Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 98492
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto el 29-6-2022 por el cesionario y, por ende, revocar la resolución de fecha 23-6-2022 con los alcances indicados, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 126, 200 y conc. LCQ).
II. Desestimar el recurso de apelación subsidiario intentado el 19-9-2022 por el fallido y, en consecuencia, confirmar la decisión de fecha 15-9-2022, con costas al apelante vencido (arts. 68, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 224 y 228 LCQ).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 98492 JUZGADO N ° 2
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución del 23-6-2022?
2da) ¿Lo es la decisión del 15-9-2022?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el auto cuestionado la jueza desestimó la inscripción registral de la unidad complementaria "d" (nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección C, Manzana 190, Parcela 6, subparcela d, polígono 00-05, partida n° 045-427367-2, matrícula 106205/D de General Pueyrredón), porque no estaba comprendido en el pedido verificatorio, ni en el informe individual de fs. 70/71 y, por ende, tampoco en la resolución del art. 36 de la ley 24.522.
II. El Dr. Luis Alberto Serna haciendo uso de la franquicia establecida por el art. 48 del CPC, en representación del Sr. Nicolás Alberto Oyarbide, apeló subsidiariamente el 29-6-2022. La síndico contestó el 8-8-2022 adhiriendo al planteo recursivo.
Se agravió porque se rechazó la inscripción de la unidad complementaria "d", pese a tratarse de la cochera que resultaba accesoria a la unidad funcional identificada como departamento 1° "A" de Av. Colón n° 1113 que sí se tuvo por verificada.
Dijo que la omisión de pedir la verificación de la unidad complementaria no podía constituir un impedimento para lograr la inscripción registral, pues no obstante la individualidad que guarda, se halla relacionada de tal manera con la unidad funciona principal que no era posible concebirla sin la existencia de ésta (arts. 230, 2039 y 2045 del CCyC).
Agregó, a mayor abundamiento, que la disposición técnico registral Nº 2/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la C.A.B.A. preveía, en consonancia con el art. 205 del CCyC, que la unidad complementaria no podía transmitirse en forma independiente de la unidad funcional a la que accedía excepto para convertirse en complementaria de otra unidad funcional del edificio.
III. El recurso merece prosperar, aunque por otros fundamentos.
III.1. De los antecedentes de la causa encuentro que:
El 24-6-2021 se presentó el Dr. Luis Serna, en representación del Sr. Nicolás A. Oyarbide a fin de solicitar el cumplimiento de la obligación de hacer relativa a la escrituración del departamento de calle Av. Colón n°1113 (1er. piso “A”).
Explicó que el aquí fallido vendió en el año 1986 dicha unidad funcional al Sr. Wilfrido Raúl Giacosa y a su esposa Silvina Ana Traverso, y al no realizarse la escrituración en el plazo acordado se promovió por éstos el juicio correspondiente en el que se arribó a una sentencia que resultó favorable para los compradores.
A raíz de la apertura del concurso preventivo del vendedor se presentaron a verificar su crédito (obligación de hacer) con sustento en el pronunciamiento judicial firme, recibió el visto bueno de la síndico interviniente al aconsejar su verificación y, finalmente, así fue receptado por el juez en la resolución del art. 36 LCQ bajo el legajo nro. 8 (v. fs. 121).
En el año 2001 se produjo el fallecimiento del Wilfrido Raúl Giacosa y en 2005 los herederos de éste y la cónyuge supérstite cedieron la totalidad de las acciones y los derechos hereditarios por medio de escritura pública en favor de la Sra. Paula Geraldine Camaño
En el año 2019 se produjo una nueva cesión por escritura pública, esta vez, de Paula G. Camaño en favor del aquí apelante (Alberto Oyarbide) de todos los derechos y acciones correspondientes en la sucesión de Wilfrido R. Giacosa.
El quejoso alegó que su pretensión la formulaba dentro del proceso falencial porque todavía no se había decretado su conclusión y por encontrarse pendiente de inscripción en el registro pertinente el cambio de titularidad de la unidad funcional adquirida.
El 8-6-2022 la jueza subrogante advirtió que en virtud de los términos y alcances de las sendas cesiones no podía pretenderse en estas actuaciones la inscripción directa de un bien particular a favor del segundo cesionario (Nicolás Alberto Oyarbide), sino que éste debía obtener la inscripción a favor del causante y luego requerir la inscripción a su favor en el proceso sucesorio.
El 23-6-2022, finalmente, se dictó la resolución que vino apelada por limitar la acreencia cedida a la unidad funcional del edificio de Av. Colón 1113 correspondiente piso 1ro. letra "A" y no al espacio guardacoche (cochera) identificado en el reglamento de copropiedad como unidad complementaria "D" (polígono 00-05).
III.2. A poco de realizar una detenida lectura de las constancias de la causa encuentro que la controversia suscitada en torno a los alcances del crédito reconocido al matrimonio Giacosa-Traverso fue oportunamente planteado y resuelto favorablemente a la posición que hoy defiende el cesionario apelante, esto es, que la cochera identificada como unidad complementaria "D" (polígono 00-05) formaba parte de la obligación de hacer (escriturar) verificada en favor de aquéllos y que, por ende, estaba fuera del activo falencial.
Repárese que en plena etapa liquidativa del activo falencial la síndico Graciela Corsi advirtió a fs. 970 (30-6-1999) que una de las cocheras próximas a subastarse -la identificada como unidad complementaria "D" (polígono 00-05, matrícula 106.205)-, formaba parte integrante del pedido de verificación que presentaron los Sres. Wilfrido Giacosa y Silvia Traverso, que mereció su admisión por la sindicatura en oportunidad de presentar el informe individual y que, a su vez, fuera tenido por verificado en la oportunidad de dictarse la resolución del art. 36 LCQ.
Explicó que en virtud de los títulos oportunamente presentados por los acreedores aludidos (boleto de compraventa y sentencia favorable en el juicio de escrituración y cumplimiento de contrato), estaba justificada su titularidad respecto de la unidad referenciada.
A fs. 971 (30-6-1999) el juez por entonces interviniente tuvo presente lo manifestado, ordenó la suspensión de la subasta respecto a dicha unidad y dispuso la publicación de un nuevo edicto con las correcciones del caso.
A fs. 1010/1011 (18-10-1999) la sindicatura, en aras de continuar con la venta de los bienes del fallido, volvió a dejar aclarado que la cochera identificada reglamentariamente como unidad complementaria "D" estaba fuera del activo falencial.
Ello se condijo con lo informado a fs. 1074 (3-5-2000) por el administrador del consorcio al responder un requerimiento que se le formulara por el magistrado, dando cuentas que la cochera en cuestión figuraba en sus registros como perteneciente al Sr. Giacosa.
A su vez, a fs. 1101 (1-8-2000), 1129 (25-8-2000) y 1169 (28-3-2001), se requirió el libramiento de sendos oficios al Registro de la Propiedad Inmueble para proceder al levantamiento de la inhibición general de bienes del fallido y, en lo que aquí concierne, a la inscripción registral del departamento 1° "A" y la cochera (polígono 00-05) para así satisfacer el crédito oportunamente verificado.
Ello tuvo favorable recepción por el juez a través de los proveídos de fs. 1102 (1-8-2000), 1130 (8-9-2000) y 1170 (30-3-2001) y las consecuentes constancias de los instrumentos pertinentes (fs. 1103, 1104 y 1171).
Por lo tanto, toda vez que la acreencia reconocida en estas actuaciones ya fue delimitada hace más de 23 años en el sentido pretendido por el apelante, el recurso merece prosperar con los alcances indicados (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 126, 200 y conc. LCQ)
III.3. El aquí apelante (Nicolás A. Oyarbide) alega revestir el carácter de cesionario de una cadena de cesiones ininterrumpidas, por medio de las cuales pretende inscribir registralmente una cochera que constituye la unidad complementaria del departamento identificado como 1° "A" de Av. Colón n° 1113, de modo de dar cumplimiento con la obligación de hacer (escrituración) oportunamente verificada.
A ello encuentro que la validez de la cesión no se encuentra cuestionada por el fallido (ver escrito del 18-3-2022), la sindicatura (ver escrito del 2-6-2022) ni por la jueza (ver auto del 8-6-2022).
Por lo tanto, un simple repaso de las constancias de la causa por parte de los involucrados (cesionario, fallido y sindicatura), así como por la propia jueza, les hubiera permitido advertir que la acreencia reconocida en estas actuaciones ya fue delimitada hace más de 23 años en el sentido pretendido por el apelante, evitándose así un dispendio jurisdiccional que atenta contra la celeridad procesal, por lo que el recurso merece prosperar con los alcances indicados (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 126, 200 y conc. LCQ).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión del 15-9-2022 la jueza declaró la caducidad del dividendo concursal de los acreedores Municipalidad de General Pueyrredón, Obras Sanitarias, y las expensas del consorcio "Tilcara II", que habían sido incluidos en el proyecto de distribución de fs. 1196/1202, a raíz del tiempo transcurrido desde que se lo aprobara el 5-9-2021, por lo que ordenó a la sindicatura transferir de la cuenta judicial los montos correspondientes a dichas acreencias con destino al fomento de la educación común que posea el Estado Nacional en el Banco de la Nación Argentina.
II. El deudor interpuso apelación subsidiaria el 19-9-2022.
Criticó la orden de transferir los montos correspondientes a los dividendos declarados caducos a la cuenta en el Banco de la Nación Argentina que posea el Estado Nacional para el fomento de la educación común.
Señaló que previo a la imputación de los fondos para tal destino, debían ser satisfechos los créditos no alcanzados por la caducidad y que se encontraban pendientes de pago por tratarse de gastos de conservación y justicia.
Refirió que resultaría un grave perjuicio económico al fallido tener que desembolsar dinero para afrontar el pago de deudas cuya cancelación se podía alcanzar con los fondos de libre disponibilidad existentes en la cuenta de autos.
Afirmó que la derivación al fomento del fondo educativo tenía que darse una vez satisfechos todos y cada uno de los créditos y gastos de justicia no alcanzados por la caducidad.
Los agravios fueron contestados por el síndico el 11-11-2022.
III. En el caso no vienen controvertidos los dividendos que se declararon caducos, sino el destino que se le va dar a los fondos correspondientes a dichos dividendos (art. 224 LCQ).
El apelante pretende que con ellos se abonen los gastos de justicia no alcanzados por la caducidad.
El recurso no puede prosperar.
Destacada doctrina autoral señala que el importe del dividendo no percibido no se devuelve al fallido como remanente (art. 228 LCQ), ni permite una nueva asignación o pago de intereses adeudados, sino que se debe destinar al patrimonio estatal, con expresa asignación al fomento de la educación común, tal como lo dispone expresamente el art. 224 LCQ (Francisco Junyent Bas y Carlos A. Molina Sandoval "Ley de Concursos y Quiebras" Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 506, año 2011).
Por esta razón, corresponde confirmar lo que fue materia de agravio y rechazar el recurso intentado.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto el 29-6-2022 por el cesionario y, por ende, revocar la resolución de fecha 23-6-2022 con los alcances indicados, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 126, 200 y conc. LCQ).
Desestimar el recurso de apelación subsidiario intentado el 19-9-2022 por el fallido y, en consecuencia, confirmar la decisión de fecha 15-9-2022, con costas al apelante vencido (arts. 68, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 224 y 228 LCQ).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto el 29-6-2022 por el cesionario y, por ende, revocar la resolución de fecha 23-6-2022 con los alcances indicados, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 126, 200 y conc. LCQ). II) Desestimar el recurso de apelación subsidiario intentado el 19-9-2022 por el fallido y, en consecuencia, confirmar la decisión de fecha 15-9-2022, con costas al apelante vencido (arts. 68, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 224 y 228 LCQ). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:12:07 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:54:28 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 11:58:36 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/03/2023 12:28:02 hs. bajo el número RS-73-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia