolución-; por lo que si restaban para que opere la prescripción 15 días, la misma operaría el 5-01-22.
Que, teniendo en consideración el art. 17 de la Ley 27562 que dispone la suspensión con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para, en lo que aquí interesa, percibir los tributos, habiéndose dictado la Resolución apelada el 03-12-21 y habiéndose notificado el 25-03-22 a la aseguradora conforme constancias que surgen de fs. 48, no se encuentra prescripta la acción del fisco para percibir los tributos., ya que la misma operaría el 5-1-2023.
VII. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en cuanto le exige a la aquí actora el pago de los tributos emergentes del DIT 09001IT14000622B con más intereses, en su carácter de garante de la operación.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT 09001IT14000622B, oficializado el 10-2-2009, con vencimiento 7-2-10, se documenta mediante el ítem 1 la importación temporaria al amparo del Decreto 1330/04 A6, de: “De metal Las demás- Partes LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES”, mercadería clasificada en la P.A. 9403.90.90.100F;
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora -única apelante en autos- probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VIII. Que la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que, para acceder a dicho beneficio, se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación –“CTC”- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 15 del Decreto 1330/04 establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto.”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA.', sentencia del 01/10/91)
IX. Que, sentado lo expuesto, y en lo que aquí interesa, no obra ni en esta instancia ni en sede aduanera copia de los P.E. ni de los DI a consumo, es decir, no se ha acompañado la documentación pertinente para acreditar el cumplimiento de la temporal; lo que no permite constatar en esta instancia si se ha cumplido el régimen temporal aquí cuestionado, por lo que corresponde tener por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
X. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, de la mercadería documentada con el DIT 09 001IT14000622B y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
XI. Que sentado lo que antecede, corresponde tratar la excepción de falta legitimación pasiva planteada por la aseguradora.
Que la actora en su recurso de apelación manifiesta que “… la póliza individualizada en estas actuaciones ha sido liberada y devuelta a mi representada por la propia Dirección General de Aduanas; momento a partir del cual se ha extinguido su obligación de responder por la obligación tributaria pretendida en este sumario…” Que, cabe destacar que mediante la corrida de vista efectuada con fecha 14/10/21 (ver fs. 22 de los antec. adm.), notificada a la aseguradora el día 25/10/21 (según constancias de fs. 24 del expte. adm), se especificó que la póliza mediante la cual la firma LA MERCANTIL ANDINA S.A. aseguró a la D.G.A. el pago por la eventual diferencia de tributos en la operación involucrada, es la nº 1602703.
Que el número identificador de la garantía mencionado por el propio importador en el campo “Garantías” del cuerpo del D.I.T. involucrado, guarda identidad con el que expresara la póliza involucrada en autos acompañada en esta instancia mediante IF-2023-96988953-APN-SGASAD#TFN.
Que, mediante la póliza de seguro de caución previamente mencionada la MERCANTIL ANDINA S.A. aseguró a la D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma máxima de CIENTO VEINTE NUEVE MIL PESOS ($129.000) que esté obligado a efectuarle la firma importadora LA FORTEZZA SUDAMERICANA S.A., por la operación de importación temporaria que nos ocupa.
Que, no surge de las actuaciones administrativas ni de esta instancia, documentación alguna que indique que efectivamente la garantía haya sido liberada y devuelta; por su parte, el hecho de que se hubiese devuelto la póliza a la aseguradora no puede tener, por sí, efecto cancelatorio de las obligaciones asumidas por la misma en el contrato de seguro.
Que, resulta procedente aclarar que la modalidad de seguro involucrada en los presentes autos se halla prevista por la ley 20.091, cuyo art. 7º autoriza a operar en seguros a las entidades que menciona el art. 2º, y en el inciso b) establece: “Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de seguro aprobadas”.
Que, por consiguiente, dicha forma de garantía en cuanto constituye un seguro se halla regulado por las leyes 17.418 y 20.091 y sus modificatorias.
Que el contrato de seguro se perfecciona con el consentimiento de las partes y constituye un contrato no formal y de buena fe.
Que de lo hasta aquí expuesto se deduce que el solo hecho de que se hubiera devuelto la póliza no puede originar la extinción del contrato de seguro y la liberación del asegurador.
Que el contrato de seguro existe con independencia de la póliza. Incluso puede existir contrato de seguro sin póliza. Así, la ley 17.418 dispone en su art. 4º, ya citado, que “El contrato de seguro es consensual, los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza”.
Que, por otra parte, debe advertirse que la póliza no constituye un título de valor o de crédito, por el cual dicho “título” sea necesario para ejercer el derecho incorporado al mismo. En este sentido, Halperín enseña que “Las pólizas no son títulos de crédito destinados a la circulación; aun cuando sean emitidas bajo la forma de la orden o al portador: no son títulos de derecho abstractos, sino que están vinculados a un contrato, del cual son instrumentos, y los derechos ahí establecidos dependen del cumplimiento de las obligaciones y cargas expresadas” (Halperín, Isaac, “Seguros. Exposición crítica de la ley 17.418”, Depalma, Bs. As., 1970, pág. 633). Que el asegurador se libera si cumple con sus prestaciones (conf. arts. 1º, 10 in fine, 13, 18 y 158, ley 17.418). Las cláusulas que imponen la caducidad del derecho del asegurado son de interpretación restrictiva (conf. Halperín, ob. cit., pág. 214).
Que, sentado lo que antecede, y no encontrándose acreditado en autos la existencia de circunstancias que ameriten la devolución (v.gr. sustitución de la póliza o el pago de los tributos garantizados), cabe concluir que el servicio aduanero, tiene causa y acción para perseguir el cobro, en los términos del contrato de que se trata, a la aseguradora aquí recurrente.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01). Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de la póliza 1602703 resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma LA MERCANTIL ANDINA S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $129.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses -art. 1122 del C.A.-
XII. Que, como ya se dijo, el importe adeudado en concepto de tributos emergentes del DIT 09001IT14000622B es de u$s 14.961, 61, ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su total y efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Que, en consecuencia, el importe máximo que podrá exigirse a la actora es el de $129.000 garantizado con la póliza con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Que los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 25-10-21, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 5-11-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
XIV. Que, la aquí actora impugna la liquidación subsidiariamente respecto al tipo de moneda intimado Al respecto corresponde precisar que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., ya que estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-. Por ello, entiendo que, la liquidación de derechos de exportación practicada a fs. 20 de las act. se ajusta a derecho.
Por ello, voto por:
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2021-8283-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-183-2015, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT 09 001 IT14 000622 B, los que ascienden a la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 14.961,61) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 5-11-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Imponer las costas respecto al punto 2) a la actora.
4. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $129.000 garantizado con la póliza 1602703. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero a la propuesta del Señor Vocal.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2021-8283-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-183-2015, en cuanto exige el pago de los tributos emergentes del DIT 09 001 IT14 000622 B, los que ascienden a la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 14.961,61) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 5-11-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Imponer las costas respecto al punto 2) a la actora.
4. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $129.000 garantizado con la póliza 1602703. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.02.03 17:57:56 ART Date: 2026.02.03 17:58:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.04 12:50:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.04 12:51:05 -03:00
Fin de la sentencia