Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-749/15-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-749/15-TSJ Sentencia N°: 363 Actor: CONCEJO DELIBERANTE DE GOBERNADOR GREGORES Demandado: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE GOBERNADOR GREGORES Objeto: CONFLICTO DE PODERES Fecha: 13/08/15 Texto:
TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 363 FOLIO Nº 1369/1371 PROT. ELECT. TSS1 009 O.151
Río Gallegos, 13 de agosto de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “CONCEJO DELIBERAN- TE DE GOBERNADOR GREGORES C/ DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE GOBERNADOR GREGORES S/ CONFLICTO DE PODE- RES”, Expte. Nº C-749/15, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación que efectuara el Concejo Deliberante a través de su apoderada, Dra. Silvina A. Rimolo, manifestando que: “...por expresas disposiciones de mi mandante vengo a denunciar conflicto de poderes existente entre el EJECUTIVO MUNICIPAL DE GOBERNADOR GRE- GORES… Y (sic) el Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Gobernador Gregores… solicitando la intervención originaria y exclusiva de ese Tribunal en los términos del art. 132 inc 1º y 149º de la Constitución Provincial y art. 79 de la ley 55, a los fines que conmine al Ejecutivo Municipal al cese de su actuación mediante la que deliberadamente impide el adecuado desarrollo de las funciones y atribuciones propias del Cuerpo Deliberante, ordenando a éste que haga Ejecutorias las Resolucio- nes de Designación de personal emanadas de la Presidente del H.C.D. en uso de sus facultades y aplique en forma efectiva las partidas presupuestarias para el H.C.D.G.G. en el ejercicio 2015, a los gastos que el adecuado funcionamiento del Cuerpo deman- da, remitiendo además la Caja Chica correspondiente al Honorable Concejo Deli- berante…” (cfr. fs. 96).- Relata los hechos, expresando que: “…con fecha 15 de enero de 2015, mediante Resoluciones 2618-HCDGG/15 Y (sic) 2619-HCDGG/15 la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Gobernador Gregores dispuso la contratación de José Daniel Cárcamo Díaz y Erika Melisa Zabala a los fines de la afectación a tareas Generales, con el consenso de la mayoría del Cuerpo de Conceja- les…” (cfr. fs. 96 vta.).- Afirma que “…desde su nombramiento los agentes citados se encuentran prestando tareas en forma regular en el Honorable Concejo Deliberante, negándose sistemática y arbitrariamente el Sr. Intendente Municipal a reconocer tales nombramientos…” (cfr. fs. 96 vta./97).-
Sostiene que no son justificados los fundamentos por los cuales el Intendente Municipal procede a la devolución de las Resoluciones de nombramien- to del personal supra citado, ya que “…ha contratado empleados para afectar a distintas áreas municipales y ha aumentado su presupuesto con relación al ejercicio anterior, y, por otra parte, no existe ninguna declaración de emergencia económica ni suspensión de contrataciones…” (cfr. fs. 97).- Manifiesta que “…a pesar de ser competencia del Presidente del Cuerpo la disposición de las partidas presupuestarias asignadas al H.C.D., el Ejecutivo Municipal desde principios del año 2014 no ha aplicado las mismas a los Gastos de Funcionamiento del Cuerpo, cuya previsión se desprende del presupuesto aprobado, ni hace entrega de la Caja Chica prevista… para aplicar a gastos menores de funcionamiento… Limitándose únicamente al pago de los haberes del personal del H.C.D.G.G., (con excepción de los designados en enero de 2015 - Sres. Cárcamo y Zabala)…” (cfr. fs. cit.).- Dice que “… a los fines del sostenimiento del Concejo Deliberante, los Ediles deben costear de su propio peculio todo gasto en elementos de limpieza, artículos de librería… etc., cuando todas estas erogaciones resultan esenciales para el funcionamiento del Concejo, como también lo es el personal afectado a su limpieza… Tareas desarrolladas por los Sres. Cárcamo y Zabala…” (cfr. fs. 97 y vta.).- Alega que “…se encuentra afectada a los gastos diarios de fun- cionamiento del cuerpo Deliberante una Caja Chica de $ 5.000, la cual desde febrero de 2014, no ha sido renovada…” (cfr. fs. 97 vta.).-
Considera que “…la conducta desplegada por el Ejecutivo en- cuadra en las previsiones de las normas que fueron citadas constituyendo un verdade- ro conflicto de poderes Municipales ya que con su accionar tiende a neutralizar el legítimo funcionamiento y ejercicio de potestades establecidas normativamente…” (cfr. fs. cit.).-
Seguidamente y en apoyo a la admisibilidad formal de su pre- sentación, cita jurisprudencia (conf. fs. 97 vta./98).-
Que, en el apartado V titulado “MEDIDA CAUTELAR”, la presentante solicita “...se conmine al Ejecutivo Municipal a dar curso a los nombra- mientos en un plazo no superior a 48 hs. de notificado…” (cfr. fs. 98 vta.).-
Finalmente funda su derecho y ofrece prueba (conf. fs. 98vta./99).-
Que, este Tribunal dispone a fs. 100, se corra vista de la pre- sentación efectuada al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien al contestarla, concluye que “...el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para conocer en las mismas en razón de la materia sobre la que trata la presente acción y en razón del lugar en que ocurrieron los hechos...” (cfr. fs. 101). Y, respecto de la cautelar solicitada “...atendiendo a los presupuestos genéricos exigidos en materia de medidas cautelares, esto es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los extremos indicados no se encuentran configurados por lo que se torna improcedente la medida cautelar solicitada...” (cfr. fs. cit.). Señala, por último que “...estamos frente a un conflicto de poderes de acuerdo a las normas vigentes...” (cfr. fs. 101 vta.), reiterando la competencia de este Tribunal para entender en los presentes autos (conf. fs. cit.).-
II. Que, corresponde definir -respecto de la acción- cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Que, ingresando en el estudio del sub-lite, se observa “prima facie” que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de un conflicto de po- deres dentro del seno del municipio de la localidad de Gobernador Gregores. Razón por la cual, este Tribunal Superior, por imperio del mandato constitucional a que alu- den los artículos 15, 132 inciso 1) y 149 de la Constitución Provincial y del art. 79 de la Ley Nº 55 -Orgánica de las Municipalidades-, es competente para entender en la causa.- Siendo así, resulta ineludible a este Alto Cuerpo expedirse como cuestión previa y en calidad de requisito “sine qua non”, sobre la admisibilidad extrínseca -es decir, meramente formal- de la acción traída a su conocimiento.-
Surgiendo de las constancias de la causa que la cuestión resulta formalmente procedente, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean, por carecer nuestro ordenamiento procesal de un procedimiento específico a aplicar en los su- puestos de conflictos de poderes y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales; criterio que fuera sustentado por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo I -Otros Recursos-, Reg. 18, Folio 44/50; ídem, Reg. 55, Folio 154; Tomo II -Otros Recursos-, Reg. 86, Folio 219; Tomo IV -Otros Recursos-, Reg. 215, Folio 755/759; Tomo VI -Otros Recursos-, Reg. 287, Folio 1104/1107; Tomo VII -Otros Recursos-, Reg. 315, Folio 1214/1215; ídem, Reg. 352, Folio 1336/1338, entre otros).- Conforme a lo ut supra reseñado, se debe hacer uso de las fa- cultades conferidas por el artículo 15° de la Constitución Provincial, como así tam- bién de las atribuciones ordenatorias e instructorias que otorga el artículo 36° del CPC y C, determinando que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del Título III -Capítulo I- Proceso Sumario del CPC y C (art. 464°, siguientes y con- cordantes) y consecuentemente, en orden a una debida sustanciación de la acción pro- movida, disponer se corra traslado de la presentación de fs. 96/99 y documental acompañada, al Departamento Ejecutivo Municipal de Gobernador Gregores por el término de ley (conf. arts. 464º y 315º del CPC y C), ampliado en dos (2) días en razón de la distancia (conf. art. 159° del CPC y C), y bajo apercibimiento de resolver la cuestión aún a falta de contestación en término, facultándose a la parte actora a ampliar el ofrecimiento de prueba dentro del plazo para contestar la acción.-
III. Que, con relación a la medida cautelar peticionada, tal cual se expone en el libelo de inicio, lo que se pretende es “…se conmine al Ejecutivo Municipal a dar curso a los nombramientos en un plazo no superior a 48 hs. de notifi- cado…” (cfr. fs. 98 vta.), en virtud de las Resoluciones dictadas en ejercicio de las atribuciones del Presidente del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores.- Que, la medida pretendida se encuadra en lo que la doctrina ha dado en llamar “cautelar innovativa”, caracterizada porque, sin que medie sentencia firme, el juez ordena que se haga o que se deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente al momento del inicio de la litis. En este ca- so, la medida solicitada tiene la particularidad que coincide con el objeto del juicio, de manera tal que el juez al dictarla se expide directamente sobre el fondo de la pre- tensión, es lo que se llama “tutela anticipada”, cuyo dictado se ha autorizado cuando cualquier dilación pudiera generar un daño irreparable y habiéndose ya expedido en su precedente (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII -Otros Recursos-, Reg. 327, Folio 1250/1251, entre otros).- Que, valorando este Alto Cuerpo los elementos probatorios hasta ahora aportados por el demandante, su debido análisis, confrontación y encua- dramiento, teniendo presente asimismo la naturaleza de la cuestión traída, el estado procesal en que se enhebra el planteo actoral, y lo resuelto oportunamente en casos análogos, y a cuyos considerandos y conclusiones nos remitiremos “brevitatis causae” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo II -Otros Recursos-, Reg. 94, Folio 235/238; Tomo IV -Otros Recursos-, Reg. 215, Folio 755/759; Tomo VI -Otros Recursos-, Reg. 287, Folio 1104/1107; Tomo VII -Otros Recursos-, Reg. 325, Folio 1246/1247; ídem, Reg. 333, Folio 1266/1268, entre otros), cabe establecer “prima facie” que las argumentaciones en que el mismo basa su requerimiento aparecen desposeídas de la presunción de verosimilitud suficiente como para enervar, durante el curso del diferendo, los efectos de las medidas que se persiguen como cuestión de fondo, lo que además implicaría adelantar el criterio de la sentencia.- Que, de resultas de todo lo expuesto, las conclusiones jurídicas a que se ha arribado aparecen suficientes como para constituir óbice decisivo a la via- bilidad de la medida requerida.-
Que, por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
2. Imprimir al presente el trámite previsto en el Título III, Capítulo I -Proceso Sumario-, arts. 464°, siguientes y concordantes del CPC y C, y en orden a ello, de la presentación de fs. 96/99 y documental acompañada, córrase tras- lado al Departamento Ejecutivo Municipal de Gobernador Gregores por el término de ley (conf. arts. 464º y 315º del CPC y C), ampliado en dos (2) días en razón de la dis- tancia (conf. art. 159° del CPC y C), y bajo apercibimiento de resolver la cuestión aún a falta de presentación en término.-
3. Facultar a la actora a ampliar el ofrecimiento de prueba dentro del plazo para contestar la acción.-
4. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada a fs. 98 y vta., apartado V.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009O.151 Tomo: VII Sentencia: 363 Folio N°: 1369/1371 Secretaría: 1
Fin de la sentencia