Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33509-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto, confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio. Sin costas en esta instancia por falta de actividad útil de la contraria.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2840/2022 “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA -
TF 33509-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, octubre de 2022.
El recurso de apelación interpuesto por la demandada en la causa “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA – TF 33509-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, a fs. 235/241, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó parcialmente la resolución 230/09 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP – DGI por la que se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias de la actora correspondiente a los ejercicios fiscales 2003 a 2005 y le aplicó una multa con fundamento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), con más sus intereses resarcitorios. Puntualmente, el a quo dejó sin efecto el ajuste practicado respecto a la “Reserva IBNR” y confirmó la pretensión fiscal derivada de la impugnación del “Quebranto por préstamo a TCA SA”, con intereses y multa (reducida al mínimo legal previsto por el art. 45 de la ley de rito) en proporción al concepto ratificado. Asimismo, ordenó al Fisco Nacional que practicara una nueva liquidación del ajuste e impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Para así decidir y en atención a lo que resulta materia de agravio ante esta Alzada, el Tribunal Fiscal señaló que de las cuentas del Balance de la actora surgía la constitución de una “Reserva IBNR” (reserva por siniestros ocurridos y no reportados) efectuada por las compañías de seguro de acuerdo a expresos lineamientos de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Explicó que la operatoria de seguros se caracteriza por percibir el precio o prima y a posteriori solventar los eventuales siniestros que afectan a los riesgos amparados, por lo cual para aplicar el criterio de lo devengado y el apareamiento de ingresos y gastos se utilizan las conocidas “reservas técnicas” que incluyen las “reservas de primas” (primas cobradas que aún no han sido ganadas) y “reservas de siniestros” (representan el costo estimado de siniestros ocurridos aún no abonados) que constituyen compromisos con los asegurados. Puntualizó que las “Reservas IBNR” son reservas de siniestros que se estiman ocurridos en el ejercicio pero que no fueron denunciados aún. En ese mismo orden de ideas, aclaró que la “reserva” implica “la representación contable de fondos que constituyen el patrimonio neto social y tienen su origen en utilidades mantenidas en la empresa, no tienen como contrapartida un cargo contra resultados brutos”, de modo que “estamos ante una `previsión` constituida para hacer frente a una contingencia”. Añadió que el art. 87, inciso d, de la ley del Impuesto a las Ganancias (“LIG”) admite la deducción de las sumas que las compañías de seguro destinen a integrar las previsiones por reservas matemáticas, reservas para riesgos en curso y similares, conforme con las normas impuestas sobre el particular por la Superintendencia de Seguros u otra dependencia oficial. Al respecto, expresó que de acuerdo al dictamen D.A.T. 33/05, era posible concluir que la “Reserva IBNR es una previsión `similar` a las admitidas para su deducción atento a su cálculo de acuerdo a las estrictas normas de la Superintendencia”.
Precisó que en el ejercicio 2003 (primer ejercicio de constitución de la “Reserva IBNR”), la Superintendencia había permitido a las compañías la utilización del siguiente método: “la diferencia resultante del mayor pasivo que pudiera derivarse de la aplicación del método de cálculo general respecto de un método de cálculo alternativo (por Insuficiencia y Desvíos de Siniestralidad) en ocasión de la primera constitución, puede amortizarse a razón de 12,5% en ocho trimestres a partir del 30-9-03”. Detalló que en el referido ejercicio, la actora “ejerció dicha opción difiriendo contablemente $ 7.450.557 de los $ 34.293.691 que imputó a quebranto por la constitución de dicha `reserva` (…) exponiendo en sus Estados Contables el pasivo por esta `reserva` menos el diferimiento por el cual optó (cumpliendo con las normas de la Res. Gral. S.S.N. 28.906/02)”. Especificó que como parte del diferimiento en ocho trimestres, la contribuyente ajustó los $ 3.436.296 correspondientes al período 2004. Ello así, coligió que “para constituir la `reserva`, que es admitida siempre que cumpla con las normas de la Superintendencia, [la actora] ha optado contablemente por el diferimiento conforme a lo admitido por el mencionado organismo pero, impositivamente, disminuye la base imponible mediante un ajuste al resultado contable”. Puso de resalto que la competencia del organismo de control en lo atinente a la “Reserva IBNR” surgía del pto. 39.6.7 del reglamento relativo a la actividad aseguradora obrante a fs. 208 de los antecedentes administrativos según el cual “las entidades aseguradoras sujetas al control de la SSN deberán constituir y valuar el pasivo por siniestros ocurridos pero no reportados, denominado IBNR, utilizando los procedimientos que, de acuerdo con el ramo y tipo de cobertura, se establecen en esa norma”. Además, subrayó que de acuerdo al pto. 39.6.7.11 del referido reglamento, “el pasivo por IBNR se expondrá en los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2840/2022 “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA - TF 33509-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
estados contables en el rubro Deudas con Asegurados en forma separada para cada una de las categorías de la Tabla de Ramos y Coberturas del pto. 3.6.7.3” y “en el Estado de Resultados se imputará en el concepto Siniestros Pendientes, agregando que en nota a los estados contables deberán indicarse cuáles son los factores de desarrollo acumulados para cada ramo y tipo de cobertura”. Destacó que la recurrente actora: (i) había diferido contablemente a períodos futuros el cargo como resultado negativo del incremento de reserva por siniestros ocurridos y no reportados (“Reserva IBNR”) del ramo automotores respecto de la reserva por insuficiencia y desvíos de siniestralidad, en las sumas de $ 7.450.557 (2003) y $ 3.436.296 (2004), respectivamente; (ii) había cargado impositivamente como resultado negativo los montos supra referidos en los períodos señalados (esto es, 2003 y 2004); y (iii) había revertido dicha imputación mediante un ajuste impositivo positivo por el monto total de $ 10.886.853 en el período fiscal 2005.
Sostuvo que el concepto “siniestros pendientes ocurridos y no reportados” constituye un gasto devengado necesario para la actividad cuyo procedimiento de cálculo es determinado por la autoridad de control (conf. arts. 80 y 87, inc. d, de la LIG).
Puso de relieve que el Fisco Nacional no había desconocido la procedencia del cargo a resultados por la previsión denominada “Reserva IBNR” y tampoco había cuestionado el quantum o valor asignado a dicho concepto. Puntualizó que la aludida reserva exigía el cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia respecto de la actividad aseguradora, por lo cual determinó que la cuestión en debate requería “determinar el o los períodos fiscales en los cuales la recurrente debió imputar los resultados derivados de dicha `reserva`”.
Recordó que desde la creación del Impuesto a los Réditos y posteriormente del Impuesto a las Ganancias, la deducción de los siniestros pagados y pendientes considerados impositivamente por las aseguradoras no mereció objeción alguna, en tanto “constituyen un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, representada por las primas”. Arguyó que, con posterioridad, la Superintendencia de Seguros estableció nuevas metodologías vinculadas a la valuación de los siniestros pendientes como consecuencia de la evolución del mercado asegurador. Sin embargo, advirtió que dicho organismo no podía introducir cambios relativos al “ejercicio en que los siniestros acaecidos deben ser imputados, los que deben imputarse al ejercicio de su ocurrencia” en función al principio de lo devengado. De este modo concluyó que “el pasivo por siniestros pendientes se calcula de manera tal que cubra el costo estimado final del siniestro, es decir, que se impute totalmente su costo al ejercicio en que se produjo”.
Agregó que de conformidad con el art. 80 de la LIG, los costos originados en siniestros incurridos constituyen la erogación principal de los ingresos gravados de la operatoria –las primas– y, por ende, son deducibles, “admitiéndose la deducción no solo de los siniestros pagados sino también de aquéllos ocurridos pero que están pendientes de pago”. Por su parte, aludió al art. 87, inc. d, de la LIG conforme el cual: (i) son deducibles las sumas que las aseguradoras destinen a integrar las previsiones por reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso y similares, de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Seguros; y (ii) aquellas previsiones por reservas técnicas correspondientes al ejercicio anterior que no hubiesen sido utilizadas para abonar siniestros son consideradas como ganancia y deben incluirse en la ganancia neta del año. En esa misma línea, citó la resolución general (DGI) 403 del 10/11/55 referente al Impuesto a los Réditos, según la cual “corresponde deducir como gasto del ejercicio al quebranto que impliquen para el período fiscal respectivo, los siniestros producidos durante el ejercicio, aunque al cierre de éste no se hubiera practicado la liquidación definitiva de aquéllos”. Al respecto, precisó que dicha resolución reglamentaria de la ley del Impuesto a los Réditos, no había sido derogada ni reemplazada y podía ser tenida en cuenta para resolver situaciones que presentaran analogía con aquéllas que en su momento justificaron su dictado, toda vez que el art. 87, inc. d, de la LIG era idéntico al art. 68, inc. d, de la ley 11.682 (t.o. en 1955).
En conclusión, consideró que de la normativa en materia tributaria surgía expresamente que el costo de los siniestros constituye una erogación deducible que debe ser imputada totalmente al ejercicio en que se produzcan; principio que no puede ser modificado por una norma de la Superintendencia de Seguros que constituye una excepción a las reglas contables “con la finalidad de otorgar un beneficio de exposición en los Estados Contables de las empresas de seguros con fines extrafiscales”.
2. Que, contra esta decisión el Fisco Nacional apeló y expresó agravios a fs. 242 y 323/332vta., que no fueron replicados.
Destacó que en los períodos 2003 y 2004 la actora ejerció la opción contemplada en el art. 4º de la resolución 28.906 dictada por la Superintendencia de Seguros y difirió contablemente a ejercicios futuros el cargo de $7.450.557 y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2840/2022 “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA - TF 33509-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
$3.436.296, respectivamente, como resultado negativo del incremento de reserva por siniestros ocurridos y no reportados (“Reserva IBNR”). Sin embargo, explicó que la contribuyente había adoptado un criterio distinto en términos impositivos por cuanto “disminuyó el resultado impositivo de los períodos 2003 y 2004 en las sumas aludidas y, posteriormente, en el período fiscal 2005 revirtió dichos ajustes mediante un ajuste impositivo positivo por el monto total de $10.886.853”.
Señaló que la ley 20.091 atribuye a la Superintendencia de Seguros de la Nación el control de los entes aseguradores (art. 64) y establece el marco normativo de la referida actividad.
Alegó que la normativa emanada del organismo de control “no la eximía [a la actora] en ningún momento de considerar el juego armónico que dichas normas particulares deben articular con las leyes que rigen la materia tributaria para la determinación de los tributos”.
Reseñó las facultades del organismo de contralor previstas en el art. 67, incisos c y d, de la ley 20.091 y subrayó que el art. 34 del mismo cuerpo legal exige a los aseguradores la constitución de fondos de amortización, de previsión y las reservas “por la cuenta de ganancias y pérdidas o por distribución de utilidades”. Indicó que el límite de deducibilidad de costos inherentes a la actividad aseguradora se encuentra plasmado en el art. 80 de la LIG. Aseveró que, de conformidad con el criterio del dictamen (D.A.T.)
33/05 el concepto de “siniestros ocurridos y no reportados” constituye una previsión similar a las admitidas por el art. 87, inc. d, de la LIG, toda vez que para obtenerla se utilizan procedimientos de cálculo actuarial razonables y suficientes que guardan relación con la experiencia pasada, la real existencia del gasto y su apareamiento con primas devengadas en cada ejercicio. Asimismo, recalcó que en el caso de que la “Reserva IBNR” arrojase un excedente sobre los casos ocurridos y conocidos en el ejercicio, el saldo no utilizado se debe incluir entre los ingresos gravados por el impuesto.
Puso de resalto que en el año 2002 se reformuló el Reglamento General de la Actividad Aseguradora incorporándose la obligación de constituir un pasivo denominado “siniestros ocurridos y no reportados” en el rubro “deudas con asegurados”.
Afirmó que la LIG no contempla un criterio fiscal particular de imputación de resultados del cargo por la denominada “Reserva IBNR”, motivo por el cual consideró arbitraria e improcedente que para la confección del balance fiscal se adoptara un parámetro distinto del aplicado en el balance contable dado que la contabilidad constituye el elemento primario a partir del cual se determinan las ganancias sujetas a impuesto.
Aludió a los puntos 39.6.7 y 39.6.7.11 del citado reglamento a fin de demostrar la competencia del organismo de contralor con respecto a la “Reserva IBNR”.
Explicó que “habiendo diferido contablemente a períodos futuros el cargo de resultado negativo del incremento del IBNR la responsable debió haber seguido el mismo criterio a los efectos fiscales, es decir que para determinar su resultado impositivo no podía realizar un ajuste que anule aquel diferimiento, provocando su incidencia en el ejercicio en cuestión”. Trascribió parte del dictamen (D.A.T.) 33/05.
Aseveró que mantenía su pretensión en cuanto a la confirmación del acto apelado en lo que refiere a la porción revocada por el a quo, junto con sus intereses resarcitorios y multa. Al respecto, manifestó que la inexactitud de las declaraciones juradas se consumó al ser presentadas las originales y que no podía admitirse supuesto eximente de responsabilidad alguno. Por último, añadió que la aplicación de un criterio de interpretación de las normas vigentes distinto al sostenido por la Administración no constituía un argumento para eximir a la actora de la responsabilidad atribuida, atento a que la normativa involucrada era suficientemente clara.
3. Que, la cuestión a resolver estriba en determinar si el criterio de imputación diferida de la “Reserva IBNR” utilizado por la actora en sus Balances Contables de los ejercicios 2003 y 2004 debió ser replicado al cuantificar la deducción impositiva a incorporar en la liquidación del Impuesto a las Ganancias de los referidos períodos. A tales efectos, cabe recordar que, tal como lo precisó el organismo jurisdiccional y la propia recurrente, no se encuentra discutido en autos la procedencia y cuantía de la “Reserva IBNR” sino el criterio de imputación divergente que la actora aplicó en oportunidad de confeccionar sus balances contables e impositivos de los períodos 2003 y 2004.
4. Que, mediante la resolución 28.906/02, la Superintendencia de Seguros de la Nación introdujo ciertos cambios en las normas contables y de valuación con el objetivo de obtener “un mejor reflejo de la situación patrimonial y de los resultados en los estados contables de las aseguradoras en función de los compromisos asumidos (…) y atender a la actualización de la normativa existente, con el fin de adecuarla a los principios básicos establecidos por la International Association of Insurance Supervisors (I.A.I.S.), incorporando esos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2840/2022 “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA - TF 33509-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
principios, ya aceptados y puestos en práctica a nivel mundial”. Así pues, destacó que “para la valuación del pasivo por siniestros pendientes, se ha adoptado el procedimiento de desarrollo de siniestros que permite considerar íntegramente el efecto patrimonial y en los resultados de los siniestros ocurridos que corresponden ser devengados en el período en que los mismos tuvieron lugar (hayan sido o no reportados)” (el destacado es propio). En esa oportunidad, el organismo de contralor consideró “necesario otorgar un plazo prudencial para que el efecto patrimonial de los siniestros ocurridos y no reportados impacte en los balances de las aseguradoras, debiéndose en consecuencia establecer la metodología y requisitos de imputación” (el destacado es propio).
En lo que aquí interesa, la referida resolución estableció que las normas correspondientes a la constitución del pasivo por “Siniestros Ocurridos y no Reportados (I.B.N.R.)” serían de aplicación para los estados contables cerrados el 30/06/02, inclusive. Sin perjuicio de ello, dispuso que su aplicación resultaría opcional, hasta el 30/06/03 inclusive, para todos los ramos excluido Automotores. Con relación al cálculo del pasivo correspondiente al ramo Automotores y hasta el ejercicio a cerrarse el 30/06/03, las entidades podían optar por aplicar el método alternativo descripto en el punto 39.6.7.6. Por su parte, el mismo cuerpo normativo habilitaba a las aseguradoras -para el ramo Automotores- a que en ocasión de la primera constitución de la “Reserva IBNR” pudieran amortizar a razón del 12,5% trimestral durante 8 trimestres a partir del 30/09/03, “la diferencia resultante del mayor pasivo que pudiera derivarse por la aplicación del método de cálculo descripto en los puntos 39.6.7.3. a 39.6.7.5. (I.B.N.R.), respecto del calculado de acuerdo con el método alternativo descripto en el punto 39.6.7.6. (Insuficiencia y Desvíos de Siniestralidad)”. Asimismo, disponía que el importe de la diferencia antes indicada (neto de la correspondiente amortización acumulada) debía exponerse en los estados contables como cuenta regularizadora del rubro “deudas con asegurados” y aclaraba que las entidades que habían hecho uso de la opción supra descripta no podían “realizar disminuciones de capital, distribuciones de utilidades en efectivo ni efectuar devoluciones de aportes de capital hasta la total amortización de los importes diferidos”.
5. Que, con relación a la normativa fiscal aplicable a los presentes actuados, cabe señalar que, tratándose de un sujeto de la tercera categoría (sociedad), el criterio de imputación de los ingresos y gastos es el de lo devengado, porque así lo establece el art. 18, cuarto párrafo inc. a, de la LIG. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “el término devengar es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la génesis de un derecho. En dicha inteligencia, cuando el art. 18 de la ley de impuesto a las ganancias emplea el citado término lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos que son su causa, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley (confr. causas CSJ 1068/2008 (44-C)/ CS1 “Compañía Tucumana de Refrescos SA –TF 20.391-I c/ DGI”, sentencia del 24 de mayo de 2001 y CSJ 821/2011 (47-A)/CS1 “Asociart SA art- TF 21.213-I c/ DGI”, sentencia del 6 de mayo de 2014)”(CSJ 906/2014 (50-C)/CS1 R.O.
CSJ 817/2014 [causa 50-C)/CS1, in re “Recurso de hecho en la causa Cía de Radiocomunicaciones Móviles SA (TF 21.162-I c/ DGI)”, sent. del 1º/09/15]. A su turno, y en especial referencia a la “Reserva IBNR”, esta Sala - con diferente integración- ha dicho que según lo establece el artículo 80 de la LIG, los gastos cuya deducción resulta admitida para la liquidación del gravamen, son todos aquellos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto. En consecuencia, los costos originados en siniestros incurridos son deducibles por constituirse en la erogación principal de los ingresos gravados de la operatoria (las primas). Si bien las disposiciones del Impuesto a las Ganancias limitan la deducción de las reservas o previsiones que no estén expresamente admitidas por la ley, aun cuando fuesen creadas por disposición de organismos oficiales, no es el caso de los pasivos por “Siniestros Ocurridos y no Reportados”.
Ello, por no tratarse de reservas de utilidades “sino de un gasto devengado necesario para la actividad”, cuyo procedimiento de cálculo fue determinado por la autoridad oficial de control, tal como lo establecen las disposiciones legales (arts. 80 y 87 inc. d, de la LIG y resolución general - DGI- 403) (conf. “Alba Cía Argentina de Seguros SA (TF 19264-I) c/ DGI y otro s/ DGI Tribunal Fiscal”, sent. del 1º/07/10, criterio confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante pronunciamiento del 26/03/13 - considerando 6º-).
En este punto, merece especial atención la definición de la “Reserva IBNR” que efectúa la demandada en su memorial al destacar que “si esos siniestros hubieran sido reportados y liquidados en el ejercicio, no cabe dudas de que reunirían las características de ser un gasto necesario para obtener, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2840/2022 “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA - TF 33509-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
mantener y conservar ganancias, carácter que por otra parte, según Reig corresponde también a las previsiones por estos mismos conceptos”. En esa misma línea, la AFIP asevera que “puede comprobarse su razonabilidad y suficiencia de acuerdo a la experiencia pasada [de la `Reserva IBNR`], la real existencia del gasto y apareamiento con primas devengadas en cada ejercicio” (fs. 331vta.).
Así pues, en el marco normativo y fáctico supra descripto, no se advierte que el diferimiento contable de parte de la “Reserva IBNR” para ser computada en ejercicios futuros tenga la virtualidad de modificar el carácter de gasto devengado en los períodos aquí involucrados a los fines de liquidar y pagar el Impuesto a las Ganancias correspondiente. Máxime cuando: (i) el punto 39.6.7 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora referido a “Siniestros ocurridos y no reportados” se encuentra incluido dentro del punto 39.6 que regula en general los siniestros pendientes; (ii) el punto 39.6.1.2. de ese mismo reglamento establece que “El pasivo por Siniestros Pendientes, se calculará de manera tal que cubra el costo final del siniestro. O sea, que se impute totalmente su costo al ejercicio o período en que se produjo”; (iii) el rubro Siniestros Pendientes contempla un monto destinado a hacer frente a los siniestros que ocurrieron pero que todavía no fueron denunciados y para aquellos denunciados pero que fueron reservados insuficientemente; y (iv) el monto de los siniestros determinados por el procedimiento general, adicionado al importe determinado en concepto de Siniestros Ocurridos y no Reportados es imputado a una “cuenta de pérdida” denominada “Siniestros Pendientes”, la que como tal es considerada para determinar los siniestros devengados del ejercicio (conf. esta Sala, in re “Alba Cía Argentina de Seguros SA (TF 19264-I)”, ya citada).
En este escenario, resulta claro que el cargo por “Reserva IBNR”
(cuyas cuantías no ha sido puesta en tela de juicio por la parte demandada) reúne las características de un gasto (esto es, siniestros ocurridos y no reportados) devengado en los períodos 2003 y 2004, según corresponda (conf. fs. 77 de los Estados Contables al 30/06/03, fs. 66 de los Estados Contables al 30/06/04 y fs. 306). Ello así, la circunstancia de que ante el incremento de la “Reserva IBNR” a partir de la nueva forma de cálculo supra descripta, la actora haya diferido el cómputo de parte de dicho cargo en sus balances contables no alcanza para sostener que aquella porción del gasto no se devengó en el ejercicio 2003 y 2004. En efecto, es precisamente el acaecimiento del devengamiento lo que habilitó a practicar la “Reserva IBNR” y, por ende, confirió a la actora la posibilidad de hacer uso del mecanismo de imputación/amortización diferida establecido por el organismo de contralor.
La conclusión a la que se arriba no se ve modificada por la “contabilización [de la Reserva IBNR] en distinto sentido efectuada por la firma entre el balance contable y el denominado balance fiscal” (fs. 329), puesto que el Máximo Tribunal ya ha descalificado la deducción de un gasto en el balance impositivo de una entidad aseguradora por contrariar los arts. 17 y 18 de la LIG; ello, a pesar de que (el gasto) se encontraba registrado en su balance contable por disposición expresa de la Superintendencia de Seguros (conf. Fallos: 337:481). Si bien en aquella ocasión el acatamiento del ordenamiento tributario favorecía la posición del Fisco Nacional, lo cierto es que el principio involucrado es único e inequívoco en cuanto supedita la deducción de gastos en el balance impositivo al criterio expuesto en la LIG.
Por último y en función al modo en que se decide, deviene inoficioso pronunciarse con respecto a los agravios formulados a fs. 335/337vta. Por las consideraciones supra desarrolladas, SE
rechazar el recurso interpuesto, confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio. Sin costas en esta instancia por falta de actividad útil de la contraria. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia