Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2Confirmar la Resolución n° 19/2015 (AD CAOL), declarando que la deuda en concepto de derechos de exportación en relación al PE n° 12 087 EC03 000042 F, asciende a la suma de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 33.260,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el 7/10/2014 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3Costas por su orden, en relación a lo resuelto en el punto 2.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-70807852-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Junio de 2023 En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expte. nº 35.707-
A.
La Dra. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 14/24 se presenta, por apoderado, la firma CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 19/2015 (AD CAOL), que rechazó la impugnación deducida contra la liquidación suplementaria n° 14 087 LMAN 001356 X, en relación al PE n° 12 087 EC03 000042 F. En primer lugar, plantea la prescripción por aplicación del art. 56 de la ley 24.522. En relación a la cuestión de fondo sostiene que corresponde la aplicación del arancel de exportación reducido del 5%, por cumplir con todos los requisitos del Decreto 429/2012. En subsidio plantea la inconstitucionalidad del arancel del 10% fijado en el Decreto 509/07, por no encontrarse ratificado por ley. Solicita la aplicación del leading case “Camaronera Patagónica”. También se agravia de la tasa de interés aplicada. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 29/37 se presenta la representante del Fisco nacional (AFIP-DGA) y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la actora y un resumen del procedimiento de impugnación. Se opone a la excepción de prescripción concursal. Explica las razones por las cuales corresponde la aplicación de la alícuota general del 10%. Sostiene que el cargo se encuentra debidamente fundado, hace referencia a las investigaciones practicadas en sede administrativa. Refiere a la limitación de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada y al respecto indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 CA. Por último, justifica la aplicación de los intereses del art. 794 del CA. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 38 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes y se abre la causa a prueba. A fs. 104 se certifica la prueba producida a fs. 51/53, 82/88 y 92/94. A fs. 115 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a esta Sala “F”. A fs. 116 se ponen los autos para alegar, derecho del que sólo hizo uso la actora a fs. 119. A continuación, se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA n° 14785-87-2012 se inicia el 13/9/12 con la solicitud de repetición de derechos de exportación en relación al PE n° 12 087 EC03 000042 F por haber exportado menor cantidad a la declarada. A fs. 30 obra la Nota n° 073/12 Sec. “O” (AD CAOL). A fs. 43 se agrega el sobre contenedor del PE involucrado. A continuación, se acumula la Actuación SIGEA n° 14785-72-2013. A fs. 44 ref., mediante Nota n° 79/2013 (AD CAOL), se remiten las act. a la Dirección Regional Devolución a Exportadores a fin de certificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el art. 3 del Decreto n° 429/12. A fs. 45/46 ref., 48/49 ref., 51/52 ref., 56/63 ref., 71 ref./78 se cumple la requisitoria. A fs. 79/80 la Sección “O” AD CAOL informa mediante Nota n° 19/14 que no corresponde la aplicación de la alícuota reducida del 5% del Decreto 429/12. A fs. 81/85 se emite el Dictamen n° 22/2014 (AD CAOL) y a fs. 84/86 se dicta la Resolución n° 72/2014 (AD CAOL), que rechazó la repetición, por considerar que el monto abonado en concepto de derechos de exportación resultó insuficiente considerando que correspondía aplicar la alícuota general del 10% de derechos de exportación. A fs. 89/90 la Sección “O” practica la liquidación suplementaria en concepto de diferencia de derechos de exportación (14 087 LMAN 001356 X), notificada a la exportadora el 23/9/14, conforme surge de la constancia de fs. 92. A fs. 94/104 la firma impugna la referida liquidación. A fs. 114 se tiene por iniciado el procedimiento de impugnación. A fs. 125/167 se adjuntan copias de la documentación respaldatoria de la deuda en concepto de RNSS. A fs. 171/173 se emite el Dictamen n° 9/2015 (AD CAOL). Finalmente, a fs. 174/176 se dicta la Resolución n° 19/2015 (AD CAOL), aquí apelada.
V. Que la actora plantea la prescripción de la acción del Fisco en razón de lo establecido en el art. 56 de la ley 24.522. Que para la determinación tributaria no corresponde aplicar los plazos de prescripción previstos por la Ley de Concursos, en tanto que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica -la aduanera- y es ésta la que debe prevalecer.
Que el propio C.A. regula la forma de extinción de las obligaciones tributarias con exclusión de otras normas de fondo por lo que su procedimiento no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que tratándose de normas de igual jerarquía, dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades que le son otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse aquel texto legal que regule específicamente el tema que se pretende abarcar.
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. Hilandería Luján S.A.", del 30/9/86; Casa Marroquín S.R.L.", del 31/3/87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero, como ya se anticipara, ello no veda al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Gregorio c. Cosimatti", sentencia del 9/4/87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que, en definitiva, la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 803 y ss. del CA.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción concursal.
Que, sentado lo que antecede, corresponde efectuar el análisis del planteo de la prescripción de la acción tributaria, conforme las normas aduaneras.
La acción fiscal tributaria prescribe por el transcurso de cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 803 del C.A., comenzando a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (art. 804 C.A.).
Que en el caso de autos la exportación para consumo se perfeccionó el 26/6/12, conforme surge de la constancia del cumplido de embarque asentada al dorso del PE n° 12 087 EC03 000042 F.
Que no se encuentra controvertido en autos que la liquidación suplementaria de derechos de exportación n° 14 087 LMAN 001356 X fue notificada a la aquí recurrente el 23/9/14, conforme surge de la constancia de fs. 92 de las act. adm. Que, en virtud de lo dispuesto en el art. 806, inc. a), del C.A., aquella notificación interrumpió el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos aduaneros exigidos y el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 24/9/14. A su vez, de acuerdo al art. 805, inc. c), el plazo de prescripción se suspendió el 7/10/14 con la interposición del recurso de impugnación (fs. 94/104 de las act.), hasta el dictado de la resolución apelada el 18/3/15. Y volvió a suspenderse el 16/4/15 con la interposición del presente recurso de apelación.
Ello así, corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto por la recurrente, con costas.
VI. Que mediante el PE n° 12 087 EC03 000042 F, oficializado el 15/6/2012 ante la Aduana de Caleta Olivia, la firma CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA documentó la exportación para consumo de 120.120 kg.
de langostinos clasificados en la PA SIM 0306.17.10.290D, resultando efectivamente embarcados 116.364 kg. Que la exportadora optó al momento del registro de la operación en trato por la ventaja “D429-12-TXT=SI”, liquidándose los derechos de exportación a la alícuota reducida de 5% establecida por el Decreto 429/2012, modificatorio del Decreto 509/2007.
Que el art. 3 del Decreto 429/2012 (BO 23/03/2012) condiciona la aplicación de la alícuota del 5% a que las empresas beneficiarias mantengan o incrementen la planta de personal, tomando como base de referencia el mayor número de empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011 y cumplan con sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, quedando sometidas al monitoreo mensual de los Ministerios de INDUSTRIA, de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, así como de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Que de la prueba producida en esta instancia resulta que, a la fecha de oficialización del PE n° 12 087 EC03 000042 F (15/6/2012), la firma CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA, aquí actora, no cumplía con los requisitos exigidos por el art. 3 del Decreto 429/12. Ello es así toda vez que la firma tenía deudas devengadas y exigibles en concepto de aportes y contribuciones al régimen previsional (RNSS), conforme surge del informe pericial contable de fs. 82/87 de autos. Por esa razón el Decreto 429/12 no resulta aplicable al presente caso.
VII. Que en relación al planteo de inconstitucionalidad del Decreto 509/2007, corresponde aplicar el criterio sentado en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022 - IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APNSGASAD#TFN), en tanto las disposiciones del Decreto 509/2007 -que fija derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas- resulta similar, mutatis mutandi, a aquellas establecidas en el Decreto n° 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia.
Que en el Acuerdo plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
“ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Que en virtud de lo expuesto, en el caso de autos los derechos de exportación deben liquidarse, tal como lo hizo el servicio aduanero, conforme al régimen general establecido por el Decreto 509/2007, Anexo XIV, a la alícuota del 10%.
Por ello, corresponde confirmar la liquidación suplementaria 14 087 LMAN 001356 X de fs. 90 de las act. adm.
VIII. Que respecto al agravio de los intereses aplicados sobre la deuda en dólares, cabe aclarar que corresponde respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció: “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts. 794 y 797 del Código Aduanero máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, a nuestro juicio implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”. Y mucho menos, en consecuencia, si se trata como en el caso que nos ocupa de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
IX. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala “E” de este TFN en la causa 10.694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución n° 19/2015 (AD CAOL), declarando que la deuda en concepto de derechos de exportación en relación al PE n° 12 087 EC03 000042 F, asciende a la suma de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 33.260,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el 7/10/2014 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Costas por su orden, en relación a lo resuelto en el punto 2.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por la Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente. ASI LO VOTO.
V. Que, por lo demás, y habida cuenta el modo en que se decide, resulta procedente imponer las costas por su orden (cfme. doct. Sala “E” in re Molinos Rio Molinos Río de la Plata SA” del 16-11-00, y CNACAF Sala IV “Nestlé Argentina SA” 7-10-04 (TFN 15197-A). ASI TAMBIÉN LO VOTO.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis, dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el Plenario de referencia, respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada, tal como lo sentara oportunamente en mi voto. Hasta tanto se mantenga vigente el Plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un Acuerdo Plenario aunque no comparta -estricto sensu- lo allí resuelto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución n° 19/2015 (AD CAOL), declarando que la deuda en concepto de derechos de exportación en relación al PE n° 12 087 EC03 000042 F, asciende a la suma de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 73/100 (U$S 33.260,73), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., desde el 7/10/2014 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Costas por su orden, en relación a lo resuelto en el punto 2.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.06.21 01:04:21 -03:00 Date: 2023.06.21 14:43:45 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.21 14:52:10 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.21 14:52:12 -03:00
Fin de la sentencia