Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-87980055-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-49050808-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 15 de Mayo de 2026
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de resolver en los autos caratulados “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/APELACIÓN”, Expediente nro. EX-2019-87980055- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Garbarino dijo:
I.— Que, mediante apoderada, se presenta la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 888/11 de fecha 2/3/2011, dictada en el expediente administrativo SIGEA Nº 12034-1043-2008, que fuera notificada con fecha 10/9/2019, en cuanto la intima al pago de $ 24.146,48 (pesos veinticuatro mil ciento cuarenta y seis con cuarenta y ocho ctvs.) en concepto de tributos; importe que deberá ser actualizado con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más los intereses resarcitorios que pudieren corresponder, conforme prevé el artículo 794 del Código Aduanero. Analiza los hechos del caso y los antecedentes del sumario contencioso.
En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos, en los términos de los artículos 803 y concordantes del citado cuerpo legal. Destaca que el día 15 de diciembre de 2001 venció el plazo para regularizar la mercadería importada temporalmente mediante la destinación 00001IT45006942D, comenzando a correr el plazo de prescripción quinquenal a partir del 1º de enero del año 2002 (art. 804, inc. b, C.A.). Señala que el curso de ese plazo quedó suspendido por efecto de acto de instrucción de sumario de fecha 3 de marzo de 2006, habiendo transcurrido hasta ese entonces la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 2 (dos) meses y 3 (tres) días. Sostiene que teniendo en consideración que la prescripción se suspende desde la apertura del sumario hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo (conf. art. 805, inc. a, C.A.), no cabe más que concluir que, a partir del 2 de marzo de 2011 (fecha de dictado de la Resolución apelada), restaban 9 (nueve) meses y 27 (veintisiete) días para completar y alcanzar los cinco años de la prescripción.
Conforme a lo expuesto, afirma que el crédito fiscal exigido por la Aduana prescribió el día 29 de diciembre de 2011, toda vez que el servicio aduanero recién le notificó a la resolución definitiva con fecha 10 de septiembre de 2019, fuera del plazo de ley previsto para exigir el tributo que pretendía percibir. Subsidiariamente, impugna la liquidación de los tributos por haber sido intimados, incorrecta e ilegítimamente, en una moneda distinta a la de curso legal. Sostiene la improcedencia del IVA Adicional y el anticipo del Impuesto a las Ganancias, por no ser tributos aduaneros. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se deje sin efecto la resolución aduanera apelada, con costas a la DGA.
II.— Que, corrido el traslado de ley, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Se refiere a los antecedentes del sumario administrativo. Niega que haya operado la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 805 y concordantes del C.A., toda vez que se instruyó sumario dentro del plazo legal suspendiéndose así la prescripción. Argumenta sobre el tipo de moneda garantizada, como así también sobre la supuesta improcedencia del IVA Adicional y del Anticipo del Impuesto a las Ganancias. Afirma que el contrato de fianza expresamente establece que la actora responde en iguales términos que el importador. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la Resolución objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III.— Que en fecha 18/12/2019 se declaró la causa de puro derecho. Habida cuenta el estado de la causa, y habiéndose elevado a conocimiento de la Sala “F”, queda la misma en estado de dictar sentencia.
IV.— Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12034-1043-2008, resultó que las mismas se inician con el Acta de denuncia Nro. 553/2008, labrada contra la firma Newclor S.H. por la presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 970 del Código Aduanero, ello en relación al despacho de importación nro. 01 001 IT01 006942 D, con vencimiento en fecha 15/12/2001. A fs. 12, con fecha 3/3/2006, el servicio aduanero dispuso la apertura del sumario, respecto de dicha operación, en los términos del art. 1090 inc. c) del citado cuerpo normativo. A fs. 14 obra determinación de base de multa y tributos. A fs. 19, con fecha 12/4/2006, se corre vista a la firma importadora y se cita a la compañía aseguradora interviniente. A fs. 24/25 La Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A. contesta la vista oportunamente conferida. A fs. 30 se tiene por contestada la referida vista y se declara la rebeldía de la firma importadora. A fs. 33 se ponen las actuaciones para resolver. A fs. 37/38 el servicio aduanero procedió a dictar la Resolución (DE PRLA) N° 888/2011, de fecha 2/3/2011. A fs. 41 obra glosada cédula de notificación de fecha 30/9/2014 a la aquí recurrente, sin constancia de envío ni recepción. A fs. 44 se envía en debida forma –mediante SICNEA nro. 19001NOTI124105P- notificación a la compañía aseguradora, en fecha 2 de septiembre octubre de 2019, quién se presenta a fs. 45 –con fecha 10/9/2019- y a fs. 53 comunica que ha interpuesto recurso de apelación ante el TFN.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde -en primer lugar- entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 2 de marzo de 2011 y enviada su notificación mediante SICNEA recién el 2 de septiembre del año 2019, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX- 2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-
10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2002, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato data del 15 de diciembre del año 2001), debiendo haber fenecido el 1/1/2007, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas. Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 3 de marzo de 2006 -vide fs. 12 act. adm.-, es decir, ya transcurridos 4 años, 2 meses y 3 días, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (3/3/2006) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 2 de marzo de 2011- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién fue objeto de notificación mediante SICNEA el día 2 de septiembre de 2019 (confr. fs. 44 act. adm.), es decir, ocho años y seis meses después de su dictado –sin perjuicio que la parte actora manifiesta que se notificó recién con la presentación en sede aduanera del 10 de septiembre de 2019- constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VII. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VIII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar –mientras que en la actualidad sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-)-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IX. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 del citado cuerpo normativo enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
X. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (3/3/2006), mientras que la corrida de vista es del día 12 de abril de 2006, y su notificación se produjo el 2 de mayo de ese año (confr. fs. 20 act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
No obstante, y aun en el hipotético supuesto de no compartirse dicha postura, lo cierto es que en el presente caso, el lapso de inactividad aduanera a los fines de la notificación apelada ha excedido –con creces- el propio plazo quinquenal que rige en la materia, y al que hace expresa la propia ley 22.415, tanto a los fines suspensivos como interruptivos de la acción del Fisco Nacional para percibir tributos.
XI. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 15 de diciembre de 2001 y la resolución apelada ha sido objeto de notificación el 2 de septiembre de 2019, es decir, casi 18 años después de haber acaecido el hecho gravado. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve la cuestión tributaria es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XIII. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
En tales condiciones, cualquier metodología interpretativa que valide, consienta, acepte, ratifique o permita, de modo activo u omisivo, que la notificación de una resolución aduanera definitiva pueda realizarse 8 (ocho) años y 6 (seis) meses después de su dictado, sin ningún tipo de consecuencia prescriptiva, resulta contraria a un sano entendimiento del derecho.
XIV. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio por razones de brevedad el relato de los hechos que realiza el Sr. Vocal instructor.- El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, si bien cabe tener por allanada a la demandada en los términos incorporados por el Sr. Vocal instructor, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.15 15:55:03 ART Date: 2026.05.15 20:45:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.15 22:59:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.15 23:00:42 -03:00
Fin de la sentencia