Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 42761-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravio. A fin de dar tratamiento a la apelación de fs. 179, cabe recordar que esta Sala tiene reiteradamente declarado que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por tal razón, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada en la suma de diez mil pesos ($ 10.000) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62.099/2019 - CONCRETO CONSTRUCCIONES
SRL TF 42761-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2021.- TAR
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 185, contra la sentencia de fs. 176/178 y fundado a fs. 192/200, cuyo traslado no fue replicado por la parte actora; y,
I. Que la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por una parte, tener por condonada parcialmente la multa aplicada en el impuesto al valor agregado, por los períodos fiscales 5/11, 6/11, 7/11, 9/11, 10/11, 12/11 con costas por su orden. Por otro lado, decidió confirmar la sanción aludida respecto de los períodos fiscales 8/11 y 11/11, por el porcentaje no cancelado del tributo correspondiente, con costas y condonarla en el porcentaje que ha sido efectivamente cancelado. Finalmente, reguló los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes por el Fisco Nacional.
II. Que esa sentencia fue apelada por la parte demandada, quien se agravia de que se haya condonado parcialmente la multa correspondiente a los períodos fiscales 8/11 y 11/11.
Esencialmente sostiene que, si bien el allanamiento o desistimiento del contribuyente puede ser total o parcial, ello no implica necesariamente que la condonación de una multa (por haber regularizado parcialmente la obligación que le dio origen) pueda ser también parcial, en relación a un período fiscal específico. En este sentido, puntualiza que la condonación parcial en un período fiscal resulta improcedente, atento no encontrarse cancelada la totalidad del tributo omitido. Recuerda que la multa aplicada en el caso involucró varios períodos fiscales de le impuesto al valor agregado y por más que el contribuyente haya cancelado una gran parte del monto del impuesto que dio origen a la multa indicada, no se verifica la posibilidad de que pueda haber quedado candelada de manera independiente un parte escindible de la restante, en un mismo ejercicio. En segundo lugar, subraya que lo resuelto incurre en arbitrariedad, puesto que la infracción prevista en el artículo 46 de la ley 11.683 sólo exige que la conducta menoscabe el producido de un tributo sin formular distinción alguna, en razón por la cual, excluir una porción de dos períodos fiscales, implicaría pronunciarse contrariando los extremos de la norma en trato y, por consiguiente, apartarse del derecho aplicable al caso.
III. Que, asimismo, a fs. 179 se apelaron los honorarios fijados en favor de los letrados del Fisco Nacional por considerarlos bajos.
IV. Que, preliminarmente, corresponde dejar claramente expuesto que el presente proceso tuvo por objeto, en un primer momento, la apelación de la resolución N° 351396-3/14, a través de la cual la AFIP-DGI había aplicado una multa, en los términos de los arts. 46 y 47, inc. a) de la ley 11.683, por el impuesto al valor agregado, períodos 05 a 12/2011.
Posteriormente, a fs. 99 el Tribunal Fiscal de la Nación dispuso requerir al Fisco que informase si las multas aludidas se encontraban alcanzadas por los beneficios de la ley 27.260 (arts. 55 inc. a y 57).
Por su parte, a fs. 101 la actora puso en conocimiento al tribunal que había presentado la multinota cuya copia obra a fs. 100, mediante la cual había solicitado la condonación de las penalidades impuestas. Luego, a fs. 102/113, acompañó el Formulario 408 “declaración jurada de allanamiento/desistimiento” y el plan de pago de los tributos adeudados.
Finalmente, luego de varios traslados y aclaraciones, a fs. 161 y vta., el Fisco Nacional expresó que “…con relación a las obligaciones sustanciales que motivó la sanción apelada en autos, se señala que se halla configurado el supuesto previsto en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62.099/2019 - CONCRETO CONSTRUCCIONES SRL TF 42761-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO artículo 55 inc. a) de la Ley 27.260, toda vez que nos encontramos frente a una multa correspondiente a obligaciones devengadas al 31.05.16 que no se encuentran firmes, cuya obligación principal está incluida en un plan de (sic) vigente, con arreglo a lo previsto en la primer parte del art. 23 bis de la RG 3920/2016, pero esto solo en forma parcial, respecto de los períodos 06/2011, 07/2011, 09/2011, 10/2011 y 12/2011.- (…) Por lo contrario, respecto e los períodos 08/2011 y 11/2011 no se encuentra regularizada en su totalidad la deuda sustancial.” (cfr. fs. 161 vta.).
V. Que, efectuada la reseña fáctica que antecede, resulta igualmente pertinente indicar que, en el Título II, Libro II, de la Ley Nº 27.260, se estableció, para los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP, un régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones, siempre que se cumpla con los términos fijados en la norma (confr., art. 52, ley cit.).
Se encuentran incluidas dentro de ese régimen, las obligaciones en curso de discusión administrativa o que fuesen objeto de un procedimiento administrativo o judicial, en tanto el contribuyente se allanare incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistiese y renunciase a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podría ser total o parcial, y procedería en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según correspondiese (confr., art. 53, ley cit.).
Por su parte, en el artículo 55 se dispuso, con alcance general, para los sujetos que se acogiesen al régimen de regularización excepcional previsto en la ley, la exención y condonación, en lo que aquí interesa, de las multas y demás sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, que no se encontraren firmes a la fecha de acogimiento al régimen (inciso a). Complementariamente, el artículo 56 agrega que “[L]as multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedaran condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.”
A fin de que procediese el beneficio, en el artículo 57 se estableció que los sujetos deberían cumplir, respecto del capital, multas firmes, e intereses no condonados, alguna de las siguientes condiciones: a) cancelación mediante pago al contado; b) cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga el organismo recaudador.
VI. Que, sentado lo anterior, cabe señalar que, según la interpretación y aplicación de las normas reseñadas que ha efectuado este tribunal, a efectos de tener por cumplidos los recaudos exigidos para acceder al beneficio de la condonación contemplado en la ley 27.260 y su reglamentación, resulta suficiente, ademas de haber formulado formal desistimiento de la acción y del derecho, incluso de repetición respecto de los tributos, acreditar haber adherido a un plan de facilidades de pago, si es que no se hubiera producido ya la cancelación total del pago de los tributos y accesorios adeudados (cfr. esta Sala, Causa Nº 75.979/17, “Agro Aceitunera SA c/ DGA”, del 8/11/2018 y Causa N° 47.681/16 “Wabra SA c/ DGI”, del 15/11/2017).
De esta manera, la adhesión de la responsable al aludido régimen de regularización de deudas tributarias, implica la eximición de las sanciones y de los intereses, sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley (esta Sala, Causa Nº 2.499/18, “Ceres Agropecuaria SA c/ DGI”, del 11/09/18 y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62.099/2019 - CONCRETO CONSTRUCCIONES SRL TF 42761-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Causa Nº 79.421/18 “Sierra Hnos. SRL (TF 46590-I) c/ DGI”, del 10/9/2019).
VII. Que, también en este sentido resulta menester expresar que jurisprudencialmente se ha admitido la procedencia de la condonación parcial de multas, respecto a los períodos por los cuales se cumplieron los requisitos antes mencionados y se confirmaron tales penalidades en relación a los restantes (conf. CNCont. Adm., Sala IV, Causa N° 3.441/20, “Petrobras Argentina SA c/ D.G.A.”, del 11/08/2020; esta Sala, Causa N° 47.681/16 “Wabra SA…”, cit.). Frente a este temperamento, no se encuentran en el memorial del Fisco fundamentos suficientes que permitan establecer cuál sería el perjuicio diferenciado entre los supuestos resueltos en los precedentes invocados y el que se presenta en autos, extremo que lleva al rechazo del recurso interpuesto.
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE:
confirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravio. A fin de dar tratamiento a la apelación de fs. 179, cabe recordar que esta Sala tiene reiteradamente declarado que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional.
Por tal razón, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada en la suma de diez mil pesos ($ 10.000) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia