Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.199-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 6126/2015 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-6763-2009, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A asciende a la suma de u$s 90.785,17 e intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($ 125.000.-), con más los intereses del art. 794 del C.A.
3Costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto X del voto del Dr. González Palazzo, las que se imponen en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-124414664-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 17 de Noviembre de 2022 ANDINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 38747-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y la Dra. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalia de la 18a Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 38747-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 14-20 vta. se presenta, por apoderada, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución nº 6120/2015 del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-6763-2009, por la que se la condenó –en forma solidaria-, en los términos del art. 970 del Código Aduanero (C.A.), al pago de tributos en relación a la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación 04 001 IT14 004158 E, garantizada mediante la póliza nº 1558319. Se refiere a los antecedentes de la causa. Alega la prescripción de la acción del fisco. Subsidiariamente impugna la liquidación practicada. Plantea la improcedencia del IVA Adicional y percepciones del impuesto a las ganancias. Cuestiona la aplicación de los intereses resarcitorios. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se declare la prescripción de la acción del fisco y en su defecto se revoque la resolución apelada en lo que es materia de agravios, con costas.
II. A fs. 29-39 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos y antecedentes que la motivaron. Realiza consideraciones respecto del planteo de prescripción, el régimen de importación temporaria, la aplicación de intereses, el contrato de seguro y las obligaciones que surgen del mismo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Las pruebas ofrecidas por las partes consistieron en las constancias del expediente administrativo Actuaciones 12197-6763-2009 las que se encuentran agregadas a estos autos, en un total de 59 fojas y copia autenticada de la póliza agregada a fs. 44/44 vta. de autos.
A s. 47 se declara la causa de puro derecho A fs. 52, se elevan los autos a sentencia y, a fs. 53, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa del expediente administrativo nº 12197-6763-2009, surge que, a fs. 1 obra el Acta de Denuncia del 10/11/2009, respecto de la destinación 04 001 IT14 004158 E, cuyo vencimiento operó el 14/06/2005 por la infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A. A fs. 2 obra print de pantalla del Sistema Informático María (SIM) con el detalle de la destinación de autos. A fs. 6 luce la nota nº 7377/09 del 10/11/2009 de la Sección Procedimientos Técnicos mediante la cual solicita a la División Verificación Sección Ramo C, la clasificación arancelaria, el valor de la mercadería en infracción, los derechos y demás tributos que gravan la importación para consumo. A fs. 15 obra la determinación de base de tributos y multa. A fs. 16 se dispone la instrucción del sumario el 13/10/2010 cuya notificación a la recurrente se efectúa mediante cedula del 9/9/2015 obrante a fs. 36/36 vta. En cuanto a la importadora se declara su rebeldía (fs. 37) dada su incomparecencia (fs. 37). A Fs. 27 el DE PRLA realiza una nueva determinación de tributos y multa. A fs. 28 se ordena rectificar la vista de fs. 16 por los montos de tributos según la nueva determinación. A fs. 46-48 vta. la aseguradora contesta la vista y ejerce sus defensas. A fs. 51-55 el DE PRLA dicta la Resolución n° 6126/2015 mediante la cual condena y formula cargo por multa contra la firma Protecsa S.A. por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el art. 970 del C.A. Asimismo formula cargo contra la importadora y contra Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., esta última en su calidad de garante, por los tributos adeudados cuyo monto asciende a u$s 90.785,17 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y por la suma de $ 60.878,77 en concepto de IVA Adicional y percepciones del impuesto a las ganancias.
V. La cuestión que nos ocupa, tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada como destinación nº 04 001 IT14 004158 E.
Mediante dicha operación, oficializada según constancias del SIM (fs. 2 de las actuaciones) el 10/06/2004, la firma PROTECSA S.A. ingresó mercaderías al territorio aduanero, amparada en el Decreto 1439/96, otorgándosele el plazo de permanencia por un año para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen. El plazo de vencimiento operó el 14/06/2005.
Ante la falta de constancia de la presentación, por parte de la importadora, de la documentación que acreditara el cumplimiento del régimen mencionado, el servicio aduanero labró el acta de denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del C.A. Dicha norma establece que, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria –según el caso- el infractor será sancionado con una multa y el pago de los tributos que gravaren la importación para consumo (o la exportación para consumo) de la mercadería en infracción.
Esta Sala pacíficamente sostiene que, en principio, al servicio aduanero le basta con acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo –incumplimiento- que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal. Al respecto y conforme la propia normativa que regula la importación temporaria, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del régimen mediante el cual se realizó la operación de importación temporaria, es necesario contar con los permisos de embarque –o copias- a través de los cuales se exporta o se importa a consumo (según el caso) la mercadería producida con la que fue importada temporariamente o directamente se reexporta en el mismo estado en que fue importada. Asimismo, en caso de corresponder, se debe contar con los Certificados de Tipificación y Clasificación –o sus copias- que acrediten la relación insumo/producto.
Para facilitar el análisis metódico respectivo, considero pertinente examinar en primer lugar, si efectivamente se encuentra producida la infracción que motivó el dictado de la Resolución cuestionada.
De la compulsa de la documentación obrante en la causa resulta que la importadora no aportó –y consecuentemente no acreditó- en las actuaciones administrativas el cumplimiento de las obligaciones asumidas relativas al régimen establecido en el Decreto 1439/96, habiendo vencido el plazo correspondiente a la destinación de importación temporaria. Por su parte, la recurrente, en oportunidad de plantear sus defensas no aportó pruebas que permitieran tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la importadora. Tampoco cuestiona el procedimiento llevado a cabo por el servicio aduanero para la determinación del incumplimiento del régimen de importación temporal.
Por lo expuesto previamente, concluyo que no existe en autos prueba documental idónea ni cuestionamiento alguno que permita sostener razonable y fundadamente que el fisco ha desacertado en el dictado de la resolución condenatoria (que abarca el reclamo tributario) aquí recurrida.
VI. Sentado ello, corresponde tratar en primer término los agravios vertidos por la aseguradora.
Al efecto, cabe señalar que la firma Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. otorgó la póliza 1558319, mediante la cual aseguró la operación documentada mediante la destinación nº 12197-6763-2009.
Esta Sala ha sostenido a lo largo de su jurisprudencia que el garante asume las obligaciones de un co-deudor, convirtiéndose en liso, llano y principal pagador de la obligación tributaria que garantiza mediante la expedición de una póliza de caución, motivo por el cual la Aduana puede dirigir la acción contra la importadora o la aseguradora o ambas partes.
Cabe destacar que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIROGIETTI Alejandro H. Y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza de derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
La Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro –importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento.
La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Por otra parte y tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficiencia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
La firma importadora de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme a lo previsto en al art. 453, inc. c), del C.A. y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado por la aquí recurrente, quien se obligó al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de una obligación del tomador, convirtiéndose en segundo deudor en “paridad de grado”.
Por último, cabe señalar que la fianza constituye una relación accesoria de un contrato ya celebrado y no está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor (Morandi, J.C., “Lecciones Preliminares sobre el Contrato de Seguros”, 1963, p. 28 y sgtes.). En este orden de ideas, conforme surge de la póliza de seguro de caución obrante en autos, la aquí recurrente Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., aseguró al servicio aduanero el pago de las sumas de dinero por eventuales obligaciones respecto de las operaciones de importación temporaria involucradas en estos autos.
La finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588;
CNfed. Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. C / AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom., Sala A, precedente citado).
Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
VII. En su presentación recursiva la aseguradora alega la prescripción en los términos del art. 803 y concordantes del C.A., dado que el código rector en la materia establece límites temporales para que el servicio aduanero ejerza su acción para imponer penas y/o percibir tributos.
El legislador estableció que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Visto ello y teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada documentada mediante la destinación en cuestión (14/06/2005), y la fecha en que se dictó la instrucción del sumario administrativo (13/10/2010) (conf. Art. 1090 del C.A.), por el juego sistémico de los arts. 934 y 805 inc. a) del C.A., no se ha producido la alegada prescripción de la acción del Fisco.
No obstante ello, la recurrente realiza el cálculo de los períodos y alega que desde que comenzó a correr el plazo de prescripción (1/1/2006) hasta la apertura sumarial (13/10/2010) han transcurrido 4 años, 10 meses y 13 días. La Resolución del DE PRLA 6126/2015 dictada el 9/10/2015 reanuda el cómputo del plazo de prescripción y hasta la notificación de la misma a la aseguradora ocurrida el 25/01/2018 ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años. El computo de los plazos que realiza la recurrente, resulta desacertado para determinar que ha operado la prescripción de la acción del fisco, dado que, si bien el dictado de la resolución reanuda su plazo, la norma -art. 805 inc. a) del C.A.- nada dice en cuanto a que la notificación de la resolución debe realizarse dentro del plazo restante desde su reanudación. Con lo cual la acción del Fisco no se encuentra prescripta.
VIII. Subsidiariamente la recurrente impugna la liquidación practicada por el servicio aduanero. Alega la improcedencia de la exigencia en dólares. Cita las leyes 23.905, 23.928 y 25.561, como así también el art. 639 del C.A. En relación a este planteo de la recurrente cabe señalar que el art. 20 de la Ley 23.905 establece, por un lado, la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, es decir en dólares estadounidenses y por otro, la forma en que dichas deudas pueden cancelarse. La conversión de la moneda dólar a moneda de curso legal no debe ser entendida como un mecanismo de actualización o de repotenciación de deudas, sino que se trata de un instrumento que permite facilitar al obligado su pago.
La cuestión aquí debatida debe resolverse de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/05/14 (C. 1242, XLIX), que en su Considerando 7º) sostuvo que: “(...) los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues (...) no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses”.
En consecuencia debe rechazarse el planteo de la recurrente en este sentido.
IX. Por otra parte la aseguradora se agravia respecto de la aplicación de intereses en el período comprendido entre el dictado de la resolución apelada y su notificación. Expresa que la Aduana ha incurrido en una demora injustificada e irrazonable, por lo que considera vulnerado el art. 28 de la Constitución Nacional, atento al presunto perjuicio patrimonial que la alegada demora le habría provocado, por lo que solicita se la exima del pago de los intereses devengados en el período mencionado.
Cabe poner de manifiesto, dado que la garantía otorgada se presume onerosa, que mientras se encuentre vigente la actora percibe el canon pactado con la tomadora para el otorgamiento del seguro. En el hipotético caso en que la tomadora incumpliere con la obligación de pago del canon, la aseguradora tendrá derecho a reclamar su crédito con los intereses correspondientes.
En tal sentido, no resulta evidente la existencia de un detrimento concreto a los derechos patrimoniales de la recurrente atribuible al proceder de la Aduana, por lo que en definitiva no corresponde ni se justifica un apartamiento de la normativa que regula la aplicación de los intereses en el caso de autos, máxime teniendo en cuenta que la recurrente la conocía y a ella se sometió de acuerdo con lo expresado en el texto de la propia póliza.
De lo expuesto hasta aquí concluyo que acceder al pedido de la recurrente, sin siquiera mediar prueba en relación al supuesto perjuicio económico que alega, implicaría un enriquecimiento ilícito en su favor.
A mayor abundamiento considero que no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionales- con el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permita a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
X. En cuanto al agravio de la recurrente por el cual plantea la improcedencia de las percepciones de Iva e impuesto a las ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión. Claro está que las costas deberán ser impuestas por el orden causado, toda vez que el cambio de criterio tiene su génesis en la novel jurisprudencia emitida por el máximo Tribunal. (conf. Art. 1163, 2do. párrafo del C.A.).
XI. Por último dejo sentado que, en virtud de las condiciones de la garantía otorgada, la recurrente responde frente a la Aduana por el monto adeudado en concepto de tributos hasta la suma máxima asegurada en su condición de garante de la importación objeto de autos (ver póliza n° 1558319 agregada a fs. 44/44 vta.). En consecuencia, el importe que la Aduana podría exigir en virtud del incumplimiento al régimen de destinación de importación, excede el importe máximo asegurado por la recurrente, por lo que la responsabilidad de la aseguradora queda circunscripta al pago de tributos hasta el límite máximo asegurado de $ 125.000 (pesos ciento veinticinco mil) más los intereses del art. 794 del C.A. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución del DE PRLA Nº 6126/2015 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-6763-2009, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. asciende a la suma de u$s 90.785,17 e intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta al pago de los tributos hasta el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($ 125.000.-), con más los intereses del art. 794 del C.A.
3. Costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto X del presente voto, las que se imponen en el orden causado.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero al relato, fundamentos y conclusiones que resultan del voto del Vocal preopinante, con excepción de lo señalado en el Considerando IX, respecto del pedido de suspensión de los intereses aplicados en la litis.
II. Que, en efecto, cuadra recordar que la recurrente solicita que se suspendan, por improcedentes, los intereses devengados desde el dictado de la resolución aduanera de fecha 9/10/2015 hasta la fecha de su notificación, producida 27 meses después, con fecha 25/1/2018, destacando que tal morosidad administrativa no debiera agravar la situación de su mandante, pues se le imponen intereses resarcitorios por un período en que el expediente no tuvo actividad alguna, siendo que el impulso procesal de la notificación constituía claramente un deber del Fisco.
Por ende, corresponde tratar el agravio esgrimido en forma expresa por la firma recurrente, sin que corresponda extrapolar los efectos de la presente decisión a otras causas que se encuentran en trámite por ante la Sala “F”, donde la referida petición no se verifica y, en tal hipótesis, deberá ser objeto de un análisis particular en cada caso concreto.
III. Que toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del art. 1017 de la ley 22.415. En tal sentido, el art. 40 del reglamento de la ley nacional de procedimientos administrativos (LPA) dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”
Bajo los parámetros expuestos, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994).
Por lo expuesto, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa más de 27 meses después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
Por ello, la injustificada e irrazonable demora del servicio aduanero en la notificación de la resolución perjudica el patrimonio de la administrada quien en definitiva tendrá que abonar una mayor cantidad de dinero en concepto de intereses resarcitorios por una demora que no le es imputable, motivo por el cual corresponde admitir el agravio formulado por la firma actora en ese sentido.
En efecto, bajo irrenunciables principios de justicia tributaria y razonabilidad, como así también por estrictas razones de ética y equidad (mutatis mutandi votos del suscripto –en disidencia- al sentenciar las causas "ALPEMAR S.R.L. c/DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° 36.199-A), del 21/12/18, “GRIMOLDI S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 38.106-A), del 15/3/2019 y “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación” (Expte. Nro. 39.643-A), del 26/06/19, entre otras, que tramitaran por ante la Vocalía de la 16° Nominación), el cómputo de los intereses resarcitorios en cuestión siempre debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
Por lo tanto, resulta ajustado a derecho suspender el cómputo de los intereses resarcitorios devengados a favor de la DGA desde el 21/10/2015 (día inmediato posterior al transcurso de cinco días hábiles desde la fecha del dictado de la resolución aduanera) hasta su notificación cumplimentada con fecha 25/1/2018.
IV. Que, por lo demás, la forma en que propicio que se resuelva el agravio bajo examen es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
V. Que, por último, no existe en nuestro ordenamiento prescripción legal alguna que excepcione al Estado de cumplir con la normativa aplicable a cada caso concreto pues, por el contrario, en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos (que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre) siempre tiene que actuar -por intermedio de funcionarios públicos que deben honrar el cargo que desempeñan, al que corresponde servir-, con apego a la ley, suma responsabilidad social, y en un todo de acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia; extremo que no se verificaría de adoptarse un solución que convalidara un accionar administrativo no ajustado a derecho, por privilegiar un interés recaudatorio derivado de un acto insusceptible de generar efectos jurídicos, por lo que en esta sede no puede ser convalidado, por haberse violentado garantías constitucionales y convencionales de la parte recurrente (confr. voto del Dr. Pablo Garbarino in re “Alpemar S.R.L.” -Expte. Nro. 29.897-A-, del 28 de marzo de 2014, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación, entre muchos otros). ASI LO VOTO.-
La Dra. Musso dijo:
En mi carácter de Vocal Subrogante sólo debo expedirme respecto de la suspensión de intereses, solicitada por la actora. Respecto de la cuestión adhiero al voto del Dr. González Palazzo.
Así lo voto.
Visto lo precedente, POR MAYORIA SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA nº 6126/2015 recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12197-6763-2009, declarando que el importe de tributos adeudados en relación a COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A asciende a la suma de u$s 90.785,17 e intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($ 125.000.-), con más los intereses del art. 794 del C.A.
3. Costas a la actora, con excepción de la exigencia de los rubros analizados en el punto X del voto del Dr. González Palazzo, las que se imponen en el orden causado.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.11.15 19:35:46 -03:00 Date: 2022.11.17 12:43:42 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Cora Marcela Musso Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.17 13:00:53 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.17 13:00:54 -03:00
Fin de la sentencia