Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.549-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución 23/18 (AD CAOL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14785-266- 2016, y por ende el cargo 2/18, formulado por $7.528.615,42, con más los intereses del art. 845 del CA.
2Imponer las costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-49020701-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 9 de Mayo de 2025 ARMADORES S.A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES S.A. c/DGA s/Apelación” Expte. 39.549-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 23/18 (AD CAOL) dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14785-266- 2016. Explica que la Aduana le reclamó la devolución de las sumas abonadas en concepto de reembolso patagónico, en los términos de la ley 23.018, por las exportaciones realizadas a través de la Aduana de Puerto Deseado, argumentando que le correspondía percibir el reembolso asignado a las exportaciones efectuadas por Comodoro Rivadavia, de un 2% inferior al asignado a Puerto Deseado. Señala en que consiste el reembolso patagónico creado por la ley 23.018, citando los beneficios para acceder al requisito. Sostiene que todas las exportaciones se embarcaron y cumplieron en la Aduana de Puerto Deseado, indicando lo que se entiende por precumplido, cumplido y embarque. Luego refiere a la interpretación que corresponde realizar a la ley 23.018. Finalmente, hace reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 75/80). Realiza la negativa de rigor y relata brevemente los hechos. Sostiene que el criterio pretendido por la actora carece de sustentabilidad y conlleva únicamente a entorpecer los derechos de la Aduana. Refiere que el criterio de que el beneficio se otorga según el puerto de embarque dejó de ser válido al momento de restaurarse la vigencia de los reembolsos por puertos patagónicos, por medio del decreto 2229/15. Agrega que el criterio del art. 3 bis de la ley 23.018 es claro y que la alícuota se fija en función del puerto más cercano del lugar de producción, para todos los puertos que se encuentren ubicados al sur del Río Colorado. Indica que la intención del decreto 2229/15 es otorgar el beneficio conforme al puerto más cercano al lugar de producción, que en el caso es el puerto de Caleta Paula, que no figura en el listado del art. 1 de la ley 23.018, por haber sido creado en fecha posterior al dictado de la ley, siendo entonces el puerto más cercano el de Comodoro Rivadavia. Reitera que a partir del decreto 2229/15 no cabe duda que la alícuota del reembolso por puerto patagónico se otorga según el lugar de producción, y no según el puerto de embarque, como era antes. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Finalmente, acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 81 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 91 se declara la causa como de puro derecho. El 08.05.2025 se elevan los autos a la Sala “E”. El 09.05.25 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 14785-266-2016 se inician con la solicitud presentada por la actora para garantizar los montos correspondientes a la diferencia del 2% de reembolsos por puertos patagónicos en litigios. A fs. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 y 87 lucen comprobantes de liquidación manual en concepto de devolución de beneficios. A fs. 89 obra la nota 42/16, que indica que corresponde aplicar la alícuota establecida para el puerto de Comodoro Rivadavia. A fs. 94/98 se produce el dictamen 345/10 (DI ASLA), que refiere a la moneda en que debe efectuarse la devolución. A fs. 124 se determina la suma a restituir en concepto de diferencia de reembolsos. A fs. 126/127 se ordena notificar a la actora el cargo 2/18. A fs. 128 luce el cargo, que se notifica el 01.06.18. A fs. 137/140 la actora impugna el cargo. A fs. 146 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación. A fs. 168/173 se emite el dictamen técnico 191/18 (AD PDES), que concluye que debería confirmarse parcialmente el cargo formulado. Finalmente, a fs. 174/177 obra la resolución 23/18 (AD CAOL), apelada en autos. Adjunto luce el alcance 14785-266-2016/4, en el que se agregan los sobres contenedores de las destinaciones de exportación por las que se realiza el cargo.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -23/18-, en cuanto dispone rechazar la impugnación incoada por la firma CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES S.A. y confirmar el cargo 2/18, se ajusta a derecho.
La Aduana formuló el cargo en cuestión solicitando la restitución parcial de los importes que considera abonados indebidamente en concepto de beneficios a la exportación, en los términos de la ley 23.018 y el decreto 2229/15. De esta manera, considera que correspondía otorgar un 8% de reembolsos por puertos patagónicos, mientras que la actora sostiene que corresponde una alícuota del 10%, toda vez que las exportaciones se embarcaron y cumplieron en la Aduana de Puerto Deseado.
V.1. Mediante la ley 23.018 (BO: 13.12.83) se otorgó un reembolso adicional a las exportaciones de productos originarios de la Patagonia que se realicen por todos los puertos comprendidos entre San Antonio Este y Ushuaia. Su art. 1 indicaba que la exportación de las mercaderías cuyo embarque y respectivo "cumplido" de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, gozarán de un reembolso adicional a la exportación, siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior. Los reembolsos adicionales establecidos para la exportación de las mercaderías eran, en lo que aquí interesa, del 9% para Comodoro Rivadavia y del 11% para Puerto Deseado. Asimismo, continúa el art. 1 indicando que en caso de que alguna mercadería se exporte desde otro puerto ubicado al sur del Río Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración allí establecida, se le otorgará el reembolso correspondiente al que se exporte por el puerto de la lista cuya ubicación geográfica resulte de mayor cercanía. Por su parte, el art. 9 de la ley estableció que el reembolso adicional disminuiría, para todos los puertos involucrados, en 1 punto a partir del 01.01.84 (al 8% y 10% en nuestro caso), manteniéndose en los niveles resultantes por el término de 11 años a contar desde esa fecha. A partir del 01.01.95 el reembolso adicional disminuiría a razón de 1 punto por año hasta su extinción paulatina.
Posteriormente, la ley 24.490 (BO: 05.01.96) derogó el art. 9 de la ley 23.018 (art. 3) y prorrogó la vigencia del reembolso adicional, manteniendo los niveles de beneficio aplicables desde el 01.01.84 (del 8% y 10% en este caso), por el término de 5 años a partir del 01.01.95 (art. 1). Asimismo, mediante su art. 2 se estableció que el reembolso adicional disminuiría a razón de 1 punto por año, a partir del 31.12.99 hasta su extinción paulatina.
Luego, mediante la ley 25.454 (BO: 07.09.01) se determinó que, a los fines de la ley 23.018, reformada por la ley 24.490, se consideran "originarios" a los productos del mar, sea éste territorial o no, de la región ubicada al sur del Río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como zona económica exclusiva. El reembolso adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 24.922.
En función de lo hasta aquí relatado, de acuerdo a la reducción paulatina establecida por la ley 24.490, es que a partir del 01.01.11 se produjo la extinción total del reembolso adicional creado por la ley 23.018.
Años más tarde, se promulgó el decreto 2229/15 (BO: 03.11.15), a través del cual se reestableció la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el art. 1 de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 01.01.84 (8% y 10% en el caso), para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado mencionados en la citada ley, por el término de 5 años (art. 1). Asimismo, art. 4 del decreto incorporó el art. 3 bis a la ley 23.018, estableciendo que el reembolso a las exportaciones se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (CO). El certificado de origen que identifique la procedencia del producto a exportar, deberá contener: a) denominación de origen, lugar, distrito y municipio; y b) definición precisa e inconfundible de los productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una especie, variedad, tipo, como así también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias.
V.2. Aclarado ello, se advierte que la diferencia entre la actora y la Aduana versa sobre la interpretación y aplicación de las normas citadas supra.
La actora sostiene que para determinar el reembolso a las exportaciones debe estarse a lo establecido por el art. 1 de la ley 23.018, afirmando que la alícuota aplicable es la fijada para el puerto en donde se realice el embarque y el respectivo cumplido de la declaración aduanera de exportación para consumo. Por su parte, la Aduana sostiene que debe estarse a lo establecido por el decreto 2229/15, en cuanto establece que, para el reembolso a las exportaciones, la alícuota correspondiente se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (CO).
Para una correcta solución del caso no se debe perder de vista, en primer lugar, que para el año 2011 el reembolso adicional creado por la ley 23.018 se había extinguido en su totalidad, producto de la reducción paulatina establecida, habiéndose reestablecido su vigencia a finales del 2015, pero con ciertas modificaciones, como la introducción del art. 3 bis a la ley 23.018.
En segundo lugar, corresponde aclarar que el pretendido choque normativo entre el art. 1 y el art. 3 bis de la ley 23.018, este último incorporado por el decreto 2229/15, no es tal, a la vez que lo afirmado por la actora no resulta correcto, al menos al tiempo de la vigencia del citado decreto. En efecto, véase que el art. 1 establece que el reembolso se aplicará a las mercaderías cuyo embarque y cumplido de la declaración aduanera se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, determinando una alícuota a aplicar para cada uno de los puertos. Por su parte, el art. 3 bis establece que el reembolso, con las alícuotas determinadas en el art. 1 –y su reducción paulatina-, se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (CO). De lo expuesto se colige, sin hesitación, que para gozar del reembolso la mercadería deberá ser embarcada y cumplida la declaración aduanera en uno de los puertos y aduanas ubicadas al sur del Río Colorado, pero la alícuota se determinará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción. En esta línea, la propia ley establece que cuando un puerto no este mencionado en la lista del art. 1, se le otorgará el reembolso correspondiente al puerto cuya ubicación geográfica resulte de mayor cercanía. Tal es el caso de autos.
En tercer lugar, refuerza esta interpretación lo expuesto por el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto 2229/15, en cuanto expresamente prevé que el restablecimiento del reembolso resulta imperativo ante la necesidad de lograr el incremento en los volúmenes exportables, una mayor previsibilidad a la economía favoreciendo con ello inversiones y la generación de mayores puestos de trabajo tanto en los puertos enunciados como en los de Comodoro Rivadavia, San Julián, Punta Quilla, Río Gallegos y Caleta Paula; y que a los fines de la implementación del reembolso se prevé el otorgamiento del certificado de origen (CO) que identifique la procedencia del producto a exportar. Va de suyo que, si lo perseguido con la medida es promover la industrialización, producción y desarrollo de los productos primarios, acompañando al poblamiento de la Patagonia, mal puede realizarse una interpretación que admita dejar de lado la verdadera procedencia del producto, dando preeminencia a la Aduana donde se realiza el embarque y el cumplido –situación que puede quedar al arbitrio del exportador, tránsito mediante- al único efecto de lograr una preferencia fiscal. En cuarto lugar, no puede dejar de señalarse que las interpretaciones normativas referidas a políticas públicas de promoción industrial -por la vía de reintegros, subsidios y exenciones impositivas- deben realizarse armoniosamente y con carácter restrictivo, a fin de impedir maniobras que, en perjuicio del fisco, favorezcan a los particulares y anulen la finalidad de desarrollo económico para el que fueron creadas tales políticas.
Por último, en quinto lugar, resta agregar que la solución que se propicia resulta conforme a la doctrina de los actos propios, toda vez que la propia apelante se presentó y garantizó la diferencia del 2% en concepto de beneficios (fs. 1 de las act. adm.).
En conclusión, siendo correcta la interpretación realizada por la Aduana, corresponde confirmar la resolución apelada, y por ende el cargo 2/18.
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar la resolución 23/18 (AD CAOL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14785-266- 2016, y por ende el cargo 2/18, formulado por $7.528.615,42, con más los intereses del art. 845 del CA.
2. Imponer las costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución 23/18 (AD CAOL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14785-266- 2016, y por ende el cargo 2/18, formulado por $7.528.615,42, con más los intereses del art. 845 del CA.
2. Imponer las costas a la actora.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.05.09 16:42:40 ART Date: 2025.05.09 18:28:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.09 18:28:57 -03:00
Fin de la sentencia