Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-742/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracto el tratamiento de la recusación formulada respecto de la Srta. Presidente, Dra. Clara Salazar.-
2Hacer lugar a la excusación deducida a fs. 896/898 por el Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, resultando inocuo el tratamiento de la recusación formulada a fs. 880vta/881vta..-
3Declarar la incompetencia de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz para entender en las presentes actuaciones.-
4No hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por devenir improcedente su tratamiento.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-742/14-TSJ Sentencia N°: 348 Actor: CONCEJO DELIBERANTE DE CALTA OLIVIA Demandado: INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA – Sr. José Manuel Córdoba Objeto: REMOCIÓN Fecha: 02/09/14 Texto:
TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 348 FOLIO Nº: 1317/1321 PROT. ELECT. TSS1 012 O.141
Río Gallegos, 2 de septiembre de 2014.-
Estos autos caratulados: “CONCEJO DELIBERANTE DE CALETA OLIVIA C/ INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA -Sr. José Manuel Córdoba- S/ REMOCIÓN”, Expte. Nº C-742/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de la presentación efectuada a fs. 871/890, por el Dr. Juan José Naves, en carácter de Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia y en representación del mismo. Que, en primer término corresponde dar tratamiento a la recusación formulada por el presentante a fs. 880vta./881 vta., respecto de la Srta. Presidente, Dra. Clara Salazar y el Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
Respecto de la Dra. Salazar, atento encontrarse en uso de licencia, declárase la cuestión abstracta.-
En cuanto al Dr. Peretti, el mismo produce el informe previsto por el artículo 22 del CPC y C, a fs. 896/898, por medio del cual decide excusarse en los presentes fundado en razones de decoro o delicadeza (art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial), entendiendo que dicha decisión coadyuvará a brindar mayores garantías de transparencia y legitimación a la decisión jurisdiccional en la presente causa. Ello pues, afirma que ejerció como abogado de la Municipalidad de la ciudad de Caleta Olivia y en el cargo de Juez en el Tribunal de Faltas. Asimismo, indica que laboró como abogado particular del Sr. José M. Córdoba, hecho no expresado por el recusante.- Es por lo expuesto, que la causal invocada se encuadra en la normativa impuesta por el artículo 30 del CPC y C, correspondiendo hacer lugar a la excusación deducida, resultando inocuo el tratamiento de la recusación formulada.-
II. Que, en segundo término, corresponde dar tratamiento a la remoción solicitada por el presentante respecto del Sr. Intendente de la Municipalidad de Caleta Olivia, Don José Manuel Córdoba, por considerarlo “... incurso en la causal de remoción prescripta en el artículo 137 (sic) inciso 3 de la Carta Magna Provincial... sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas que eventualmente le pudiesen corresponder…” (confr. fs. 871 y vta.).-
Indica que “…dieciséis de los diecisiete cargos formulados en el presente, a tenor de la Resolución N° 17/14 versan sobre la ‘Falta de cumplimiento de los deberes de (sic) su cargo’…” (confr. fs. 871 vta.). Cita doctrina en la que sustenta su argumento (confr. fs. 872 y vta.).-
Considera que “…el Sr. Intendente ha incumplido los deberes a su cargo. No sólo desde una estricta óptica penal o de responsabilidad administrativa, lo que será eventual competencia de la justicia criminal o el Tribunal de Cuentas, sino desde una óptica eminentemente política y democrática, en cuanto el Sr. Córdoba ha defraudado la confianza de los ciudadanos, violando un deber ínsito en su magistratura: el de velar por el bien común de los habitantes de Caleta Olivia, y no actuar en beneficio propio…” (confr. fs. 872 vta.).- Reconoce que “…la ausencia de una carta orgánica... obliga a imprimirle al presente pedido un trámite distinto del usual para remoción de funcionarios democráticamente elegidos, esto es, el juicio político, pero no menos cierto es que la justipreciación de tal mal desempeño es una cuestión política no justiciable…” (confr. fs. 873).-
Entiende que el procedimiento establecido por el artículo 81 de la ley 55 impone a este Alto Cuerpo el control de legalidad de lo decidido por el voto de cuatro de los cinco Concejales de la ciudad, corroborando la materialidad de los cargos que se le imputan al Sr. Intendente, para proceder a su posterior remoción.“… En otras palabras, acreditada la materialidad de cualquiera de los cargos denunciados, y confirmada la legalidad -formal y sustancial- del procedimiento, por imperio del juego entre los artículos 81 de la ley 55 y 137 inciso 3 de la Carta Magna provincial, V.E. deberá proceder a destituir al Intendente de Caleta Olivia, Sr. José Manuel Córdoba…” (confr. fs. cit.).- El presentante efectúa un pormenorizado detalle de los diecisiete cargos en virtud de los cuales, conforme la Resolución N° 17/2014, pretende la destitución del Sr. Intendente Municipal (confr. fs. 873/880).-
En el punto IV de la presentación, se solicita a este Alto Tribunal “…en virtud de lo dispuesto por el Art. 2° de la Resolución Nº 17/14 del HCD, que proceda, con carácter cautelar, a ordenar la suspensión del Sr. Intendente Córdoba en su cargo…” (confr. fs. 880), sustentando dicha pretensión cautelar en el art. 139, inc. 7 de la Constitución Provincial (confr. fs. 880 vta.).-
Se acompaña documental (confr. fs. 1/870) y se ofrece prueba de la que intenta valerse el actor (confr. fs. 882/888).-
A fs. 893/894 vta. se expide el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo entendiendo -por los fundamentos a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que “…la cuestión traída a dictamen, por constituir una cuestión política, como asimismo la medida cautelar solicitada en el marco del proceso, no constituyen materia de competencia del Tribunal Superior de Justicia… debiendo declararse incompetente el mismo para intervenir en los presentes, en razón de la materia…” (confr. fs. 894 vta.).-
Finalmente, a fs. 902 pasan los presentes actuados al Acuerdo.-
III. De inicio, debe señalarse que, de los fundamentos expuestos por la Representación del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia en su presentación solicitando la remoción del titular del Departamento Ejecutivo Municipal de esa localidad surge nítida la intención de obtener de este Tribunal Superior de Justicia un pronunciamiento que esencialmente debe transitar por el carril del juicio político, tal y como se encuentra previsto tanto en la Constitución Nacional como en nuestra Carta Magna Provincial, por tratarse de una cuestión netamente política, y expresamente vedada al Poder Judicial, por respeto al principio republicano de división de poderes, y la actuación de los mismos dentro de los límites de su respectiva competencia.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a la separación de funciones o división de poderes como “principio fundamental de nuestro sistema político” (Fallos: 1:32), e inveteradamente ha venido sosteniendo que la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (Fallos: 137:47).- Que, el equilibrio entre la soberanía política y la legitimidad jurídica constituye uno de los problemas centrales de toda política constitucional. La obligada coexistencia entre poder político y poder judicial, poblada de contraposiciones, armonías y tensiones, posibilitan el avance de la democracia constitucional, sostenida en el vector fundamental de la división de funciones (‘cheks and balances’).-
Que, inmunidad absoluta y República son términos antitéticos. Así, la responsabilidad política de los funcionarios, titulares de los poderes del Estado, se erige en presupuesto esencial del sistema republicano. A través de las normas de enjuiciamiento político se pretende que todo agente público sea responsable de sus hechos u omisiones, como administrador de la res publica, servidores de la comunidad que les otorga su confianza siempre provisoriamente y sujeta a permanente ratificación.-
Que, en nuestro esquema federal de organización del poder multinivel, tanto la Constitución Nacional como la Provincial regulan este proceso excepcionalísimo de enjuiciamiento político, en aras a ejercitar un control interórganos de los actos de gobierno de los poderes del Estado, determinando las respectivas responsabilidades políticas, sin perjuicio de acciones penales ulteriores que pudieren corresponder a los funcionarios sometidos al mismo.-
Que, en lo que respecta la naturaleza jurídica de este instrumento de juicio, monocordemente sostiene la doctrina que se trata de un proceso de naturaleza judicial y de esencia política, porque en él se juzgan hechos o actos del imputado que suelen ser infracciones a las leyes, en los cuales se debe acreditar la comisión u omisión de un hecho y la culpabilidad de aquél (confr. Ekmekdjian, Miguel Ángel, op. cit., pág. 209). Así, “…el juicio de destitución o remoción de los funcionarios y magistrados sometidos a ese control es político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos. Aun en los casos de traición y soborno el juzgamiento es político y nada más...” (confr.
Gelli, María Angélica, op. cit., págs. 34).- Que, al instituto bajo examen se lo presenta como “… un complemento excepcional del voto por dos razones: a) Permite una remoción del cargo de aquel funcionario electo que haya incurrido en mal desempeño o por la comisión de delitos, sean de naturaleza común o a través del ejercicio de la función pública; b) posibilita que ciertos funcionarios, no elegidos por el voto, de incurrir en las causales antes mencionadas, sean removidos por un cuerpo elegido a través del sufragio popular. De tal manera que la “extensión del voto” siempre está presente: el mandato popular es para que los legisladores desempeñen las funciones ordinarias y extraordinarias que la Constitución les otorga (el resaltado nos pertenece)…” (confr.
Trionfetti, Víctor, Principios y fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, en Tratado de Derecho Procesal Constitucional, dirigido por Enrique M. Falcón, 1ª ed., t. I, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 519).- Sin lugar a dudas, “…hay elementos del juicio político que lo hacen inconmensurable con un juicio común; de allí que algunas comparaciones entre ambos procesos resulten erradas. Así, por ejemplo, observamos que en un juicio político no rige el principio de tipicidad propio del Derecho Penal (para la causa de mal desempeño), ni los jueces gozan de inamovilidad pues son legisladores que tienen un mandato que caduca, ni estrictamente carecen de interés en el juicio pues, precisamente por ser éste de carácter político, los legisladores tienen intereses no sólo partidarios sino políticos en el sentido de que quien acusa y quien juzga evalúa una cantidad de variables que un juez ordinario habitualmente no considera (por ej., la situación de acefalía que puede provocar la remoción, la gobernabilidad del sistema, las relaciones internacionales, las proyecciones negativas o positivas para el propio partido, el rédito personal, etc.).
Pero, no obstante lo dicho, sí configuran presupuestos de validez del juicio político el respeto de las mayorías para formular la acusación y decidir entre la absolución o la culpabilidad del enjuiciado y, asimismo, que esas actividades sean realizadas por las personas que invisten la condición exigida por la Constitución; que exista un plazo razonable para la acusación y defensa en cuanto a las oportunidad para alegar y probar; que las partes cuenten con la posibilidad de controlar la producción de la prueba y el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. Sentencia que tiene que ser fundada, pero no estrictamente en “ley” sino en un criterio político -pues así lo autoriza la Constitución y por eso el juicio se llama “político”-.
En efecto, la sentencia puede hacer referencia a incumplimientos legales o, simplemente, considerar la existencia de una pésima gestión, pero necesariamente debe desarrollar esas apreciaciones, y por ostentividad y ejemplificación la decisión debe dar cuenta de qué elementos se consideraron para arribar a una sentencia en uno u otro sentido, respetando el principio de congruencia, es decir, fallando dentro de los límites de la acusación. Pero es claro que la exigencia de fundamentos de la sentencia que recae en un juicio político no sigue el mismo andarivel de las decisiones judiciales pues en éstas sólo cuentan las razones estrictamente jurídicas…” (el resaltado nos pertenece) (confr. Trionfetti, Víctor, op. cit., pág. 520/521).-
IV. Que, en la solución de los presentes, se imbrica el tratamiento referente a límites del órgano judicial en la solución de conflictos políticos. Así, la inserción de la jurisdicción constitucional en el sistema democrático ha permitido que órganos permanentes -judiciales o políticos-, mediante procedimientos previamente establecidos, controlen la validez constitucional de actos de los poseedores del poder, en pos de asegurar el equilibrio de los poderes.-
Los jueces, en tanto guardianes e intérpretes de la Constitución, sólo intervienen para garantizar el funcionamiento del gobierno en el marco de las atribuciones que la Constitución les ha conferido. No para decidir en materias propias de otros poderes, acerca de su acierto, oportunidad y conveniencia, sino sólo ante la invocación del menoscabo de cláusulas, derechos, declaraciones o garantías constitucionales, y con el fin de contribuir para que los tres poderes ejerciten sus facultades en el marco que la Constitución les ha fijado (confr. Fayt, Carlos S., en “Nuevas fronteras del derecho constitucional. La dimensión político-institucional de la Corte Suprema de la Nación”, en L.L., Bs. As., 1995, pág. 6).- En este sentido, ha precisado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Poder Judicial no puede controlar el modo cómo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejercen las facultades que la Constitución les ha conferido, porque esto violaría la separación de poderes.
Sólo intervienen cuando estos actúan arbitraria u opresivamente, transgrediendo los derechos y violando las garantías constitucionales. No constituye, por tanto, materia de conocimiento del Poder Judicial juzgar los propósitos, la oportunidad o la conveniencia que pudieran haber inspirado al legislador en la sanción de las leyes, ni formular valoraciones acerca de los actos del Ejecutivo, porque eso sería interferir en el dominio de otro poder del gobierno. Esto significa que a los tribunales de justicia les está vedado el examen de la conveniencia y del acierto de las medidas normativas, adoptadas en el ámbito de las atribuciones propias del Legislativo (Fallos: 207:249; 251:57). La función de revisión y control de constitucionalidad por la vía del recurso extraordinario que a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se le ha encomendado no importa sustituir el criterio del Senado por el de aquélla en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, sino verificar que en el proceso no se haya violado la defensa en juicio.
Quedan fuera del control de constitucionalidad la interpretación de la causal de destitución de juicio político y la apreciación de los hechos materia de acusación (Fallos: 316:2940 -1993). Los fundamentos de la decisión son políticos e irrevisables judicialmente, de lo contrario se violaría la división de poderes, siendo los jueces los que evalúen el mal desempeño de los gobernantes y no los representantes democráticamente elegidos por el pueblo, habilitados expresamente por el poder constituyente para esta clase de juicio. Si el Poder judicial infringiese este límite sería tanto como el Poder Ejecutivo se atribuyese funciones judiciales.- Que, nos enfrentamos entonces, en los presentes actuados, ante una cuestión vinculada con el ejercicio de las facultades privativas de los poderes políticos.
Y en virtud de ello, no se debe perder de vista que toda cuestión política tiene una dimensión “normativo constitucional” (órgano que puede dictarla y procedimiento para la sanción) de tal modo que el examen de constitucionalidad por parte del Poder Judicial en caso de controversia, deviene ineludible. Así, “…planteado un conflicto judicial concreto en el cual -ante un derecho constitucional violado- sea necesario evaluar la ‘dimensión jurídica’ de una cuestión política, dicho examen, practicado por la judicatura, resulta una tarea obligada, que se debe realizar por la prudencia del caso, partiendo de la presunción jurídica de legitimidad del comportamiento estatal…” (confr. Sagües, Néstor, ‘Elementos de derecho constitucional’, t.
I, Astrea, Buenos Aires, 1993, pág. 232).-
V. Que, resulta “…propio de los poderes políticos -Legislativo y Ejecutivo- realizar actos políticos, los cuales suponen una decisión política, que es a través de un proceso político, regulado por un criterio político de acuerdo con la prudencia política, conforme con la cual se discierne lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, lo oportuno y lo inoportuno…”, por el contrario: “… el poder jurídico que es el Poder Judicial, realiza actos jurisdiccionales, a través de un proceso jurisdiccional en el que, con criterio jurídico, se busca y determina el derecho que resulta de la Constitución y las demás normas vigentes, para aplicarlo al caso juzgado, proceso que culmina con una decisión jurídica…” (confr. Linares Quintana, S. V., ‘Tratado de la Interpretación Constitucional’, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1998, págs. 176/177, citado por Puigdellibol, María Soledad en ‘Conflicto de Poderes’, Advocatus, Córdoba, 2008, pág.104 ).- Que, una cuestión se reputa ‘política, fundada en la naturaleza del acto objeto del control’ cuando la toma de decisión depende de una apreciación de la realidad -de su conveniencia y oportunidad- por parte del Congreso o del Presidente, que los tribunales no pueden revisar (confr. Bianchi, Alberto B., ‘Control de constitucionalidad’, t. II, Depalma, Buenos Aires, 2002, págs. 274/275, citado por Puigdellibol, María Soledad en ‘Conflicto de Poderes’, Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 106).-
Que, tratándose de una cuestión política, emerge como consecuencia necesaria del principio de separación de los poderes, nota esencial del Estado democrático constitucional e insustituible baluarte de la libertad humana. En este sentido, citando a Linares Quintana “el proceso político y su coronamiento, la decisión política… han sido lógicamente atribuidos, en forma exclusiva, a los poderes políticos -el Legislativo y el Ejecutivo-; mientras que la aplicación de las normas jurídicas a los casos particulares, administrando justicia, y, sobre todo el control de constitucionalidad -funciones específicamente jurídicas- han sido también lógicamente asignados al poder jurídico: el Poder Judicial. La intervención del Poder Judicial en las cuestiones políticas, aparte de desnaturalizar la función jurídica del mismo, destruiría el equilibrio entre los poderes, sometiendo, en último resorte, la decisión política… al poder jurídico que es el Poder Judicial” (confr. confr. Linares Quintana, S. V., ‘Tratado de la Interpretación Constitucional’, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1998, págs. 176/177, citado por Puigdellibol, María Soledad en ‘Conflicto de Poderes’, Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 105).- Que, tratándose de una excepción a la regla general de competencia del Poder Judicial para conocer de los casos constitucionales, escapa de la competencia del Poder Judicial -exclusivamente- la revisión del juicio de valor de sustancia política, más concretamente el juicio de prudencia política, pero de ninguna manera queda fuera del control judicial las proyecciones del acto político sobre los derechos constitucionales, cuyo amparo es misión específica de los tribunales de justicia (confr. Puigdellibol, María Soledad, Conflicto de Poderes, Advocatus, Córdoba, 2008, págs. 104/105).- Que, tal como aparece diseñado en la Constitución Nacional (arts. 53/60 y 115) como en la Constitución Provincial (Sección VIII, arts. 137/139), este instituto sirve como instrumento a través del cual el Soberano, por medio de representantes democráticamente elegidos, basándose en determinadas causales expresamente previstas en el texto constitucional, puede remover de sus cargos a determinados funcionarios, por actos cometidos en su gestión.-
Que, es por ello que este proceso resulta ser de esencia eminentemente política, lo cual trae aparejado una consecuencia ineludible, cual es la no injerencia que debe primar en el caso por parte de este Poder Judicial. Éste, y no otro, es el quid de la cuestión en los presentes.-
Que, no se puede transformar a la Corte provincial en un tribunal de alzada con posibilidad de reemplazar el criterio de quienes han tenido en forma excluyente el juicio de responsabilidad política de aquel que ejercía el poder ejecutivo local, en la apreciación de los extremos de hecho y de derecho que los ha conducido a su decisión, en tanto no se observe apartamiento de los principios consagrados en la Constitución Nacional [y/o Provincial]. El juicio político es una atribución propia de la legislatura para acusar y juzgar a los altos funcionarios por su conducta política, y ello debe ser tenido en cuenta cuando el poder judicial interviene para controlar si se han afectado derechos constitucionales (Fallos: 310:2845; 312: 253; 314:1723).-
VI. Que, en breve referencia al invocado artículo 81 de la ley 55, este Alto Cuerpo entiende que si bien en los términos literales de la norma, se hace referencia a la presentación del pedido de remoción “ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia”, se torna aplicable en la especie la regla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que si la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de sus términos conduce a resultados que no armonizan con principios axiológicos superiores, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso, o a consecuencias notablemente disvaliosas, la interpretación de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo (Fallos: 302:1284). Que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentalización legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del objetivo de la norma (Fallos: 312:1484). Cabe recordar, asimismo, que en dicha labor hermenéutica cobran singular trascendencia las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 303:917; 307:1018; 307:2200).- Que, por ello, y en atención a lo esgrimido precedentemente, este Alto Cuerpo entiende que, tratándose de una cuestión política e irrevisable judicialmente, respetuosa del principio republicano de división de poderes, corresponde declararse incompetente para intervenir en los presentes.-
VII. Que, en lo que respecta a la medida cautelar solicitada a fs. 880 y vta., atendiendo a lo razonado y resuelto ut supra, deviene improcedente su tratamiento.-
VIII. Que, conforme todo lo expuesto ut supra, surge con meridiana claridad que la presentación de remoción por parte del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia, por ante este Alto Cuerpo, resulta ser una cuestión puramente política, que debe ser resuelta por los mecanismos políticos idóneos, no constituyendo materia de competencia del Tribunal Superior de Justicia, razón por la cual debe declararse incompetente ratione materiae, para intervenir en los presentes.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracto el tratamiento de la recusación formulada respecto de la Srta. Presidente, Dra. Clara Salazar.-
2. Hacer lugar a la excusación deducida a fs. 896/898 por el Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, resultando inocuo el tratamiento de la recusación formulada a fs. 880vta/881vta..-
3. Declarar la incompetencia de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz para entender en las presentes actuaciones.-
4. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por devenir improcedente su tratamiento.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-, Dra. Reneé G. Fernández - Vocal Subrogante.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1012O.141 Tomo: VII Sentencia: 348 Folio N°: 1317/1321 Secretaría: 1
Fin de la sentencia