Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-104202476-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 6695/18 (SIGEA12210-1093-2013) en cuanto intima al pago de tributos a las actoras, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-38820885-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Abril de 2025 MERCANTIL ANDINA SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2024-104202476- -APN-SGASAD#TFN (“COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 24.09.24 la firma recurrente mediante el IF-2024-104202398-APN-DTD#JGM interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6695/18, de la Aduana de Buenos Aires, recaída en la actuación SIGEA 12210-1093-2013, por la cual se le formula cargo respecto de la destinación de importación temporaria 08073IT14001035X, por un monto total de Dólares Estadounidenses Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 05/100 centavos de dólar (u$s1.878,05) en concepto de tributos con más la suma de Pesos Cinco Mil Doscientos Setenta con 59/100 ($5.270,59) en concepto de Percepción de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias con más los interese del art. 794 del Código Aduanero (“CA”). Señala que su mandante asumió el compromiso de dar en pago, en caso de que operara un siniestro, los tributos aduaneros que resultaren hasta la suma de $20.000 conforme póliza 1.593.329. Plantea la prescripción de la acción infraccional y la tributaria, conforme los argumentos que expone. Conforme a ello expresa que el crédito fiscal exigido por la aduana prescribió el día 21.06.19 mientras que la resolución aduanera apelada le fue notificada a su mandante el 03.09.24. Impugna la liquidación y para ello destaca el importe garantizado en la póliza y aduce que el tipo de moneda e importe determinado en la póliza ha sido consentido por la Aduana, habiéndose fijado el importe máximo de capital a garantizar por la compañía de seguros, resultando improcedente e ilegítima toda pretensión de pago que exceda, como ocurre en los presentes autos, el importe acordado de común acuerdo entre las partes. Impugna los tributos exigidos en dólares con causa en haber sido intimados, incorrecta e ilegítimamente, en una moneda distinta a la de curso legal. Cita la ley 23.905, en conjunción con las leyes 23.928 y 25.561, respecto de la aplicación del art. 639 del CA. Hace mención que resulta irrazonable que, además de exigir el pago en dólares, el importe intimado devengue también un interés mensual del 3% (conf. art. 794 del CA y Res. ME 841/10). Asimismo, advierte que, en la liquidación practicada, no se ha tenido en cuenta que no le corresponde al garante pagar las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, ya que gravan la comercialización de la mercadería en el mercado interno, hecho imponible en cabeza del importador que no integra la cobertura asegurada. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado el 27.11.24 mediante el IF-2024-130174967-APN-DTD#JGM y, previas intimaciones, acompaña las actuaciones administrativas 12210-1093-2013. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, resalta que la importadora se ha acogido voluntariamente a un régimen preferencial. Cita doctrina y jurisprudencia y concluye que es la actora la que debe probar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que se ha cumplido total y acabadamente con las obligaciones contraídas dentro del plazo legal otorgado, por lo que al no hacerlo dio lugar al dictado de la resolución condenatoria. Con relación al planteo de la prescripción de la acción de su mandante para percibir tributos, señala que el art 803 del CA establece un plazo de prescripción de cinco años que comienza a correr a partir del primero enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o el incumplimiento achacado, conforme el art. 804 del CA. Agrega que es suficiente con el solo dictado del auto de apertura de sumario para suspender y/o interrumpir el plazo de prescripción y que no es necesaria su notificación al imputado: la causal de suspensión y/o interrupción opera con el simple dictado del acto. Responde al agravio del límite de la póliza y hace mención que la finalidad del seguro de caución no es otra que la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. En cuanto a la determinación de los tributos en moneda distinta a la del curso legal, dice que los cargos tributarios se determinaron en dólares estadounidenses, conforme lo prescripto por el art. 20 de la ley 23.905. Que si no hubiese sido de esa manera la deuda quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo, ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que oficializó la operación, suma que dejaría de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada/exportada (conf. artículo 734 del CA). Cita jurisprudencia. Ofrece las actuaciones administrativas. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. La actuación 12210-1093-2013 se inicia con el acta de denuncia 174/13 del 13.03.13, mediante la cual se indica que, analizada la DIT 08073IT14001035X, se entiende prima facie que la firma Sisertel SA habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. A fs. 3 obra la carpeta del despacho 08073IT14001035X, el que se encuentra escaneado completo en el archivo IF-2025-19795630-APN-DTD#JGM. Practicadas las correspondientes liquidaciones, a fs. 14, el 31.03.14 se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista, de lo que se notifica a la firma Sisertel el 01.10.14 (fs. 18) y a la aseguradora el 21.10.14 (fs. 19). Se agrega a fs. 21 nuevamente la providencia del 31.03.14. A fs. 28/31 contesta la vista La Mercantil Andina Cía. de Seguros SA. A fs. 33 se practica una nueva determinación de base de tributos y multa, se tiene por presentada la aseguradora en los términos del art. 1106 del CA (fs. 34) y previa consulta al sistema SUMARCHI (fs. 35), sin más trámite, a fs. 36/37 se dicta la resolución DE PRLA 6695/18 del 21.09.18 apelada en autos. A fs. 42 obra cédula SICNEA estado “notificado” del 03.09.24 por la cual se notifica a la aseguradora La Mercantil Andina Cía. de Seguros SA de la resolución dictada en los actuados aduaneros.
