Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 92024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 1464/1465 es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 54, 59, 273 inc. 4, 278, 285 de la ley 24.522; 68, 242, 246, 263, 266, 270 del Cód. Procesal; 844 del Cód. de Comercio; 3962 del Cód. Civil; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se confirma la resolución de fs. 1464/1465. 2) Las costas por la intervención en la Alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente. 4)
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de Abril de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINADE PRODUCCION Y CONSUMO LTDA. (CITA) S/ CONCURSO PREVENTIVO", (causa nº 92024), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 1464/1465?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. El Sr. Juez de la primera instancia rechazó la prescripción opuesta a fs. 1463 por la Cooperativa Industrial Textil Argentina. Ello sin imposición de costas por entender que no se configuró propiamente la situación de un vencido por la ausencia de un planteo de contradicción, en este caso, entre la concursada y la sindicatura (ver fs. 1464/1465).
Para decidir en tal sentido, y luego de referirse a la finalidad de la prescripción, resaltó que el planteo se refiere a los honorarios que le fueron regulados al Sr. Síndico, Cr. Ricardo Alberto Bouché, y radica en que el citado profesional ha dejado transcurrir el tiempo normado para exigir su pago.
Seguidamente estableció de aplicación la normativa del Código Civil. Además, dijo que a los efectos prescriptivos el honorario regulado es aquél que mediante resolución judicial ha sido cuantificado en una expresión numérica, quedando definidos -por oposición- los devengados como aquellos que aún no han sido tarifados por el órgano jurisdiccional. En cuanto a los plazos, mientras en el primer supuesto (derecho a percibir el honorario regulado) se aplica la prescripción decenal del artículo 4023 del Código Civil, en el segundo (derecho a la regulación) rige la bienal del artículo 4032 inciso 1 del mismo código. También estableció que para que comience el término de prescripción en los honorarios regulados es preciso que se encuentren notificados el interesado y el obligado al pago.
Conforme a tales criterios, recordó que una vez que existieron fondos en la cuenta de autos el Sr. Síndico desarrolló una serie de actividades tendientes al cobro de sus estipendios. Que dichas actividades tienen como punto de partida "... el día 06 de julio de 2017 (ver fs. 1358), continuando los días 06/09/2017 (fs. 1364), 13/11/2017 (fs. 1409/1410), 23/11/2017 (fs. 1415), 04/12/2017 (fs. 1418), 19/02/2018 (fs. 1435), 16/03/2018 (fs. 1438), 28/03/2018 (fs. 1440), 10/04/2018 (fs. 1442), 21/05/2018 (fs. 1447) y 01/08/2018 (fs. 1455), de las que han tomado efectivo conocimiento tanto las autoridades de la concursada (cédula diligenciada con fecha 19/06/2018 -fs. 1449/1449 vta.-, cédula diligenciada con fecha 17 de septiembre de 2018 -ver fs. 1461/1462-) como así también su letrado apoderado ( 22/09/2017-fs. 1366-, cédula electrónica librada con fecha 06/02/2018 -fs. 1419-, cédula electrónica librada con fecha 10/05/2018 -fs. 1443-, cédula electrónica librada con fecha 30/08/2018 -fs. 1457-)."
Agregó que frente a los actos descriptos la concursada no ha introducido el planteo extintivo en la primera oportunidad disponible -según la doctrina del artículo 3962 del Código Civil-, por lo que correspondía el rechazo de la prescripción planteada.
II. Contra esa decisión apeló la concursada, recurso que le fue concedido (fs. 1466, 1467). Sus discrepancias las sustentó mediante el memorial de agravios de fs. 1468/1469, del que se corrió traslado a la sindicatura sin recibir respuesta (1471, 1473).
III. En sus agravios, sintéticamente expuestos aquí, la concursada alega que el a quo incurre en arbitrariedad y en autocontradicción. Que realiza una descripción dogmática del instituto relacionada con el plazo y el inicio del mismo, lo que la apelante considera verdades harto conocidas por jueces y justiciables. Pero que al resolver no aplica tales principios y los contradice.
Explica que ya con la lectura del considerando V de la resolución se advierte lo que va a decir el Juez sin necesidad de leer el siguiente párrafo.
Se pregunta si a los actos enumerados el a quo los considera como interruptivos del plazo de prescripción o si les confiere un carácter relacionado con el inicio del cómputo de los plazos.
Del argumento del a quo en cuanto a que ella no ha introducido el planteo extintivo en la primera oportunidad disponible, entiende la apelante que aquél ha desnaturalizado el proceso al aplicar el artículo 3962, que habla de dos oportunidades: al contestar la demanda o en la primera presentación.
Alega que en el concurso no hay contestación de demanda, debiendo circunscribirse el análisis entre el obligado al pago y el beneficiario de la regulación. Que con ello quiere significar que hay que ajustarse al tipo de proceso.
Sostiene que en el caso la regulación firme de honorarios, expedita y exigible, data del 06/02/03. Que tratándose de un proceso concursal el Síndico debe intimar el pago de los honorarios bajo apercibimiento de decretarse la quiebra. Que no hay en este tipo de procesos un juicio ejecutivo ni tampoco ejecución de sentencia respecto de beneficiarios de condenaciones en costas, en los cuales el planteo de prescripción debe oponerse con intimación de pago o la citación de venta.
Reitera que en el concurso para que el concursado pague o cuestione los honorarios del Síndico debe intimarse de pago con el apercibimiento de quiebra, pero que este paso aún no ha acontecido. Que el Síndico se limitó a practicar liquidaciones de su crédito histórico pero nunca intimó de pago, y el hecho de practicar liquidaciones actualizatorias tampoco significa el inicio de un proceso de ejecución de sentencia.
Recuerda el auto del 9 de agosto de 2018, por el cual se ordenó anoticiarla del libramiento de giro pedido por el Síndico, despacho en el que el a quo dijo: "… resulta necesario que las autoridades de la concursada se manifiesten expresamente en relación a dicho pedido en el plazo perentorio de cinco días, haciéndole saber además que en esta etapa del proceso y dado el estado en que se encuentra, "el Síndico cuenta con la vía expedita para intimar de pago los honorarios ya firmes bajo apercibimiento de ejecución, pudiendo en consecuencia, y ante el incumplimiento eventual, peticionar embargos o directamente la quiebra del deudor moroso".
Interpreta, entonces, que el juez actuante el 9 de agosto de 2018 adoptó una posición y en la resolución atacada la contrapone, encontrándose ella en peor situación y afectado el debido proceso.
Concluye -en función de las vías que explicitó para perseguir los honorarios- que ninguno de esos supuestos se ha dado en autos para considerar existente un tipo de preclusión que absuelva la inacción del acreedor por más de tres lustros.
IV. Comienzo el tratamiento de los agravios resaltando que no surge de los mismos un disenso acerca del plazo de prescripción de 10 años. Lo que se controvierte es la aplicación del instituto al caso.
Al respecto, destaco que -salvo lo que indican los artículos 56, 174 y 200- la ley concursal no regula específicamente el instituto de la prescripción, por lo que es necesario que subsidiariamente se apliquen las reglas de la ley común. Ello teniendo en cuenta de no afectar el orden público concursal (conf. Graziabile, Darío J. "Prescripción en el ámbito del derecho concursal". En López Herrera, Edgardo. "Tratado de la prescripción liberatoria". Ed. Abeledo Perrot, Gerli, Bs. As., 2009, pág. 745).
Esto orienta el análisis, debiendo ponderarse adecuadamente los principios a aplicar, pues estamos frente a un proceso colectivo, y los principios generales del instituto se refieren al ámbito de los juicios singulares (Nótese que es el propio apelante quien alega que debemos ajustarnos al tipo de proceso).
V. Haré una síntesis breve acerca de actuaciones que resultan atinentes para examinar la procedencia de este recurso.
En autos se homologó el acuerdo preventivo con los acreedores el 16 de marzo de 1999. El 19 de marzo de ese año se regularon honorarios (fs. 538, 539 y vta.). El Sr. Síndico los apeló (fs. 668/669).
Esta Alzada trató la apelación a fs. 691/693, el 12 de diciembre de 2002, determinando los estipendios de aquél en $ 64.300, los que fueron notificados a la concursada a fs. 696, el 16 de diciembre de 2002.
A fs. 1358 y vta., con fecha 6 de julio de 2017, el Síndico informó que no había percibido sus honorarios. Determinó intereses respecto de los mismos y, atento a la existencia de fondos en la cuenta de la concursada, solicitó que se libre oficio en su favor. De su pedido se corrió traslado "al fallido" (fs. 1365).
El Dr. Carmelo Bova, por su derecho, prestó conformidad con la liquidación practicada (fs. 1366). Luego de ello se sucedieron distintas actuaciones en relación a la liquidación y pedido de giro por parte del Síndico (fs. 1368, 1409/1410 vta., 1411, 1414, 1416, 1418 y vta., 1437).
A fs. 1440, el Cr. Bouché reiteró su pedido de giro, del que se corrió traslado (fs. 1443).
El Dr. Bova contestó esa petición, y atento a la existencia de intereses encontrados propuso que la concursada sea notificada en su domicilio real, a lo que el juzgado accedió (fs. 1446, 1447, 1448). La cédula obra a fs. 1449, diligenciada con resultado positivo el 19 de junio de 2018. La concursada no lo respondió.
Un nuevo pedido de giro del Síndico tampoco tuvo recepción, sucediéndose distintas actuaciones tendientes al aporte de datos para la confección de aquél (fs. 1450, 1451, 1454).
Frente a la nueva presentación de aquel Órgano de fs. 1455, el juzgado dicta el auto de fs. 1457, disponiendo un nuevo traslado para que la concursada manifieste acerca del giro. Ello con fundamento en que en esta clase de procesos el deudor queda al frente de la administración de su patrimonio, conforme lo normado en el artículo 15 de la ley 24.522. Con la cédula de fs. 1461/1462 se concretó la notificación.
A fs. 1463 y vta., la concursada introdujo su planteo prescriptivo con fundamento en el artículo 4.023 del Código Civil, en el que postularon que los honorarios del Síndico quedaron firmes el 6 de febrero de 2003, y que esa fecha es el inicio del cómputo de la prescripción por tratarse de un crédito expedito.
El a quo dictó la resolución atacada.
VI. Conforme a la reseña que acabo de realizar, anticipo que la decisión dictada resulta acertada, pues la apelante nada dice acerca de la notificación que se le realizó a fs. 1449 y de la cual guardó silencio. Con lo que cabe presumir que nada tenía para objetar acerca del crédito cuyo cobro pretende el Síndico. Su planteo es posterior a esa oportunidad perdida.
Por otro lado, como el agravio de la apelante gira en torno a la aplicación del artículo 3962 citado, considero que en este proceso universal, y de acuerdo a lo que dije acerca de la adecuada ponderación de la situación, la primera oportunidad se ha dado con la notificación de fs. 1449, con la que aquélla tuvo oportunidad de ejercer su defensa respecto de lo pretendido.
Asimismo, y en virtud del interrogante esbozado en los agravios acerca de si los actos enumerados por el a quo son interruptivos del plazo de prescripción, no ignoro el criterio de que sólo puede interrumpirse una prescripción en curso y no una ya cumplida (Conf. esta Sala, causa 118.625, RSD 67/15). Pero en este caso particular computo el proceso como un todo, además de observar que el mismo se halla fuera de todo plazo legal. Y agrego que la aplicación de la prescripción, como asumimos todos los operadores, es de interpretación restrictiva (esta Sala, causa 114.980, RSD 42/13, e. o.).
En efecto, ya de entrada el artículo 54 de la ley 24.522 -que dispone que los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los noventa días de la homologación, o simultáneamente con el pago de la primera cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere antes de eso plazo- no pudo aplicarse. Ello porque, como vimos, la homologación ocurrió en marzo de 1999, el acuerdo previó la cancelación del crédito en un solo pago al año de la homologación (fs. 498) y los honorarios fueron notificados a finales de 2002.
Además, el Síndico siguió con su intervención (control de venta de inmuebles, autorización de pago de servicios, dictámenes acerca de proyecto productivo, etc.) y pidió cobrar sus honorarios recién ante la existencia de fondos. No se ha resuelto aún la conclusión del concurso que prevé el artículo 59 de la ley 24.522 (fs. 946/947 vta.).
Entiendo que estas menciones inciden sobre la decisión, pues hiere el sentido común asumir de modo lineal que frente a este desfasado concurso los plazos se cuentan con la vara de un proceso singular con inactividad explícita y fuera de toda duda.
Para finalizar, considero que esta es la interpretación que debe prevalecer frente a la tesitura adoptada por el Síndico de solicitar el pago recién cuando hubo fondos en autos, sin pedir la quiebra y sin promover una acción que pudiera resultar disruptiva del giro comercial que con tanto esfuerzo viene llevando adelante la cooperativa concursada.
Por estas razones propongo a mi distinguida colega de Sala no hacer lugar a los agravios traídos (arts. 54, 59, 273 inc. 4, 278, 285 de la ley 24.522; 242, 246, 270 del Cód. Procesal; 844 del Cód. de Comercio; 3962 del Cód. Civil).
VII. Las costas por la intervención en la Alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden (art. 68, 2° parte, del Cód. Procesal).
Voto por la AFIRMATIVA
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar la resolución de fs. 1464/1465. 2) Las costas por la intervención en la Alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 30 de Abril de 2019
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 1464/1465 es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 54, 59, 273 inc. 4, 278, 285 de la ley 24.522; 68, 242, 246, 263, 266, 270 del Cód. Procesal; 844 del Cód. de Comercio; 3962 del Cód. Civil; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se confirma la resolución de fs. 1464/1465. 2) Las costas por la intervención en la Alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán oportunamente. 4) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia