Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 40.089-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 007/19 (AD CAOL) dictada en el expediente 14785-358-2019, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-37708521-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A Garbarino, Christian M González Palazzo y Horacio J Segura, para resolver en los autos caratulados “CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 40.089-A El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 25/33 se presenta la firma CONARPESA CONTINENTAL DE ARMADORES S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 007/19 de fecha 29 de marzo de 2019, dictada en el marco de las actuaciones 14785-358-2019. Primeramente realiza un breve relato del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera. A continuación detalla el régimen de reembolsos de puertos patagónicos y los requisitos para acceder al mismo. Manifiesta que todas las exportaciones se embarcaron y cumplieron en la aduana de Puerto Deseado, y finalmente allí se embarcaron con destino al exterior, destacando que las cargas congeladas se descargaron en el puerto de Caleta Olivia donde se documentaron las destinaciones de tránsito de exportación desde dicha Aduana hasta Puerto Deseado, y finalmente allí se embarcaron con destino al exterior.
Cita el artículo 374 del Código Aduanero en cuanto se refiere a la destinación suspensiva de tránsito de exportación. Hace hincapié en los conceptos de “cumplido” y “embarque” de la ley 23.018 remarcando que en el presente caso ambas acciones se efectuaron en Puerto Deseado, por lo cual no se entiende que se le reclame la devolución de un 2% equivalente a la diferencia entre exportar por Puerto Deseado y por Comodoro Rivadavia. Manifiesta que la interpretación del régimen de la ley 23.018 proporcionada por la Aduana es inaceptable por varias razones, en tanto disocia el art. 3° bis del contexto al que pertenece la norma. En primer lugar afirma que el art. 3° bis no se aplica a la exportaciones cuyo “cumplido y embarque” se realiza por Puerto Deseado porque es uno de los nueve puertos mencionados en art. 1°.
En segundo lugar sostiene que la tesis defendida por la aduana supone que la única regla de atribución del beneficio proviene del art. 3° bis, y que a los exportadores la ley les asigna el reembolso establecido para el puerto provincial más cercano al lugar de producción, adoleciendo esta interpretación de serias incongruencias. Subraya que el puerto provincial más cercano a Caleta Olivia como lugar de producción, dentro de la provincia de Santa Cruz que expidió el certificado de origen, no es Comodoro Rivadavia, sino Puerto Deseado. Hace énfasis en que no hay modo de justificar la pretensión fiscal de que las mercaderías exportadas desde Puerto Deseado debían percibir el reintegro del 8% correspondiente a las exportaciones realizadas por el puerto de Comodoro Rivadavia.
Finalmente expresa conclusiones volviendo a analizar el articulado de la Ley 23.018 y el Decreto 2.229/15, hace reserva del caso federal, ofrece prueba, confiere autorizaciones y solicita que, oportunamente, se haga lugar al recurso y se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que a fs. 45/50 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar realiza un resumen del objeto de la causa y, en cumplimiento de una estricta exigencia legal, niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias invocadas por la contraria que no sean expresamente reconocidos en su responde, o que surjan de las constancias de sus oficinas en las actuaciones administrativas, en virtud del principio de economía procesal que acompaña. Detalla lo actuado en sede aduanera y afirma que la actora despliega una serie de asertos inconducentes e improcedente a fin de sustentar su postura defensista. También enumera los agravios vertidos por la actora en su recurso de apelación y manifiesta que el pago sin causa reclamado en autos surge de haberse liquidado beneficios sobre una alícuota incorrecta, extremo que conduce de manera inequívoca a un enriquecimiento sin causa de los beneficiarios, en demerito del Fisco. Remarca que el criterio que fija el artículo 3 bis es claro y autosuficiente en su análisis y redacción, ya que la alícuota se fija en función del puerto más cercano al lugar de producción, y que la intención del decreto 2229/15 es otorgar el beneficio conforme al puerto más cercano al lugar de producción, siendo este el puerto de Caleta Paula. Destaca que dicho puerto no figura en el listado del artículo 1 de la ley 23.018, por lo que debe tomarse el puerto más cercano al mismo, el puerto de Comodoro Rivadavia. Hace especial hincapié en que basándose en el nuevo espíritu de la ley y el Decreto 2229/15, no cabe duda que la alícuota del reembolso por puerto patagónico se otorga según el lugar de producción, y no como era antes de la vigencia del Decreto en cuestión, según el puerto de embarque. Sostiene que la interpretación que hace la empresa de la ley es solo un análisis que busca su propio beneficio y que resulta ser impensada y arbitraria. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas a la presente causa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se confirme en un todo la resolución aduanera, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 14785-358-2016, 14785-358-2016/1 y 14785-358-2016/2 se inician a fs. 2/36 con las liquidaciones correspondientes y la documentación que garantiza la diferencia del 2% en la liquidación del beneficio de Reembolsos otorgados por la Ley 23.018. A fs. 38 obra la Nota N° 42/2016 en la que se determina que el Puerto de mayor cercanía al de Caleta Olivia, resulta ser el de Comodoro Rivadavia. A fs. 39 surge la Nota 658/2016 en la que se ratifica el criterio fijado en la Nota N° 42/2016. A fs. 58/61 se liquidan las diferencias de reembolsos y a fs. 63/69 se notifica providencia, cargo 06/2018 y planilla anexo a la firma CONARPESA SA y se cita en garantía a la aseguradora FIANZAS Y CREDITOS SA COMPAÑÍA DE SEGUROS. A fs. 70/73 se presenta la firma CONARPESA SA e impugna el cargo 06/2018, de igual forma lo hace a fs. 80/83 y vta. la aseguradora FIANZAS Y CREDITO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS. A fs. 87/88 se tiene por instruido el procedimiento de impugnación a través de la Resolución N° 005/19 (AD CAOL). A fs. 93 se agregan las carpetas originales de las destinaciones vinculadas a los reembolsos. A fs. 94/99 surge el Dictamen 1/2019 y a fs. 100/108 y vta. obra la Resolución N° 007/19 mediante la cual se rechaza el procedimiento de impugnación. A fs. 118 la firma CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES SA informa que ha interpuesto recurso de apelación ante este Tribunal y adjunta el Formulario F4. De manera anexa se acompañan los permisos de embarque vinculados.
IV. Que corresponde, revisar si resulta ajustada a derecho o no la exigencia de restitución de los importes abonados indebidamente en concepto de beneficios a la exportación a la que fuera intimada la aquí apelante en la Resolución apelada.
Se trata de analizar jurídicamente la aplicación del Decreto 2229/15, dictado en el marco de la ley 23.018, a fin de determinar si el Fisco tiene concretamente en este caso la potestad de repetir importes indebidamente abonados en concepto de estímulos a la exportación (arts. 845 y siguientes del Código Aduanero) como contrapartida de la misma que dicho cuerpo legal le asigna a los administrados, cuando les permite repetir los importes abonados indebidamente en concepto de tributos. Ambas previsiones contemplan el supuesto a evitar , del enriquecimiento sin causa de una de las partes sobre otra.
Queda admitida sin discusión en autos, la facultad aduanera para revisar y rectificar actuaciones, así como disponer devoluciones (art. 9 ap. 2, inc. d) del decreto 618/97 y 23 del C.A.).
Con dicho fundamento, a la luz de la normativa involucrada en estas operaciones, el eje de la cuestión consiste en decidir cual de las dos disímiles interpretaciones desplegadas por las partes, es la que resulta más ajustada a derecho.
Siguiendo la doctrina plasmada en la obra “Interpretación de la norma jurídica tributaria”, de Eusebio González García, ya la idea originada en la Revolución Francesa, y debatida en la época de Napoleón, postulaba que las normas no se interpretaban, sino que se aplican literalmente. Esa posición tiene su sentido como reacción a un sistema anterior, donde prevalecían las interpretaciones arbitrarias y no apegadas a la letra de la ley. Consiguientemente, donde una amplia interpretación se deconectaba del texto de la ley, la reacción contraria fue aplicar la pura literalidad. Sin embargo, aún bajo este punto de partida, se fueron abriendo algunas brechas a las posibilidades de interpretación.
En primer lugar, como principio -que aún nos rige- cuando los términos de la ley son claros, no será necesaria su interpretación. Precepto este que deja concluir que, a contrario sensu, cuando los términos de la ley no fueran claros, su interpretación es posible y pertinente.
En segundo lugar, dado que el juez no puede fallar so pretexto de oscuridad de la ley, -en tales supuestos- se abre el proceso interpretativo. Siguiendo el razonamiento sintetizado, en autos el primer punto es revisar la letra de la ley, -en este caso el decreto 2229/15-, previo a tratar de desentrañar su espíritu. En este punto surge el problema de la analogía, que en derecho penal – y tributario- nuestro criterio, está excluída. Y dado que el Derecho Tributario es una rama autónoma, tratándose de beneficios -como el de autos- que alteran la generalidad de las normas que rigen los gravámenes, se advierte que es lógico el criterio de interpretarlos en forma restringida. Corrobora esta conclusión, el dictamen del Poder Legislativo en el cual se detalla el estudio del decreto de marras, mediante el cual se restablece la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el art. 1° de la ley N° 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado que se mencionan en dicha ley por el término de cinco años, a partir de la entrada en vigencia.
El reembolso es un estímulo a las exportaciones, de orden fiscal (difiere del reintegro y del drawback) en virtud del cual se restituyen total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores; así como los que se hubieran podido pagar en concepto de tributos por la previa importación para consumo de toda o parte de la mercadería que se exportare para consumo a título oneroso o bien, por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería.
El origen de dicho incentivo a las exportaciones data de 1983, cuando a través de la Ley N° 23.018 se instrumentó, por un plazo determinado, un reembolso adicional a las exportaciones para consumo canalizadas por los puertos y aduanas ubicadas al sur del Río Colorado, desde el puerto de San Antonio del Este (Provincia de Rio Negro) hasta el puerto de Usuhaia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para trasbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Luego en 1996, a través de la ley 24.490 dicho beneficio se prorrogó por otros cinco años.
El mencionado estímulo a la exportación, no se encontraba en vigencia a la fecha del análisis que sintetizo; lo que dificulta a criterio del Legislador de la época la obtención de una mejor competitivdad comercial, generando grandes prejuicios para todas las actividades que conforman el territorio patagónico, así como desigualdades con el resto de las economías regionales.
Continúa el informe del senado, y expresa que teniendo en cuenta tal situación, la caída de los commodities, y la afectación del comercio mundial, es que el ejecutivo consideraba beneficioso para toda la región patagónica, volver a establecer el reembolsoque se hubiere fijado en su momento por la ley 23.018.
Continúa el informe del Senado, y expresa que teniendo en cuenta tal situación, la caída de los commodities, y la afectación del comercio mundial, es que el Ejecutivo consideraba beneficioso para toda la región patagónica, volver a establecer el reembolso que se hubiere fijado en su momento por la ley 23.018.
Precisamente, la referida ley tuvo como objetivo primordial lograr el desarrollo armónico de una economía regional, la de la zona patagónica, con especial concepción geopolítica sobre la específicamente económica, estableciendo un regimen razonablemente preferencial y estable qu favoreciera la radicación de la población de dicha área.
Las consecuencias favorables de restablecer la vigencia del reembolso mencionado, redundan en: mayores inversiones, generar mayor volumen exportable, mayores puestos de trabajo en los puertos, mayor previsibilidad, entre otros.
El poder ejecutivo explica en los considerandos del decreto en cuestión, que las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que la zona central del país en cuanto a la industrialización de sus productos, pero cuentan con un enorme potencial para la producción y desarrollo de productos primarios como ser los frutihortícolas, subproductos de los mismos, productos mineros, de la pesca y agropecuarios principalmente lanas y carne ovina. Por otra parte, el presente decreto a través de sus arts. 2 y 4, define específicamente cuales serán los productos que se considerarán originarios a los fines de la ley 23.018. e incorpora el art. 3 bis a la ley 23.018 a fin de crear el Certificado de Origen para identificar los productos y recibir el reembolso:
Art. 2°---- A los fines de la Ley N° 23.018, se consideran “originarios” a los productos del mar, sea este territorial o no, de la región ubicada al sur del Río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como Zona Económica Exclusiva, además de los productos originarios de la región.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el artículo 36 de la ley N° 24.922.
Art. 4°---- Incorpórase como ARTÍCULO 3° bis de la ley N° 23.018 el siguiente texto:
“ARTÍCULO 3° bis – Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (C.O.). El certificado de origen (C.O.) que identifique la procedencia del producto a exportar, deberá contener: a) Denominación de origen lugar, distrito y municipio.
b) Definición precisa e inconfundible de los productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, especificas de una especie, variedad, tipo, como así también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias”
Los niveles de beneficio aplicables serán los mismos que se establecieran en su oportunidad en el art. 1ero de la ley 23.018, esto es, desde el 1° de enero de 1984:
“ARTICULO 1° - La exportación de las mercaderías cuyo embarque y respectivo “cumplido” de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, gozarán de un reembolso adicional a la exportación, siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior. Los reembolsos adicionales de los cuales gozará la exportación de las mercaderías, que se ajusten a lo establecido en la presente ley, serán los siguientes:
En caso de que alguna mercadería se exporte desde otro puerto ubicado al sur del Río Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración anterior, se le otorgará, el reembolso correspondiente al que se exporte por el puerto de la lista precedente cuya ubicación geográfica resulta de mayor cercanía...”
Aclara dicho Cuerpo que el Poder Ejecutivo manfiesta que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia y que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, debiendo adoptarse la medida. Y por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución Nacional en lo que respecta al dictado del Decreto N° 2229/15, “siendo que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 26.122”, la Comisión propuso que se resuelva declarar expresamente la validez del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2229 de fecha 2 de noviembre de 2015.
Los párrafos precedentes nos indican que se tuvo en miras el desarrollo armónico de la zona, con especial interés en mecanismos que favorezcan la radicación de la población en dicha área, con la finalidad del poblamiento de la Patagonia.
De lo expuesto se deduce, que tuvo la misma intención el legislador en la Ley 23.018, y que ella no fue exclusivamente la promoción de la actividad portuaria, sino que tuvo en consideración también el impulso general a la industria primaria y elaboradora, buscando su asentamiento en la región. Así lo ha resaltado también la jurisprudencia (V. Gr. CNACAF Sala IV, in re “Luis Solimeno e Hijos S.A. C/ DGA” - T.F. 12.826-A). Lo cierto es que el decreto objeto de estudio, reestablece los estímulos a la exportación o reembolsos adicionales, en época posterior a la vigencia de la ley. Y lo hace en forma específica, cuando se refiere al certificado de origen que debe expedirse dentro de la provincia; imponiendo en el art. 3 bis las condiciones bajo las que “se otorgará” el beneficio.
Literalemente expresa que dicho otorgamiento se hará “en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción”.
Llegados a este punto, con respecto al puerto -que se aclara “provincial”- debe ser el más cercano al lugar de producción, que es el que fija el porcentaje del reembolso que corresponda.
Sería forzada la interpretación que implique desestimar ese concepto claro, sobre el lugar de producción, cuando se trasladara la mercadería -tránsito mediante-hacia otro puerto que gozara de mayores ventajas porcentuales, al solo efecto de cumplir allí el “cumplido y embarque” invocados por la empresa aquí apelante.
En resumen: el decreto -hoy derogado- es claro en su literalidad. Si algo en ella mereciera duda, son aplicables los principios del derecho acerca de que se trata de una norma posterior y específica, respecto de la ley original. Corroboran lo afirmado la doctrina y jurisprudencia, que en derecho tributario impiden extender por analogía, tanto los gravámenes, como los beneficios adicionales que de ellos se derivan.
Si alguna duda permaneciera, surge de las propias consideraciones del Senado al aprobar esta norma dictada como de “necesidad y urgencia”, que la intención primordial consistía en favorecer la producción y el asentamiento poblacional. Este objetivo que se vería desvirtuado, si al puerto de mero “cumplido y embarque”, la mercadería producida arribara solo en virtud de tener -aquel- asignado un porcentaje mayor al que corresponde por su cercanía.
Ello implicaría, una situación inequitativa para los exportadores que en cumplimiento de la normativa embarcaron sus productos por los puertos más cercanos al lugar de producción de las provincias al sur del Río Colorado en las cuales se otorgaron los certificados de origen. Y, además, un pago del Fisco contrario a la letra y a los fines especificados por decreto para el reembolso adicional, por lo cual carecería de causa.
Una interpretación contraria vaciaría de sentido la incorporación del artículo 3 bis, pues bastaría con observar el puerto de “cumplido y embarque” para la aplicación automática de un beneficio superior al que correspondería si se aplicara correctamente la normativa entonces vigente.
Reitero que, a la fecha del presente, dicho beneficio ha sido derogado.
Tampoco es un dato menor -a la luz de la doctrina de los propios actos- como lo refleja la Resolución apelada, que la propia firma se presentó y garantizó la diferencia del 2% de beneficios. Como se induce de todo lo expuesto, corresponde confirmar la decisión aduanera recurrida, en cuanto intimaba a la apelante la devolución de $1.487.524,65 con más los intereses dispuestos en el art. 845 y ss. del Código Aduenero.
Por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución N° 007/19 (AD CAOL) dictada en el expediente 14785-358-2019, y en consecuencia declarar que la firma actora adeuda a la DGA la suma por ella reclamada, cuyo capital es de $1.487.524,65 (pesos un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos con sesenta y cinco centavos), con más los intereses dispuestos en art. 845 y ss. del Código Aduanero que deberán computarse desde el 15/2/2019 hasta la fecha de su efectiva devolución. Costas a la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer término, y por razones estrictas de orden metodológico, habré de hacer propios –a los efectos de la emisión de este voto- el relato de los hechos que realiza el Dr. Garbarino, tomando como propia la descripción de los elementos de prueba acollarados a la presente.
En segundo, debo adelantar que no comparto la propuesta que realiza –reflejando lo dicho por la Sala G de este Tribunal en autos de igual carátula Expte N°38755-, pues sendos análisis parten de un error conceptual con impacto geográfico que para cualquier patagónico sería ofensivo.
La cuestión a debatir debe ceñirse al alcance de lo establecido en el art.3 bis de la Ley 23018 con el desafío de evitar caer en forzadas interpretaciones que desvirtúen el sentido de la norma, confundir ciudades con provincias y región Patagónica prescindiendo del iluminismo francés y otros debates que nada tienen que ver con lo que aquí pretendió la actora al excitar esta jurisdicción, una sentencia sentada en derecho.
Como postulado didáctico pero de impacto en el caso, téngase presente que la ciudad de Comodoro Rivadavia está ubicada en el Departamento Escalante de la Provincia de Chubut y que tanto el puerto de Caleta Paula situado al sur de la ciudad de Caleta Olivia y el puerto de Puerto Deseado se encuentran dentro de la provincia de Santa Cruz.
El art.3bis (incorporado a la 23018), en su parte pertinente reza “Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen (C.O). El certificado de origen (C.O) que identifique la procedencia del producto a exportar, deberá contener: a) Denominación de origen, lugar, distrito y municipio. b) Definición precisa e inconfundible de los productos, especialmente si se tratan de materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una especie, variedad, tipo, como así también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias.” (El destacado y subrayado me pertenece) Entendamos, es meridianamente claro, como bien iluminó la Excma Cámara del fuero al revocar parcialmente el pronunciamiento cuya literalidad (en caso idéntico) aquí refleja el Vocal instructor, que “no puede admitirse –como postula la Aduana y convalida el TFN- que si el beneficio se otorga conforme el puerto más cercano al lugar de producción y en el supuesto bajo análisis, aquél es Caleta Paula (Caleta Olivia), provincia de Santa Cruz, como no luce en el listado del art. 1° de la ley 23.018, en tanto fue creado recién en el año 1999 mediante el decreto N° 911 (B.O. del 26/8/99), correspondía abonar la alícuota prevista para el puerto de Comodoro Rivadavia, puesto que el art. 3 bis precisó que es condición sine qua non para la concesión del beneficio que se asigne según “el puerto más cercano al lugar de producción dentro de la provincia que otorga el Certificado de Origen” y lo cierto es que el puerto de Comodoro Rivadavia se ubica en la provincia de Chubut, todo lo cual conduce por esta sencilla razón a descartar la solución propuesta en el caso” (Puede compulsarse lo dicho por el Superior a fs.60/66vta de estos obrados adonde luce copia de la sentencia emitida en CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES SA C/ DGA Expte 28366/2019, Rta 04/07/19 acompañada por la actora que, con tino, entendió lo trascendente de su contenido en la suerte de su pretensión)
En síntesis, si el reembolso a las exportaciones se otorga –conf. art.3bis de la Ley 23018, vigente al tiempo de las operaciones en trato- en función del puerto provincial más cercano al lugar de producción, dentro de la provincia que expida el certificado de origen y éste fue emitido por la Provincia de Santa Cruz (como es el caso), el puerto de Comodoro Rivadavia, Chubut, estaba fuera de toda ecuación posible en el marco de la operación de exportación que aquí se cuestiona y la firma obró en consonancia con lo pretendido por el legislador. La directriz normativa a los fines de la determinación de la alícuota respectiva la fijó el legislador al incorporar el art.3bis, que es claro y despeja cualquier duda que pudiere haberse suscitado hasta su sanción. Ya no se entiende como región patagónica en abstracto sino que se identifica a las provincias individualmente como interesadas en el giro comercial derivado de la explotación de sus recursos naturales y/o manufacturados –productos regionales-, lo que abriga con federalismo la Ley 23018.
Podemos convenir entonces que, para interpretar correctamente la norma –que según entiendo no amerita tanto derrotero- el puerto provincial (en Santa Cruz que emite el Certificado de Origen) más cercano al de producción –Caleta Paula (que no se encuentra en el listado de la norma)- es sin lugar a dudas el de Puerto Deseado y así debe afirmarse como estamento de base para revocar la resolución administrativa N°7/19 emitida por la Aduana de Caleta Olivia (Santa Cruz) con Costas a la vencida, lo que así propongo.
El Dr. Segura dijo:
Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara en el precedente “CONARPESA CONTINENTAL ARGENTINA DE ARMADORES SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 04.07.2019, caso análogo al aquí tratado, adhiero en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
Revocar la Resolución N° 007/19 (AD CAOL) dictada en el expediente 14785-358-2019, con costas.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y a la Dra. Patricia E. Feliciano (27-12276446-5). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.04.09 14:51:24 -03:00 Date: 2025.04.10 13:06:43 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.10 16:11:53 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.10 16:11:54 -03:00
Fin de la sentencia