Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 6140 2019
Honorarios – Improcedencia del tope del último párrafo del art. 266 LCQ incorporado por Ley 25.563 / Tasa de justicia – constitucionalidad y aplicación del art. 337 inc. g del Código Fiscal
Expte. n°: JU-6140-2019 FIDEOS DON ANTONIO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE)
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-6140-2019 caratulada: "FIDEOS DON ANTONIO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO(GRANDE)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta .-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. GUARDIOLA, dijo:
I. Dicta sentencia homologatoria del acuerdo preventivo la juzgadora de grado y seguidamente regula honorarios a los profesionales intervinientes e intima pagar a la concursada la tasa de justicia y su contribución.
La a-quo toma como base regulatoria para fijar los emolumentos de los intervinientes el pasivo verificado que asciende a la suma de $298.833.695,90.
Mismo monto tiene en cuenta para establecer la tasa y sobretasa de justicia.
II. Ante tal manera de resolver, el Dr. Ignacio Farias -en su rol de apoderado de la concursada- deduce recurso de apelación el día 06/08/2021.
En primer lugar se agravia de la base regulatoria adoptada por la sentenciante, afirmando que en su oportunidad solicitó que se tenga en cuenta la aplicación del tope dispuesto por el último párrafo del art. 266 ley 24.522, en razón de que el activo estimado superaba la suma de $100.000.000.
Señala que a través de la sanción de la ley 25.563 se dispuso que para estos supuestos, los honorarios no podrán exceder del uno por ciento (1%) del activo estimado.
Arguye que la a-quo no hizo ninguna mención ni argumento expreso sobre los motivos por los cuales se apartó de dicha directiva, omitiendo resolver una cuestión esencial del planteo efectuado por su parte.
Afirma que la sentenciante parece interpretar que el tope dispuesto por el último párrafo del art. 266 LCQ no podría vulnerar el "piso" establecido por el párrafo segundo de la norma mencionada, es decir el 4% del pasivo verificado.
En efecto entiende que en ningún caso los honorarios pueden superar el 1% del activo estimado, ya sea tomando como base regulatoria la suma de $335.468.633,58 como surge del escrito inaugural de presentación en concurso preventivo o de $531.526.186, 73 estimado en el informe general efectuado por la sindicatura, aclarando que ese monto fue observado por su poderdante.
En conclusión sostiene que resulta desajustado a derecho la determinación del pasivo "verificado" como base para la regulación de los honorarios efectuada, peticionando se tome el 1% del activo estimado por Fideos Don Antonio S.A. en su presentación concursal.
En subsidio se agravia del cómputo del pasivo adoptado, peticionando la exclusión del crédito condicional reconocido a la AFIP.
Afirma que hay una contradicción respecto de la sentencia del art. 36 de LCQ, por la cual, la a-quo en aquella oportunidad "declaró admisibles los créditos insinuados por el AFIP/DGI en carácter de privilegio general condicional (art. 246 de la ley 24.522) por la suma de $83.723.155,54 (capital), en carácter de quirografario condicional por la suma de $131.372.036,31 (intereses) y/o el monto que en definitiva resulte si adquiere firmeza la compensación admitida mediante sentencia -no firme- dictada en el marco de la causa N° expte. N° 26054/15 (en trámite por ante el Juzgado Federal) más $1.687, 50 de arancel...".(el remarcado pertenece al recurrente).
En ese sentido remarca que la condición reconocida por la a-quo para que el crédito fuera reconocido dentro del pasivo concursal fue que adquiera firmeza la sentencia definitiva dictada en primera instancia, en el proceso citado, recordando que se falló haciendo lugar a la compensación de los créditos/débitos que AFIP y la concursada poseen recíprocamente.
Hace hincapié que esa condición no se cumplió, resultando una errónea interpretación de la juzgadora, al afirmar que por haber solicitado su mandante la adhesión al plan de pagos dispuesto por la Ley 27.541, ha desaparecido esa condición.
Señala que esa manera de resolver va en contra de los propios actos jurisdiccionales provocando un escándalo jurídico.
En definitiva peticiona que para el improbable caso que se mantenga que debe tomarse el pasivo verificado a los fines regulatorios, se excluya el crédito condicional verificado por AFIP.
Renglón seguido solicita que en caso que no se tenga en cuenta el agravio deducido sobre esa cuestión, se tome el crédito que se compute como cabeza del Fisco Nacional el que resulta una vez formalizado el Plan de Pagos dispuesto en aquella ley que ha establecido una generosa moratoria impositiva con una drástica quita de multas e intereses, que adjuntará a los fines peticionados.
En subsidio cuestiona el porcentaje de la escala aplicado -casi el máximo de la escala legal- solicitando el mínimo de la escala del 1%.
Seguidamente se agravia del monto de la tasa de justicia y sobre tasa dispuesta en la instancia de origen, peticionando la inconstitucionalidad del art. 337 inc. g) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Señala que la ley 25.563 regula sobre una materia delegada por las Provincias a la Nación, y por lo tanto la norma provincial que reglamenta la misma materia impositiva, resulta inconstitucional por ser manifiestamente violatoria del artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.
A todo evento cuestiona los créditos tomados como base para la determinación de la tasa y sobretasa de justicia, afirmando que la a-quo incorporó los créditos verificados y los declarados admisibles, incluso al crédito condicional de la AFIP, afirmando que el art. 337 inc. g) solo tiene en cuenta en los concursos preventivos el monto imponible del importe de los créditos verificados o en su defecto del pasivo denunciado.
Por ello, afirma que en su defecto los únicos créditos que deben computarse como monto imponible son los créditos verificados.
En subsidio, solicita que el monto de la AFIP sea el consolidado por la ley 27.541, es decir el del Plan de Pagos dispuesto por aquella ley.
Finamente el Dr. Farias -por su propio derecho- apela por bajos sus honorarios, agraviándose de la diferencia existente entre sus estipendios regulados y los de la sindicatura.
Con la contestación de la sindicatura en fecha 24/08/2021 resistiendo la impugnación y firme que restó el llamado de autos para dictar sentencia, quedan las actuaciones en condiciones de resolver. (arts. 273 LQC y 270 del CPCC).
III. Puesto en esta labor y por una cuestión de orden lógico pasaré a tratar los agravios del siguiente modo: a) Tope del último párrafo del art. 266 LCQ; b) Cómputo del pasivo adoptado y exclusión del crédito condicional reconocido a AFIP; c) Incorporación del crédito de AFIP consolidado por la ley 27.571; d) Inconstitucionalidad del art. 337 inc. g) del C.F; e) Créditos tomados como base para la determinación de la tasa y sobre tasa de justicia e incorporación del crédito efectivamente consolidado por la ley 27.541; f) honorarios.
a) Tope del último párrafo del art. 266 LCQ:
El artículo 1 de la ley 25.563, estableció " Declárase la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atraviesa el país, hasta el 10 de diciembre de 2003. Las modificaciones que por la presente se introducen a las leyes que aquí se mencionan, regirán mientras dure la emergencia salvo que se establezca un plazo menor, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes de los actos perfeccionados al amparo de su vigencia ".
Y el artículo 14 dispuso " Incorpórase como último párrafo del artículo 266 de la Ley 24.522 el siguiente: Para el caso que el monto del activo prudencialmente estimado supere la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), los honorarios previstos en este artículo no podrán exceder el 1% del activo estimado ".
Sobre el tópico traído a revisión, no caben dudas que existen posturas encontradas, tanto en doctrina como en jurisprudencia.
Por un lado, están los que sostienen -como el recurrente- que en el supuesto de que el activo supere los $100.000.000, no pueden exceder los honorarios, el 1% del activo estimado; por otro, los que afirman que el tope del 1% allí dispuesto fue por un plazo determinado y por consiguiente no se encontraría vigente y finalmente los que pregonan que dicho artículo es inconstitucional.
Desde ya anticipo que me enrolo en la idea que el tope del 1% del activo estimado ha perdido virtualidad, toda vez, que la ley 25.563 fue dictada en una situación particular que atravesaba el país teniendo en cuenta la salida abrupta de la convertibilidad y fijando un plazo de un año, por lo tanto, no resultaba necesario que las sucesivas reformas se expidieran al respecto.
Se ha dicho al respecto que "La situación general de emergencia prevista por el art. 1° de la ley 25.561 -social, económica, administrativa, financiera y cambiaria- fue prorrogada sucesivamente por las leyes 25.589, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563 y 26.729.
En lo que aquí interesa, el art. 14 de la ley 25.563 introdujo a la ley 24.522 (art. 266) las modificaciones de que se trata, y ha dispuesto la emergencia productiva y crediticia hasta el 10-12-2003. Y dicha situación fue reconocida y contemplada en las leyes de prórroga 25.589 y 25.972 -hasta el 31-12-05- con diversos alcances en el punto.
Sin embargo, la emergencia productiva y crediticia no se halla prorrogada en las leyes 26.077 y 26.204, por lo cual, al presente, la emergencia regulada en la ley 25.563 no permanece vigente" (CNCom., sala B "Compañía de Tratamientos Ecologicos S.A. s/ concurso preventivo" del 01/12/2021, www.pjn.gov.ar).
Por su parte la Sala C de la Cámara Nacional Comercial, luego de un nuevo examen de la cuestión, ha cambiado su criterio (toda vez que en autos 'Urbano Expres S.A. s/ concurso preventivo" del 21/12/16 entendió que era de aplicación el tope del 1%) afirmando que " En efecto: la ley 25.563 declaró la emergencia productiva y crediticia hasta el 10/12/2003, como consecuencia de la situación de crisis que atravesaba el país al momento de su dictado (ver art. 1°).
Esa misma norma, a su vez, aclaró '...que las modificaciones que por la presente se introducen a las leyes que aquí se mencionan, regirán mientras dure la emergencia salvo que se establezca un plazo menor...'.
La consistencia de tal disposición exhibe la provisoriedad de esa regulación, cuya vigencia se dispuso mientras durara esa emergencia, sin ninguna distinción.
En ese contexto, y en la medida de que aquella situación excepcional no ha sido prorrogada (CNCom., Sala A, in re: 'Supercanal S.A. s/ concurso preventivo' del 07/10/2014; in re: 'Unipack S.A. s/ concurso preventivo' del 23/03/2009; Sala B, en autos “Argenova S.A. s/ concurso preventivo”, del 27/03/2017; Sala E en autos “Rasic Hermanos S.A s/ quiebra, del 12/09/17) el aludido tope arancelario no resulta hoy aplicable" . (CNCom., Sala C, Expte. N° 4609/2018, 'Elhymec S.A.C.I.F s/ concurso preventivo' del 12/04/2021, www.pjn.gov.ar).
Por su parte, Rivera - Roitman - Vítolo ( Ley de Concursos y Quiebras, cuarta edición actualizada, Tomo IV, Ed. Rubinzal - Culzoni, año 2009, p. 659) al comentar el art. 266 LCQ, afirman que "...La Ley de Emergencia 25.563 incorporó un último párrafo que determina la reducción de los honorarios en los megaconcursos. Su vigencia está limitada en el tiempo hasta el 10 de diciembre de 2003".
Asimismo, Alegría ha sostenido que la vigencia de este precepto es temporal pues caducará con la emergencia, el 10 de diciembre de 2003.
Similar postura toma Gebhardt al afirmar, que el sistema utilizado resulta desaprensivo con la situación que emerge frente a otros concursos de activos menores de cien millones, allí el máximo es de 4%, lo cual exhibe la desproporción del sistema consagrado afortunadamente sólo hasta el 10 de diciembre de 2003. (doctrina citada por Rivera - Ritman - Vítolo, ps. 663/664).
En suma, como antes anticipara, soy de la idea que el tope dispuesto del 1% introducido por la ley 25.563, resultó temporal, hasta el 10/12/2003, razón por la cual, el agravio en tal sentido debe rechazarse.
b) Cómputo del pasivo adoptado y exclusión del crédito condicional reconocido a AFIP.
Arguye el recurrente, que el crédito de la AFIP debe ser excluido del pasivo a los fines regulatorios, al afirmar que el mismo es condicional porque así lo declaró la juzgadora al dictar la sentencia del art. 36, adunado que tiene sentencia favorable en primera instancia en el Juzgado Federal, haciendo lugar a la compensación de los créditos/débitos que AFIP y la concursada poseen recíprocamente.
Sin entrar a analizar si fue acertado o no incluir ese crédito condicional como endilga el apelante, lo cierto es, que la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Federal citada por el recurrente en apoyo de su postura, ha sido revocada.
La Cámara Federal de la Plata, sala III en el expediente FLP 26054/2015/CA1 “Fideos Don Antonio S.A. c/Est. Nac.-ONCCA-UCESCI- (Unidad de Coord. y Evaluación de Subsi. al Consumo Interno s/Daños y Perjuicios” en fecha 10/08/2021, resolvió "1) Declarar la nulidad de la sentencia de fs. 405/419, por haber vulnerado el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4) y 166, inc. 6) del CPCCN); 2) Declarar abstracto el planteo de nulidad del régimen jurídico de las compensaciones, conforme lo expresado en el Considerando III, punto 2.3.1.; 3) Rechazar la demanda de daños y perjuicios deducida por la firma “Fideos Don Antonio S.A.”, contra el Estado Nacional (ONCCA-UCESCI) (ver www.pjn.gov.ar).
Como puede apreciarse esa condicionalidad del crédito invocado por el recurrente, ha perdido virtualidad conforme se desprende del fallo citado precedentemente.
En suma corresponde confirmar la inclusión del crédito de la AFIP en el pasivo concursal a los efectos regulatorios.
c) Incorporación del crédito de AFIP consolidado por la ley 27.571
Pretende el concursado que el crédito de la AFIP para integrar el pasivo regulatorio sea el formalizado en el plan de pagos dispuesto por ese ente.
Es dable señalar que el hecho que el organismo recaudador haya establecido una generosa quita de multa e intereses a los fines de cumplir el concursado con su acreencia, no es una razón valedera para que sea incluido ese monto al fines regulatorios y no el realmente verificado o declarado admisible en los términos del art. 36 de la LCQ.
Con la postura que endilga el recurrente, llegaríamos al absurdo que se tengan en cuenta las quitas aceptadas en el acuerdo homologado por los acreedores al producirse la novación de sus créditos (arg. art. 55 LCQ) careciendo de toda lógica, por consiguiente el agravio ensayado sobre este cuestión debe desestimarse.
d) Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad del art. 337 inc. g) del C.F.
Respecto de la inaplicabilidad del porcentaje establecido por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se impone señalar que ha resuelto la SCBA, que "no se aprecia conculcado tampoco en el caso el art. 13 de la ley 25.563 pues si bien ante la emergencia productiva y crediticia que esa disposición reconoce, se fija una tasa de justicia especial en los concursos y se invita a las provincias a establecer una disminución en sus respectivos regímenes fiscales en el mismo sentido, así no lo ha hecho la Provincia de Buenos Aires (v. leyes 12.576 y 12.879) En síntesis, la tasa de justicia, aplicable es la estipulada en el art. 277 inc. "g" del Código Fiscal". (SCBA C. 85.777, "Victorio Américo Gualtieri S.A. Concurso preventivo, del 29/10/08, JUBA B30165 ".
Respecto de la inconstitucionalidad planteada, se ha dicho al respecto que "El art. 5 de la Constitución Nacional, de conformidad con la organización federal del Estado, garantiza la autonomía de las Provincias e impone a cada una de ellas que aseguren su administración de justicia, mediante la existencia de tribunales provinciales a los fines de que ejerzan su competencia en todos los casos que surjan en el ámbito local. "En consecuencia, no caben dudas que en orden a que la determinación de la alícuota de la tasa de justicia, (vinculada esencial e inexorablemente al servicio jurisdiccional provincial) constituye el ejercicio de facultades locales no delegadas por las Provincias a la Nación" (T.S.J. en pleno, Sentencia N° 17/03 "in re": "Palmar S.A.-Concurso Preventivo-Recurso de Casación e Inconstitucionalidad", S.J.N° 1405 del 24.04.03). En lo que respecta a la igualdad ante la ley, me permito adelantar la inexistencia de violación al principio, toda vez que "la tasa es la retribución coactiva por un servicio prestado por el Estado a la obligada al pago. Su naturaleza es eminentemente pública, ya que consiste en un tributo y regula relaciones verticales entre el sujeto contribuyente y el Estado" (T.S.J. en plano, fallo citado supra).-(Del voto del doctor Coppari en Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y de Familia de Villa María "Agapito Albert S.R.L. c. Milla Neumáticos Neuquén S.R.L. y otro s/inc. de rev. en: Agapito Albert S.R.L.s/conc. prev" del 25/04/2006,Cita: TR LALEY AR/JUR/1448/2006)
Conforme los argumentos expuestos, al que éste Tribunal adhiere, es que se declarará improcedente el agravio que pretende la declaración de inconstitucionalidad del Código Fiscal en cuanto regula la tasa de justicia en los procesos concursales. (Este Tribunal Expte. n°: JU-1792-2020 "Bistuer Gastón Oscar s/ Concurso Preventivo", del 08/03/2022).
e) Créditos tomados como base para la determinación de la tasa y sobre tasa de justicia.
Se agravia el recurrente que se hayan incluido los créditos verificados, los declarados admisibles y el crédito admitido como condicional de la AFIP para el pago de la tasa y su contribución, al sostener que el art. 337 inc. g) del Código Fiscal, solo nombra a los créditos "verificados".
Nuestro máximo Tribunal Provincial se ha expedido al respecto sobre esta cuestión resolviendo que "el art. 277, inc. g), del Código Fiscal - de idéntica redacción al art. 337 inc. g, texto ordenado al 11/03/21- indudablemente incluye en la base computable para el pago de la tasa de justicia a la totalidad de los créditos verificados en el concurso, sean verificados propiamente o declarados admisibles. Pero, al momento del pago, sólo se deben computar aquellos créditos respecto de los cuales no hay dudas que están incluidos a ese momento en el pasivo concursal. Es decir, si existe algún crédito respecto del cual se ha iniciado revisión que no tiene sentencia firme, entonces dicho crédito no puede entenderse como incluido en la base computable dado que el mismo aún conserva la posibilidad de desaparecer del pasivo.("Victorio Américo Gualteri SA s/ Concurso preventivo" C 8577 S, 29/10/2008) (el resaltado me pertenece).
Ello resulta lógico, si solo quedarían incluidos los créditos "verificados", al concursado le bastaría deducir impugnaciones u observaciones a los créditos (art. 34 LCQ), para forzar que el juzgador en la oportunidad de dictar la sentencia del art. 36 lo declare "admisible" (ya que hubo observaciones) y de este modo evitar que se tomen dichos créditos como base imponible para oblar la tasa de justicia.
En base a ello, corresponde mantener lo decidido por la a-quo respecto del monto imponible para pagar dicha gabela, es decir, incluyendo los créditos verificados, los declarados admisibles y el crédito de la AFIP que como se explicitó en el punto b) no resulta sujeto a condición.
Asimismo y por los mismo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.