Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36316-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios introducidos por la AFIP -DGA y, en su consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 515/517. Con costas.
2Establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando VI.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 26 de agosto de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, AFIP -DGA, a fs. 530, contra la sentencia de fs. 515/517, fundado por el memorial de fs. 542/547, cuyo traslado fuera replicado a fs. 567/572. Asimismo, el recurso de apelación interpuesto y fundado por los letrados de la parte actora a fs. 552/560 (contestado a fs. 576/577) y el deducido por el Fisco Nacional a fs. 563, contra la regulación de honorarios de fs. 533/535. Y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA durante el año 2006 documentó la importación de mercaderías, encontrándose dichas operaciones detalladas en folios 13/33 de las actuaciones administrativas, cuyos originales y tampoco sus copias fueron agregados a los antecedentes.
La Jefatura de la División Empresas Vinculadas, dio origen a la actuación 13681-165-2010/1 en la que realizó un estudio de valor, a raíz de haber detectado en la base e-fisco pagos al exterior en concepto de regalías de la mencionada firma a ESAB HOLDING LIMITED y a CASTOLIN EUTECTIC INTERNATIONAL SA.
En la Nota (DV EMVI) 113/2011, dicha división, luego de analizar la vinculación entre las empresas que conforman el grupo empresario y los contratos de Sublicencia de Marca Comercial y de Franquicia, concluyó que, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 8° apartado c) del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC (ley 23.311 y 24.425) “en las importaciones de CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA -CUIT 30 -551933870-6- donde se documentaron mercaderías provistas por vendedores vinculados al Grupo Económico ESAB HOLDING de productos destinados para la fabricación de Productos Licenciados y de mercaderías provistas por proveedores vinculados al Grupo EUTECTIC INTERNATIONAL de Productos Licenciados para la Distribución y/o Reventa, por los que CONARCO devengó regalías a favor de los mencionados, se haga repercutir sobre el valor FOB declarado, las fracciones de los cánones que cada una de ellas correspondan”. En consecuencia, elaboró una fórmula para incrementar los valores FOB de las destinaciones de importación para los productos destinados al proceso de fabricación, que arrojó como resultado un incremento del 2,42%, y otra fórmula para ajustar el valor de los productos destinados a la Distribución y/o Reventa, que dio como resultado un aumento del 21,66% (cfr. fo. 12 de las act. adm.).
A través del cargo 1423/2011, del 1/12/2011 (notificado el 14/12/2011), intimó a la importadora a abonar U$S 50.490,62, en concepto de diferencia de tributos como consecuencia del ajuste de valor que incrementó el valor FOB de las operaciones documentadas en el año 2006.
Dicho cargo fue impugnado por la importadora en los términos de lo dispuesto por los arts. 1053 inciso a) y cc del CA (cfr. fo. 37/51 de las act. adm.). El procedimiento culminó con el dictado de la resolución DE PRLA 2791/15, dictada el 18/06/2015 en la actuación administrativa 13681-165 -2010/1, mediante la que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros rechazó la impugnación y confirmó el cargo, modificando el importe, conformado por una exigencia de U$S 44.102,22 (en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y de $19.652,65, (en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias), con más los intereses previstos en el art. 794 del CA.
El argumento central de dicho acto finca en considerar legítimo el ajuste de valor a raíz de lo informado en la Notas DV EMVI 1113/11, 224/14 y 228/14.
Contra dicha resolución la firma importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, apartado 2 del CA (cfr. fs.75/92), dando inicio al expte. 36316-A del registro del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que, por la sentencia del 14 de febrero de 2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución (DE PRLA) 2791/15, dictada en la actuación administrativa 13681-165-2010/1.
Para así decidir, el tribunal comenzó por reseñar que el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994, que aprobó el sistema de valoración de las mercaderías importadas, en el art. 1º establece al valor de transacción como primera base de valoración en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de la percepción de derechos de aduana ad valorem, ello es “el precio pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: … b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o del cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO dispuesto por el art. 8; y, d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo.” Además, recordó que el art. 8 del Acuerdo, indica que a los fines de la determinación del valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, deberán añadirse al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar…”.
Puntualizó que no se encuentra controvertido que la firma CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA celebró un contrato de “Sublicencias de Marcas Comerciales” con “ESAB HOLDINGS LIMITED INC” con el objeto de sublicenciar las marcas comerciales que implica su uso, fabricación, promoción, venta de productos y prestación de servicios. Ponderó que, asimismo, tampoco se ha debatido que la importadora celebró otro acuerdo denominado “Contrato de Distribución y/o Reventa” con “CASTOLIN INTERNATIONAL SA” en el que acordó la distribución exclusiva de productos dentro del territorio y el derecho exclusivo de fabricar productos o hacerlos fabricar por terceros en el territorio argentino y venderlos dentro del territorio o en terceros países, siempre que la comercialización se realice en el territorio. Recalcó que, para que resulte procedente el ajuste de valor declarado por el pago de los cánones y derechos de licencia, se debe constatar la concurrencia de tres recaudos: a) que dichos cánones y derechos estén relacionados con las mercaderías que se valoran; b) que el pago del canon constituya una condición de venta de las mercaderías; y, c) que su importe no ese incluido en el precio pagado o por pagar de las mercaderías.
Y reparó en que el servicio aduanero en la revisión del valor de transacción, entendió que el valor en aduana de las importaciones realizadas por CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA debía ser recompuesto en función de los cánones relacionados con los contratos de licencias con ESAB HOLDINGS LIMITED INC y CASTOLIN EUTECTIC INTERNATIONAL SA, ya que habría existido condición de venta, ya sea directa o indirecta con la relación a los proveedores de las mercancías.
Expuso que el cargo se estimó sobre la base de un estudio de valor antecedente que se identificó mediante la Nota (DV EMVI) 1113/11, en el que se evidencia que la Aduana glosó solo un listado de operaciones que habría documentado la empresa, sin hacer distinción de que mercaderías en concreto fueron objeto de reventa y cuales fueron sometidas a un proceso de industrialización, pues solo se tuvo como parámetro los contratos celebrados que establecen un porcentaje de pago de regalías sobre la venta neta de las mercaderías vencidas, sin que se individualicen, en dichas estimaciones, las mercancías importadas que en definitiva son aquellas a las cuales debe aplicarse el mencionado ajuste.
Explicó que en la Nota Interpretativa al art. 8º del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en relación con los cánones y derechos de licencia, en su segundo párrafo establece que “1.c) los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador.” Y agregó que en lo que atañe al Párrafo 3 dicha nota aclara que “En los casos en que no haya datos objetivos y cuantificación respecto de los incrementos que deban realizarse en virtud de lo estipulado en el artículo 8, el valor de la transacción no podrá determinarse mediante la aplicación de lo dispuesto en el articulo 1. (…) Si el canon se basa en parte de la mercadería importada y en parte en otros factores que no tengan nada que ver con ella (…) no será apropiado proceder a un incremento en razón del canon”.
De lo antedicho, extrajo que los cánones y derechos de licencia son parte del valor de transacción para determinar el valor de aduana siempre que sean una condición de venta y, para ser tomados como condición de venta, deben darse las condiciones de forma objetiva y cuantificable, sin basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones.
En cuanto a las concretas circunstancias del caso, indicó que, de la prueba pericial contable producida en la instancia del Tribunal Fiscal, quedó acreditado que las regalías pagadas a la empresa ESAB HOLDINGS LIMITED INC no fueron exigidas como condición de venta respecto de los insumos importados por perder individualidad, pero las regalías pagadas a CASTOLIN EUTECIC INTERNATIONAL SA resulta condición de venta debido a que el licenciante ejerce el control efectivo sobre la fabricación de los productos.
Respecto de esto último, estimó que no se advierte de la lectura del mencionado contrato que ello concuerde con las condiciones pactadas y detalló que de la lectura de los contratos no surge que las regalías adicionadas por el servicio aduanero sean condiciones de venta directa de la mercadería importada en el año 2006 y, consecuentemente, tampoco resultan datos objetivos y cuantificables respecto de los incrementos que debieran realizarse, de conformidad con lo estipulado en el art. 8 citado del Acuerdo de Valor, al tratarse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de mercadería importada sometida a un proceso de industrialización, pues, en definitiva, el servicio aduanero no ha podido individualizar la mercadería sobre la que corresponde incrementar los valores declarados.
Concluyó que el ajuste de valor es improcedente en razón de que no encontrarse reunidos los elementos y requisitos necesarios para llevarlo a cabo, debiendo revocarse el cargo 1423/11 formulado por el servicio aduanero.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que disconforme con lo así resuelto, el único agravio que plantea el Fisco Nacional (ex AFIP-DGA) se endereza a cuestionar, por considerarla incorrecta, la interpretación que realiza el Tribunal Fiscal respecto del concepto de “condición de venta”, que lo conduce a considerar que su constatación depende única y específicamente de su inclusión en el contrato. En este sentido, sostiene que “[L]a actividad comercial desarrollada por la Compañía involucra productos licenciados tanto nacionales como extranjeros, y en este último caso, éstos son provistos por vendedores del exterior. Pretender que de los contratos acompañados se desprenda ‘clara e inequívocamente’, que el comprador se encuentra obligado a adquirir las mercancías conjuntamente con la obligación del pago de canon o derecho de licencia, sería desconocer los preceptos básicos del alcance de la propiedad intelectual”
Con cita a Daniel Zolezzi, refiere que “reconocida doctrina en la materia opina que -en la realidad de los negocios- las condiciones de venta (es decir, las instrucciones que el vendedor imparte al comprador para que éste pague el canon) no se presentan de un modo ostensible, sino que generalmente los contratos de compraventa internacional son contratos escuetos, sin cláusulas minuciosas y que la ‘condición de venta’ debe buscarse en la interdependencia entre la compra de lo tangible y el derecho a usar o comercializar lo intangible. Lo más usual es que el contrato de venta y el de licencia se concierten por separado, sin que importe cuál de ellos se celebró primero. Frecuentemente, los importadores que compran mercancías relacionadas con un contrato de licencia, lo hacen a lo largo de un tiempo prolongado”. Argumenta que el requisito de que el pago del canon o licencia sea una condición de venta se refiere a la posibilidad o no de separar la compra de los bienes importados del pago del canon, y que el pago del canon será siempre una condición de venta cuando, sin ese pago, los bienes no habrían sido vendidos, o por lo menos no se habrían vendido en el precio finalmente acordado.
IV. Las normas que rigen la valoración en importaciones. La “condición de venta”.
Que el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (incorporado a nuestro sistema normativo a través de la Ley N° 23.311) establece, como principio general en materia de valoración, la preeminencia del “valor de transacción”, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Esta es la primera base para la determinación del valor en aduana de conformidad con el Acuerdo, quedando excluido el empleo de valores ficticios o arbitrarios e instaurándose una noción positiva del valor.
En la Introducción General del Acuerdo se expresa también que el artículo 1° debe considerarse en conjunción con el artículo 8°, que dispone el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos -que se consideran que forman parte del valor en aduana- se encuentren a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías importadas.
Asimismo, debe recordarse que conforme al artículo 17 de dicho Acuerdo, “...ninguna de las disposiciones...podrá interpretarse en un sentido que pueda restringir o poner en duda el derecho de los Administradores de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana. Ello con la finalidad de hacer cumplir al importador la obligación de declarar en forma completa, precisa y veraz, todos los elementos que puedan incidir en la determinación del valor” (confr. esta Sala expte. nro. 29197/2013, in re “Sanofi Aventis Argentina SA (TF 27207-A) c/ DGA”, del 15/04/2014 y sus citas). En este sentido, el artículo 8° del Acuerdo establece que “...para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por mercancías importadas: …c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercaderías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar…”.
De lo expuesto, se extrae como primera conclusión que, en función de los propios términos del Acuerdo, los cánones y derechos de licencia abonados como condición de venta de las mercaderías, aún cuando no se encontraren incluidos en el precio realmente pagado o por pagar, pero que se relacionen con las mercaderías objeto de valoración, deben formar parte del valor CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en aduana de las mercaderías, en tanto dicho Acuerdo de Valoración ha previsto que, bajo ciertas condiciones, las sumas de dinero abonadas en retribución del derecho a usar esa creación intelectual formen parte del valor en aduana de las mercaderías, junto con el precio estipulado para aquellas.
Así establecidos los principios técnicos aplicables a la determinación del valor en Aduana, y sus eventuales ajustes, con particular referencia al caso aquí ventilado ha de puntualizarse que del art. 8º inc. c) del Acuerdo surge que el referido ajuste exige la concurrencia de tres elementos, a saber: a) que existan cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio de las mercaderías, b) que se verifique una relación entre esos cánones y derechos de licencia y las mercancías importadas y c) que aquéllos sean condición de venta (confr. Lascano, Juan Carlos “El valor en Aduana de las Mercaderías Importadas” Ed. Osmar D. Buyatti, Buenos Aires 2007, pág. 213).
Conviene recordar que un canon, derecho de licencia o regalía, en el sentido indicado en el artículo, es toda suma de dinero pagada por la adquisición de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con las mercaderías importadas, o por la licencia al uso de estos derechos; siendo variada y extensa la clase de derechos relacionados con el comercio de mercaderías que las partes pueden ceder o licenciar.
Sentado lo expuesto y en lo atinente al requisito de que el pago del canon o licencia constituya “condición de venta” de las mercaderías (tal el aspecto medular que aquí se debate), se ha dicho que refiere a la posibilidad de separar o no la compra de los bienes importados del hecho de su pago, de manera que el vendedor no venda al comprador las mercaderías para su exportación sin que se pague un canon o derecho de licencia, o que el comprador no pueda adquirir o importar las mercaderías objeto de valoración legal, si no paga cánones y derechos de licencia (conf. esta Cámara, Sala II, fallo del 31.5.12 “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 27802-A) c. DGA”; idem Sala IV, "Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 22829-A) c/ DGA", 25/11/10); idem, Sala V 19.364/11 "Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 26834-A) c/DGA" del 4/04/12 y esta Sala en su actual integración, expte. nro. 25364/2023, in re, “Cereales Partners LLC UTE (TF 37553-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/08/2024).
Los ajustes que se refieren a la propiedad intelectual que se halla inserta en las mercaderías se topan con la dificultad que el Acuerdo no menciona una forma particular de propiedad inmaterial la cual puede adoptar distintos términos (vgr. canón, licencia, regalías, franquicias) y que tampoco define “la condición de venta”.
Autorizada doctrina nacional en materia de valoración, citando a referentes internacionales (Glashoff y Sherman), explica que la “condición de venta” no tiene un significado único y claro, que permita aplicarla automáticamente a los distintos supuestos que se dan en el comercio y que, para estos autores la expresión debe ser interpretada como la imposibilidad de separar el pago del canon de la venta de las mercancías importadas. Asimismo, postula que generalmente, “la obligación de pagar un canon no se estipula en el contrato de venta de las mercancías importadas” y que la estipulación del artículo 8.1.c) del Acuerdo “admite la posibilidad de que el canon se pague como consecuencia de una estipulación que no surja del contrato de venta de las mercancías importadas. Más aun, por lo general, esa obligación emana de un convenio de licencia que obra por separado, sin que ninguno de ambos contratos –ni el de venta ni el de licencia- haga referencia al otro”. Agrega el experto que, el contrato de licencia que obliga al pago del canon puede haberse celebrado entre el comprador y el vendedor o entre aquel y un tercero. Teniendo en cuenta las estipulaciones de ese convenio y las del contrato de venta, como asimismo las circunstancias particulares del caso, es que puede establecerse si los cánones se pagan como condición de venta de las mercancías importadas” (cfr. Daniel Zolezzi, “Valor en Aduana”, Segunda edición actualizada y ampliada, Editorial La Ley, año 2008, Buenos Aires, Argentina, páginas 169 a 220).
V. La solución de caso Que en el procedimiento de ajuste de valor el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. Sala IV, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, mantenida por esa misma Sala, en el expte. CAF 002893/2024, in re, “Refinería del Norte SA (TF 36433-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25/06/2024 y más recientemente en el expte. 41045/2023, in re, "Massuh SA (TF 19868-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", del 20/02/2025). En el caso, no ha quedado demostrado por la Aduana que las regalías afrontadas por CONARCO se relacionaban con las mercaderías que habrían sido importadas en las destinaciones detalladas en las planillas de folios 13/33 de las actuaciones administrativas, las cuales ni siquiera han sido incorporadas al expediente.
En efecto, el informe pericial contable agregado a fs. 448/454, aclarado a pedido de la parte actora a fs. 461, autoriza a concluir que las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO regalías pagadas a la empresa ESAB HOLDINGS LIMITED INC no se exigen como condición de venta respecto de los insumos por perder individualidad (y no siendo obligatorio su uso respecto a los otros al no haber exclusividad) cuando la regalía es abonada en relación a un producto final con un determinado proceso productivo” (ver en especial fs. 451). Según este informe sólo habría “condición de venta” en el contrato de franquicia en función del cual la aquí actora asumiendo el rol de tomadora, se comprometió con la franquiciante CASTOLIN EUTECTIC INTERNATIONAL SA a abonar el 2% de las ventas netas trimestrales a consumidores finales o sub distribuidores.
Con todo, al analizar si se verifica una relación entre esos derechos de franquicia y las mercancías importadas -segundo elemento que debe constatarse para la procedencia del ajuste en los términos del art. 8º inc. c) del Acuerdo- no hay datos objetivos y cuantificables que permitan examinar este aspecto.
Al respecto, no es ocioso recordar que el apartado 3°, del artículo 8° del Acuerdo así lo requiere al establecer que “Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables”.
En el mismo sentido la nota interpretativa de aquella disposición precisa que: “en los casos en que no haya datos objetivos y cuantificables respecto de los incrementos que deban realizarse en virtud de lo estipulado en el artículo 8, el valor de transacción no podrá determinarse mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1…Si el canon se basa en parte en la mercadería importada y en parte en otros factores que no tengan nada que ver con ella (como en el caso de que la mercancía importada se mezcle con ingredientes nacionales y ya no pueda ser identificada separadamente…) no será apropiado proceder a un incremento por razón del canon”.
La Aduana, lejos de cumplir con este estándar que la obliga a efectuar el ajuste sobre bases objetivas y cuantificables, en claro apartamiento a las disposiciones citadas, tomó el monto total de las regalías abonadas por la importadora y lo prorrateó en función del valor FOB de las mercaderías importadas, prescindiendo de que dichas regalías se determinan contractualmente sobre el precio neto de venta en el mercado interno, el cual comprende no solo el valor de las mercaderías importadas, sino también los costos de producción y los insumos de origen nacional incorporados en el producto final (cfr. Informe contable de folios 131, punto b) de las act. adm.). Al proceder de tal modo, la Aduana construyó un ajuste carente de respaldo fáctico y normativo, que distorsiona la base imponible de los tributos reclamados en el cargo y vulnera el principio de legalidad en materia tributaria. Por tales razones, corresponde confirmar la sentencia que declaró improcedente el ajuste practicado y consecuentemente dejó sin efecto el cargo.
VI. Costas Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN), lo cual conduce a examinar las apelaciones interpuestas contra la regulación de honorarios.
Así las cosas, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en el cargo nro. 1423/2011, del 1/12/2011, por la suma consignada en la resolución DE PRLA 2791/15, dictada el 18/06/2015 en la actuación administrativa 13681-165-2010/1, expresado en una porción en moneda nacional de curso legal y en otra en dólares estadounidenses, la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; Sala IV, 30/5/1989, “Ruiz, Raúl O. c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior” y esta Sala, expte. nro. 10.603/97, “Asociación Técnico Constructora SA”, del 9/11/2009; nro. 9435/01, “Almiron”, del 4/6/2010; nro. 29.211/06, “Flores Antonio”, del 6/9/2011; nro. 6380/98, “Desaci SA”, del 29/12/2011; nro. 10802/08 “Albornoz”, del 19/4/2012; nro. 575/07, “Prodecom”, del 5/6/2012, entre otros; nro. 38564/1996, “ENTEL -en liquidación c/ Estructuras S.A.C.I.C.I.F.”, del 8/11/2016; nro. 60/1994, “Llabres, Juan Carlos”, del 13/3/2018; causa N° 71756/2022, “AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 16/09/2023; y con la actual composición de esta Sala, expte. nro. 34839/2023, in re “Compañía Argentina De Granos SA (TF 73234871-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/003/2025). En el caso, ese importe queda conformado por la cantidad de dólares estadounidenses -convertidos a moneda nacional de curso legal- por la diferencia de tributaria reclamada como consecuencia del ajuste de valor, por los pesos de los rubros referidos a las percepciones y por los intereses hasta el momento de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que han sido incluidos en el formulario F.4.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
13047/2024 CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS SA (TF 36316-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A la luz de las consideraciones expuestas y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante la primera etapa del pleito (calculada según el arancel de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432), y durante las restantes etapas (fijadas en UMA, según la ley 27.423), SE CONFIRMAN los honorarios regulados a fs. 533/535.
En cuanto a las tareas de alzada, teniendo en cuenta el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación de fs. 567/572 SE REGULAN, en conjunto, los honorarios a favor de los Dres. Julio Carlos Lascano y Adrián Marcelo Míguez -ambos del estudio jurídico Carena y Asociados- en 5 UMA, que al día de la fecha equivalen a $378.945 (cfr. art. 30 de la ley 27.423 y resol. CJSN 1860/25), que se distribuirán conforme la no impugnada proporción dispuesta en el auto regulatorio apelado.
Hágase saber que se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar los agravios introducidos por la AFIP -DGA y, en su consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 515/517. Con costas.
2. establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando VI.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia