Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la administradora definitiva de la sucesión (art. 242 y concdts. CPCC; 32, 274, 275 LCQ), y confirmar la sentencia recurrida sin costas por no haber mediado controversia (art. 68 2° párrafo Ley 24522).
II. Atento que ya ha operado el vencimiento del período exclusividad fijado por el Sr. Juez de primera instancia corresponde que una vez devueltos los autos a primera instancia se fije una nueva fecha por única vez, bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta (art. 77 inc. 1 LCQ, 274, 275, 217 último párrafo).
III. Ante la escasa labor desarrollada por la Síndico CPN La Porta corresponde advertirle que en lo sucesivo deberá dar estricto y eficiente cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes (art. 255 LCQ).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 265 Ley 24522).
Advirtiendo que en el día de la fecha se ha dictado la sentencia omitiéndose una de las firmas por un error de carácter material luego de celebrado el Acuerdo, se la da por reproducida en este acto (art. 14 Ac. 4013 S.C.J.B.A.).
EXPEDIENTE N° 173890 JUZGADO N° 14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PARMA MARIO S/ SUCESION S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia apelada ?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia del 1.11.2021 el Señor Juez de primera instancia desestimó el pedido de prescripción de los créditos concursales interpuesto por la administradora de la sucesión del Sr. Mario Parma, con costas.
Para así decidirlo, consideró aplicable el plazo decenal dispuesto por el art. 4023 del Código Civil, el que comienza a computarse una vez concluido el procedimiento, ya que hasta tanto ello suceda se mantienen la interrupción operada por la demanda verificatoria. Luego de efectuar un análisis de los antecedentes de autos, tuvo en cuenta que el trámite fue suspendido por el fallecimiento del deudor, para reanudarse con la intervención de los herederos. Sin perjuicio de haberse fijado un nuevo periodo de exclusividad -que venció el 7.10.2010- los interesados no llevaron adelante los actos tendientes a obtener un acuerdo con sus acreedores, tampoco se decretó la quiebra indirecta, por lo que no puede entenderse que el concurso preventivo se encuentre finiquitado.
Con el fin de facilitar un acuerdo que prevenga el daño que la liquidación de los bienes del acervo traería aparejado, dispuso reordenar el procedimiento por lo cual fijó un nuevo período de exclusividad con vencimiento el 16 de diciembre de 2021.
II. Apeló la Sra. Laura Cristina Parma (presentación 236801557020425193 del 12.11.2021) recurso que fue concedido 26.11.2021 y
fundado el 6.12.2021 (presentación 224601557020505500)
III. La recurrente plantea las siguiente quejas:
a. Afirma que debe aplicarse al caso la prescripción quinquenal dispuesta por el art. 2537 del CCCN, cuyo comienzo debe computarse desde el último acto útil realizado en autos a los fines de obtener la liquidación del patrimonio del fallido, efecto que le atribuye a la aceptación del cargo del nuevo síndico el 28.8.2015 y por lo que afirma que la prescripción operó el 28.8.2020.
b. Sostiene que el plazo de prescripción de la actio iudicati que emana de la sentencia verificatoria debe comenzar a computarse cuando ésta adquirió autoridad de cosa juzgada (16.12.2005 para la generalidad de los acreedores admitidos y el 14.4.2009 para el Sr. Humberto Fabián Josia), y no desde que concluye el proceso.
c. Remarca que el desinterés de los acreedores para impulsar la liquidación de los bienes y de la sindicatura al no ejecutar ningún acto útil habilita al fallido (sic) o a sus herederos a conservar los bienes que integran su patrimonio.
d. Explica que los acreedores no sólo no han instado el procedimiento, sino que -habiendo sido intimados por cédula- no contestaron ni siquiera el pedido de prescripción.
IV. El recurso no prospera.
i. El lamentable fallecimiento del deudor -Sr. Parma- y del síndico designado en primer término CPN Amor; el desinterés de los herederos del causante; la desidia de la nueva síndica CPN La Porta quien tenía la carga de realizar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa y sólo se limitó a gestionar la reinscripción de la inhibición general de bienes luego de haber retenido el expediente durante más de tres años [ver nota a mano alzada de retiro del expediente en préstamo obrante a fs. 896 vta; y escrito de devolución del 12.9.2018]; sumado a la inacción del juzgado quien oficiosamente debió dictar las resoluciones tendientes al avance del procedimiento, coadyuvaron para que el presente proceso esté en trámite luego de diecisiete años desde su inicio.
Aún cuando existen fondos líquidos depositados en la cuenta de autos fruto de la percepción judicial de créditos en favor del deudor, lo cierto es que este es un concurso preventivo y no una quiebra como lo invoca la recurrente. Por ello, pesa sobre los herederos del Sr. Parma la carga de obtener las conformidades de los acreedores admitidos, lograr las mayorías legales y peticionar la homologación del acuerdo bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta (arts. 7, 42,43/45; 77 inc. 1 Ley 24522; art. 2360 CCCN).
ii. En lo que aquí interesa, el art. 32 de la Ley 24522 dispone que el pedido de verificación de créditos produce la interrupción de la prescripción e impide la caducidad de la instancia y del derecho, efecto que la doctrina en forma unánime considera que se mantiene hasta la conclusión del proceso concursal [CAMARA, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, ed. Depalma, T°I, pág. 683; HEREDIA, Pablo, Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Abaco-2000, T°I, pags. 700/701; LOPEZ HERRERA, Edgardo, Ed. Lexis Nexis, Tratado de la Prescripción Liberatoria, Tomo I, 299], tornándose irrelevante el indiscutido efecto de cosa juzgada material que posee la sentencia verificatoria firme.
El fundamento de esta interpretación se basa en dos de los principales caracteres de los procesos concursales.
En primer lugar la concursalidad produce la mutación de las acciones individuales de los titulares de créditos cuya causa o título sean anteriores a la presentación en concurso en una pretensión de naturaleza verificatoria, cualquiera sea el mecanismo incorporativo que se utilice. Como consecuencia de ello, se prohibe el inicio de nuevos juicios de contenido patrimonial contra el deudor, ó si el trámite ya estaba iniciado opera su suspensión y el fuero de atracción hacia el juez del concurso [art. 21 LCQ, 21, 32, 125, 126, 132, 202, 56, y concordantes Ley 24522; QUINTANA FERREYRA, Francisco, ed. Astrea, Pág. 396/7; JUNYENT BAS, Francisco- MOLINA SANDOVAL, Carlos, Ley de Concursos y Quiebras, ed. Abeledo Perrot, T°I, págs. 197/8; GARAGUSO, HORACIO P. Verificación de créditos, Ed. Depalma, Verificación de créditos, págs. 91 y sigts]
En segundo lugar, una vez que se insta la jurisdicción concursal la oficiosidad importa el avance inexorable del procedimiento aún cuando no mediara ningún acto de impulso por parte de los interesados, a tal punto que no se aplica el régimen de la caducidad de instancia [art. 274 y 277 LCQ; GARAGUSO, Horacio P. Fundamentos de Derecho Concursal, ed . Ad-Hoc. 2001, pags. 136/142].
iii. Refuerza esa postura, la naturaleza jurídica que posee la sentencia verificatoria, ya que si bien -una vez firme- posee efecto de cosa juzgada material, no importa una condena, a partir de la cual podría nacer el consecuente derecho a ejecutar la actio iudicati. [LOPEZ HERRERA, Edgardo, ob. cit, pág. 544].
La doctrina especializada es unánime en otorgarle carácter declarativo-constitutivo del derecho del acreedor, cuya decisión le confiere limitada su participación en dentro del proceso en los términos de la normativa especial. En el concurso preventivo participa en la etapa concordataria, forma la base para las mayorías, integra el acuerdo para finalmente someterse a sus términos haya o no participado de la negociación, pudiendo exigir su cumplimiento una vez homologado [art. 56 LCQ, JUNYENT BAS- MOLINA SANDOVAL, ob. cit. págs. 297/300]. Por su parte, y también a partir de la homologación del acuerdo para quirografarios, los titulares de los créditos privilegiados admitidos ajenos a aquel, recuperan el derecho a ejercer sus acciones individuales que hasta ese momento estuvieron suspendidas [art. 57 LCQ; a partir de la cual comienza a computarse la prescripción de la actio iudicati, [LOPEZ HERRERA, Edgardo, ob. cit, pág. 923/4]. En su caso, en la quiebra su intervención también es acotada, ya que una vez reconocido el derecho creditorio su titular deberá esperar la culminación de la etapa liquidatoria para percibir sus dividendos (arts. 77 inc. 1, 200, 202, 203, 218, 220, 224 y concordantes Ley 24522).
Por tales fundamentos, el rechazo del planteo prescriptivo debe confirmarse habiendo quedado desplazado el cuestionamiento referido al plazo aplicable.
iv. No habiendo sido objeto de agravio la determinación de un nuevo período de exclusividad fijado por el Sr. Juez de primera instancia, y que éste se encuentra vencido corresponder que una vez devueltos los autos a primera instancia se fije una nueva fecha de vencimiento por última vez, bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta (art. 77 inc. 1 LCQ, 274, 275, 217 último párrafo).
vi. Ante la escasa labor desarrollada por la Síndico CPN La Porta corresponde advertirle que en lo sucesivo deberá dar estricto y eficiente cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes (art. 255 LCQ)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la administradora definitiva de la sucesión, sin costas por no haber mediado controversia (art. 68 2° párrafo, 242 y concdts. CPCC; 32, 52, 56, 57, 274, 275 Ley 24522). Atento que ya ha operado el vencimiento del período exclusividad fijado por el Sr. Juez de primera instancia corresponde que una vez devueltos los autos a primera instancia se fije una nueva fecha por única vez, bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta (art. 77 inc. 1 LCQ, 274, 275, 217 último párrafo). Ante la escasa labor desarrollada por la Síndico CPN La Porta corresponde advertirle que en lo sucesivo deberá dar estricto y eficiente cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes (art. 255 LCQ).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la administradora definitiva de la sucesión (art. 242 y concdts. CPCC; 32, 274, 275 LCQ), y confirmar la sentencia recurrida sin costas por no haber mediado controversia (art. 68 2° párrafo Ley 24522). II) Atento que ya ha operado el vencimiento del período exclusividad fijado por el Sr. Juez de primera instancia corresponde que una vez devueltos los autos a primera instancia se fije una nueva fecha por única vez, bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta (art. 77 inc. 1 LCQ, 274, 275, 217 último párrafo). III) Ante la escasa labor desarrollada por la Síndico CPN La Porta corresponde advertirle que en lo sucesivo deberá dar estricto y eficiente cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes (art. 255 LCQ). IV) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 265 Ley 24522). NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado a los domicilios electrónicos . (Ac. 3991 y 4019 de la SCBA). DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2022 11:40:22 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2022 12:11:56 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2022 12:14:46 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/08/2022 13:24:48 hs. bajo el número RS-195-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia