Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 34.588-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora, con costas.
2Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 3.611,60.- (pesos tres mil seiscientos once con sesenta centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
3Regular en las sumas de $ 1.000.- (pesos un mil) y $ 600.- (pesos seiscientos) los honorarios de los Dres. Ezequiel Silvio Katz y María Gabriela Strasiotto, por sus actuaciones como co-apoderados y letrados copatrocinantes del Fisco Nacional, respectivamente, los que se encuentran a cargo de la incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
4Regular los honorarios de la perito Contadora Ana María Machuca, interviniente por el Fisco Nacional, en la suma de $ 500.- (pesos quinientos), monto que se encuentra a cargo de la incidentista y no incluye el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-121362121-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Diciembre de 2021 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 34.588-I, caratulado: “CONARDI S.R.L. s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que el presente incidente se formó como consecuencia del pedido efectuado por la recurrente en los autos principales de que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos. Fundamenta su petición en que no registra actividad, lo que se traduce en la imposibilidad material de hacer frente a la tasa de actuación; dicha solicitud la realiza en los términos los arts. 78 y siguientes del C.P.C.C.N. Ofrece prueba testimonial y pericial contable (ver 31/32 vta.).
A fs. 36/40 vta. la representación fiscal manifiesta que el beneficio que contempla el art. 78 del C.P.C.C.N., a su entender, se acuerda a quienes carecen de recursos, es decir, a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza que al no poder afrontar el pago de la tasa de actuación afectaría su derecho a estar en juicio. Indica que para que el beneficio prospere tiene que existir un estado de absoluta imposibilidad de pago, no bastando las meras apreciaciones o comentarios que realiza la recurrente, los que se encuentran encaminados a poner de manifiesto que carece de recursos para afrontar las erogaciones que demande el proceso pero que no ha demostrado que se encuentre imposibilitada de acceder a recursos suficientes.
Señala que dicho beneficio persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos, pero no a quien carece de liquidez, siendo ello un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. Cita doctrina y jurisprudencia a favor de su postura, se opone a la producción de las pruebas ofrecidas y formula el caso federal. Concluye solicitando se rechace el beneficio peticionado.
II. A fs. 50 se abre el presente incidente a prueba haciéndose lugar a las pruebas testimonial y pericial contable. A fs. 73 se clausura y a fs. 74 se confiere traslado a las partes a los efectos previstos por el art. 81 del C.P.C.C.N. Finalmente, a fs. 81 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
III. Que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto excepcional, que tiene por finalidad permitir a aquéllos que carecieren de recursos o de la posibilidad de obtenerlos, acceder a la justicia u organismos con funciones jurisdiccionales en defensa de sus derechos.
Que en el presente caso el pedido de su concesión está dirigida a obtener la eximición del pago de la tasa de actuación Ley 25.964.
Que si bien es cierto que este remedio no restringe su aplicación a las personas físicas, también lo es que su extensión a las de existencia ideal o jurídicas procede en la medida que se pruebe la carencia de las mismas para afrontar los gastos del proceso, circunstancia que debe analizarse con sumo cuidado pues cuando la controversia es producto de relaciones comerciales quien tiene a su cargo impartir justicia debe examinar cuidadosamente la situación de la sociedad solicitante, porque si bien no es necesario que aquélla se encuentre en estado de cesación de pagos o tenga abierto su concurso, no resulta razón suficiente para su otorgamiento la carencia de liquidez, por ser éste un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio (CNCom, “Aerotán S.A. c/Asociación de Coop. Argentina Ltda de Seguros s/Beneficio de litigar sin gastos”, citado por Díaz Solimine, Omar L., “Beneficio de litigar sin gastos”, Ed. Astrea, Bs. As. 1995, pág. 25. En el mismo sentido: CNACAF, Sala IV, in-re: “Agroquímica Sud S.A.”, sentencia del 08/07/2010).
Que el inc. 2° del art. 79 CPCCN, es categórico en cuanto dispone: “La solicitud contendrá:…2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso.”. Es decir que quien tiene la carga de probar fehacientemente la carencia de recursos y de crédito para obtenerlos, es quien la invoca. Que al respecto procede merituar las pruebas allegadas al presente incidente y en tal sentido, a fs. 28, 29 y 30 lucen las declaraciones testimoniales de los Sres. José Luis Palenzona, Javier Armando González y Germán Darío Psatocchi. Dichos testimonios coinciden en afirmar que conocen a la empresa por haber tenido un vínculo laboral y que tienen conocimiento que ha dejado de tener actividad desde el año 2006 aproximadamente, motivo por el cual aseveran que no posee ingresos. Asimismo, concuerdan que lo manifestado lo saben por tener conocimiento directo.
Que corresponde poner de resalto que la prueba testimonial per se no resulta un medio de prueba que permita demostrar fehacientemente la carencia de recursos si junto con ella no se aportan otros medios de prueba que le den vigor a tales declaraciones, toda vez que pese a que los testigos manifiestan tener conocimiento directo de la situación patrimonial de la empresa ello no permite dilucidar sobre el modo en que obtuvieron dicha información y si es que poseen conocimiento directo de los libros, balances y estados contables de la contribuyente, que se reputan como la fiel expresión de la real situación económica de una persona jurídica.
Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se produjo en autos la prueba pericial contable ofrecida (ver fs. 66/68), de la que se desprende que los expertos compulsaron los libros: inventario y balances, diario general y actas de reuniones de socios, de donde extrajeron que de los ejercicios finalizados al 31/03/2004, 31/03/2005 y 31/03/2006 se obtuvieron los siguientes resultados: (-$8.473,89), $ 27.369,29 y (-$738,21), respectivamente. Que respecto de la situación económica de la empresa a la fecha de interposición del recurso y al momento de la realización de la prueba pericial, los expertos manifiestan que según los libros exhibidos el último estado contable transcripto resulta ser al 31/03/2006, de donde se extrajo: en la cuenta caja saldo por $1.968,92, cuenta bancaria del Banco HSBC n° 0753-20632-9 saldo acreedor por $ 2.736,78, cuentas por cobrar en saldo de $ 6.511,87, como bienes de uso cuenta con un rodado con valor residual de $ 18.081,45.
Por otra parte, como pasivo detallan que se distinguen las siguientes cuentas: deudas comerciales por $ 19.191,78 (de las que la perito del Fisco Nacional señala que en la nota del estado contable sólo hace referencia a que son facturas pendientes de pago, sin más detalles); deudas fiscales relativas al impuesto sobre los ingresos brutos por $ 11.612,84; cuentas por pagar en $ 1.277,93. Señalan que respecto de la cuenta bancaria del Banco HSBC se le exhibieron los extractos al 31 de marzo de 2007 de la que surge saldo deudor por $ 4.143,86, pero que desconocen el saldo de la misma a las fechas requeridas. Continúan diciendo que se efectuó consulta al Sistema Registral de la página web de la AFIP de donde surge que la contribuyente ha obtenido la baja definitiva en los siguientes impuestos: al Valor Agregado, a las Ganancias, sobre los Bienes Personales Acciones o Participaciones y Regímenes de Información, por lo que a la fecha del informe no posee impuestos activos y, con el fin de probar dicha circunstancia, acompañan la impresión de pantalla de dicho sistema (ver fs. 64/65).
Agregan la información brindada por el Sistema Cuentas Tributarias de la página web de AFIP en la que constan deudas respecto del impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias. Finalmente, respecto de si la contribuyente se encuentra en posición de abonar la tasa de actuación, el experto propuesto por la recurrente manifiesta que no tiene los elementos de prueba suficiente que le permitan responder dicho punto, en tanto, la perito por el Fisco Nacional considera que en razón de los montos mencionados y de la existencia de un rodado, ellos alcanzarían para cubrir el monto de la tasa.
En atención al informe producido por los peritos contadores, si bien demuestran un patrimonio frágil, lo cierto es que el último balance confeccionado por la contribuyente corresponde al ejercicio cerrado al 31/03/2006 y que según consta en el Sistema Registral de la página web de la AFIP ha obtenido la baja definitiva en los impuestos antes referidos varios períodos después. Tampoco se aportaron suficientes pruebas respecto del estado del patrimonio real de la contribuyente como pueden ser las existencias, los bienes inmuebles y de uso, ni tampoco prueba sobre la solicitud de baja ante la Inspección General de Justicia con lo que se confirmaría el cese total de actividades, como se ha intentado argüir en el presente incidente.
Por otra parte, es necesario destacar que la recurrente se presenta junto con una profesional del derecho para que la patrocine en estas actuaciones y respecto de la que no consta que exista un pacto de cuota litis o que haya renunciado a percibir sus honorarios, por lo que se presume que cuenta con dinero suficiente para hacerse cargo de los emolumentos de la profesional, toda vez que su trabajo no se presume gratuito.
Atento lo expuesto precedentemente, corresponde denegar la concesión del beneficio de litigar sin gastos que peticionara, con costas.
Que en atención a la forma en que se decide, procede intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 3.611,60.- (pesos tres mil seiscientos once con sesenta centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
IV. Que corresponde regular los honorarios correspondientes al Fisco Nacional, aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y sus modificaciones, toda vez que los trabajos efectuados por los profesionales intervinientes fueron realizados íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423. Que en tal sentido, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que “(...) es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior(...)” (conf. CSJN “Francisco Costa e Hijos c/Bs.As., Pcia.” 12-9-1996, “Coronel, Martín Fernando c/ Villafañe, Carlos A., y Universidad de Tucumán” 11-4-2006).
Por ello, se regula en las sumas de $ 1.000.- (pesos un mil) y $ 600.- (pesos seiscientos) los honorarios de los Dres. Ezequiel Silvio Katz y María Gabriela Strasiotto, por sus actuaciones como co-apoderados y letrados copatrocinantes del Fisco Nacional, respectivamente, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, las etapas procesales cumplidas y el resultado del presente incidente (conf. ley 21.839 art. 33 y cctes. y modif.).
Asimismo, procede regular los honorarios de la perito Contadora Ana María Machuca, interviniente por el Fisco Nacional, en la suma de $ 500.- (pesos quinientos) conforme pautas emergentes del Decreto-Ley 16.638/57.
Se deja constancia que los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiero al voto de la Vocal preopinante con excepción del noveno párrafo del Considerando III. El Dr. Vicchi dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Marmillon.
Por ello, por mayoría, SE
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora, con costas.
2. Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 3.611,60.- (pesos tres mil seiscientos once con sesenta centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
3. Regular en las sumas de $ 1.000.- (pesos un mil) y $ 600.- (pesos seiscientos) los honorarios de los Dres. Ezequiel Silvio Katz y María Gabriela Strasiotto, por sus actuaciones como co-apoderados y letrados copatrocinantes del Fisco Nacional, respectivamente, los que se encuentran a cargo de la incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
4. Regular los honorarios de la perito Contadora Ana María Machuca, interviniente por el Fisco Nacional, en la suma de $ 500.- (pesos quinientos), monto que se encuentra a cargo de la incidentista y no incluye el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente agréguese por cuerda al expediente principal.
Date: 2021.12.09 13:53:04 -03:00 Date: 2021.12.10 18:04:21 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.14 16:53:01 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.14 16:53:02 -03:00
Fin de la sentencia