Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 87584701-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2En atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 7/5/25, notificado a la parte demandada el 8/5/25, sin que aquella cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 13599/2025 “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 87584701-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
O Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe F remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de I justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
C I
A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 13599/2025 “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA
SA (TF 87584701-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
O Buenos Aires, 19 de junio de 2025.
F I VISTA:
C
La elevación del expediente TF 87584701-A a fin de considerar “el recurso de I A apelación interpuesto por el fisco nacional el 27/11/2024 (v. IF-2024-130311111- L APN-DTD#JGM), concedido el 02/12/2024 (v. PV-2024-131917889- APN- VOCXIII#TFN) contra la sentencia de dictada el 15/10/2024…(v. IF-2024-112475147-
S
O APNVOCXIII#TFN)” (v. nota en la pág. 186 del expte. electrónico, remitido con el U oficio del 7/5/25, donde también consta que la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró la nulidad de la resolución DE PRLA 6240/17, dictada en la actuación SIGEA 12197-20659-2007, en cuanto había intimado a la actora al pago de tributos con relación a la destinación de importación temporaria 05 001 IT14 001906E; (ii) impuso las costas al Fisco Nacional. Para resolver como lo hizo, recordó que la causa se había iniciado por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la aludida operación, cuyo vencimiento había operado el 28/10/07. Mencionó que la resolución DE PRLA 6240/17 había aplicado la instrucción general DGA 11/16 y archivado la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción determinada, sin perjuicio de lo cual la Aduana mantuvo la formulación del cargo por los tributos adeudados. Finalmente, hizo notar que la resolución en cuestión se notificó 2 años después de su dictado.
En ese contexto, el voto mayoritario interpretó que se había afectado de modo grave e insanable el derecho de defensa de la recurrente, puesto que, si bien en el caso se había dictado y notificado el acto de corrida de vista del sumario, no se llevó adelante ninguna diligencia tendiente a comprobar la falta de regularización de la mercadería, sino que, una vez contestada la vista, se emitió directamente la resolución condenatoria.
Por consiguiente, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento infraccional y dejó sin efecto la exigencia tributaria.
2. Que el Fisco Nacional planteó que era un error interpretar que la resolución DE PRLA 6240/17 había tenido tácitamente por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, pues únicamente ordenó el archivo del sumario; es decir, la clausura de la investigación. Agregó que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondía la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo). Precisó que el cargo apelado era una liquidación de tributos con sustento en la configuración del hecho imponible previsto por el legislador (la importación para consumo) y que, a los fines de probar su improcedencia, hubiera correspondido que la contraria iniciara un procedimiento de impugnación.
En sus agravios, también objetó que el Tribunal Fiscal hubiese considerado que no se corrió vista a la actora de la imputación efectuada por la Aduana a los efectos de hacer valer las defensas correspondientes, y aplicado la normativa aduanera que regula el procedimiento para las infracciones (arts. 1081 a 1117 del CA). En ese sentido argumentó que “el Servicio Aduanero no omitió correr vista de lo actuado, sino que - muy por el contrario- decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso, y procedió formular cargo por el tributo debido por haberse vencido el plazo para reexportar la mercadería. Hecho que se encuentra probado y no ha sido desvirtuado por la defensa de la actora”. Añadió que, al haberse archivado el sumario, no resultaban de aplicación los citados artículos del Código CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 13599/2025 “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA (TF 87584701-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
O Aduanero, ni -en particular- “el artículo 1101 del C.A. -en base al cual el Tribunal F Fiscal decretó la nulidad de lo actuado-” (p. 164, expte. cit.). Finalmente, mencionó I que se había omitido considerar el principio que proscribe declarar la nulidad del C procedimiento por la nulidad misma.
I
A 3º) Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en virtud de la remisión que L efectúa el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante S O considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”. U Es decir, que el contenido del memorial debe consistir en una crítica seria y precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras).
Además, la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que es evidente que el memorial del Fisco Nacional no cumple con tales pautas, en tanto asume que la nulidad del procedimiento se declaró por la omisión de la corrida de vista, e insiste -sin mayor fundamento- en que se comprobó la falta de reexportación en término de la mercadería amparada por la temporal.
5. Que, más allá de lo expuesto, esta Sala interpreta -del mismo modo en que lo hizo el voto mayoritario de la decisión apelada- que el cargo contenido en el artículo 3° de la resolución DE PRLA 6240/17 debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional (arg. art. 1112, incs. a y b, CA) -v. p. 3 expte. cit.).
De manera que la liquidación de tributos allí contenida, en tanto recaída en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código.
Por otro lado, no se discute que se arribó a esa solución porque el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 11/16, pero sin que se hubieran considerado los argumentos ni las pruebas propuestas en orden a acreditar la regularización de la mercadería dentro del plazo otorgado para su permanencia; sin lo cual no pudo considerarse acreditado el hecho que servía de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de los tributos.
Resta señalar que, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en tal caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y doctr. esta Sala, causas 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, sent. del 20/9/22, y 46837/22 “Gax SA (TF 77575105- A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 7/5/25, notificado a la parte demandada el 8/5/25, sin que aquella cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 13599/2025 “COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA
SA (TF 87584701-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
O Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe F remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de I justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
C I
A Se deja constancia que el Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la L presente en los términos de la resolución JS N° 7/25.
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión al Representante del Fisco.
S O U MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia