Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175418
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación del 23/08/2022 y confirmar la declaración de incompetencia efectuada por el juez de la instancia de origen para intervenir en el presente proceso (art. 3 de la ley 24.522).
II. Imponer las costas en el orden causado en atención a no mediar controversia (art. 68 "a contrario" del CPCBA).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175418 JUZGADO N ° 16
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SABIGÑON IRMA TERESA S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO) " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia del 19/08/2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la sentencia dictada en primera instancia el magistrado se declaró incompetente para intervenir en el proceso concursal de la Sra. Irma Teresa Sabigñón.
Como la deudora no era comerciante y no tenía sede de administración de sus negocios, analizó si era competente para intervenir en razón de su domicilio, conforme lo establece el inc. 1 del art. 3 de la ley 24.522.
Consideró el domicilio denunciado por la Sra. Sabigñón en la calle Sarmiento n° 2567 (v. el escrito electrónico de inicio de fecha 13/08/2022), pero advirtió que en la copia digitalizada de su DNI, el último domicilio era en la calle Mitre n° 635, Municipio de Basavilbaso, Departamento de Uruguay en la provincia de Entre Ríos.
Agregó otros dos datos, a saber: 1) lo informado por el oficial de justicia en el mandamiento de constatación, diligenciado el 03/11/2021 en la calle Sarmiento 2567 piso segundo depto "C" y agregado el 04/11/2021 en la causa n° 122.992 caratulada "Peña Roberto Jorge s/ Sabigñon Irma Teresa s/ Ejecucución Hipotecaria" de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n°1 de este Departamento Judicial, que daba cuenta de que fue atendido por una persona que dijo ser inquilino y tener un contrato de locación con vencimiento en octubre del 2023 y 2) lo informado por el oficial notificador en una cédula diligenciada el 02/09/2021, que fue agregada el 04/09/2021 y que hacía saber que una vecina del piso segundo departamento "A" le había manifestado que la Sra. Sabigñon hacía más de un año que no vivía allí.
Finalmente, señaló que la circunstancia de que la peticionaria sea poseedora o titular de un bien inmueble en esta ciudad no la habilitaba para la tramitación de un proceso universal en esta jurisdicción.
II. El Dr. Enzo Mastoy Cordero haciendo uso de la franquicia establecida por el art. 48 del CPCBA, en representación de la Sra. Irma Teresa Sabigñón, apeló y fundó el 23/08/2022.
Se agravió por la declaración de incompetencia.
Señaló que no se consideró que en el año 2020 la Sra. Sabigñón tuvo que viajar a la provincia de Entre Ríos a cuidar a su padre y que lo hizo hasta su deceso, lo que ocurrió en el año 2021.
Sostuvo que si bien es cierto que en el departamento hay inquilinos, no se tuvo en cuenta que ellos son amigos de la Sra. Sabigñon y conviven con ella, ya que su regreso a la ciudad fue más pronto de lo que se esperaba.
Explicó el por qué su clienta debió cambiar su domicilio . Refirió que no podía realizar viajes de ida y vuelta de Entre Ríos a Mar del Plata y que tenía que percibir su haberes a través del Banco Nación del Municipio de Basavilbaso. Además, agregó que lo hizo para poder circular con tranquilidad dentro de la Provincia de Entre Ríos, de Basavilbaso y las ciudades aledañas, ya que tenía familia.
Dijo que la pretensa concursada reside habitualmente en el inmueble sito en la calle Sarmiento 2567 de esta ciudad.
III. El recurso no prospera.
La competencia territorial es el límite geográfico, legalmente dispuesto, dentro del cual los jueces ejercen sus funciones (Darío Graziabile "Derecho Procesal Concursal", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 36)
El criterio que establece la ley concursal es el de la competencia del juez del domicilio del deudor, adaptándolas a las particularidades del sujeto que requiere el concurso preventivo (art. 3 de la ley 24.522).
La ley distingue dos especies bien diferenciadas: las personas humanas por un lado y las personas jurídicas por el otro. Con respecto a estas últimas, la ley diferencia si se encuentran regularmente constituídas o no, puesto que determina distintas pautas de conexión.
La pretensa concursada es una persona humana, por lo que la competencia que le correspondería (...) es la del "lugar de la sede de administración de sus negocios". (...) o en subsidio la del "domicilio" (Darío Graziabile ""Derecho Concursal", Editorial LexisNexis Argentina, Buenos Aires, 2006, Tomo I, pág.69).
El lugar de la sede de administración de sus negocios queda descartado, pues la cesante denunció ser jubilada y no ser comerciante. Se trata, entonces, de precisar cuál es el lugar de su domicilio .
Para ello, debe estarse a la idea de permanencia o residencia habitual (art. 73 del CCyC), pudiendo esta no corresponderse con la consignada en el DNI.
Y es que, el DNI por sí sólo no prueba el domicilio y aunque señale un sitio como residencia de aquél, ello no basta para desvirtuar la conclusión de otras pruebas que pueden ser más relevantes y demostrar que el domicilio lo tenía en otra parte. Serán válidos todos los medios y clases de prueba y la solución que se adopte dependerá del mérito de la prueba que se reúna (esta Sala, causas n° 159.573, RSI 451 del 25/08/2015, entre otras).
En el caso, precisamente, la pretensa cesante controvirtió lo consignado en el DNI y señaló que su domicilio era el de la calle Sarmiento 2567, pero no arrimó ningún tipo de prueba: documental, informativa, testimonial para demostrar los extremos invocados (art. 375 "a contrario" del CPCBA).
Por esta misma senda, se ha pronunciado la Suprema Corte Provincial al resolver que si no se produce información sumaria para constituir el domicilio de la pretensa concursada, debe estarse al que surge del documento nacional de identidad (Ac. 95.773 del 05/10/2005, Ac. 116.717 del 06/06/2012, entre otras).
No se trata de exigir a la deudora esfuerzos probatorios, sino un mínimo de comprobación para acreditar cierta hipótesis de lo hechos. Los jueces debemos guardar especial cautela en no perforar esa exigencia estándar, pues aplicar parámetros demasiado laxos terminarían por elevar a un nivel indeseable el riego de incurrir en el error de considerar verdaderas proposiciones de hecho que, en rigor, son falsas (o que no tienen la comprobación suficiente para ser consideradas verdaderas) [mi voto en causa c. 169486, autos -“Toloza...”- del 18/06/2020].
Máxime cuando en hipótesis como la de autos está en juego el orden público concursal pues, tal como puso de resalto el colega de la instancia anterior, la determinación del juez competente produce innumerables consecuencias de orden sustancial y procesal a raíz de la universalidad activa y pasiva que desencadena la apertura del concurso preventivo (arts. 1, 2, 3, 5, 14, 15, 20, 21 y conc. de la ley 24.522).
Por está razón y porque la pretensa cesante no acreditó el presupuesto que invocó, corresponde concluir que el lugar de su domicilio es Mitre n° 635, Municipio de Basavilbaso, Departamento de Uruguay en la provincia de Entre Ríos.
Por lo tanto, corresponde confirmar la inhibitoria efectuada por el magistrado de la instancia de origen (art. 3 inc. 1 de la ley 24.522).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. Rechazar el recurso de apelación del 23/08/2022 y confirmar la declaración de incompetencia efectuada por el juez de la instancia de origen para intervenir en el presente proceso (art. 3 de la ley 24.522). II. Imponer las costas en el orden causado en atención a no mediar controversia (art. 68 "a contrario" del CPCBA). III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese (AC. 4103). Devuélvase.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación del 23/08/2022 y confirmar la declaración de incompetencia efectuada por el juez de la instancia de origen para intervenir en el presente proceso (art. 3 de la ley 24.522). II. Imponer las costas en el orden causado en atención a no mediar controversia (art. 68 "a contrario" del CPCBA). III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese (AC. 4103). Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/10/2022 08:55:06 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2022 13:29:35 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2022 13:33:34 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 19/10/2022 08:10:45 hs. bajo el número RS-281-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia