Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176823
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por el Sr. López Mazza el 6/9/2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada el 29/8/2022.
II. Las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 176.823 Juzgado de Familia N° 3
“GÓMEZ YESICA ANDREA C/ LÓPEZ MAZZA SERGIO DAMIÁN S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA – Cuadernillo del art. 250 del CPCC".
Mar del Plata
Los presentes autos caratulados: ““GÓMEZ YESICA ANDREA C/ LÓPEZ MAZZA SERGIO DAMIÁN S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA – Cuadernillo del art. 250 del CPCC", traídos a despacho para resolver el recurso de apelación articulado por el demandado el 6/9/2022, contra la resolución dictada el 29/8/2022. El recurso fue fundado el 23/9/2022, sin merecer respuesta.
I. En el auto atacado, la Jueza de Familia dispuso -como medida cautelar- que el Sr. López Mazza debería abonar, en concepto de compensación económica provisoria a favor de la Sra. Gómez, la suma de $ 50.000 en efectivo, en forma mensual y consecutiva, depositándolo del 1 a 10 de cada mes en la cuenta de autos, cuya apertura ordenó.
II. Se agravia el recurrente de que el reclamo de la actora se haya interpretado con carácter asistencial, concediéndole cautelarmente la compensación económica provisoria.
Alega que: a) lo decidido no reviste carácter cautelar sino anticipa una sentencia definitiva que no se ajusta a derecho, pues vulnera el principio de excepción con el que debe valorarse esta figura jurídica; b) no se presenta en el caso una fuerte probabilidad de que la pretensión sea jurídicamente aceptable, pues faltan elementos probatorios que acrediten el presunto desequilibrio económico causado por el divorcio; c) en el convenio regulador consensuaron los bienes que integran la comunidad y, respecto de otros, que no lograron acordar, se deberá iniciar una acción autónoma, sin que haya, como acreditará oportunamente, derecho alguno a la compensación económica.
Considera que la modalidad de la medida -renta por plazo indeterminado- es de carácter excepcional, circunstancia ésta que no ha sido justificada, ya que se otorgó sin respetar la bilateralidad y se alteró el debido proceso, afectándose su derecho de propiedad.
Afirma que desconoce el contenido de la demanda, ya que aún no se trabó la litis ni se celebró una audiencia conciliatoria a fin de ser escuchado, no obstante lo cual, se concedió la medida sin encontrarse reunidos los requisitos exigidos: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.
Manifiesta que, previamente a determinar su procedencia y cuantificación, se deben analizar las pautas previstas en el art. 442 del CCyC a fin de obtener una “fotografía” del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y la finalización del matrimonio, pero nada de esto fue considerado, sólo los dichos de la actora.
Refiere que los bienes comunes se cautelaron y recientemente se inició el trámite de liquidación de la comunidad, y estas acciones deben ser valoradas para determinar si es viable la compensación y, en su caso, su cuantificación, por lo cual los fundamentos de la sentencia se alejan de la finalidad y la naturaleza jurídica de este instituto.
Entiende que lo otorgado a la actora es una cuota mensual con carácter asistencial y alimentario, aunque no exista con razonable verosimilitud un desequilibrio económico con causa en la ruptura matrimonial y, por ello, no se lo puede obligar a pagar una suma cuya finalidad es sostener económicamente a la Sra. Gómez -cuya situación tampoco fue valorada- o para ayudar a su dignidad, cuestión que, eventualmente, debería ser debatida en un proceso de alimentos, y no en la presente acción. Expone que, además, se encuentra acreditado que ésta es inspectora de tránsito, es decir, que tiene un empleo estable y sostenido.
Se queja de que el decisorio también se haya sustentado en "una especial mirada de género", ya que esta cuestión merece ser tratada con extrema prudencia a fin de que, en los hechos, no se configure un abuso de derecho. Agrega que la medida transgrede el principio de congruencia pues excede lo peticionado por la contraria, quien la solicitó "por el plazo de dos años o hasta el dictado de la sentencia, en caso de que esto ocurriera antes".
Para el hipotético caso de considerar que lo decidido se ajusta a derecho, solicita a este Tribunal que la cuota provisoria concedida como compensación económica se disponga por el plazo máximo de dos años o hasta que se dicte sentencia si esto último ocurriera antes.
Por último, pide que se revoque la resolución atacada.
III. El recurso debe prosperar.
1. Las compensaciones económicas se encuentran previstas como uno de los efectos del divorcio (arts. 441 y 442 del CCyC) y de la nulidad de matrimonio (art. 428 del CCyC). También están reguladas como uno de los posibles contenidos del convenio regulador en el divorcio (art. 439 CCyC; los cónyuges podrían acordar procedencia, cuantía y forma de prestarlas). O sea, pueden ser el resultado de un doble camino: a) el acuerdo entre los ex cónyuges, mediante el convenio regulador; o b) la decisión del juez que establece su procedencia y cuantía, si es solicitada (KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; LLOVERAS, Nora y FARAONI, Fabián, “Disolución del matrimonio y proceso de divorcio”, en KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LLOVERAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, T. V-A -Actualización doctrinal y jurisprudencial-, p. 358).
El art. 441 del Cód. Civ. y Comercial prevé la posibilidad de solicitar la compensación económica, siempre que se den los supuestos contemplados en la norma. Así, uno de los requisitos es la "existencia de desequilibrio económico", que debe ser "manifiesto", pues no cualquier desequilibrio da derecho a pedirla y serán los jueces los encargados de ponderar y determinar su relevancia. Se entiende el desequilibrio como un descenso en el nivel de vida efectivamente gozado en el transcurso de la relación, con independencia de la situación de necesidad, mayor o menor del acreedor, dada la naturaleza esencialmente no alimenticia de la misma, pero teniendo en cuenta las expectativas de bienestar económico que pudiera haber creado el cónyuge solicitante con base en las condiciones bajo las que se hubiera desarrollado y conformado la vida conyugal, no debiendo entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación, determinando automáticamente por el hecho de contraer matrimonio (MEDINA, Graciela "Compensación económica en el Proyecto de Código" LL 20/12/2012, 1- TR LA LEY AR/DOC/4860/2012)
2. De este modo, salvo que haya sido acordada, quien reclama la compensación tiene la carga de probar la relación causal adecuada entre el matrimonio y su ruptura y el empeoramiento de su situación económica. A su vez, el juez deberá comparar la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges, al inicio del matrimonio y al producirse su ruptura o quiebre, y detectado el desequilibrio, analizará los hechos que pudieron causarlo. Se trata, entonces, de una figura jurídica cuya configuración requiere la concurrencia de varios aspectos fácticos que sólo se tornará procedente ante la comprobación de tales circunstancias, las cuales, a su vez, podrán funcionar como pautas de cuantificación (conf. KEMELMAJER y otros, Tratado de derecho de familia, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, T. I y V-A, p. 426 y 362).
Si bien, en principio, se busca que los cónyuges se pongan de acuerdo en la fijación de la compensación económica, si ello no fuera posible el código citado se encarga de fijar, en su art. 442, una serie de pautas o parámetros que se relacionan con las condiciones existentes al momento de la celebración del matrimonio, la distribución de roles durante éste, sus responsabilidades y la situación patrimonial al momento del divorcio.
3. En este caso, la actora promovió -el 8/4/2022- estas actuaciones y, en su demanda, efectuó un relato de los antecedentes del matrimonio y de los bienes adquiridos durante su vigencia. Se refirió a los fundamentos de la compensación económica, y finalmente señaló que había dedicado mayoritariamente su tiempo al cuidado del hogar para que el Sr. López Mazza pudiera capacitarse y desarrollar su actividad profesional sin preocupaciones, mientras ella había renunciado a acceder a una mayor capacitación que le permitiera desarrollarse profesionalmente a fin de obtener un mejor puesto laboral, en aras del proyecto familiar conjunto, y como el divorcio le produjo un profundo desequilibrio patrimonial que significaba un empeoramiento de su situación con origen en la ruptura del vínculo matrimonial, por lo cual solicitaba que se le otorgara una compensación económica, a cargo del Sr. López Mazza, consistente en … (no consignó el monto).
-El 24/8/2022, la Sra. Gómez amplió su demanda y expresó que por lo expuesto en el escrito inicial, pedía que al dictar sentencia se condenara al demandado a abonar una compensación económica de $ 15.000.000, o lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse, en caso de no arribar a un acuerdo durante la etapa previa. Asimismo, requirió que se fijara cautelarmente una cuota mensual en la suma de $ 100.000, a cuenta de la compensación que pudiera corresponder, por el plazo de dos años o hasta el pronunciamiento definitivo, en caso que esto ocurriera antes.
-El 29/8/2022, la jueza dispuso -a título cautelar- que el Sr. López Mazza debería abonar en concepto de compensación económica provisoria a favor de la Sra. Gómez la suma de $ 50.000,00 en efectivo, en forma mensual y consecutiva.
4. Más allá de que frente al desacuerdo de las partes sobre la procedencia y el monto de la compensación económica, ésta puede ser pedida judicialmente, lo cierto es que la resolución atacada no se encuentra ajustada a derecho, pues la aplicación de esta figura tiene el carácter de excepcional, en tanto no puede ser fuente de resarcimiento en sí mismo, por la circunstancia de que haya finalizado el proyecto de vida en común de los cónyuges, unilateralmente o por el acuerdo de ambos.
Ello es así, pues la viabilidad de la prestación compensatoria no puede funcionar de manera automática luego de la sentencia de divorcio, ante la petición de uno de los cónyuges, toda vez que el derecho a ella debe resultar de un claro desequilibrio producido a raíz del divorcio, evitando planteos judiciales que lleven a su otorgamiento en la mayoría de los divorcios decretados (conf. Fundamentos del Código Civil y Comercial Unificado).
Al respecto, es preciso mencionar que, previamente a determinar su procedencia y cuantificación, en base a la prueba rendida el juez deberá realizar un análisis de las pautas previstas en el art. 442 del cód. citado entre sí y con las distintas circunstancias adicionales que puedan encontrarse en los hechos invocados, a fin de obtener una “fotografía” del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y la finalización del matrimonio, teniendo en cuenta, además, la dedicación que cada uno brindó a la familia, su edad y estado de salud así como el de los hijos, la capacitación laboral del solicitante y la posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración prestada a las actividades desarrolladas por el otro, y la atribución de la vivienda familiar, circunstancia ésta que también debe ser valorada (argto. art. 442 del Cód. Civ. y Comercial, KEMELMAJER y otros, op. cit. T. V-A-, p. 363/366).
5. En conclusión, en este estadio del proceso la compensación económica provisoria otorgada con carácter cautelar, sin lugar a dudas consiste en un adelantamiento de la sentencia fondal (en caso de que se admitiera la pretensión), con el agravante de que, no obstante solicitar la actora que se fijara por el plazo de dos años, fue establecida sine die, circunstancia que la torna improcedente, pues no existen elementos probatorios suficientes para su determinación, ni se encuentran reunidos los presupuestos para su admisibilidad.
Así, no se advierte la existencia de verosimilitud en el derecho, toda vez que la compensación provisoria pretendida no es una consecuencia necesaria del divorcio, por lo que será preciso el pertinente proceso de conocimiento y, además, porque se encuentra pendiente la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio que también debe ser objeto de análisis a fin de establecer si corresponde y, en su caso, cuantificar, la compensación requerida.
De esta manera, frente al pedido de una medida cautelar el primer requisito a considerar es la verosimilitud en el derecho, si éste no se cumple, ya no es necesario analizar la existencia de peligro en la demora (esta Sala en causas N° 111.736 RSI-76-00 del 17-2-2000; 112.377 RSI-190-00 del 14-3-2000; 133.918 RSI-967-05 del 13/9/2005; entre otras).
En función de los argumentos expuestos, se revoca la resolución atacada que otorgó a la actora -a título cautelar- la compensación económica provisoria en la suma de $ 50.000 mensuales, sin plazo alguno.
Corresponde, entonces, admitir el recurso de apelación deducido por el demandado.
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y lo normado por los arts. 441, 442, y concds. del Código Civil y Comercial; y los arts. 34, 36, 161, 242, y concds. del CPCC
RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por el Sr. López Mazza el 6/9/2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada el 29/8/2022. II) Las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
IV. Transcurrido el plazo previsto por el art. 267 del CPC, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 11:47:36 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2023 13:33:10 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 07:54:46 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/08/2023 08:47:57 hs. bajo el número RR-454-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia