Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 36.845-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción, con costas.
2Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 5 de la Resolución DE PRLA n° 6125/2015, declarando que la deuda tributaria asciende a la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 118.422,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/5/2015 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000).
3Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($ 100.896,98), con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-17054511-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Febrero de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nro. 36.845-A.
La Dra. Musso dijo:
I. Que a fs. 16/23 se presenta por apoderado la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución nro. 6125/2015, que la condena al pago de tributos en relación a la DIT 04 001 IT14 004411 T. En primer lugar, opone la excepción de prescripción del art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras. Señala que en el sumario se puso en conocimiento de la DGA que la importadora, tomadora del seguro de caución, se encontraba en concurso y que ha vencido el plazo de verificación de créditos. Asimismo, impugna la liquidación tributaria. En particular, se agravia de la determinación en dólares estadounidenses. Por otra parte, cuestiona la inclusión de los rubros IVA adicional y Ganancias. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 34/44 se presenta el representante de la DGA y contesta el traslado del recurso. Solicita se rechace la excepción de prescripción, con costas. Cita normativa del Código Aduanero y sostiene que la acción del Fisco no se encuentra prescripta. Señala que el auto de apertura de sumario suspendió el curso de la prescripción hasta el dictado de la resolución aduanera. Juzga improcedente la aplicación del art. 56 de la LCQ, en cuanto la deuda no reúne los requisitos de líquida y exigible. Cita doctrina y jurisprudencia. En relación a la cuestión de fondo, manifiesta que no se aportaron pruebas tendientes a demostrar la regularización en tiempo y forma de la mercadería introducida mediante el DIT en trato. Se refiere a la carga de la prueba. Analiza la responsabilidad de la aseguradora. Indica que en su carácter de garante, la actora debe responder por los tributos incluidos IVA Adicional y Ganancias, con más los intereses. Por ello, solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 45 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Asimismo, se intima al Fisco, en los términos del art. 1143 del CA, a remitir la póliza involucrada en autos, la que es acompañada a fs. 58. A fs. 74 se elevan los autos a esta Sala “F” y a continuación, se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación 12197-6751-2009 se inicia con el acta denuncia 1673/09 formulada el 10/11/2009 contra la firma CARYMED S.A. por presunta infracción prevista en el art. 970 del CA en relación al DIT 04 001 IT14 004411 T. A fs. 7/8 se expide la Sección Procedimiento Técnicos mediante Nota nro. 7360/09 (SE PRTE). A fs. 11 obra la clasificación y aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 13/15 se liquidan los tributos. A fs. 22 se reliquidan los tributos y se determina el importe de la multa mínima. A fs. 23/vta. se dispone la instrucción de sumario, se corre vista a la importadora CARYMED S.A. y se cita en garantía a las firmas COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA y SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS. A fs. 25/26 se rectifica la liquidación de tributos y multa. A fs. 27 se ordena nueva vista (notificada a la aquí actora el 24/4/15 conforme surge de la constancia de fs. 47 vta. y a la importadora el 28/4/2015 según fs. 48 vta.). A fs. 31/33, con fecha 20/4/2015, contesta vista la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA. A fs. 50/55 hace lo propio SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS. A fs. 56 se proveen las presentaciones de las compañías aseguradoras y se declara la rebeldía de la importadora. A fs. 60 ref. se presenta el ex síndico de CARYMED S.A. informando que la quiebra de la importadora concluyó por falta de activos. A fs. 64 se hace cesar la rebeldía declarada a fs. 56 y se tiene presente lo manifestado a fs. 60 ref. Finalmente, a fs. 65/71, se dicta la Resolución DE PRLA nro. 6125/2005, aquí apelada.
V. Que la recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco en razón de lo establecido en el art. 56 de la LCQ. Que para la determinación tributaria no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la Ley de Concursos, en tanto que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica -la aduanera- y es ésta la que debe prevalecer.
Que el propio C.A. regula la forma de extinción de las obligaciones tributarias con exclusión de otras normas de fondo por lo que su procedimiento no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades que le son otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse aquel texto legal que regule específicamente el tema que se pretende abarcar.
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. Hilandería Luján S.A.", del 30/9/86; Casa Marroquín S.R.L.", del 31/3/87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero, como ya se anticipara, ello no veda al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Gregorio c. Cosimatti", sentencia del 9/4/87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que, en definitiva, la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 803 y ss. del CA que establece un plazo de cinco años.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción concursal.
Que en el caso de autos la prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos no ha operado, toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria se habría configurado el 22/6/2005, fecha de vencimiento de la importación temporaria DIT 04 001 IT14 004411 T, por lo cual el plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr el 1/1/2006 (cfr. arts. 803 y 804 del CA), en tanto que se suspendió desde la apertura del sumario el 12/10/2010 (ver fs. 23/vta. de los ant. adm.). A ello cabe agregar que actualmente la prescripción se encuentra suspendida según lo normado por el art. 805, inc. c), del CA.
VI. Que corresponde analizar si la Resolución DE PRLA n° 6125/2015, por la que se formula cargo a la aquí recurrente en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del CA, en su carácter de garante de las obligaciones emergentes del DIT n° 04 001 IT14 004411 T, se ajusta a derecho.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT n° 04 001 IT14 004411 T oficializado el 18/06/2004, el importador-tomador CARYMED S.A. documentó la importación temporaria de 10.806 unidades de mercadería clasificada en la PA SIM 5513.23.00.970N y 13.580 unidades de mercadería clasificada en la PA SIM 5513.13.00.970Z, en los términos de lo normado en el Decreto n° 1439/96, por un plazo de 365 días, cuyo vencimiento operó el 22/6/2005.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que en el presente caso la aseguradora, aquí recurrente no ha demostrado la regularización de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT n° 04 001 IT14 004411 T, aquí involucrado. Véase que CARYMED S.A. ni SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS han aportado pruebas en sede administrativa.
Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, de la mercadería amparada por el 001 IT14 004411 T y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
VII. Que mediante la póliza n° 1558481 (Garantía n° 04 001 020409 C), cuya copia certificada obra agregada a fs. 58 y vta. de autos, COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA, aquí recurrente, garantizó el pago de tributos correspondientes a la importación temporaria n° 04 001 IT14 004411 T hasta la suma de $ 250.000. Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de la póliza n° 1558481, resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $ 250.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por la póliza n° 1558481, todo ello sin perjuicio de los intereses.
VIII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada en sede administrativa, sólo ha sido cuestionada por la recurrente en lo que hace a la moneda en que se determinaron los tributos aduaneros y a la inclusión de los rubros IVA adicional y Ganancias.
Que el planteo de improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria no puede prospectar en virtud del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) que modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., estableciendo que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-.
Que, con relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, lo expuesto, resultando de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluído, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al fisco (IG-2021-13-E-AFIP-AFIP).
IX. Que por lo expuesto precedentemente corresponde liquidar los tributos exigibles en relación al DIT 04 001 IT14 004411 T, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 25/26 de las act. Valor en aduana U$S Derechos Específicos Base IVA IVA Total tributos U$S 84.211,90 83.254,74 167.466,64 35.167,99 118.422,73 Que, conforme quedó expuesto en el apartado VII, la recurrente aseguró a la D.G.A. hasta la suma máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000), mientras que el monto debido asciende a CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 118.422,73), en concepto de derechos específicos e I.V.A., todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Que, en consecuencia, el monto máximo que se le puede exigir a la aquí actora aseguradora en concepto de capital es hasta el importe de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 250.000).
X. Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, que deben computarse sobre el capital desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 24/4/2015, fecha de notificación de la corrida de vista a la aseguradora que responde por su propia mora (ver fs. 47 vta. de las act. adm.). Es decir que los intereses se devengan desde el 11/5/2015 hasta la fecha de efectivo pago. Por lo expuesto VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción, con costas.
2. Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 5 de la Resolución DE PRLA n° 6125/2015, declarando que la deuda tributaria asciende a la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 118.422,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/5/2015 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000).
3. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($ 100.896,98), con costas al Fisco. El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al modo en que decide el voto de la Vocal preopinante. ASÍ LO VOTO.-
II. Que, sin embargo, considero apropiado efectuar ciertas precisiones en relación a la excepción de prescripción opuesta por la compañía aseguradora, con sustento en que el Fisco no se presentó a verificar su crédito en el concurso preventivo de acreedores de la firma importadora, como tampoco promovió el respectivo incidente de verificación tardía, considerando en consecuencia, que se ha operado la prescripción por el vencimiento del plazo contemplado en el art. 56 de la ley de Concursos y Quiebras 24.522, para la verificación del mismo, atento las posibles consecuencias que conlleva su declaración, en tanto no se comparten en su totalidad los fundamentos –sí la solución- esgrimidos en el voto que antecede.
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que una cuestión análoga a la examinada en esta litis -donde se debate la prevalencia de las normas que disciplinan la prescripción de los tributos aduaneros (arts. 803 y cc. de la ley 22.415) por sobre lo fijado en la ley 24.522-, si bien relativa a los gravámenes regidos por la ley 11.683, ha sido ya estudiada en el Dictamen de la Procuración General de la Nación del 5 de noviembre de 2007, en la causa A.1279, L.XLII, "Administración Federal de Ingresos Públicos - D. G. I. – Casación (Autos: 'Incidente de verificación tardia AFIP - DGI en expte. 17.214100 Bodegas y Viñedos El Águila S.R.L. si concurso preventivo')", cuyos fundamentos la Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió e hizo suyos en su sentencia del 11 de agosto de 2009.
Por tales argumentos, forzoso deviene concluir que la especificidad de aquellos procesos universales, como el concursal, requieren de la unidad de criterios y de pautas uniformes y seguras, y hacen que el crédito fiscal anterior a la presentación en concurso o a la declaración de quiebra, se vea alcanzado por las disposiciones de la ley 24.522 (confr. Dictamen PGN en autos “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ EN – DGA – RESOL. 3455/09 -Expte. 601909/03- s/ Dirección General de Aduanas”, del 29 de mayo de 2018).
Por lo demás, éste es el método ideado por el legislador al sancionar la citada ley 24.522, en cuanto busca, por una parte, dar seguridad jurídica y certeza ante una situación de iliquidez o de falencia y, por otra, posibilita la compatibilización de todos los derechos que se hallan en pugna dentro de un proceso concursal o de quiebra, es decir, tanto el interés del deudor en saldar sus deudas, como de los acreedores frente a él y entre sí.
IV. Que, no obstante, no debe perderse de vista, de acuerdo a inveterada jurisprudencia de este Tribunal Fiscal, que el concurso o quiebra del importador en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias y la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas ni por el concurso ni por la quiebra, de modo que, en el caso, le asiste derecho a la Aduana a perseguir el cobro de los importes reclamados, sin necesidad de verificar previamente su crédito -o aun verificándolo-, en los términos de la ley 24.432 (confr. Sala E in re “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia del 31 de julio de 2012 –Expte. Nro. 23.469- A-, voto del Dr. Pablo Garbarino; entre muchos otros).
V. Que, en efecto, el artículo 56 de la ley 24.522 establece que los efectos del acuerdo homologado se aplican aún a los acreedores que no se hubieran presentado a verificar sus créditos, si una vez presentados se los declaró admisibles. A tal efecto, contempla el mencionado incidente estableciendo que “debe deducirse mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso” (el destacado me pertenece). Asimismo se establece que, vencido ese plazo, prescriben las acciones del acreedor. Siendo ello así, cabe destacar que la prescripción que se articula en autos no es la prescripción de la acción del Fisco para determinar los tributos aduaneros o imponer las multas del mismo carácter (arts. 806 y ss. y arts. 934 y ss. del CA), sino que se trata de la prescripción abreviada concursal, ligada íntimamente con la percepción de los tributos y de la multa, que pudieran corresponder como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones aduaneras asumidas.
VI. Que, al respecto, cabe señalar que existen aspectos particulares del derecho aduanero que hacen que no queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a estudio, es decir, dotado de un carácter preponderantemente jurisdiccional, por lo que en el caso no corresponde, en los términos señalados por la Corte Suprema de Justicia in re “Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI- s/ casación en autos: ‘Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/ concurso preventivo – revisión’” del 11 de agosto de 2009, aplicar los plazos prescriptivos previstos por la ley de concursos, en tanto el sub exámine resulta fruto de un procedimiento aduanero que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar el monto de las acreencias a verificar por la Administración (como efectivamente sucedía en el precedente analizado por el Alto Tribunal supra referido, cuya plataforma fáctica difiere del presente).
En tales condiciones, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debiendo radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin embargo no todas ellas lo son, ya que los aspectos de especificidad ya comentados hacen más a mecanismos de conocimiento que a los de ejecución. De modo que tales procedimientos deben realizarse, sea en la vía administrativa como en la jurisdiccional ante este Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho imponible y a establecer la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar dirigidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.
VII. Que, en tal sentido, la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, respecto a la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30-9-86 y “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31-3-87, entre muchos otros).
En tal sentido, el Alto Tribunal in re “Fisco Nacional Argentino (D.G.I.) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimati, Gregorio G. s/ Conc. Merc. Prev.”, en sentencia de fecha 09/04/87, expresó que el artículo 22 de la ley 19.551, que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, es inaplicable, “toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso, ni la aplicación de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas”. (Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria. Bajo tales postulados, cabe concluir que los procesos impugnatorios aduaneros no quedan afectados por la fuerza atractiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias del 5 de abril de 1991 y del 20 de diciembre de 1994, y los citados fallos del Tribunal Cimero dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30 de septiembre de 1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31 de marzo de 1987 y “Lumicot SAICAFI”, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la especie deviene ineludible.
Por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes que si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva (“Supercanal S.A.” de fecha 2/06/03, “Loba Pesquera S.A.” de fecha 11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 4/07/03).
VIII. Que, por lo demás, el criterio que se sustenta en la especie ha sido confirmado por la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, en la sentencia dictada con fecha 05/02/02, en autos “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (T.F. 10.900-A) c/ D.G.A.” en donde expresó -haciendo un análisis de las condiciones generales de la garantía otorgada- que: “en ningún momento se determina que para enderezar la acción de cobro el organismo aduanero deba dirigirse en primera instancia al tomador y sólo una vez agotada esa vía deba encaminarse la acción en contra de la aseguradora...”; “... surge que la producción del siniestro es determinada por la propia Aduana al formular cargo o al dictar una resolución que establezca la responsabilidad del tomador. Por lo cual resulta improcedente lo sostenido por la requirente en el sentido de que la producción del siniestro no ha acaecido por no haber verificado la Aduana su crédito en la quiebra de la importadora.”
IX. Que, por ende, el concurso o quiebra de la importadora no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
X. Que, por último, corresponde señalar que tanto en sede administrativa como en esta instancia se lleva a cabo un proceso de determinación de una eventual deuda tributaria, debiendo tenerse en cuenta al respecto que el garante puede oponer defensas y excepciones propias del garantizado.
Asimismo, en similar sentido se ha expedido el Alto Tribunal en la causa “Supercanal S.A. s/apelación” -sentencia del 02/06/03-, en la que resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria, como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que se produce el desplazamiento de la competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas.
Y, con posterioridad, el Tribunal Cimero mantuvo dicha doctrina en la causas “Loba Pesquera S.A.” y “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva” sentencias de fechas 11/06/03 y 04/07/03, respectivamente, donde contempló los supuestos en que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación fuere apelada, manteniendo la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a ese respecto.
En tal orden de ideas, en relación y al ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, de acuerdo a la citada jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, y si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial y/o jurisdiccional respectiva.
Por lo tanto, cabe concluir que no existe norma legal alguna que imponga al acreedor (en el caso la D.G.A.), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso del importador ni ninguna otra gestión, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma garante o aseguradora, por lo que corresponde desechar el planteo de la recurrente referido a la necesidad de verificar el crédito en sede concursal. ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción, con costas.
2. Confirmar parcialmente el cargo tributario formulado en el art. 5 de la Resolución DE PRLA n° 6125/2015, declarando que la deuda tributaria asciende a la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 118.422,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 11/5/2015 hasta la fecha del total y efectivo pago, con costas a la actora.
Declarar que el importe máximo, en concepto de capital, que se le podrá exigir a la actora asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000).
3. Revocar la exigencia de las percepciones de IVA adicional y Ganancias ($ 100.896,98), con costas al Fisco. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.02.13 12:43:08 -03:00 Date: 2023.02.14 17:10:38 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.14 17:30:02 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.14 17:30:03 -03:00
Fin de la sentencia