Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros 12/11,112/15 y 115/15, con costas.
2Declarar prescripta la multa impuesta en la Resolución N° 2080/12. Sin costas
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
A. Por el Expediente N° 34.586-I, en las sumas de $19.068 por la representación procesal y $47.670 por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N° 34.587-I, en las sumas de $15.396 por la representación procesal y $38.490 por el patrocinio letrado.
C. Por el Expediente N°43.229-I, en las sumas de $27.405 por la representación procesal y $68.513 por el patrocinio letrado.
D. Por el Expediente N°29.915-I, en las sumas de $15.486 por la representación procesal y $38.717 por el patrocinio letrado.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423: …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-90411080-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Agosto de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 34.589-I y sus acumulados caratulado “Conardi SRL s/apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Conardi SRL interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a) Resolución N° 14/11 (Expediente N° 34.586-I), mediante la cual se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 y 2006 y se la intima a ingresar la suma de $311.424,43, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto se hace reserva de aplicar sanciones en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b) Resolución N° 12/11 ( Expediente N° 34.587-I), mediante la cual se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado, los saldos técnicos a favor del organismo por los meses de enero a octubre de 2005, enero a marzo y agosto de 2006; los saldos técnicos a favor de la recurrente por noviembre y diciembre de 2005 y abril a julio de 2006; los saldos a favor del organismo fiscal por agosto a octubre de 2005, enero a marzo y agosto de 2006 y las diferencias a ingresar de enero a julio de 2005, intimándosele como resultado el pago de $202.494,80, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En ese acto, además, se le aplica una multa de $79.523,28 con sustento en lo dispuesto en los arts. 46 y 47 inc a), b) y c) de la ley 11.683 en relación a los períodos fiscales enero a marzo de 2005 y agosto de 2006, y se hace reserva de aplicar sanciones en virtud de los previsto en el art. 20 de la ley 24.769, en relación a los períodos abril a octubre de 2005 y enero a marzo de 2006.
c) Resolución N° 2080/2012 (Expediente N° 36.607-I), en la que se le aplica una multa de $34.092 con sustento en los arts. 46 y 47 a), b) y c) en relación al impuesto al valor agregado de los períodos enero, febrero y marzo de 2005 con la reducción prevista en el art. 49 de la ley. Asimismo, se hace reserva de aplicar sanción en relación a los períodos fiscales abril y junio de 2005. d) Resolución N° 112/15 (Expediente N° 43.229-I), en la que se le aplica una multa de $934.273, 29 con sustento en los arts. 46 y 47 inc a), b) y c) de la ley, en relación al impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2005 y 2006, de cuya aplicación se había hecho reserva en la Resolución N° 14/11.
e) Resolución N° 115/15 (Expediente N° 43.230-I), en la que se le aplica una multa de $547.961,12 son sustento en los arts. 46 y 47 inc a), b) y c) de la ley, en relación al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales abril a octubre de 2005 y enero a marzo de 2006, de cuya aplicación se había hecho reserva en la Resolución N° 12/11 y en la 2080/2012.
En sus recursos plantea, en primer lugar, la defensa de prescripción en relación a las determinaciones del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2005 y al valor agregado de los periodos enero a octubre de 2005 efectuadas en las Resoluciones Nros. 14/11 y 12/11, invocando que no le resulta aplicable la suspensión de un año de la prescripción en curso prevista en el art 44 de la ley 26.476, porque no formuló acogimiento alguno a los Títulos I y III de esa norma, la que sostiene que no se aplica con carácter general, sino sólo respecto de los contribuyentes que se hubieran adherido a sus beneficios.
Si bien admite que existió una presentación de la empresa formulando acogimiento a la ley, asegura que fue efectuada por su contador -que conocía su clave fiscal- pero sin el consentimiento de Conardi SRL, por lo que afirma que careció de validez, tal lo que el propio profesional reconociera ante la fiscalización. Es ella misma, además, la que en el recurso de apelación, la que dijo haber desistido de dicha presentación.
Así, sostiene que tanto la obligación de presentar las declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2005 como en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero a octubre de 2005, venció en el año 2005 (cierre 31 de marzo de cada año), por lo que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2006 y venció el 1° de enero de 2011, por lo que las acciones del Fisco Nacional tanto para determinar los tributos como para imponer las multas, se encuentran prescriptas.
Por otra parte, plantea la nulidad de las Resoluciones, porque sostiene que carecen de precisión acerca de las causas que fundamentan los ajustes y de los cargos que se le formulan. Afirma que, contrariamente a lo allí consignado, no se trata de determinaciones sobre base cierta, porque no se agotaron los extremos para determinar la deuda sobre la base de balances, libros contables y documentación de respaldo, sino que se recurrió a indicios, como informes de terceros, y luego a otras presunciones que fueron aplicadas arbitrariamente, lo que le provocó un estado de indefensión.
A continuación, respecto de los ajustes practicados en las Resoluciones, se agravia de que el organismo fiscal haya presumido que existían ventas no registradas a partir de la información brindada por su principal cliente, Intermar Bingos S.A., respecto de las operaciones realizadas con ésta, y que se le impute un incremento patrimonial no justificado de conformidad con el inc. g) punto 1 del art. 18 de la ley 11.683 (tv), sobre la base de los depósitos bancarios que según el juez administrativo no fueron correctamente depurados.
Afirma que de ese modo se aplicaron dos presunciones a la vez; en primer lugar se presumieron ventas omitidas sin registrar sobre la base de un listado suministrado por un tercero y luego, se presumieron ventas a través de los depósitos bancarios, lo que considera que no es un método válido para determinar sus obligaciones porque no se basa en hechos comprobados.
Se queja de que no se haya aceptado la depuración que efectuó de la cuenta corriente ya que, según sostiene, se encuentra acreditado que el gerente de Conardi S.R.L., Sr. Roberto López del Hoyo, para no dejar el dinero depositado en la cuenta lo retiraba en efectivo y lo llevaba a la caja de seguridad para luego volver a depositarlo en la cuenta si era necesario. Alega que dicha modalidad fue acreditada con el movimiento de la cuenta corriente, cobro de los cheques y registros asentados en el libro Diario. Resume así que en la cuenta bancaria circulaba dinero que el gerente primero extrajo y luego él mismo devolvió, explicación que, según sus dichos, justifica las diferencias que se invocan como indicio de la presunción.
Asimismo, se agravia de que el juez administrativo haya considerado que “la contabilidad de la contribuyente resulta objetable” porque las registraciones y la documentación de respaldo no fueron impugnadas, por lo que afirma que no se pueden desconocer sin una impugnación concreta los asientos contables, que están respaldados en los movimientos de la cuenta corriente bancaria.
Asegura que el registro de esas operaciones se asentaba en el Libro Diario y la cuenta que lleva el nombre “Roberto López del Hoyo”, corresponde a los movimientos que efectuaba éste durante su administración, por lo que no se trata de movimientos de la cuenta particular de un socio sino del gerente de la empresa. Por eso, dice, los asientos del libro Diario reflejan la administración de los bienes de la sociedad y el dinero retirado de la cuenta siempre perteneció a la sociedad.
En definitiva, afirma que la pericia realizada en sede administrativa se acreditó que en la cuenta corriente de la sociedad en el Banco HSBC Bank circulaba el mismo dinero que primero extrajo el gerente y luego fue devuelto. En cuanto a la capacidad financiera del gerente para la devolución, dice que no se requiere su comprobación, ya que el manejo del dinero -extracción y depósito- se hizo en representación de la sociedad, porque pertenecía a ésta.
Se agravia, por otra parte, de que el juez administrativo no haya aceptado al liquidar las obligaciones en el impuesto a las ganancias la deducción del gastos, tales como los sueldos pagados a los socios Diego y Javier López del Hoyo, que fueron necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada y que se encuentran acreditados a través de la prueba pericial contable producida en sede administrativa, y justifica que sólo se aportaron recibos de sueldo de los periodos abril de 2004 y marzo de 2006 por ser el primero y el último mes comprendidos en la verificación, lo que según dice, acredita la continuidad de los pagos.
Se queja también de que no se admita en la liquidación el gasto por honorarios profesionales pagados al gerente, porque a la misma vez no se desconoce el trabajo realizado como arquitecto. Califica de excesiva la aplicación del art. 40 de la ley del gravamen (tv), por el solo hecho de no haberse practicado la retención al momento del pago y alega que el castigo aplicado es irrazonable e irreparable.
Por todo ello, solicita que se deje sin efecto el ajuste que por el concepto incremento patrimonial no justificado según el art. 18, inc. g) de la ley 11.683 (tv) y de ventas omitidas de declarar, en ambos casos con incidencia tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado, que se formula en dichos actos. En cuanto a las multas por defraudación aplicadas en las Resoluciones, sostiene que no corresponden sobre la base de ajustes realizados sobre base presunta, porque el dolo no puede presumirse sino que debe ser probado, lo que no ha sucedido en el caso.
Ofrece la producción de diferentes medios de pruebas -testimonial e informativa- y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado de los recursos la representación fiscal, la que remitiéndose a los fundamentos de las Resoluciones, pide que se confirmen, también con costas.
A fs. 268 por Tribunal en Pleno se acumuló el Expediente N° 34.587-I. A fs. 362 esta Sala D decidió la acumulación del Expediente N° 34.586-I y a fs. 469, la del Expediente N° 43.229-I. Por último, a fs. 556 el Tribunal en Pleno resolvió acumular el Expediente N° 43.230-I.
A fs. 278 se abrió la causa a prueba admitiéndose la informativa y la testimonial ofrecidas por la recurrente, que fueron producidas a fs. 363y 365//377; a fs. 573 se dispuso la clausura del periodo probatorio. A fs. 575 se elevaron las actuaciones a la Sala y a fs. 579 se pusieron los autos para alegar, aunque sólo el Fisco Nacional hizo uso de ese derecho a fs. 583/585.
Por último, a fs. 589 quedan en estado de dictar la sentencia.
III. Corresponde en primer lugar, analizar la defensa de prescripción opuesta por Conardi S.R.L. en relación al impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2005 y al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero a octubre de 2005.
Para ello, cabe recordar que según los arts. 56 y 57 de la ley 11.683, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los impuestos prescriben por el transcurso del plazo de 5 años, el que comienza a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.
En el caso de autos, teniendo en cuenta que Conardi S.R.L. cerró su ejercicio el 31 de marzo de 2005, el plazo de prescripción para la determinación de sus obligaciones se inició el 1° de enero de 2006, por lo que el vencimiento del plazo se produjo el 1° de enero de 2011. Ello así, teniendo en cuenta la fecha de las Resoluciones Nros. 14/11 y 12/11 por las cuales de determinaron de oficio sus obligaciones frente al impuesto a las ganancias y al valor agregado, ambas dictadas el 24 de enero de 2011, cabe analizar si se han verificado circunstancias que pudieran haber tenido la virtualidad de suspender o interrumpir el curso normal de dicho plazo.
Y en ese aspecto, resulta aplicable lo resuelto por esta Sala en una anterior composición en los autos “Molinari, Carlos Juan”, sentencia del 27 de diciembre de 2017 y, más recientemente, en su actual composición en los autos “Ford Crédito Compañía Financiera S.A”, sentencia del 16 de abril de 2019 y “HSBC Argentina Holdings SA” del 17 de diciembre de 2019, entre otras, en las que haciendo referencia al art. 17 de la ley 26.860, dijo en lo que aquí interesa, que “De la lectura de la normativa transcripta surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu”.
Y que, por lo tanto, “… el plazo de suspensión incorporado por la ley N° 26.860 alcanza a la totalidad de contribuyentes hayan o no optado por hacer uso del régimen de exteriorización de moneda extrajera, resultando plenamente aplicable en el sub examen y por ende, el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 …”, constituyendo ésta una decisión del entonces legislador, de la cual no corresponde apartarse ya que no existen a la fecha precedentes en la que se haya declarado su inconstitucionalidad (conf. art. 185, ley 11.683). En virtud de lo expuesto, cabe concluir que también en el caso el plazo de prescripción fue suspendido por 1 año por aplicación del art. 44 de la ley 26.476 (BO 18.12.2008), por lo que operó el 1° de enero de 2012 para el periodo fiscal 2005.
En consecuencia, las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio las obligaciones de la aquí recurrente no habían prescripto, por lo que cabe rechazar la excepción, sin costas (Fallos 236:70 “Bolland”).
IV. Corresponde ahora expedirse en relación al planteo de nulidad de las Resoluciones, que, cabe ya decirlo, la recurrente formula de manera genérica, sin demostrar en forma concreta de qué manera se ha visto perjudicada por los supuestos vicios que le enrostra a dichos actos.
Cuestiona el método utilizado por el juez administrativo para determinar de oficio sus obligaciones sobre base presunta en lugar de sobre base cierta, mas no aportó en la instancia administrativa previa ni ante este Tribunal la documentación particular de todos y cada uno de los movimientos que dice haber hecho el socio gerente como consecuencia de las operaciones con la empresa Intermar Bingos SA y que, según explica, llevó al uso de su cuenta bancaria. Por ende, no puede haber reparos al uso del método que el art. 18, inc. g) de la ley 11.683 precisamente para casos como estos la ley autoriza a la Administración Tributaria a utilizar para establecer las obligaciones tributarias de los contribuyentes cuando no cuenta con registros y documentación confiable para hacerlo sobre base cierta.
Al respecto, cabe señalar que es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal que “…toda determinación sobre base presunta, como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional, debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados (cfr. “Dadea, Marta Elisa”, sentencia del 22/12/83, entre muchos otros).
Debe decirse que tampoco hubo afectación alguna al derecho de defensa, ya que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de los Considerandos de las Resoluciones surge claramente cuáles fueron los cargos formulados y sus fundamentos, por lo que en todo momento pudo ejercerlo, presentar sus defensas y sus pruebas en todas y cada una de las instancias que la ley 11.683 acuerda; no hay vicios entonces en el procedimiento previo al dictado de las Resoluciones recurridas.
Vale recordar, por último, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado por lo que corresponde desestimarla, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde entonces decidir acerca de la legitimidad de los ajustes notificados en las Resoluciones Nros. 14/11 y 12/11.
Según se desprende de las constancias de la causa, los ajustes se originaron en la fiscalización efectuada a Conardi S.R.L., empresa que se dedica a la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales en la ciudad de Mar del Plata, durante la cual se detectaron diferencias en los depósitos bancarios en relación a los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias, tanto en el período fiscal 2005 como en el 2006 que fueron tratados como ingresos omitidos de declarar en el impuesto a las ganancias y como ventas omitidas en el impuesto al valor agregado por aplicación del art. 18, inc. g) de la ley 11.683 (t.v.).
Como prueba en esa sede ofreció una pericia contable en la que el perito por ella propuesto, a partir de las explicaciones del gerente de la empresa, dio cuenta de que la operatoria era la siguiente: “El Gerente, Sr. Roberto López del Hoyo, me ha informado que habitualmente se procedía a extraer el dinero una vez acreditados los valores depositados que habían sido recibidos por cobranzas a clientes, siendo guardados en la Caja de Seguridad que tenían en el HSBC Bank de Argentina SA, o simplemente se retenían en la caja de la empresa. A posteriori, en la medida que era necesario, se hacían depósitos en efectivo para cubrir los cheques librados a su fecha de pago”, a lo que agrega que “ha podido verificar que existen registraciones contables en el Libro Diario por las extracciones efectuadas por el señor Roberto López del Hoyo y sus posteriores depósitos en efectivo”. Asimismo, la fiscalización efectuó una circularización a la firma Intermar Bingos S.A. –el único cliente de Conardi S.R.L.-, que aportó un detalle de las operaciones realizadas constatándose que existían facturas de ventas que no habían sido registradas, ni declaradas por ésta en ambos períodos.
Al contestar la vista en sede administrativa, Conardi S.R.L. invocó que las diferencias detectadas eran consecuencia de que en sus operaciones con Intermar Bingos S.A. “…existía una anticipación económica, la cual se vio afectada por las observaciones de obra efectuadas por esta última y que llevaron al cese de las obras, situación que obligó a devolver el dinero que se le había anticipado y que dificultó su expresión en la contabilidad”, pero lo cierto es que ni en esta instancia ni en la anterior, aportó documentación alguna de esas supuestas devoluciones de dinero a su cliente.
Sobre la base de los elementos recabados, el juez administrativo consideró que Conardi S.R.L. no había probado que la operatoria con Intermar Bingos S.A. se realizara con la modalidad invocada y que, por ende, había omitido declarar las ventas a dicha empresa, con incidencia tanto en base imponible declarada en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado: además, tampoco había justificado el origen de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, ya que de los resúmenes bancarios sólo se pudo constatar el movimiento de fondos que realizaba el gerente, con incidencia también en ambos gravámenes. Le correspondía, entonces, en esta instancia, en ejercicio de su derecho de contradicción, probar en contrario, pero tampoco lo hizo. En efecto, no realizó ningún esfuerzo en ese sentido, ya que en sus recursos pretendió justificar las diferencias en los depósitos bancarios en que su socio gerente, el Sr. Roberto López del Hoyo, retiraba y volvía a depositar el mismo dinero según las necesidades de la empresa y para ello, se remite a la pericia realizada en sede administrativa por el perito por ella propuesto, Contador Marcelo F. Speranza, cuya declaración ofrece también en esta causa pero como prueba informativa que, cabe señalar, es la única producida en el Expediente con el fin de contradecir la legitimidad del ajuste.
En el oficio agregado a fs. 363, el Contador Speranza, remitiéndose a su vez a la pericia que realizó en sede administrativa, manifiesta que en esa oportunidad tuvo a la vista el Libro Diario N°1 y el Libro de Actas de Reunión de Socios de Conardi S.R.L.. Asimismo, que el asiento denominado “Caja a Roberto López del Hoyo” refleja “dineros ingresados a la sociedad por aportes realizados por el Sr. Roberto López del Hoyo”. Es decir, reitera las conclusiones vertidas en su pericia, que vale destacar además, se basan en lo que le informó el propio gerente de Conardi S.R.L., Roberto López del Hoyo, lo cual le resta todo rigor probatorio.
Mas no prueba que los depósitos eran movimientos con el socio gerente a través de su cuenta particular como pretende y que no responden a ventas no declaradas.
Conardi S.R.L. también cuestionó la liquidación practicada en el impuesto a las ganancias al no haberse computado el gasto de los sueldos y de honorarios pagados a los socios, en este último caso por dirección y administración de obras, que no estaban registrados en la contabilidad, pero tampoco pudieron ser corroborados en la prueba pericial contable rendida en sede administrativa por el perito designado por la empresa ya que no fueron aportados todos los recibos ni otras constancias de su efectivo pago (fs. 366/368 act. adm “Impuesto a la Ganancias 2”).
No resultan suficientes a los efectos de acreditar los gastos invocados las manifestaciones del Contador Marcelo Speranza en la respuesta al oficio que obra a fs. 363. Allí dice que “no estaba contabilizado el correspondiente registro en el Libro Diario, pero he podido constatar que los respectivos recibos estaban firmados, lo que daría un indicio de que fueron abonados”, en particular porque los recibos nunca fueron exhibidos.
En cuanto a los honorarios, el juez administrativo sostiene que no se acreditó el pago de dichos honorarios a través de las cuentas de Conardi S.R.L., ni tampoco se practicaron las retenciones correspondientes. Es por este motivo, que aplica el art. 40 de la ley del gravamen (t.v.).
También en este caso el Contador Speranza al contestar el oficio que se le librara en este Tribunal, informó que el Sr. Hornos emitió dos facturas por $14.500 y $15.700, pero seguidamente dice que “…no puedo emitir opinión respecto de si los mismos fueron abonados ya que como indiqué en el informe pericial, estas facturas no se habían contabilizado”.
Conardi S.R.L. se agravió, asimismo, de que no se computaran más créditos fiscales que los tomados por el juez administrativo al liquidar sus obligaciones en el impuesto al valor agregado a partir de los libros Subdiario IVA Compras, pero a pesar de serle requerida no aportó documentación sobre esos mayores créditos en la instancia previamente sustanciada, ni tampoco aportó ni rindió prueba alguna en esta instancia.
Asimismo, y según se dejó asentado en el Informe de Inspección, durante la fiscalización -el 31/8/09- Conardi S.R.L. presentó declaraciones juradas rectificativas en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 y 2006 y en el impuesto al valor agregado de los periodos 1/05 a 3/06, pero se dice allí, y en los Considerandos de las Resoluciones Nros. 14/11 y 12/11, que no aportó la documentación de respaldo de lo declarado, por lo que los ajustes se efectuaron partiendo de las declaraciones juradas originales. Sin embargo, en las liquidaciones de los ajustes del impuesto a las ganancias sí se tuvieron en cuenta los gastos computados en las rectificativas, del mismo modo que se descontaron las retenciones en el impuesto a las ganancias según la información obrante en los sistemas de la propia Administración.
Surge también de los antecedentes que Conardi S.R.L. efectuó presentaciones en el régimen de la ley 26.476, Títulos I y III, mas no explicó a la fiscalización el origen de los importes regularizados en dicho régimen, ni tampoco efectuó pago a cuenta alguno. En sus recursos ante este Tribunal, hizo saber que había desistido de dichas presentaciones, que fueron hechas por un profesional sin autorización de la empresa. En esta instancia, además, produjo la prueba testimonial obrante a fs. 376 en la que el profesional interviniente ratifica su declaración ante escribano público en cuanto admitió haber actuado sin esa autorización.
En definitiva, en esta instancia Conardi S.R.L. no aportó, a pesar de las amplias posibilidades para hacerlo, documentación de respaldo, ni ofreció la producción una nueva pericia conjunta, ni otra prueba eficaz para refutar las conclusiones del juez administrativo basadas en los elementos recolectados en la fiscalización que se estiman suficientes para respaldar la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados en ambas Resoluciones, tanto por el capital, como por los intereses resarcitorios intimados en ellas que acceden por disposición legal (art. 37, ley 11.683), con costas.
VI. Corresponde ahora referirse a las multas aplicadas en los actos recurridos, y para ello, primero cabe analizar los planteos de prescripción efectuados por la recurrente.
Debe recordarse que según el art. 58 de la ley 11.683, las acciones y poderes del Fisco Nacional para aplicar multas prescriben por el transcurso de 5 años, comenzando a correr su término desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Al interponer sus recursos, Conardi S.R.L. planteó la prescripción de las multas por defraudación aplicadas en la Resolución N° 112/15 (14/5/2015), en relación el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2005 y en las Resoluciones Nros. 12/11 (24/1/2011) y 2080/12 (11/7/2012) en relación al impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero a marzo de 2005, así como también la aplicada en la Resolución N° 115/15 (14/5/2015) por los periodos fiscales abril a octubre de 2005.
Respecto de las mismas, el plazo de prescripción comenzó el 1° de enero de 2006 y venció el 1° de enero de 2011 por lo cual, teniendo en cuenta la fecha de las Resoluciones, debe analizarse si dicho plazo fue incidido por otras normas que hubieran suspendido o interrumpido su curso.
En tal sentido, el 18 de diciembre 2008 entró en vigencia la ley 26.476 que dispuso en su art. 44, con carácter general, la suspensión del plazo de prescripción en curso de las acciones para determinar deudas y aplicar multas por el término de un año. Al respecto, si bien en precedentes anteriores he sostenido que tales normas no tienen incidencia en materia sancionatoria, un nuevo análisis de la cuestión a la luz de la jurisprudencia reciente en la materia, conlleva a que también deban ser aplicadas al plazo de prescripción de las sanciones.
Es por ello que, en el caso, el plazo aludido se vio extendido por un año más, de lo que se sigue que la multa aplicada el 24 de enero de 2011 en la Resolución N° 12/11 fue en término.
Respecto de las aplicadas en las Resoluciones Nros. 112/15 y 115/15 (14/5/2015), no se encuentra en discusión que el 10 de junio de 2011, la entonces Administración Federal de Ingresos Púbicos interpuso denuncia penal contra los responsables de la empresa, dando lugar a la causal de suspensión de la prescripción prevista en el art. 65, último párrafo, de la ley 11.683. En el caso, la sentencia de sobreseimiento en sede penal fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 17 de mayo de 2013 y la Cámara Federal de Casación declaró inadmisibles el recurso de casación y el extraordinario interpuestos, el 30 de diciembre de 2013 y el 17 de marzo de 2014 ( v. fs. 9 ant. adm. Cpo. “Finalización causa penal-IVA y Ganancias)
Por todo ello, las acciones del Fisco Nacional para imponer las sanciones quedaron suspendidas hasta dicha fecha, reanudándose el plazo que estaba pendiente el 17 de septiembre de 2014 el que sumado al plazo restante que se encontraba en curso, finalizó el 17 de marzo de 2015.
Además, el 20 de febrero de 2015, se notificó a la recurrente la apertura de los respectivos sumarios, lo que produjo la suspensión de 120 hábiles prevista en el art. agregado a continuación del 65 de la ley 11.683, por lo que debe concluirse que las multas impuestas en las Resoluciones Nros. 112/15 y 115/15, ambas del 24 de mayo de 2015, fueron aplicadas en término.
En el caso de la multa aplicada en la Resolución N°2080/2012 (11/7/2012), que tiene origen en las declaraciones juradas rectificativas presentadas en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero a marzo de 2005, en cambio, el plazo no fue suspendido por la denuncia penal del 10 de junio de 2011 toda vez que esa infracción no formó parte de las obligaciones allí incluidas. Tampoco resulta aplicable el supuesto de interrupción previsto en el art. 68, inc. a) de la ley, en el texto vigente que aquí importa, invocado por la representación fiscal al contestar su recurso, que se refiere a la interrupción de la prescripción por la comisión de nuevas infracciones. Ello porque debe recordarse que dicho supuesto se aplica en los casos de multas firmes, es decir juzgadas y resueltas ya sea en sede administrativa y/o judicial, y, en el caso, las del mismo gravamen de periodos fiscales posteriores no revestían dicha condición porque estaban recurridas ante este Tribunal, por lo que no encuadran en dicha causal.
Por ello, aún teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 26.476 (BO 22/12/2008) y que en este caso el sumario fue notificado el 25 de noviembre de 2011, ampliándose el plazo en 120 días más, según lo dispuesto en el art. agregado a continuación del art 65 de la ley 11.683, de acuerdo al análisis antes desarrollado, a la fecha del dictado de la Resolución N°2080/2012 -11/7/2012-, las facultades del Fisco Nacional para aplicar esta multa estaban prescriptas.
Por los planteos de prescripción aquí resueltos no corresponde aplicación de costas. (Fallos 236:70 “Bolland”).
VII. Queda resolver acerca de la legitimidad de las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 12/11, 112/15 y 115/15 con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley 11.683, respecto de las cuales cabe señalar que el único agravio de la recurrente consiste en sostener la inaplicabilidad de multas de carácter doloso en base a presunciones.
Del análisis efectuado en los Considerandos VI, VII y VIII que sustenta la confirmación de los ajustes, se desprende que se encuentran configurados los elementos que permiten concluir que la recurrente ha presentado declaraciones juradas engañosas, ingresando el impuesto adeudado en una medida menor a la debida, lo que configura la conducta dolosa prevista en el art. 46.
Corresponde precisar, por otra parte, que las presunciones previstas en el art. 47 de la ley admiten prueba en contrario, por lo que aquí también correspondía a la recurrente probar - y no lo hizo- la ausencia del elemento subjetivo a fin de desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal sobre la base de su contabilidad y de la información obtenida de sus clientes, así como de las bases de datos del organismo.
Como en más de una oportunidad dijo la Cámara, “…operada la presunción del art. 47, inc. a) de la Ley 11.683, ya que existieron graves contradicciones en las declaraciones de la sociedad, debe recordarse que “el art. 47 de dicha ley arbitró una serie de hechos que permiten inferir la existencia de una conducta dolosa, sin perjuicio del derecho del contribuyente de desplegar todos los medios de defensa para destruir esa presunción (…) El artículo 47 de la ley 11.683 incorpora presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo (esta Sala, causa Nº 17.372/08, "Andechaga, Jorge Luis (TF 25.401-I) c/D.G.I.", del 15/04/09)” –“Cerealera Tres Arroyos”, 27/3/2015-, prueba que, ya se dijo, en el caso no fue rendida. En cuanto al dolo exigido por dicha figura, cabe recordar que el art. 47 de la ley habilita al juez administrativo a presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas. En el caso, se recurrió a las presunciones de dolo dispuestas en los incs. a) y b) y c) de la norma citada, en atención a que la recurrente ocultó operaciones gravadas omitiendo declarar débitos fiscales y computando créditos fiscales en exceso y gastos improcedentes que pretendió justificar con una operatoria empresaria que no comprobó, supuesto que acredita que sus documentos y registraciones tuvieron una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, que no reflejaban la realidad de las operaciones celebradas y que tuvieron la entidad suficiente para generar la grave incidencia a la que se refiere la norma.
Por lo que corresponde confirmar las multas aplicadas en las Resoluciones recurridas, con costas. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I-1.- Que respecto a la excepción de prescripción opuesta en relación a las facultades del Fisco Nacional para determinar el Impuesto a las Ganancias 2005 y el IVA por los períodos enero a octubre de 2005, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido por el artículo 56 y 57 de la ley de rito fiscal en el caso de contribuyentes inscriptos las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas, entendiendo que resulta de aplicación en autos la suspensión fijada por art. 44 de la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/2008, entrada en vigencia en la misma fecha); por lo corresponde rechazar el planteo realizado por la actora.
Es dable destacar que la norma citada en último término dispuso “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”, es decir que para que operara la suspensión, el término de prescripción debía encontrarse “en curso”, lo que ocurría en este caso respecto a los períodos analizados. Ello así, se desprende con total claridad que la intención del legislador, la cual ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley, interpretación convalidada porr la C.S.J.N. en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.” en fallo de fecha 26/11/91, al resolver respecto del art. 49 de la ley 23.495, situación que resulta análoga a la aquí planteada (véase La Ley, T.1992/B, pág. 456).
2. Que adhiero en lo sustancial a lo expuesto por la Dra. O´Donnell en cuanto rechaza el planteo de nulidad formulado por la actora contra las resoluciones determinativas.
3. Se hace notar que habiéndose interpuesto los planteos de prescripción y nulidad tratados en los puntos precedentes como excepciones previas en los recursos incoados (vide fs. 53, 55, 190 vta. y 192 vta.), por la forma en que se decide, corresponde imponer las costas a la actora.
II. Que, asimismo, comparto en lo sustancial los argumentos expuestos por la Vocal Instructora en el caso concreto, para confirmar la procedencia de las determinaciones de oficio de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, con más sus intereses resarcitorios; imponiéndose las costas a la parte vencida.
III. Que en cuanto a los planteos de prescripción respecto de la potestad del Fisco para aplicar sanciones tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el IVA, cabe recordar que, conforme lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 de la ley de rito fiscal, en el caso de contribuyentes inscriptos las acciones y poderes del Fisco para y aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Asimismo, el artículo 68 de la ley de rito fiscal dispone que la prescripción para aplicar multa “se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Con relación a esta disposición, la Alzada tiene dicho que “no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, 'pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad'” ( Sala V de la CNACAF in re: “Parques Interama SA (TF 8151-I) c/ DGI”, del 04/09/02; con cita de Giuliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, Depalma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 del T.O. 1998). En tal sentido la Sala V de la Alzada, in re “Del Campo, Gabriel Vicente c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 9 de agosto de 2022 sostuvo que: “es del caso tener presente que aún en el artículo 67, inciso a) del Código Penal se establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la comisión de un nuevo delito. Las consideraciones formuladas por la doctrina en materia penal con base en la exigencia de que ese nuevo delito debe haber sido declarado como tal por una condena firme; y de que la eventual suspensión del juicio seguido por el primer delito hasta que se dicte un condena firme implica una dilación indebida del proceso penal, se refieren a los supuestos en que el juzgamiento de los delitos en cuestión tiene lugar en causas separadas, o ante tribunales distintos; pero no se presenta cuando se trata del juzgamiento simultáneo de aquellos en una misma causa y ante un mismo tribunal, que en la sentencia declara que todas ellas se han cometido. Ello, puesto que al no diferirse el juzgamiento de las infracciones más remotas, no puede invocarse la afectación de una garantía constitucional en concreto, tales como el principio de inocencia o el derecho del individuo a que se cese en tiempo oportuno la persecución penal, con la salvedad de una eventual afectación del derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en pleno, "Prinzo, E. F.", del 7 de junio de 1949, LA LEY, 59:769; y, CFCP, Sala III, “Z. V., J. D. s/ recurso de casación”, del 10/12/2013, entre muchos otros; y esta Sala, en causa nro. 48760/2013 “Banco Galicia y Buenos Aires c. BCRA”, del 13 de diciembre de 2016, mi voto en la causa nº 48.110/15 “ Alleloccic SA C/ SAGP y A- S/régimen federal de pesca - Ley 24922 - ART 59” , del 13 de diciembre de 2016), circunstancia que no fue invocada en la presente causa”.
Bajo estas premisas y dado que la última infracción vinculada al IVA en autos es la del período agosto de 2006, el plazo de prescripción debe computarse desde el 1º de enero de 2007; por su parte, respecto al Impuesto a las Ganancias siendo que la última infracción es respecto al período 2006 y la presentación de la declaración jurada –el hecho punible- fue en ese año, el plazo también empieza a correr desde 2007 (cfr. criterio de Sala V de la CNACAF in re “Sindicato Petrolero de Córdoba, sentencia del 29 de marzo de 2016 y de la suscripta in re “Pluma Blanca S.R.L.” y “Fhiex S.R.L.”, pronunciamientos del 07 de agosto de 2017 y 27 de agosto de 2018, respectivamente).
Asimismo y por los argumentos ya expuestos en el Considerado I.1.-, resulta de aplicación el art. 44 de la ley 26.476 que dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general también para aplicar multas respecto a los tributos a cargo del Fisco Nacional. En virtud de ello, respecto a las sanciones impuestas en la resolución fechada el 24 de enero de 2011 por los períodos enero a marzo de 2005 y agosto de 2006 (vide fs. 173) y en la emitida el 11 de julio de 2012 por los períodos enero a marzo de 2005 (vide fs. 313/314), no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco para aplicar sanción.
Resta pronunciarse sobre la prescripción planteada respecto a las resoluciones del 14 marzo de 2015 que aplicaron sanción por el Impuesto a las Ganancias 2005 y 2006 e IVA por los períodos abril a octubre de 2005 y enero a marzo de 2006 (vide fs. 429 y 510, respectivamente).
Que, a tenor de lo expresado, teniendo en cuenta el comienzo del cómputo desde el 1° de enero de 2007 y la suspensión fijada por la ley 26.476, surge de las constancias que durante el curso de la prescripción (3 años, 6 meses y 9 días), el Fisco formuló el 10 de junio de 2011 denuncia penal contra la recurrente por impuestos y períodos fiscales citados en el párrafo anterior y tal como lo expresa la Vocal Instructora, la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario contra el sobreseimiento dictado, con fecha 17 de marzo de 2014.
Que la ley de rito fiscal en su artículo 65 inciso d) in fine dispone que: “La prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva”.
En efecto, el Fisco no se encontraba habilitado para aplicar sanciones previstas en la ley de rito fiscal a partir de la denuncia por la presunta comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria, causa caratulada como “AFIP- DGI s/Denuncia Av. Pta. Inf. Ley 24.769 (Conardi SRL)”.
Recién tras 180 días hábiles (cfr. artículo 4 de la ley de rito fiscal) puede reiniciarse el cómputo de prescripción, ello dado que respecto a lo previsto por el artículo 65 inciso d), la suscripta ha dicho que la circunstancia de la sustanciación de un proceso penal no implica una inactividad del Fisco para ejercer su poder punitivo sino que definitivamente se encuentra vedado de hacerlo por un impedimento "ex lege" (criterio expuesto in re “Venesio, Mariano Aurelio”, sentencia de esta Sala “D”, dictada el 1 de septiembre de 2023).
A mayor abundamiento, cabe señalar que a criterio de esta juzgadora no corresponde la aplicación de la causal de suspensión de carácter general por el término de un año establecida por el artículo 17 de la ley 27.562 (26/8/2020), dado que para que operara tal suspensión, el término de prescripción debía encontrarse “en curso”, lo que no ocurría en este caso por la sustanciación del proceso penal durante todo ese período.
Sentado ello, de acuerdo al plazo de prescripción ocurrido hasta la suspensión por la denuncia penal y teniendo en vista la fecha de ambas resoluciones sancionatorias (14 de marzo de 2015), el Fisco estaba habilitado para imponer las sanciones aquí discutidas.
Por lo expuesto, se rechazan las excepciones de prescripción abordadas en este punto, debiendo imponerse las costas a la vencida.
IV. Que respecto a la procedencia de las sanciones, en este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, considero que el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que Conardi S.R.L ha realizado maniobras tendientes a engañar y falsear la realidad de los hechos, ello en notoria contradicción con lo dispuesto con las leyes de los gravámenes en cuestión y con el propósito de perjudicar al organismo recaudador, lo cual de no mediar actividad fiscalizadora no hubieran sido descubiertas, remarcándose la inexistencia de prueba en contrario de la cual pueda inferirse que haya existido error excusable. En definitiva, respecto a las sanciones impuestas entiendo que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa como así tampoco para modificar la graduación dispuesta, corresponde disponer su confirmación.
VII. Ello así, voto por: 1) Rechazar las excepciones de prescripción -tratadas en los Considerandos I.1 y III precedentes- y de nulidad opuestas por la actora, con costas y 2) Confirmar los actos apelados en todas sus partes, con costas.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros 12/11,112/15 y 115/15, con costas.
2. Declarar prescripta la multa impuesta en la Resolución N° 2080/12. Sin costas 3°) Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
a. Por el Expediente N° 34.586-I, en las sumas de $19.068 por la representación procesal y $47.670 por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 34.587-I, en las sumas de $15.396 por la representación procesal y $38.490 por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N°43.229-I, en las sumas de $27.405 por la representación procesal y $68.513 por el patrocinio letrado.
d. Por el Expediente N°29.915-I, en las sumas de $15.486 por la representación procesal y $38.717 por el patrocinio letrado.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423:
a. Por el Expediente N° 34.586-I, en las sumas de $70.783 equivalente a 0,98 UMA por la representación procesal y $176.957 equivalente a 2,45 UMA por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 34.587-I, en las sumas de $55.543 equivalente a 0,77 UMA por la representación procesal y $ 138.859 equivalente a 1,92 UMA por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N° 43.229-I, en las sumas de $27.405 equivalente a 0,38 UMA por la representación procesal y $68.513 equivalente a 0,95 UMA por el patrocinio letrado.
d. Por el Expediente N° 43.230-I en las sumas de $15.487 equivalente a 0,21 UMA por la representación procesal y $38.717 equivalente a 0,54 UMA por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2025.08.14 15:16:47 -03:00 Date: 2025.08.18 12:08:15 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.18 12:08:35 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.18 12:08:36 -03:00
Fin de la sentencia