Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 121517942-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor unanimidad: 1) Declarar desierto el recurso de apelación de la accionada en base a los fundamentos del artículo 266 del CPCCN; Por mayoría: 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del Código Aduanero y 68 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
20899/2024 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF
121517942-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo:
I.-Que por decisorio del 30/5/24, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 001647/2018, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197-1894-2013, respecto de la firma Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA, en concepto de tributos adeudados, en el que se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General Nº09/17 (DGA), debido a la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, en relación con la destinación Nº 06 001 IT14 006157 H, con costas al Fisco vencido. Por otra parte, rechazó el planteo realizado por la actora en cuanto a la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, conforme a los fundamentos allí desarrollados (ver considerando VI del decisorio recurrido), sin costas.- II.-Que para resolver como lo hizo, el voto mayoritario del Tribunal Fiscal de la Nacional entendió que: “No cabe duda de que la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera en lo que al procedimiento previsto para las infracciones respecta (arts. 1080 y 1117 del Código Aduanero), dentro del cual figura la corrida de vista a las imputadas y su fehacientemente puesta en conocimiento, desnaturalizando el procedimiento infraccional previsto por el Legislador. Se advierte, entonces, que se configuró una afectación, no solo al derecho de defensa de la recurrente, sino también a los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso…Vicio que, como tal, no puede considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada”.-
Alta en sistema: 23/04/2025 III.-Que por otra parte, el voto mayoritario sostuvo que: “En este orden de ideas y teniendo en consideración los extremos señalados, cabe concluir que la conducta omisiva del servicio aduanero –lesiva del derecho fundamental de defensa en juicio- torna nulo, por aplicación de la consabida teoría del fruto del árbol envenenado, el acto administrativo corolario del procedimiento infraccional, por lo que este Tribunal considera que corresponde declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 001647/2018, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197-1894-2013…”.-
IV.-Que el 3/7/24 apeló la parte actora y el 2/8/24 hizo lo propio la demandada, quienes expresaron agravios los días 5/8/24 y 2/8/24 respectivamente, los que no fueron contestados por las partes. El 19/12/24 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 18/2/2025 se llamaron autos para sentencia.-
V.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- VI.-Que la parte demandada planteó la validez del auto de apertura del sumario, alegando que en el mismo se cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del Código Aduanero.-
VII.-Que la expresión de agravios de la demandada no se hizo cargo del fundamento específico del decisorio apelado; esto es, la declaración de nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 001647/2018 recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197 -1894-2013, por lo que corresponde declarar desierto el recurso en estudio en base a los términos de los artículos 265 y 266 del CPCCN.-
VIII.-Que a mayor abundamiento, y no obstante lo expuesto en el considerando precedente, conforme surge acreditado de las constancias de la causa, en las presentes actuaciones no se aseguró debidamente el derecho de defensa de la actora, consagrado en forma expresa tanto en la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, como así también en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el Código Aduanero. En efecto, nunca se corrió vista de las actuaciones sumariales conforme lo requerido por el art. 1101 del C.A. Asimismo, cabe recordar que esta Sala Alta en sistema: 23/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V se ha expedido en casos similares al presente, en autos “La Perseverancia Seguros SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 37318/2022, sentencia del 25/08/2022, y en sentido concordante en autos “HTI Cono Sur SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 3407/2020, sentencia del 19/10/2021, a los que cabe remitirse por razones de brevedad.-
IX.-Que en su expresión de agravios, reitera la actora la prescripción que fuera desestimada por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto al cobro de los derechos tributarios. Asimismo, el Sr. Fiscal General en su dictamen señaló jurisprudencia de la CSJN referida a la aplicación del principio del plazo razonable de duración de los procesos.- X.-Que en primer lugar, cabe coincidir con lo decidido y fundado por el Tribunal Fiscal de la Nación en orden a que no ha tenido lugar la prescripción tributaria articulada por la accionante, quien expuso en su decisorio que: “Que, al respecto, cabe recordar que, el vencimiento de la operación en trato operaba con fecha 30/08/2008, la apertura del sumario se materializó el 18/11/2013, mientras que la resolución recurrida ante estos estrados data del 22/03/2018…el plazo de vigencia de la potestad del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco (5) años a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o, en caso de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario…En este orden de ideas, el plazo prescriptivo empezó a correr el 01/01/2009 y fue suspendido el 18/11/2013 con la apertura del sumario en los términos del art. 1090, inc. ‘c’ del C.A., cuyos efectos se mantuvieron vigentes hasta el dictado de la resolución aquí apelada, por lo que, corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente…”.
En consecuencia, cabe rechazar el agravio en cuestión y confirmar el decisorio recurrido en dicho aspecto.- XI.-Que, no obstante, lo cierto es que de la simple lectura del expediente administrativo se advierte que se han excedido los plazos razonables de duración del proceso. En efecto, la Ley 27.742 a través de su artículo 25 incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especie- el “Derecho a un plazo razonable”, comprendido dentro del principio de Alta en sistema: 23/04/2025 “Tutela administrativa efectiva” en el sentido de: “…que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación”.-
En el caso de autos, la duración irrazonable del procedimiento se verifica de manera clara en la medida en que no existe controversia acerca de que el vencimiento del DIT operó el 30/08/2008 y que, formulada que fuera por la aduana la denuncia infraccional, el dictado del auto de apertura del sumario se produjo recién el 18/11/2013, sin que se corriera vista a la firma importadora y tampoco a la aseguradora garante. El 22/3/18 se dictó la Resolución DE PRLA Nº 001647/2018, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197-1894-2013, la que se le notificó a la actora recién el 2/11/22, por lo que al tomar allí la recurrente conocimiento del sumario instruido sin su intervención, planteó judicialmente –entre otros agravios- la nulidad de lo actuado. El 30/05/24 el Tribunal Fiscal de la Nación dictó la resolución que viene en impugnación ante esta Alzada.
En consecuencia, y habiendo transcurrido en exceso el plazo de razonabilidad propio de todo procedimiento administrativo, corresponde declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional.-
XII.-Que por lo antes expuesto, corresponde:
1. Declarar desierto el recurso de apelación de la accionada en base a los fundamentos del artículo 266 del CPCCN; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del Código Aduanero y 68 del CPCCN). ASÍ VOTO. El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I.-Que, en lo relativo al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede, en orden a que aquél debe ser declarado desierto. Ello, sin costas, en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte actora (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Alta en sistema: 23/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.-Que, en diferente orden de ideas, la parte actora carece de gravamen en cuanto afirma que debió haberse declarado prescripta la acción para exigir el pago de tributos, así como para eventualmente imponer multas. Ello, en la medida en que mediante el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal fue declarada la nulidad de la resolución DE PRLA Nº 001647/2018, por medio de la cual había sido intimado el pago de tributos y se dispuso el archivo de la multa, decisión que fue confirmada como consecuencia del rechazo del recurso del Fisco al que se hizo referencia en el considerando precedente (cfr. mi voto en la causa n° 12954/2024, caratulada “Merisant Argentina (TF 48941884-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 29 de noviembre de 2024 y n° 4340/2024, caratulada “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (TF 119808673-A) C/ DGA S/ recurso directo de organismo externo”, del 30 de diciembre de 2024).
En consecuencia, el recurso interpuesto por la parte actora debe ser rechazado, sin costas en atención a la inexistencia de actividad procesal de la parte contraria (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos del caso corresponde remitir al voto del vocal preopinante, a fin de evitar repeticiones innecesarias.
II.-Que en punto al fondo de la controversia, esta Sala, confrontada a planteos similares -aunque con relación a la Instrucción General nº 9/17- declaró inválidos los actos del servicio aduanero que, sin valorar las defensas de los particulares imputados –en especial, en relación con el cumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria-, tras disponer el archivo del sumario formulan mecánicamente cargos por los tributos que se adeudarían, teniendo por constatado el incumplimiento (v. causas nº 10.727/2020 “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN - AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 18/12/2024; nº 37.318/2022 “La Perseverancia Seguros SA (TF 53189519 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del Alta en sistema: 23/04/2025 25/08/2022; y n° 3.407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021). Aquí, al igual que en aquellos casos, el servicio aduanero no corrió aquí vista a la importadora y a la aseguradora de la imputación formulada, lo cual impidió que estas ofrecieran defensas y prueba.
La decisión del servicio aduanero se apoyó exclusivamente en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17.
Pues bien, resulta evidente que la exigencia del cumplimiento del procedimiento previsto (arts. 1080 a 1117 del Código Aduanero), propia de todo acto administrativo (art. 7, inc. b), LNPA), es el reverso del derecho de los administrados al debido proceso adjetivo (art.1, inc. e), LNPA), que comprende –como es lógico- no solamente el de exponer las razones de sus pretensiones y defensas (ap. 1) y producir la prueba conducente para acreditarlas (ap. 2), sino también de que la decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas (ap. 3). De otro modo, se estaría consintiendo que el acto del artículo 1101 constituyera un inútil formalismo sacramental y no la verdadera consagración del derecho del administrado a ser oído (conf. Sala IV, causa nº 46.832/2022 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; y sus citas; y esta Sala, causa “TPC” ya citada).
De esta forma -tanto aquí como en los precedentes citados al inicio del considerando- la clausura de la investigación condujo a que se intimara una suma de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, pero sin determinar fehacientemente si se había reexportado o no la mercadería ingresada al amparo de la importación temporal, al vencimiento del plazo acordado para su permanencia (v. en el mismo sentido arg. Sala I, causa nº 30.397/2023 “Geminelli SA (TF 74859875-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/10/2023; Sala II, causa “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12/11/2019; Sala III, causa nº Alta en sistema: 23/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 23.858/2023; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 Resol 9384/18 s/ Dirección General de Aduanas”, del 25/04/2024; Sala IV, causas nº 46.832/2022 “Envases”, ya citada, y nº 47883/2022 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/11/2022).
En consecuencia, no corresponde convalidar el requerimiento fiscal derivado del acto cuestionado, dictado sin la sustanciación del sumario correspondiente.
III-Que pese a lo señalado anteriormente, no se advierten motivos para quitar virtualidad suspensiva al auto de apertura de sumario dictado el 18/11/2013, en la medida en que en ese momento se habían determinado los hechos reprochados, se había identificado y clasificado la mercadería involucrada y se había practicado la liquidación correspondiente (v. art. 1094, CA).
En este sentido, es dable recordar que el artículo 803 del Código Aduanero establece que se prescribe por el transcurso de cinco años la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el 1º de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (conf. art. 804 del CA).
Además, en lo que aquí interesa, el artículo 805 del CA dispone que el plazo de prescripción de la acción para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigue la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
En consecuencia, dado que el vencimiento de la DIT operó el 30/08/2008 y el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/01/2009, pero fue suspendido desde el 18/11/2013 hasta que se dictara el acto que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, corresponde desestimar este agravio de la actora.
IV.-Que, empero, el tiempo transcurrido desde la supuesta configuración del incumplimiento que dio lugar a la formación Alta en sistema: 23/04/2025 del sumario revela una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para los reclamos tributario y sancionatorio. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas (30/08/2008) y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación (que no resuelve en definitiva) transcurrieron poco menos de 16 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera.
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, in rebus nº 55.643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; nº 34.678/2023 “Ampacet South America SRL (TF 18960731-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 09/04/2024; nº 27.402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 32578-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo ”, del 2/07/2024; y nº 30.452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
Alta en sistema: 23/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En consecuencia, corresponde declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional. V.-Que, por último, como puso de relieve el Dr. Gallegos Fedriani, en su escrito recursivo la demandada no se ha hecho cargo, siquiera mínimamente, de la fundamentación en la que el a quo basó su decisión. Su desidia frente a la carga de rebatir los argumentos de la resolución apelada obliga a declarar desierto su recurso (arts. 265 y 266, CPCCN).
VI.-Que en atención a lo expuesto, corresponde:
1. Declarar desierta la apelación de la demandada (art. 266, CPCCN); 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y declarar extinguidas extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68, CPCCN). ASÍ VOTO. En virtud de las consideraciones del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Por unanimidad: 1) Declarar desierto el recurso de apelación de la accionada en base a los fundamentos del artículo 266 del CPCCN; Por mayoría: 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del Código Aduanero y 68 del CPCCN).
Regístrese notifíquese, y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge F. Alemany (en disidencia parcial)
Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 23/04/2025 Alta en sistema: 23/04/2025
Fin de la sentencia