IV. El 7.03.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
V. Que, por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que con el acta denuncia 174/13 (fs. 1 act. adm.), el sobre de la destinación y realizadas las correspondientes liquidaciones de los tributos y multa, se dispone con fecha 31.03.14 la instrucción de sumario y corrida de vista (fs. 14 act. adm., respectivamente). Asimismo, surge que la actora contesta en tiempo y forma la corrida de vista. Sin embargo, sin más trámite, se dicta la resolución definitiva por la cual se ordena archivar la multa conforme a lo establecido en la IG 9/17 y se formula el cargo. No hay constancias de que se haya generado en los actuados, un análisis o bien efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de la comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada. De haber ocurrido ello, no hubiese correspondido el archivo de la multa, sino que se tendría que haber condenado o absuelto a la recurrente.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero si bien corrió vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, se limitó, sin ningún tipo de sustanciación, a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 21.09.18 fue notificada seis (6) años después de su dictado (03.09.24).
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que la intervención que le dio al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga y que además se exige el pago de tributos, no fue conforme a derecho sino para que no operara la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, como ya lo mencioné up supra, debería haber sustanciado los argumentos de la actora, condenando o absolviendo al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA).
Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 6695/18 apelada, con costas a la Aduana. Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad, deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos que planteó la actora.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 6695/18 (SIGEA12210-1093-2013) en cuanto intima al pago de tributos a las actoras, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Que, en virtud de las particularidades que contiene el presente expediente traído a conocimiento de este Tribunal, y teniendo en cuenta los sendos precedentes emitidos al respecto, es que en ejercicio de las facultades conferidas en los términos del art. 1143 del CA, observo que corresponde en primer lugar analizar el procedimiento llevado adelante por el Servicio Aduanero.
Que formulada la denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A. con fecha 13/3/2013, se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista a la firma el 31/3/2014, ello así la aquí actora, contesta la vista a fs. 28/31, proveyéndose la presentación a fs. 34. En tales condiciones, previa consulta en el Sistema SUMARCHI se dictó la resolución ahora apelada.
Que, en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la Instrucción General nº 9/17 (DG ADUA) por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la Resolución PRLA n° 6695/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, devienen nula la notificación cuya constancia luce a fs. 42, que incorrectamente se indica que contra la resolución procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A., lo que fácilmente pudo inducir a la actora a interpretar que la resolución revestía el carácter de definitiva, cuando no lo es. Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la Resolución PRLA n° 6695/2018 dirigida a la firma importadora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones conforme se resuelve.
Que conforme lo establecido en los art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescriben por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que constituye el hecho gravado (804 del C.A.). Es decir que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2010.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (7/5/2009) -conforme surge de fs. 4 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (31/3/2014), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que, por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsane las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la Resolución PRLA n° 6695/2018 dirigida a la actora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA, con costas al fisco.
2. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación n° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DE PRLA 6695/18 (SIGEA12210-1093-2013) en cuanto intima al pago de tributos a las actoras, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.04.11 15:02:36 -03:00 Date: 2025.04.11 16:41:58 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.14 11:04:40 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.14 11:04:41 -03:00
Fin de la sentencia