Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2023-19353309-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95436787-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Agosto de 2025 Distribución S.A. s/recurso de apelación; Sentencia de fondo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 48.343-I y sus acumulados 48.344-I y EX-2023-19353309-APN-SGAI#TFN, caratulados: “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN S.A. s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 54/69vta. y 154/168vta. se interponen sendos recursos de apelación contra la Resoluciones N° 139/2017 y 140/2017 (DV RR1R) de la A.F.I.P.-D.G.I., ambas de fecha 26/09/2017, en las que se determinan de oficio las obligaciones tributarias del Impuesto a las Ganancias -periodo fiscal 2013- e Impuesto al Valor Agregado -periodos fiscales 06/2012 a 05/2013-. En ambos casos, se liquidaron intereses resarcitorios y respecto a la aplicación de multas, se suspendió su trámite en los términos del art. 20 de la ley 24.769. Posteriormente, a fs. 222/234 la recurrente recurre la Resolución 03/2023 (DV RYRR) de la A.F.I.P.- D.G.I., de fecha 01/02/2023, en la que se aplica multa en los términos del artículo 46 y 47, incisos b) y d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 06/2012 a 05/2013.
Realiza una reseña de los hechos que dieron lugar al dictado de las resoluciones en crisis y expone sus agravios contra los ajustes fiscales, que se sustentan en la impugnación de operaciones de compra y gastos improcedentes.
Impugna el procedimiento seguido por la administración a la que le atribuye un accionar abusivo y arbitrario. En la misma dirección considera cuestionable el allanamiento efectuado el día 3 de enero de 2017, pues -dice- prestó permanente colaboración en las inspecciones llevadas adelante por el ente fiscal. Explica que los actos venidos en recurso determinan impugnan las operaciones declarada con ciertos proveedores, por diversas razones, a saber: a) proveedores que declararon no haber operado con la recurrente; b) proveedores que no reconocieron operaciones que figuraban en el libro IVA COMPRAS; c) proveedores que no contestaron las requisitorias, ya sea porque no la recibieron o porque simplemente decidieron no contestar; d) porque la firma no aportó documental alguna para efectuar la estimación de costo presunto; y e) porque omitió declarar un vehículo en su declaración jurada del periodo 2013.
Cuestiona que las determinaciones hayan sido fundadas en la información brindada por terceros y que recaiga la responsabilidad en su parte, sin permitirle suficiente intervención.
Al respecto, manifiesta que es “tan inaudito el modo de interpretar los hechos por parte del juez administrativo, que basa su ajuste en datos brindados por terceros sobre los que no ejerce ningún tipo de control y rechaza la información que surge de las registraciones de nuestra mandante, quien se encuentra bajo inspección y con la totalidad de comprobantes a disposición para poder constatar su procedencia”. Invoca una violación del principio de interdicción de la excesividad, toda vez que considera que la Administración Fiscal no actuó con la prudencia y moderación debida. Además, en vinculación con dicho precepto, no cumple con los principios de necesidad -optar por el medio menos desfavorable para el administrado- y de proporcionalidad -el requerimiento debe ser adecuado al fin por alcanzar-. En ese sentido, reflexiona si hubo un exceso al determinar los indicios que causaron la impugnación de los proveedores. Dice que hubo falta de aplicación de la realidad económica, por haberse admitido el débito fiscal de ventas efectuadas por la recurrente y que ameritaban realizar operaciones de compra de combustible o servicios de cargas para permitirlo.
Destaca que ninguna norma establece en cabeza de los contribuyentes la obligación de control de la situación fiscal de los terceros con los que opera. Cita jurisprudencia que avala su postura. Acorde con ello, considera que no corresponde impugnar las operaciones con ALCA DE LAS AMERICAS S.A., GIL GUILLERMO, HAQUIN FABIAN ANDRES, LATOR S.A. y PRESTANICOLA BRUNO.
En cuanto al resto de las operaciones impugnadas, detalla que los proveedores contestaron conforme lo registrado por la recurrente y se efectuaron errores de cálculo e interpretación para cuestionarlas. Con respecto a su proveedor OPESSA, manifiesta que se tomaron las facturas cargadas en el Libro IVA Compras como “Acceso Oeste”, habiéndose impugnado dos facturas de las mismas características sin fundamento alguno.
Sobre su proveedor PETRONOR, explica que se rechazaron las facturas no informadas por la empresa y cargadas en su Libro IVA Compras y aquellas informadas, pero no incluidas en el mencionado Libro IVA Compras. Al respecto, entiende que debieron ser sumadas al crédito fiscal por aplicación de la doctrina de las correcciones simétricas previsto en el art. 81 de la ley 11.683. Por otro lado, menciona dos facturas impugnadas - sin motivo a su criterio- y otra que nunca fue cargada en el Libro IVA Compras.
En cuanto a las operaciones con el proveedor ALCA DE LAS AMERICAS, ingresado a la base APOC el 07/08/2012, entiende que deben ser admitidas tanto las realizadas con anterioridad como las posteriores a dicha fecha.
Pretende probar las operaciones con el grupo de proveedores que respondieron no haber operado con la recurrente (BELL GAS S.R.L.; CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L.; COMBUSTIBLES VILLA MARÍA S.A.; EL CURVON S.R.L.), mediante algunos tickets que –a su criterio- las acreditarían.
Declara que, si bien las operaciones con los proveedores HERRERO S.R.L.; DALLWYN S.A.; y ALTAMIRANO PEDRO, preliminarmente fueron observadas, finalmente, se las consideró para el cómputo del crédito fiscal. -
Realiza un apartado sobre el proveedor CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L. Alude a un error de tipeo en su respuesta y que, en consecuencia, informó una sola operación en el periodo consultado, por lo que presenta una planilla con las diversas operaciones que habría celebrado con este proveedor durante el periodo fiscalizado.
Con relación al ajuste en el impuesto a las ganancias, afirma que no puede determinarse su obligación sobre el ingreso bruto originado en la venta de bienes, sin depurar la base gravable. Es decir, debió –entiendeconsiderarse el costo presunto, por lo que solicita el rechazo del ajuste en este punto por violar el principio de realidad económica.
Respecto a la multa aplicada en la Resolución N° 03/2023, concluye que no incurrió en la conducta dolosa imputada en los términos de los arts. 46 y 47 inc. b) y d). Sus fundamentos son que: i) no hubo contradicción entre los comprobantes, registraciones y las declaraciones juradas; ii) aunque no efectuó un control riguroso de los proveedores, ello no implica un accionar con ardid; y iii) lleva su contabilidad correctamente conforme el volumen de sus negocios. Considera que debe encuadrársela en la figura del art. 45 de la ley 11.683. Por último, ofrece prueba documental y deja planteada la cuestión constitucional para recurrir ante la CSJN.
II. Que a fs. 76/89vta., 176/189vta. y 295/303 la representación fiscal contesta los recursos interpuestos, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 196 y 319/vta. obran las sentencias de acumulación de los expedientes N° 48.344-I y EX- 2023-19353309-APN-SGAI#TFN, respectivamente.
Luego, a fs. 328 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y finalmente, a fs. 335 pasaron a dictar sentencia.-
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
En los antecedentes administrativos, obran el informe final de inspección a fs. 1428/1441 y los complementarios a fs. 1515/1517 y a fs. 1647/1654, cuerpos N° 8 y 9 del Impuesto al Valor Agregado y el informe final de inspección a fs. 160/169 y el complementario a fs. 247/vta. de los cuerpos N° 1 y 2 del Impuesto a las Ganancias.
De dichos informes y los argumentos esbozados por el juez administrativo en las resoluciones recurridas surgen los fundamentos que dieron lugar a los ajustes, a saber:
- La actividad declarada era de transporte automotor de cargas n.c.p. Declaró quince (15) empleados a mayo de 2013. Era titular de una gran cantidad de rodados y una cuenta bancaria.
- La fecha de cierre de los ejercicios contables de cada año es el 31 de mayo.
- Los cargos formulados se basan en la detección de operaciones de compra con inconsistencias ante la falta de aporte de elementos que respalden circuito físico y de pagos; y se detectó un automotor, no incluido en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período 2013.
- En primer término, la recurrente acompañó fotocopias de mayores de diversas cuentas, los Registros IVA Compras y Ventas y una factura de venta de un automóvil.
- Se efectuaron requerimientos a la recurrente para que acompañe los Registros IVA Compras y Ventas en soporte magnético para valorar los proveedores con mayor cantidad de operaciones en el ejercicio comercial, la cuenta corriente de cada uno de ellos y su respectiva cancelación, órdenes de pago y recibos. Respondió que no contaba con los soportes magnéticos requeridos. -
- Por tal razón, se cursaron pedidos de información a los proveedores. Algunos de ellos contestaron no haber operado con la recurrente; otros, aunque reconocen haber operado con la recurrente, desconocieron la totalidad de las operaciones registradas en el IVA Compras; y por último, una cantidad de proveedores no contestaron los requerimientos.
- A su vez, a la recurrente se le requirió que aporte fotocopias de los comprobantes de respaldo de las operaciones registradas en el Libro IVA Compras y ésta contestó que se encontraban a disposición en el domicilio fiscal de la empresa. Frente a la notificación de que en fecha 04/04/2016 los inspectores concurrirían al domicilio de la misma, fueron recibidos por la Sra. Quiroga (secretaria de la empresa) que informó que dicha documentación no estaba en el domicilio y contestó negativamente a las preguntas formuladas.
- Conforme la documentación obrante y respuestas a circularizaciones, fueron confeccionados de forma manual los listados de operaciones con proveedores de combustible que manifestaron no haber operado con la recurrente y los que reconocieron sí haberlo hecho.
- Ante las vistas conferidas, la recurrente presentó sus respectivos descargos ejerciendo su derecho de defensa. Allí presentó tickets como prueba documental y una planilla de las facturas por el mes de febrero de 2013 de CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L.
- Se efectuó un nuevo requerimiento -notificado el 02/02/2017- para que en fecha 08/03/2017 la recurrente exhiba la documentación solicitada. A fs. 1615/1616 del cuerpo N°9 del Impuesto al Valor Agregado consta en acta que las funcionarias fueron recibidas por el Sr. Pietrodarchi, quien manifestó que no encontraba en el domicilio documental alguna para ser exhibida.
-En consecuencia, y a la luz del resultado de los requerimientos formulados, se impugnaron las operaciones con los proveedores de combustibles que negaron haber operado con la recurrente de forma total (BELLGAS S.R.L., COMBUSTIBLES VILLA MARÍA S.A. (ESSO SERVICEN), EL CURVÓN S.R.L., ESTACIÓN OESTE S.R.L., POSTA FIRMAT S.A.) y en el caso de aquellos proveedores que reconocieron haber operado con la recurrente, se impugnaron las operaciones que no fueron reconocidas (CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L., ESTACIÓN DE SERVICIO AVELLANEDA S.R.L. (EL SURTIDOR), OPESA, OPESA VENADO, PETRONOR S.R.L.).
- Por último, se impugnaron las operaciones con los proveedores que no recibieron los requerimientos o no los respondieron (ALCA DE LAS AMERICAS S.A., GIL GUILLERMO, HAQUIN FABIEN ANDRES, LATOR S.A., PRESTANICOLA BRUNO, CTD S.R.L., DEPRATI FACUNDO, EL DAVID S.R.L y MAKERS S.A.).
- Toda vez que la recurrente no aportó elementos que respalden las operaciones con estos proveedores -sobre el circuito físico y medios de pagos-, la información fue verificada según los sistemas informáticas de la Administración. Al respecto, se observaron las siguientes irregularidades:
a) ALCA DE LAS AMÉRICAS S.A.: Incluida en base eApoc con la causal "sin capacidad económica". Indicaba un "estado erróneo de domicilio" y que no contaba con impuestos activos y poseía impuestos con baja de oficio. Su actividad era transporte de cargas. No presentó DDJJ Ganancias y no declaró empleados en relación de dependencia. No efectuó pagos por impuestos y las DDJJ de IVA desde diciembre de 2012 a enero de 2013 fueron presentadas en cero. Con posterioridad a dicha fecha no efectuó presentación alguna. El último mes informado en Siter bancarios es noviembre de 2011.
b) GIL, GUILLERMO: Idénticos fundamentos a ALCA DE LAS AMÉRICAS S.A.
c) HAQUIN, FABIÁN ANDRÉS: No registraba impuesto activos. Su actividad era transporte de cargas. Sólo presentó DDJJ de IVA, generalmente con sus valores en cero. Solamente registraron algunos pagos de autónomos en los años 2012 y 2013. Poseía un furgón que vendió en enero de 2013. Aun así, registró operaciones en los meses siguientes. Las acreditaciones bancarias en el año 2013 fueron inferiores a la operatoria de ese año con la recurrente.
d) LATOR S.A.: Declaró como actividad secundaria servicio de transporte de cargas n.c.p. Aunque registró presentaciones de DDJJ de IVA, Ganancias y Seguridad Social en el período, no registró pagos por dichos conceptos con excepción de la ART. No poseía automotores y el último mes informado en Siter bancarios fue Julio de 2001.
e) PRESTANICOLA, BRUNO: No registraba impuestos activos. Declaró como actividad transporte automotor de cargas. Presentó DDJJ de IVA con un importe de débito fiscal muy inferior al crédito fiscal de la operatoria con la recurrente. No presentó DDJJ Ganancias en el año 2013, mientras registró pagos del monotributo. Ello así, los proveedores b) a e) estaban siendo evaluados para incorporarlos en la base eApoc. - El detalle de los proveedores cuestionados y el listado pormenorizado de las compras impugnadas y observadas obran a fs. 1202/1413 y 1415/1416 de los cuerpos N° 7 y 8 del Impuesto al Valor Agregado de los antecedentes administrativos.
- Por otro lado, se detectó que la firma incluyó dentro de su patrimonio declarado en el Impuesto a las Ganancias del período 2013 un automotor adquirido en el año 2013, considerado como incremento patrimonial no justificado conforme el art. 18 inc. f) de la ley 11.683.
- Ante la vista conferida, a fs. 1576/1607 la recurrente presentó su descargo y acompañó una planilla de las operaciones con CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L y copias de cinco comprobantes de compra por cada una de las siguientes firmas: BELLGAS S.R.L, CENTRO PAMPEANA S.R.L, COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A. (ESSO SERVICENTRO) y EL CURVON S.R.L. No cuestionó el incremento patrimonial no justificado.
Conforme lo expuesto, se practicaron planillas de liquidación de los Impuestos al Valor Agregado - periodos fiscales 06/2012 a 05/2013- y a las Ganancias -periodo fiscal 2013-, que no fueron conformados, iniciándose los pertinentes procedimientos determinativos que concluyeron en los actos administrativos venidos en recurso.
V. Que preliminarmente, y ante los cuestionamientos formulados, resulta oportuno destacar que, a mi criterio, el procedimiento fiscalizador y posteriormente, determinativo, desarrollado por la administración fiscal ha sido realizado con apego a las normas legales pertinentes. Adviértase que ambos procedimientos iniciaron con la notificación de la OI 1099619, notificada correctamente (vid. fs. 2 del cuerpo IVA Principal 1). De allí en adelante obran agregadas a las actuaciones los diversos requerimientos formulados tanto a la recurrente como a sus proveedores, los que –como quedó expuesto en el Considerando precedente- tuvieron resultados diversos. Asimismo, y en orden a sendas resoluciones que confirieron vista, cabe afirmar que se dio oportunidad de ejercer su derecho de contradicción a las conclusiones del Fisco Nacional y aportar las pruebas que entendía, acreditarían sus dichos. Es más, el ente fiscal –en resguardo del derecho de defensa- otorgó prórroga para que contestara la vista.
De allí que en definitiva los argumentos esgrimidos para sustentar la falta de razonabilidad del accionar fiscal no deben ser atendidos, pues ellos –bajo tal título- se dirigen más a cuestionar la procedencia de los ajustes efectuados que el accionar fiscal, materia que forma parte de la decisión de fondo.
VI. Que, en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente. En efecto, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, en orden a destruir los elementos colectados por la administración.
En tal sentido, preciso es recordar lo sostenido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Romane SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” de fecha 29/10/2015 en donde se señaló que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).
“....que no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
VII. Que, en esa inteligencia resulta pertinente destacar que no resulta atendible la defensa dirigida a cuestionar el accionar fiscal que –entiende- pone en su cabeza el incumplimiento de terceros. En efecto, si bien de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como estado erróneo de domicilio, falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, presentación de declaraciones juradas en cero, no registrar impuestos activos, depósitos bancarios que no condicen con las operaciones declaradas, etc, elementos todos que llevaron a la administración fiscal a considerarlos “sin capacidad económica” e incluirlos en las bases e.apoc. En el caso de otros, simplemente se tuvo en cuenta el desconocimiento de haber operado con la recurrente o el reconocimiento de algunas operaciones declaradas. Estos elementos llevaron al organismo fiscal a concluir en la inexistencia de las operaciones declaradas.
VIII. Que con respecto al cómputo del crédito fiscal, del texto del artículo 12 de la ley del IVA y normas complementarias, se desprende que para que proceda su cómputo resulta necesario que: 1) sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; 2) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; 3) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; 4) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; 5) que se vincule con operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación; 6) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al impuesto y 7) que las operaciones que originan el crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
A su vez, en todos los casos, la norma referida también exige que se hubiera perfeccionado el hecho imponible respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios. Criterio éste sostenido por la Alzada en numerosos pronunciamientos (vgr. “Impulsora Metalúrgica del Noroeste S.A.”, de fecha 8/4/2014). En esa misma dirección, cabe traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Criterio convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
IX. Que, bajo ese contexto, corresponde tratar los agravios expuestos por la recurrente.
Si bien la recurrente declaró no haber podido intervenir suficientemente para controvertir la impugnación de las operaciones, que fue corroborada a partir de la información brindada por algunas de las firmas que operó y sus registros contables, tal argumento debe ser desechado. En efecto, surge de los descargos presentados en sede administrativa, que reitera en esta instancia, que acompañó como prueba documental -planilla de CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L.- y comprobantes de compra-.
Asimismo, y aun cuando comunicó al organismo fiscal que los comprobantes estaban a su disposición en el domicilio fiscal, frente a la concurrencia de los actuantes en las fechas 04/04/2016 y 08/03/2017, el resultado fue negativo, pues nunca se puso a disposición la documentación ofrecida. Dicha documentación tampoco fue acompañada ante esta instancia.
Merece destacarse que todos los aspectos cuestionados por la recurrente fueron tenidos en cuenta por el juez administrativo. Así, con respecto al proveedor OPPESA se señaló que la factura N° 70768 del 11/6/2012, registrada en el Libro IVA Compras no figura en el listado aportado por la firma, por lo cual se impugnó. En tanto, como la factura 89373 de fecha 13/6/2012 fue informada, se aceptó.
Con respecto a PETRONOR, las facturas informadas por el proveedor y no registradas fueron consideradas, detrayéndose del monto de operaciones impugnadas. La factura identificada con el N° 74286, según planilla de comprobantes impugnados, en realidad fue un error de tipeo y corresponde a la factura N° 74386, por lo que al no ser reconocida por el proveedor fue cuestionada.
Respecto sobre las comprobantes de compra acompañados como documental (de BELL GAS S.R.L., CENTRO PAMPEANA COMERCIAL S.R.L., COMBUSTIBLES VILLA MARIA S.A., y EL CURVON S.R.L.), los mismos solamente correspondían a algunas copias mientras que sus originales no han sido exhibidos. En ese sentido, se comparte el razonamiento brindado por el juez administrativo para no computarlos como válidos.
A ello, cabe agregar que, durante el presente proceso, la recurrente no acompañó nuevos elementos de prueba que den sustento a sus dichos y probar la veracidad de las operaciones impugnadas.
Además, si bien expresa en el punto V.- 4. de sus escritos de recurso que “…pone a disposición del fisco toda la documental respaldatoria que se encuentra archivada en el domicilio de la empresa”, lo cierto es que no es esta la oportunidad procesal para tal ofrecimiento, debiendo haberla acompañado en oportunidad de iniciar el presente recurso.
Por lo expuesto, sólo cabe concluir que, ante esta instancia, la recurrente ha continuado con su inactividad probatoria, limitándose a acompañar documental en fotocopias. Al respecto, resulta oportuno recordar que las fotocopias carecen de valor probatorio. (Cfr. Guilbuj, Tonia, TFN, Sala A, 13/4/98).
En ese contexto, y toda vez que la recurrente no ha logrado acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones cuestionadas, corresponde confirmar la resolución determinativa N° 140/2017. Con costas.
X. Que con respecto a la resolución que determinó de oficio la obligación de la recurrente en el impuesto a las ganancias, corresponde confirmar el ajuste que reposa en idénticos argumentos y probanzas. Con respecto al cuestionamiento sobre la determinación del gravamen sin considerar el costo presunto de las operaciones, asiste razón al Fisco Nacional en su accionar toda vez que no se contó con documentación indispensable para su cálculo ni se ha logrado obtener por los funcionarios fiscales mediante requerimientos cursados en sede administrativa. Baste recordar que sólo se ha limitado acompañar fotocopia de los Mayores de las cuentas Gastos Varios, Leasing, Repuestos y Reparaciones, Registros IVA Compras e IVA Ventas y la factura de un automóvil, información insuficiente para el cálculo que se pretende.
Finalmente, corresponde precisar que no fue cuestionado por la recurrente el incremento patrimonial no justificado efectuado en el Impuesto a las Ganancias.
En mérito a lo expuesto sólo cabe concluir en la confirmación de la Resolución N° 139/17, con costas.
XI. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados en las resoluciones, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación. Con costas.
XII. Que resta analizar la procedencia de la sanción aplicada mediante Resolución 03/2023, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, incs. b) y d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), frente al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 06/2012 a 05/2013.
Al respecto la recurrente manifiesta que no corresponde el encuadre de su conducta en la norma invocada por el juez administrativo dado que no existió contradicción entre los comprobantes, registraciones y las declaraciones juradas; que no actuó con dolo y que su contabilidad es registrada debidamente. A su vez, solicita el reencuadre de la multa en la figura prevista en el art. 45 de la ley 11.683.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
XIII. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para el encuadre de la conducta del recurrente al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Desde ya, que las presunciones así definidas y contenidas en el artículo 47 dispensan de la prueba del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero pueden ser refutadas por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acredite la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
XIV. Que en ese contexto doctrinario, cabe señalar que en el acto administrativo impugnado se le imputa a la recurrente la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas al haber considerado que “el ardid o engaño llevado a cabo por la contribuyente que produjo la consecuente disminución de su carga fiscal, en el presente caso, se materializó en que la responsable incluye en sus declaraciones juradas, créditos fiscales registrados como vinculados a operaciones con supuestos proveedores que, o bien las desconocen, las reconocen parcialmente, o no respondieron los requerimientos, no habiendo la rubrada aportado los comprobantes de respaldo de las operaciones controvertidas ni elementos que acrediten el circuito financiero ni medios de pago relativos a las mismas.”
Ello así, el juez administrativo extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión para defraudar al Fisco Nacional, encuadrando su conducta en las previsiones de los incs. b) y d) del artículo 47 de la ley 11.683.
Es menester destacar que las presunciones aplicadas “guardan un orden lógico entre los hechos económicos (entre los cuales se halla el imponible), sus comprobantes contables o documentos jurídicos destinados a servir de prueba de aquéllos, las registraciones o asientos, donde se sintetiza esa información, incluyendo el balance impositivo, donde esa síntesis se estructura en relación con la determinación de los impuestos. Cualquier interrupción en esa cadena, voluntaria o involuntaria, que ocasione o no perjuicio fiscal, por error o inexistencia de alguno de sus pasos daría por configurada la materialidad de un ilícito. Formal, si no hay perjuicio fiscal; material en caso contrario. A título de culpa, si no hay error excusable ni intencionalidad probada por prueba directa o presuncional; a título de dolo en la hipótesis contraria” (Conf. L.N. Gurfinkel de Wendy y E.A. Russo, “Ilícitos tributarios”, pág. 201 y sgtes).
En esa dirección, no puede decirse que el ente fiscal extrajo “automáticamente” la conclusión de que cabía la responsabilidad establecida en las normas en las que funda su acto sancionatorio. Muy por el contrario, funda el mismo en hechos concretos y probados, claramente determinados.
En esa dirección, los argumentos de la recurrente se dirigen a una defensa dogmática y relativa a la impugnación de ciertas operaciones registradas en los Libros IVA, sin aportar elementos de prueba que destruyan el accionar fiscal y las presunciones aplicadas.
Por lo tanto, cabe confirmar la multa aplicada en la Resolución N° 03/2023, que -por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada. Con costas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto que antecede.-
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-
Date: 2025.08.27 15:53:24 ART Date: 2025.08.28 17:31:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.28 17:31:33 -03:00
Fin de la sentencia