Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 49882380-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.
2Imponer las costas de alzada a la parte actora, confirmar los honorarios regulados en el Tribunal Fiscal de la Nación y establecer los emolumentos de esta instancia, conforme lo determinado en el Considerando VIII.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 47767/2023 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF
49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 8 de abril de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la firma Compañía de Seguros la Mercantil Andina SA el 14/12/2022 (v. IF-2022-134238930- APN-DTD#JGM), concedido el 21/12/2023 (v. PV-2022-136925193-
APNVOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 08/11/2022, fundado por la expresión de agravios del 08/02/2023 (v. IF-2023-14458652- APN-DTD#JGM IN FINE), cuyo traslado corrido en la PV-2023-
40987488-APN-VOCXVI#TFN fuera contestado el 16/05/2023 (v.
IF2023-55420362-APN-DTD#JGM).
Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal el 26/04/2023 (v. IF-2023-46866766-APN- DTD#JGM), concedido el 26/04/2023 (v. PV-2023-47041433-APN- VOCXVI#TFN) contra la sentencia de regulación de honorarios dictada el 13/04/2023 (v. IF-2023-40710328-APN-VOCXVI#TFN). Y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora Renacity Investment el 27/04/2005 oficializó la importación temporaria de matas de cobalto de la metalurgia, por el DIT 05 073 IT 001107F, para la fabricación y exportación de imanes (v. pp. 276-286 del DEO 12394681), cuyo vencimiento operó el 27/04/2006 (v. p 269 del DEO). La operación fue garantizada por la póliza de seguro de caución nº1563875, extendida por Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA (v pp. 301 del DEO 12394681).
En el año 2010, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 15/10/2010 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, p. 265 del DEO 12394681, folio 1 de las actuaciones SIGEA 12210-5718-2010). De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 13/12/2011 se dispuso la apertura del sumario y que el 18/10/2016 corrió la vista prevista en el art. 1101 del CA, citando a la garante, aquí parte actora (v. pp. 299, 311/312 del DEO 12394681, folios 12, 15 y vta., respectivamente, de las actuaciones SIGEA 12210-5718-2010).
El 31/10/2016 la aseguradora contestó la vista, centrando sus argumentos en impugnar la liquidación practicada en sede aduanera y sin plantear la prescripción (pp. 329-334 del DEO 12394681, fo. 26/28vta de las act. adm. SIGEA 12210-5718-2010).
El procedimiento concluyó con la resolución (DE PRLA)
6405, del 12/012/2016, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros condenó a la importadora al pago de una multa graduada en una vez el importe de los tributos que gravan la importación a consumo (art..1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias, intimando a su pago “con sujeción a los límites máximos estipulados en la póliza” por la suma de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 5.176,17), en concepto de derechos, tasa de estadística e IVA y de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($19.626,45), en concepto de IVA adicional y ganancias (art. 3°; pp 361-365 del DEO 12394681, fo. 39/41 de las act. adm.
SIGEA 12210-5718-2010).
Contra dicha resolución, sólo la aseguradora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que opuso la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados (ver punto iv.1. Preliminar. Invoca prescripción.).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 8 de noviembre de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto aquí interesa, rechazó el agravio de la prescripción planteada por la aseguradora y confirmó la resolución aduanera, declarando que el importe de los tributos adeudados por ella asciende a la suma de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 47767/2023 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 5.176,17) que deberán convertirse al tipo de cambio vendedor, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deberán calcularse desde el 16/11/16 hasta la fecha del total y efectivo pago (pp. 169-179 del DEO 12394681).
Para así decidir, sostuvo que en fecha 13/12/11, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/1/07, la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 12 (doce) meses y 13 (trece) días. De acuerdo con el art. 805, inc. a), del C.A., el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 13/12/11 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a).
Al respecto, puntualizó que cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere al menos a la fecha de notificación de la Resolución aduanera.
Explicó que “ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva sino que, además, necesita notificar esa Resolución y que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento”.
III. Los agravios de la firma aseguradora.
Que la parte actora en sustento de su recurso comienza por reseñar los hechos y las fechas en que estos acaecieron y se agravia exclusivamente de lo explicitado en el Considerando VII y lo decidido respecto de la prescripción.
Denuncia error de interpretación con agravio directo en el orden público. En este sentido, manifiesta que “Fuere cual fuere la interpretación legal que quisiera adoptarse acerca del alcance y la extensión de los efectos suspensivos previstos en el Art. 805 inc. a) del C.A., existe una cuestión esencial que no puede dejar de ser considerada, que consiste en el hecho y en la obligación concreta de que los plazos de procedimiento son obligatorios para la Administración (Conf. Art. 1.e.1 LNPA y Art. 1017, ap. 2 del C.A.). Toda interpretación que desconozca este principio esencial, permitiría la extensión indefinida del curso del plazo del Fisco para ejercer su acción, en flagrante contradicción del espíritu y naturaleza jurídica del instituto de la prescripción”. Añade que a lo antedicho se le suma la mala praxis procesal que ha adoptado habitualmente la Aduana de practicar las notificaciones de los actos administrativos de alcance individual por fuera del plazo previsto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (5 días hábiles posteriores a la fecha de su dictado (Conf. Art. 40º Dto. 1759/72, reglamentario de la LNPA y, de aplicación al caso concreto, conforme prevé expresamente el Art. 1017, ap.2 del C.A.).
Recalca que lo acontecido en este trámite es un claro ejemplo concreto de tal afirmación, en el cual, habiéndose dictado la Resolución Apelada 6405/2016 con fecha 12 de diciembre de 2016, se ha practicado su notificación el día 9 de mayo de 2019 (2 años y 6 meses después). Indica que en lo que atañe a esta negligencia, en diversos pronunciamientos ha sido propiciado históricamente la declaración de la prescripción de las pretensiones tributarias de la Aduana, con fundamento en que conforme prescribe el Art. 11º de la citada LNPA 19.549: “Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado...”.
Alega que se han transgredido elementales principios del derecho administrativo receptados en la Ley Nacional de Procedimientos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 47767/2023 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Administrativos, la cual dispone que los plazos serán obligatorios para la Administración (inc. e), pto. 1); que el procedimiento deberá ser impulsado de oficio (inc. a); con celeridad (inc. b) y, particularmente, en cuanto al acto de instrucción de sumario y de la corrida de vista, se establece la obligación de su notificación al administrado dentro de los cinco días “computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación” (Arts. 1012 inc. b); 1037 inc. f) del C.A.; Art. 39 inc. c) y Art. 40, párrafo primero, del Dto. 1759/72.
Denuncia que el acto de apertura del sumario resultó ineficaz, agrega que el Art. 1012 inc. b) del C.A. dispone expresamente que deberá ser notificado todo acto que, en alguna medida, afectare intereses legítimos y reitera que , a su vez, por aplicación del Art. 1º de la Ley 19.549 y los Arts. 4º y 40º del Decreto reglamentario de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos (de aplicación supletoria conf. Art. 1017 C.A.) el servicio aduanero debe notificarlo dentro de los 5 (cinco) días desde su dictado.
Recalca que el acto de instrucción de sumario fue dictado el 13/12/2011 y recién fue notificado a su parte el día 21/10/2016, en ocasión de haberse notificado el auto de corrida de vista.
Solicita que se revoque la sentencia apelada invocando elementales principios de congruencia; razonabilidad y legalidad, exigen el reconocimiento de la prescripción invocada, a favor de la restitución del orden público afectado.
IV. La contestación del Fisco Nacional (ex AFIP-DGA).
Que, la parte demandada al contestar el traslado de la expresión de agravios, solicita que se rechace la apelación interpuesta por la parte actora, puesto que contrariamente a lo que razona su contraparte en virtud del art. 805 inc. a) el curso de la prescripción tributaria en estos casos se suspende la instrucción sumarial hasta el dictado del pronunciamiento respectivo que habilitare la vía ejecutiva. Señala que “existen dos posibilidades que darían lugar a esa ‘decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión’, a saber: 1) Cuando la Resolución Administrativa – que aquí se apela – haya sido notificada y no se haya interpuesto recurso contra la misma, lo cual conforme el art. 1139 ‘Si no se interpusiere apelación ni demanda contenciosa, cuando fueren viables, la resolución del administrador dictada en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada.’, habilitando entonces este pronunciamiento la ejecución del tributo como acción necesaria para percibirlo. 2) En caso de que la Resolución Administrativa haya sido apelada – como aquí ocurre –, existirá ese ‘pronunciamiento’ al cual la norma refiere, cuando recayere sentencia del TF, la que, en virtud del art. 1172, tiene efecto devolutivo, no requiriendo entonces estar firme para proceder a la ejecución dispuesta en el art. 1122”.
Argumenta que la postura mantenida por la actora resulta contraria a la doctrina sentada por la CSJN en el precedente de Fallos 332:1109, “Wonderland SRL c/Aduana de Rosario s/demanda contenciosa”, referida al art. 937 inciso a) del CA, según la cual la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo.
Solicita que se rechace el recurso interpuesto por la parte actora. Con costas.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 47767/2023 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. Reseña de las normas que rigen la prescripción de la acción tributaria en el Código Aduanero. Doctrina. Jurisprudencia. Que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años (art. 803 del CA) y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (art. 804 del mismo ordenamiento).
Por su parte el artículo 805, inciso a), del CA dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario, en la causa que se investigare la existencia de ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. En efecto “… esta causal había sido ideada en consideración a que la acción del fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización del sumario abierto para investigar la existencia de un ilícito aduanero, con el objeto de comprobar si ha tenido lugar el hecho generador del tributo” (v. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan Patricio, Vidal Albarracín, Héctor G; “Código Aduanero Comentado”, Tomo II, pág. 915, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.).-
Por otra parte, el art. 805, inciso c) del CA también suspende el curso de la prescripción de la acción para percibir tributos regidos por la legislación aduanera “desde que el deudor o responsable interpusiere algún recurso o reclamación que tuviere efecto suspensivo contra la liquidación tributaria, hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución”.
Al respecto, la doctrina especializada en la materia aduanera ha explicado que también en este supuesto suspensivo “resulta obligada la inactividad del fisco hasta que se resolviese la cuestión debatida” pues, “recién después de dictada la decisión que habilite el ejercicio de la acción, la inactividad del fisco puede ser penalizada con la prescripción. Hasta tanto esto no ocurra, no cabe computar el transcurso del tiempo que insume la dilucidación de la cuestión controvertida a los fines de tener por prescripta la acción” (v. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan Patricio, Vidal Albarracín, Héctor G; “Código Aduanero Comentado”, Tomo II, pág. 915, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.).
El fundamento de las citadas causales de suspensión (arts. 805 incs. a y c del CA), mediante las cuales queda detenido el tiempo útil para que opere prescripción de la acción tributaria, radica en que al servicio aduanero (acreedor de dicha obligación) le está impedido ejecutarla hasta tanto adquiera firmeza la resolución que pone fin al reproche infraccional y la consecuente liquidación de tributos que gravan la importación irregular.
Estas normas deben ser concordadas con el art. 1134 del CA que establece que el recurso de apelación y la demanda contenciosa previstos en el art. 1132 tendrán efectos suspensivos, lo que implica que en caso de que una resolución aduanera que pone fin al sumario infraccional sea objeto de alguno de estos recursos, no podrá ser ejecutoriada sino hasta el dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación o del juez competente según el caso.
Por consiguiente, las causales de suspensión del plazo de prescripción previstas en los incisos a) y c) del artículo 805 del CA fueron ideadas en consideración a que la acción del Fisco para percibir el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 47767/2023 COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero. Como consecuencia del efecto devolutivo de las apelaciones de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación, previsto en el art. 1172 del CA, la posibilidad que tiene el fisco acreedor de perseguir el cobro de los cargos tributarios (liquidaciones con sus actualizaciones e intereses) sólo será factible en el supuesto que estos sean confirmados, trascurridos los 30 días desde la notificación de la sentencia o de la resolución que apruebe la liquidación practicada ante el servicio aduanero.
VII. La solución del caso.
Que en función de los hechos reseñados y del derecho que resulta aplicable al caso, cabe rechazar los argumentos expresados por la parte actora y declarar que la acción para percibir los tributos no se encuentra prescripta.
Esto es así, en la especie, puesto que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2007 y hubiese vencido el 01/01/2012 (arts. 803 y 804, CA), de no haber sido suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario, del 13/12/2011; debiendo interpretarse que esta detención del tiempo se mantiene toda vez que, hasta la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; esta Sala, expte. nro. 36790/16, in re, “Citricola Ayui SAAICC –TF 25929-A- c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 8/09/2017, Considerando X; Sala IV, expte. nro. 24779/15 in re “Scania Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 24/11/2015; expte. 15461/2024 in re “Sesin SA (TF 29901- A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/10/2024; entre muchos otros).
VIII. Costas y honorarios.
Que, cabe tener presente que en la resolución del 13/04/023 (v. IF-2023-40710328-APN-VOCXVI#TFN) el Tribunal Fiscal de la Nación declaró que las costas de esa instancia se estiman en un 88 % a cargo de la parte demandada y en un 12 % a cargo de la actora y que este punto no fue objeto de recurso alguno por parte de las contendientes. A su vez, reguló los honorarios de la representación fiscal, por su actuación en la presente causa y conforme lo dispuesto por la ley 27.423 y Acordada CSJN N° 03/23, en la suma de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($62395), equivalente -en ese momento- a 5 unidades de medida arancelaria (UMA), y aclaró que “dicho importe deberá ser soportado por las partes, atento a la forma en que han sido impuestas las costas”.
Contra dicha resolución el beneficiario interpuso un recurso de apelación -sin fundar- “por bajos” (v. IF-2023-46866766-APN- DTD#JGM).
En atención a las consideraciones expuestas y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto -representado por la suma que surge del formulario F4, del 28/05/2019 ($19.626,45 + USD5.176,17-, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante la única etapa procesal cumplida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, toda vez que la cuestión se declaró como de puro derecho (cfr. PV-2019-106331749-APN-VOCXVI#TFN, p 150 del DEO 12394681), SE CONFIRMAN los honorarios regulados a favor de la representación fiscal (arts. 16, 19, 20, 21, 24 y 29 de la ley 27.423). Las costas de alzada se imponen en su totalidad a la recurrente vencida por no existir mérito para dispensa (cfme. art. 68, primer párrafo del CPCCN).
En cuanto a las tareas de esta instancia judicial, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por la parte actora (cfr. escrito del el 16/05/2023 (v. IF2023-55420362-APN-DTD#JGM) SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, ejercida por el Dr. Bruno Angriman, en 1,5 UMA, que según la resolución CSJN 237/2025, equivalen al momento del dictado de la presente a $101.448 (cfr. art. 30 de la ley 27.423).
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49882380-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.
2. imponer las costas de alzada a la parte actora, confirmar los honorarios regulados en el Tribunal Fiscal de la Nación y establecer los emolumentos de esta instancia, conforme lo determinado en el Considerando VIII.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia