Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39570-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación de la actora y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN; y 1163, CA).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 3006/2021 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 39570-A)
C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, de abril de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:
I.-Que mediante el pronunciamiento del 21 de agosto de 2019 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar el recurso de la firma actora y confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA nº 9611/13 que la había intimado al pago de $65.168,21 en concepto de tributos, con más los intereses correspondientes (art. 794 CA), en su calidad de garante de la importadora Multibag SA, respecto de la obligación tributaria contraída al documentar la destinación de importación temporaria nº 01 001 IT04 006443 A. La revocó solamente en lo relativo al derecho adicional que allí se reclamaba, en virtud del allanamiento de la demandada. Impuso las costas en un 51% al Fisco Nacional y en un 49% a la actora.
Para decidir del modo en el que lo hizo, el a quo comenzó por rechazar la defensa de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, en los términos de los artículos 803 y concordantes del CA, en relación con el alegado incumplimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria (DIT Nº 01 001 IT04 006443 A). Valoró que la infracción se habría cometido el día del vencimiento de la destinación suspensiva (27/11/2003) y que, en consecuencia, el plazo quinquenal de prescripción había comenzado a correr el 01/01/2004 y vencía el 31/12/2008, pero que se había suspendido el 30/12/2008 con el dictado del auto de instrucción del sumario hasta la fecha del dictado de la resolución recurrida, y nuevamente con la interposición del recurso ante el TFN (art. 805, inc. a) y c), CA).
Añadió que la apelante no había cuestionado el incumplimiento de la firma importadora y que no había en las actuaciones constancia alguna de que aquella hubiese cumplido con la obligación de reexportar la mercadería dentro del plazo de ley. Verificó la coincidencia de los datos de la póliza con los del importador, la destinación, la factura y el documento de transporte. Alta en sistema: 10/04/2024 Señaló que correspondería aplicar analógicamente a la garantía extendida por la actora las previsiones del derecho común relativas a la fianza. Sostuvo, por eso, que la responsabilidad de la aseguradora la coloca, en cuanto a su obligación, en la misma posición que la importadora respecto de las obligaciones frente al servicio aduanero. La aseguradora responde –expresó- lista y llanamente por la producción del siniestro, que no es otra cosa que la realización de la importación a consumo, de modo irregular.
Seguidamente, tuvo por allanada a la demandada en relación con la aplicación del derecho adicional y excluyó ese rubro del cargo formulado.
Por lo demás, con relación a los demás rubros exigidos por el servicio aduanero, recordó que según el artículo 274 del Código Aduanero, en caso de incumplimiento de la importación temporaria, o de vencimiento del plazo de permanencia, el importador es responsable de las obligaciones tributarias que surjan de ese incumplimiento, y por lo tanto del hecho imponible de importación a consumo presunta o irregular que allí se describe. Además, puso de resalto que del cuerpo del despacho de importación temporario involucrado surge el detalle de los tributos garantizados por el importador, tomador del seguro de caución, entre los que se cuentan el IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias. Así, al constatar que en la liquidación tributaria figuraban los tributos anteriormente indicados, juzgó indiscutible que estos le eran exigibles al asegurador.
Con relación al planteo acerca de la moneda de pago de la obligación discutida, señaló que resulta de aplicación la previsión del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, en punto a que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan esas operaciones se determinan en dólares estadounidenses y, en su caso, la equivalencia en moneda nacional se establece conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago. Sin embargo el sólo hecho de que el servicio aduanero haya liquidado los tributos en moneda nacional lo llevó a desestimar el agravio.
Finalmente, volvió a liquidar la deuda tributaria con arreglo a lo decidido y estableció que los intereses se devengarían a partir de los diez días de la notificación de la vista a la aseguradora, esto es, del 20/11/2012.
Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.- Que contra el pronunciamiento reseñado en el primer considerando, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 83) y el expresó sus agravios a fs. 89/95, los que fueron replicados por la contraria a fs. 102/8.
En su escrito recursivo cuestionó el rechazo de la defensa de prescripción. Señaló sobre el particular que al momento de la notificación del auto de apertura del sumario (acto suspensivo) restaba solamente un día para que prescribiese la acción del Fisco para reclamar los tributos, que terminó por operar el 24 de diciembre de 2013: un día después del dictado de la resolución definitiva. Explica que si bien el servicio aduanero notificó ese acto luego de cinco años, el inciso a) del artículo 805 del Código al mencionar “la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha del dictado del acto administrativo y no al de su notificación. A su entender, la Administración debió notificar ese acto dentro de los cinco días de su dictado, con arreglo a lo dispuesto en la el reglamento de la Ley nº 19.549.
Subsidiariamente, insiste en que la garantía no comprendía ni el IVA adicional ni el anticipo del Impuesto a las Ganancias, por cuanto sólo aseguró los tributos que gravan la importación para consumo, entre los cuales no se cuentan aquellos. Reitera que estos no son tributos aduaneros que graven la importación a consumo (art. 653, CA) sino que gravan la futura comercialización de los bienes en el mercado interno. Asegura que, por esa razón, estos tributos no fueron enumerados en el texto de la póliza.
Finalmente, solicita al tribunal que adecúe el pronunciamiento apelado, limitando la pretensión tributaria exigido al tope acordado en la póliza.
III. Que a fojas 139/4 de estas actuaciones digitales dictaminó el Fiscal General.
IV. Que conviene comenzar por examinar el planteo de prescripción rechazado en la instancia previa.
IV.1. En este sentido, es dable recordar que el artículo 803 del Código Aduanero establece que se prescribe por el transcurso de cinco años la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el 1º de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (conf. art. 804 del CA).
Alta en sistema: 10/04/2024 Además, en lo que aquí interesa, el artículo 805 del CA dispone que el plazo de prescripción de la acción para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigue la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Por su parte, el inciso a) del artículo 806 establece que la prescripción de dicha acción se interrumpe, entre otras cosas, por la notificación de la liquidación tributaria aduanera.
IV.2. El incumplimiento de la destinación temporaria, en el que se fundaban tanto el reproche infraccional (luego renunciado) como la pretensión tributaria, tuvo lugar el día 27/11/2003, cuando venció el plazo de la destinación sin que la mercadería ingresada hubiese sido reexportada. Por ese motivo, el plazo de prescripción comenzó a correr el día 1 de enero de 2004 y vencía originalmente el 31 de diciembre de 2008.
Ahora bien, dicho plazo debe considerar interrumpido con el dictado del auto de apertura del sumario y la notificación de la liquidación aduanera practicada contenida en aquel (v. acto de fecha 30 /12/2008, a fs. 13 del expediente administrativo; la liquidación obrante a fs. 10/11; y la notificación a la actora y al importador a fs. 17/8), lo cual fue dispuesto antes de que operara la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos.
En este punto, al asegurar que la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva la actora omite considerar que en el caso el auto que contenía la liquidación de los tributos reclamados y, a su vez, ordenaba correr vista (art. 1101, CA) era el propio acto inaugural del sumario, dictado con invocación el artículo 1090, inciso c), del Código (v. 1º párrafo del acto de fecha 30/12/2008, referido supra). Por eso, la notificación de la liquidación tributaria aduanera no fue aquí un acto sobreviniente a la apertura del sumario, sino simultáneo, de manera que no sea advierten razones para negarle efectos interruptivos a esa actuación (art. 806, inc. a), CA). Así, a partir de aquella notificación el cómputo del plazo de prescripción debió reiniciarse (arg. art. 2.544 CCyCN), reanudándose recién con el dictado de la Resolución (DE PRLA) nº 9611/13, del 23/12 /2013 (v. 58/61 del sumario). Por ese motivo al momento de la Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V notificación de este acto, el 15/08/2018 (conf. fs. 62/3) la acción del fisco para percibir tributos no se encontraba prescripta (v. esta Sala, por mayoría, en la causa nº 37.224/2019/CA1 “Federal Express Corporation c/ DGA s/ recurso directo”, sentencia del 13/02/2020; y causa nº 18537 /2021 “Cia de Seguros La Mercantil Andina SA-TF 104151910-A c/ DGA s /recurso directo de organismo externo”, del 15/12/2022).
En consecuencia, corresponde rechazar este agravio de la apelante.
V. Que tampoco es atendible el agravio de la apelante relativo a las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias.
V.1. Esta Sala ha señalado ya que hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. El fin perseguido con el seguro es la traslación del riesgo a un tercero, el asegurador, para que sus consecuencias eventuales graviten sobre éste, que las asume mediante el pago de una prima o cotización, siempre que exista un interés asegurable. El siniestro es el acontecimiento con cuyo acaecimiento halla fundamento la obligación del asegurador de indemnizar. Es decir que, en el caso, el siniestro no es sino el incumplimiento del régimen de importación temporaria que implicó la formulación del correspondiente cargo en concepto de tributos y accesorios (arg. art. 274, 1), a) y 2), CA; y causa nº 36420/2015 “Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 24/07/2020; y “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. (T.F. 11.992-A) c/ D.G.A.”, sentencia del 3/10 /01; entre otros).
Asimismo, de las condiciones generales de la póliza, se deduce que una vez formulado el cargo por la aduana, o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad del tomador y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de la póliza, la DGA tendrá derecho a requerir del tomador o del asegurador el pago pertinente.
En este caso la Aduana formuló un cargo determinando los tributos adeudados como consecuencia de que al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación no se reexportó la mercadería, así como también indicó quienes son los obligados al pago. De ello se desprende, claramente, que la responsabilidad por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido convenido expresamente a través de la garantía Alta en sistema: 10/04/2024 o seguro de caución (conf. esta Sala, causa nº 32.185/2010 “Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. (TF 21.582-A) c/ DGA”, sentencia del 7/4 /2011).
V.2. En ese contexto, cabe aclarar que del texto de la póliza de seguro nro. 01001047891 N de estas actuaciones (ver constancia de fs. 12), surge que la aseguradora garantizó las obligaciones correspondientes a la importación temporal de la que allí se da cuenta; es decir, todos aquellos tributos originados en esa operación, cuya percepción se hallaba a cargo del servicio aduanero, entre los cuales quedaron comprendidos los conceptos de IVA adicional y el anticipo del Impuesto a las Ganancias. En tales condiciones, no es admisible que una vez producido el siniestro la compañía de seguros pretenda eximirse del pago de los tributos arriba mencionados (cfr. esta Sala, causa “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros S.A. c /EN-DGA Resol 6250/12 (Ex 12040-408/08) s/Dirección General Aduanas”, sentencia del 11/04/17; 16.129/17 “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA c/ DGA s/Recurso directo de organismo externo”, del 28/11/2017; 6.174/2016 “Parana SA de Seguros c/ DGA s/ recurso directo”, del 21/11/2017; y 36420/2015 “Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina”, ya citada).
VI. Que, finalmente, tampoco es atendible la crítica atinente al tope del monto asegurado, desde que el límite máximo indicado por el Fisco en el acto cuestionado (conf. art. 3, invocado por la actora en su escrito recursivo) excede con mucho la suma que arrojó la nueva liquidación practicada por el Tribunal Fiscal en su sentencia (conf. consid. XI de la resolución apelada). En esas condiciones, y aún a la luz de lo resuelto en este pronunciamiento, no puede decirse que el monto exigido supere el límite de la garantía ofrecida por la apelante.
VII. Que de acuerdo con las consideraciones que anteceden, correspondería rechazar la apelación de la actora y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN; y 1163, CA). ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani Adhiere al voto del Dr. Treacy.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V I.- Que, en el caso cabe concluir que la acción del Fisco para exigir el pago de tributos debe considerarse prescripta, por las siguientes razones.
En tal sentido, corresponde recordar, que la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero fue cometida el 27 de noviembre de 2003, de manera que el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos comenzó el 1° de enero de 2004, y el vencimiento de aquél se hubiese cumplido el 1º de enero de 2009 (cfr. artículo 804 del Código Aduanero).
Ese plazo quinquenal quedó suspendido con el dictado del auto de apertura de sumario, del 30 de diciembre de 2008 (es decir, un día antes de que operara el vencimiento del plazo de prescripción) “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (cfr. art. 805 del Código Aduanero). Además, y en la medida en que en ese mismo acto se incluyó la liquidación tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 806 del Código Aduanero, el plazo se interrumpió por lo que al reiniciarse su cómputo, el organismo aduanero contaba, nuevamente, con el plazo quinquenal para el dictado de la resolución definitiva.
El 23 de diciembre de 2013, es decir, habiendo transcurrido 4 años, 11 meses y 24 días desde el dictado del auto de apertura del sumario y de la notificación de la liquidación tributaria, el servicio aduanero dictó la Resolución n° 9611/13 mediante la cual, en cuanto interesa, requirió el pago de los tributos presuntamente adeudados a la compañía aseguradora. A su vez, dicha resolución fue notificada el 15 de agosto de 2018, es decir, 4 años, 7 meses y 22 días después.
II. Que tal como expresa el apelante en sus agravios, el ejercicio de la acción del Fisco para requerir el pago de los tributos adeudados se halla condicionada a que se trate de un acto eficaz –es decir válidamente notificado- de manera tal que se le haya permitido al administrado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Al respecto se ha expresado que “[l]a notificación no forma parte del acto, pero posee una doble importancia, ya que, por un lado, constituye un requisito ineludible que lo torna eficaz y, por el otro, actúa como presupuesto para que transcurran los plazos de su impugnación” (cfr. Comadira, Julio Rodolfo, “Procedimientos administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos anotada y comentada”; Tomo I; Buenos Aires. La Ley. 2003, página 228).
Alta en sistema: 10/04/2024 Si bien en el Código Aduanero no se halla previsto un plazo específico dentro del cual debe cursarse esa notificación, mientras que el artículo 40 del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo se establece el plazo de 5 días (aplicable supletoriamente de conformidad con lo establecido en el artículo 1017 del Código Aduanero), es dable concluir que, en las condiciones descriptas, el hecho de que el Fisco se haya tomado casi cinco años para notificar la referida resolución (el 15 de agosto de 2018) implicó, de facto, una prolongación desmedida del plazo de prescripción de la acción para percibir los tributos, que no puede quedar al arbitrio del acreedor, en la medida en que desnaturaliza en modo indebido los plazos previstos en el Código Aduanero y perjudica notoriamente al administrado que se mantiene sometido indefinidamente al proceso por el cual se determinan los tributos que eventualmente adeuda, los que se tornan, virtualmente, imprescriptibles.
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto se pronunció esta Sala en la causa n° 13.522/22 “Carraro Argentina S.A. (TF 93194644-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6 de julio de 2023.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y declarar prescripta la acción del Fisco para exigir el pago de los tributos reclamados mediante la Resolución n° 9611/13, con costas de ambas instancias al Fisco que resultó vencido (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: Rechazar la apelación de la actora y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN; y 1163, CA).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Jorge F. ALEMANY (en disidencia)
Alta en sistema: 10/04/2024
Fin de la sentencia