Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98444
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la concursada Seralos S.A. en fecha 16.12.2019, y ordenar el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes trabadas con motivo del presente concurso preventivo, conforme fuera propuesto en el punto séptimo en los términos del art. 59 segundo párrafo de la LCQ, y aceptado por los acreedores. Con costas de esta instancia en el orden causado atento la expresa conformidad en lo solicitado (arts. 17 de la C.N.; 1, 2, 9, 10, 12, 279, 729, 957, 958, 959, 961, 991, 1004, 1061 y concs. del CCyCN; 45 cuarto párrafo, 49, 50, 52, 53, 59, 274 primera parte, 275, 278, 289 de la LCQ; 59 de la LGS; 68 segunda parte, arg. 70 inc. 2, 163 inc. 5, arg. 202, 203, 242, 245, 246, 260, 261 del CPCC).
98444: “Seralos S.A. s/ Concurso preventivo (pequeño)”
Dolores, 30 de Abril de 2020
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la concursada Seralos S.A. en fecha 16.12.2019, contra el decisorio del 10.12.2019; concedido en relación a fs. 589/590 y sustanciada su fundamentación, se encuentran los presentes en condiciones de ser abordados por este Tribunal.
II. A través del pronunciamiento de referencia, el iudex a quo homologó el acuerdo al que arribaran la concursada y los acreedores quirografarios, consistente en el pago de los montos verificados y de los declarados admisibles, en las proporciones, plazos y condiciones allí dispuestos, más sus intereses. También, que en caso de producirse alguna de las circunstancias señaladas en la cláusula octava de la propuesta, antes de adoptar cualquier decisión, deberá la concursada denunciarla en autos garantizando en todos los casos el cumplimiento de lo convenido, previo contralor de la sindicatura.
En ese marco, y ya en lo que puntualmente interesa a los fines del tratamiento recursivo, el sentenciante de grado determina el mantenimiento de las medidas cautelares que han sido dispuestas durante el proceso concursal en los términos del art. 53 de la LCQ.
Ordena que el órgano sindical actúe como controlador del cumplimiento del acuerdo, debiendo reinscribir las medidas cautelares antes de su vencimiento, cuando ello así corresponda.
III. Se agravia la recurrente al considerar que, según el desarrollo argumental del decisorio, deviene ineludible el levantamiento de las medidas cautelares trabadas, tal como fue acordado con los acreedores al alcanzar las mayorías necesarias respecto de la propuesta de pago.
Aduce que cabe dar espacio a la expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, y ubicar al rol de la judicatura en el contralor extrínseco o formal del acuerdo alcanzado.
Destaca que al dar a conocer su propuesta, previó en los términos del segundo párrafo del art. 59 de la LCQ, que “...la deudora incluye dentro de la presente propuesta de acuerdo, la conformidad de los señores acreedores con el levantamiento de todas las inhibiciones trabadas con motivo del presente concurso preventivo...” (sic). Y que, alcanzadas luego las mayorías sin oposición a este apartado, el mantenimiento de las medidas cautelares es inexplicable.
Argumenta en que la sindicatura tampoco ha efectuado reparos y que incluso la acreedora Sursem S.A., única que en alguna oportunidad -durante el trámite del concurso- manifestó cierta oposición, prestó luego conformidad con el proceso asumiendo sus consecuencias procesales y sustanciales, mediante la presentación del 03.10.19.
Cita jurisprudencia alusiva al levantamiento de medidas cautelares de inhibición general de bienes, que entiende aplicable al presente.
IV. a) Entrando al tratamiento del planteo, cabe comenzar diciendo que el art. 59 de la LCQ prevé que una vez homologado el acuerdo, tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concurso, dando por concluida la intervención del síndico.
Su segundo párrafo establece como principio general, que el juez deberá antes de declarar la conclusión del concurso, constituir las garantías pertinentes y disponer el mantenimiento de la inhibición general de bienes respecto del deudor, por el plazo de cumplimiento del acuerdo.
Salvo –continúa- la conformidad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo previera al respecto o las facultades que se hubieran acordado al comité de acreedores como controlador del acuerdo, en su caso.
La norma establece así, un principio general en cuanto al mantenimiento de la inhibición general de bienes y una clara excepción al mismo, cuyo análisis puntual propicia el recurrente, según las circunstancias y la norma invocada.
Analizadas las constancias de la causa, surge que presentada por el deudor la propuesta de pago el 03.09.2019, obtuvo la aprobación de los acreedores legitimados para hacerlo, y el juez, por haberse reunido las mayorías necesarias, homologó el acuerdo (arts. 49, 50, 52 de la LCQ; 279, 958 y concs. del CCyCN).
Sin embargo, el ofrecimiento también contemplaba el levantamiento de las inhibiciones trabadas con motivo del concurso preventivo, al incluir en su apartado séptimo, con cita expresa del segundo párrafo del art. 59 de la LCQ, la conformidad de los acreedores para así proceder.
No deducida ninguna objeción respecto al punto en particular (v. presentaciones de fs. 502/523 con firmas certificadas, y de fs. 531/552 donde se acompañan las adhesiones) la propia ley nos impone a proseguir como lo indica, por lo menos desde una primera aproximación.
Con la anuencia de los acreedores en ejercicio de la autonomía de su voluntad, se logra un acto congruente con la concepción del concurso, habiéndolo definido cierta doctrina como un verdadero contrato solemne entre el deudor y la comunidad organizada de sus acreedores, con el objeto de sistematizar las relaciones jurídicas y evitar la declaración de la quiebra (Maffía, O., Aspectos del acuerdo preventivo extrajudicial. Los sujetos habilitados ex parte debitoris, El Derecho, 2003; Yadarola, Mauricio L., Apuntes de Derecho Comercial, Segundo Curso, pág. 30; Di Tullio-Macagno y Chiavassa, Concursos y Quiebras... pág. 217; Molina Sandoval, Acuerdo Preventivo... pág. 60).
Sin necesidad de profundizar aquí en la naturaleza del acuerdo concursal o contrato, lo que más importa es que supone que cuando los acreedores deciden sobre el contenido de lo propuesto, lo harán teniendo en consideración su evaluación frente a las consecuencias de la quiebra, y serán “sus propios intereses” los elementos constitutivos de la aceptación o rechazo de aquella. La pluralidad de situaciones que pueden presentarse, nos exime de formular otras consideraciones relativas a la subjetividad determinante de cada voto (Quintana Ferreyra, Concursos, Editorial Astrea, Tomo I, pág. 489).
Teniendo en cuenta lo expuesto, es que sin duda debió atenderse -para empezar- a la falta de oposición por parte de “los interesados” a la propuesta del deudor en el punto séptimo, conforme lo prevé sin ambages la ley.
Caso contrario, dar las mínimas razones por las cuales no cabía hacerlo, de acuerdo a lo establecido en el art. 163 inc. 5 del CPCC (arts. 17 de la Const. Nac.; 49, 50, 52 de la LCQ; 279, 957, 958, 959, 961 y concs. del CCyCN).
b) Superado este primer valladar y avanzando en el razonamiento, se observa que también prestó su conformidad la sindicatura concursal, encargada de proteger los intereses de la masa (art. 275 de la LCQ).
Manifiesta en la contestación del memorial (27.12.2019) que no encuentra reparo ni fundamento para no proceder al levantamiento de las medidas cautelares, considerando además que intentar una modificación prácticamente de oficio, frente a todo el proceso previo a la homologación, aparecería como contrario a derecho.
Asimismo, conferido el traslado de la fundamentación del recurso a fs. 590, la acreedora Sursem S.A. manifiesta que a los efectos que pudieran corresponder, nada tiene que observar respecto del levantamiento de medidas cautelares solicitado por la concursada en su propuesta de pago, homologada por el Juez de grado (v. presentación del 26.12.2019).
Es así que, como bien advierte el síndico, hasta la única acreedora que eventualmente podría tener reparos al levantamiento al no participar de la propuesta de acuerdo, ha prestado ahora conformidad expresa al particular. Extremo que si bien no era indispensable corroborar, sin dudas coadyuva a lo anterior, al dejar en evidencia que no existe ninguna clase de resistencia (art. 50, 52 de la LCQ).
c) Cierto es que el control judicial de la propuesta de acuerdo preventivo trasciende la mera legalidad formal, debiendo atenderse también a cuestiones que pudieran afectar al interés público y al ordenamiento jurídico en general; de otro modo el sentenciante estaría renunciando a cumplir con los deberes de su función (art. 274 primera parte, LCQ; 1, 2 del CCyCN; 165 inc. 3 del CPCC).
El art. 52 inc. 4 de la LCQ alude a la propuesta abusiva o en fraude a la ley, que debe ser evaluada en cada caso concreto desde una perspectiva concursal, no pudiendo ser considerado el contenido de la propuesta desde lo meramente matemático.
En otras palabras, la controversia no puede reducirse a si se cumplió o no un acuerdo de voluntades como señala el apelante; y en esta tarea, el juez debe ser extremadamente prudente en la valoración de la procedencia de cada uno de los puntos del acuerdo, considerando que está decidiendo sobre patrimonios ajenos.
En tal entender, se ha expresado que el control de mérito que deberá ejercer el tribunal es el acto por medio del cual se custodia la conveniencia de ese acuerdo, que reside en examinar el interés público incluso en prevalencia al del interés de los acreedores, lo que debe ponderarse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos atinentes a las mayorías de votos (Quintana Ferreyra, Concursos, Editorial Astrea, Tomo I, pág. 653/654, y jurisprudencia allí citada).
En el caso, y más allá del íntegro acuerdo prestado por los acreedores, no se advierte vulneración al interés público ni al ordenamiento jurídico en general, ni predisposición que de algún modo perjudique los derechos patrimoniales de la masa, que impida denegar lo solicitado (arts. 1, 2, 9, 10, 12, 279, 958 segunda parte, 1004 del CCyCN).
Por el contrario, se observa que –justamente- mantener las inhibiciones que pudieran pesar sobre el concursado, iría en desmedro directo de los propios objetivos empresariales y económicos que fueron propugnados.
En el punto 8 de la propuesta (fs. 532) se previó la expresa autorización a la concursada para “...adquirir la empresa, fusionarse, realizar alianzas estratégicas, uniones transitorias de empresas, ya sea tanto nacionales como internacionales, así como cualquier otra actividad que pretenda desarrollar en el futuro...” (sic).
Ello con la finalidad de lograr un mejor desenvolvimiento de la empresa para hacer frente al cumplimento de las cuotas que componen el acuerdo que se propone; todo lo cual no sólo hace al interés de la masa, sino también al interés social y económico en general, que se vería obstaculizado de encontrarse inhibido el concursado.
Es aquí donde al comprometerse en definitiva la continuidad del giro empresario –objeto de la sociedad- aparece realizado uno de los objetivos del concurso, frente a la importancia que le confiere a la vida económica de la empresa a fin de preservar de manera eficaz el crédito, que es la base fundamental de las leyes concursales.
En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho en un antiguo precedente, aunque no por ello menos vigente, que “para el dec. ley 19.551/72 la convocatoria de acreedores es un remedio legal que no trata de beneficiar al deudor, manteniéndolo en el giro de sus negocios sólo en beneficio de éste, y que no trata tampoco meramente de hallar una fórmula que garantice del mejor modo posible el patrimonio del convocatario con vista al exclusivo beneficio de los acreedores, de quienes aquel patrimonio es prenda común, sino que tales propósitos deben ser compatibilizados con la última finalidad inspiratoria de ese decreto ley, que es la del mantenimiento de una fuente de producción y de trabajo, todo ello considerado desde un punto de vista económico, financiero y social” (SCBA; 21.10.1975, LL, 1976-A-423).
En resumidas cuentas, si de vislumbrar vulneración al interés público comprometido se trata, es precisamente aquel que puede darse de mantenerse las inhibiciones trabadas como consecuencia del proceso concursal, que afectarían el desenvolvimiento de la empresa como fin último del proceso para enfrentar el cumplimento de lo prometido (arts. 52 inc. 4 de la LCQ; 10, 12, 279, 958 segunda parte, 1004 del CCyCN).
d) Adicionalmente, se advierte que el concursado propuso en los términos del art. 45 cuarto párrafo de la LCQ, un régimen de administración al cual se comprometió durante la etapa del cumplimiento del acuerdo preventivo y de vigilancia ulterior a la homologación, sin que tampoco mereciera objeción de los acreedores.
Allí se señaló que sería puesta a disposición del Juzgado toda la información, documentación y demás elementos que éste le solicitare; de igual forma, de cualquier acción judicial o administrativa que se hubiera iniciado en su contra, así como cualquier sentencia que se hubiere dictado y de la que surgiera obligación de pagar una suma de dinero. También, el compromiso a mantener en buen estado sus activos, debidamente asegurados según la naturaleza de los bienes.
Ello se traduce en ciertas limitaciones a los actos de disposición aplicables a la etapa de cumplimiento, consideradas por el sentenciante como medidas para garantizar la ejecución, según dictamina el art. 53 de la LCQ (Considerando 6, fs. 582).
Lo que sumado al deber de denunciar en autos, previo a adoptar cualquier decisión, la puesta en marcha de alguna de las actividades previstas en la cláusula 8 de la propuesta (fs. 532), más el control a cargo del síndico del cumplimiento de las obligaciones acordadas, configura un marco de seguridad que mientras no se demuestre lo contrario, adviene suficiente para garantizar el cumplimiento de lo prometido (arts. 53, 59, 278, 289 de la LCQ; arg. arts. 202, 203 del CPCC).
e) Finalmente, se ha de recordar que uno de los efectos de la homologación del acuerdo preventivo, es la novación de carácter legal de todas las obligaciones por causa anterior a la presentación del deudor en concurso preventivo, en función del art. 55 de la LCQ.
El acuerdo refrendado aparece así como una causal de extinción de obligaciones, con la excepción prevista en la segunda parte de la norma -que no es el caso-, transformándolas en otras nuevas con diversas modalidades, términos, vencimientos, quantum, intereses con una nueva fecha de mora, e incluso casos de aprobación de quitas.
Dentro de este contexto es que también se encuentra otro fundamento para justificar que ante estas nuevas obligaciones que sustituyen las anteriores, el deudor con sus acreedores puedan en comunidad de voluntades, con el aval legal y el debido control de la judicatura, levantar las inhibiciones que pesaren sobre el concursado, tendiente al cumplimiento final del avenimiento acompañado del impulso de la continuidad del giro empresario (arts. cit.).
Ello se consustancia con el principio de la buena fe sobre el que se cimientan las relaciones patrimoniales (arts. 9, 10, segundo párrafo, 729, 961, arg. 991, 1061 y concs. del CCyCN), precepto que sin duda guía la homologación del acuerdo que da nacimiento a aquella nueva obligación, y que cabe presumir mientras no se demuestre lo opuesto; y con el deber de los administradores y representantes de la sociedad, de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios (art. 59 de la ley general de sociedades).
V. En razón de todo lo expuesto, se concluye en que se encuentran configurados los presupuestos necesarios para proceder al levantamiento de las inhibiciones trabadas con motivo del presente concurso, conforme la cláusula séptima de la propuesta del 03.09.2019 con cita en la segunda parte del art. 59 de la LCQ, que legisla expresamente sobre las inhibiciones generales de bienes (arts. 17 de la C.N.; 1, 2, 9, 10, 12, 279, 729, 957, 958, 959, 961, 991, 1004, 1061 y concs. del CCyCN; 45 cuarto párrafo, 49, 50, 52, 53, 59, 274 primera parte, 275, 278, 289 de la LCQ).
En cuanto menciona el recurrente que ha existido un exceso en la interpretación de la cláusula octava de la propuesta, cabe aclarar que no se traduce en un agravio fundado con la exigencia que contempla el art. 260 del CPCC, por lo que nada más corresponde agregar (arts. 242, 261 del CPCC).
Por consiguiente, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la concursada Seralos S.A. en fecha 16.12.2019, y ordenar el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes trabadas con motivo del presente concurso preventivo, conforme fuera propuesto en el punto séptimo en los términos del art. 59 segundo párrafo de la LCQ, y aceptado por los acreedores. Con costas de esta instancia en el orden causado atento la expresa conformidad en lo solicitado (arts. 17 de la C.N.; 1, 2, 9, 10, 12, 279, 729, 957, 958, 959, 961, 991, 1004, 1061 y concs. del CCyCN; 45 cuarto párrafo, 49, 50, 52, 53, 59, 274 primera parte, 275, 278, 289 de la LCQ; 59 de la LGS; 68 segunda parte, arg. 70 inc. 2, 163 inc. 5, arg. 202, 203, 242, 245, 246, 260, 261 del CPCC).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/04/2020 08:30:42 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 08:41:29 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 30/04/2020 08:55:25 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia