Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128274
Lo que resolvió el tribunal
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 31 de julio de 2020, con costas (arts. 68, CPCC; 274, ley 24.522).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128274; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
FADEP S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de mayo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128274, caratulada: "FADEP S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Cabe hacer lugar al recurso impetrado contra la resolución de fecha 28 de julio de 2020 y en consecuencia declarar el cumplimiento del acuerdo preventivo homologado?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Viene apelada por la concursada la resolución de fecha 28 de julio de 2020, la que, en definitiva, no hace lugar a la pretensión dirigida a obtener la declaración de cumplimiento del acuerdo homologado. La fundamentación de fecha 31 de julio de 2020 fue contestada por la sindicatura el día 8 de agosto de 2020.
2. Sostiene el apelante que solicitó que se dé por cumplido el acuerdo preventivo de conformidad a lo normado por el artículo 59, sexto párrafo de la ley 24.522 y no la conclusión en los términos del primer párrafo de dicha norma. Explica cuando procede el dictado en cada caso. Refiere que en estos actuados la homologación del acuerdo se dispuso el 18 de octubre de 2005, por lo que la resolución de conclusión del concurso debió haberse dictado en el año 2005, circunstancia no imputable a su parte, máxime cuando se ha acreditado el cumplimiento del acuerdo y ya se ha ordenado el levantamiento de la inhibición general de bienes. Agrega que conforme la propuesta homologada el lugar de pago era la sede de la administración y explotación comercial de la concursada siendo carga del acreedor presentarse a cobrar, no obstante ello al vencimiento de cada una de las cuotas concordatarias no todos los acreedores concurrieron a percibirlas y que -pese a haber sido notificados mediante cédula al domicilio constituido al momento de la verificación- algunos no se presentaron, lo que motivó que se depositara la suma de $350.000, en plazo fijo y en resguardo de su pago. Aduna que encontrándose abonados los honorarios, la tasa de justicia y su contribución, los aportes (artículo 21 de la ley 6716) y asegurado el crédito de aquellos acreedores que no se han presentado, debe decretarse el cumplimiento. Por último, expresa que la falta de dictado de la resolución de cumplimiento deja a la concursada en un estado concursal permanente a merced del capricho de algunos acreedores que han demostrado su desinterés en el cobro de sus acreencias y que al encontrarse en calidad de “concursado” en los distintos registros financieros (Banco Central, Veraz) le resulta más gravosa la obtención de créditos necesarios para el giro normal de sus negocios con el agravante que el período de inhibición de un año para volver a presentarse en concurso preventivo se computa desde la resolución cumplimiento.
3. La resolución de cumplimiento del acuerdo ha de dictarse si el concursado ha cumplimentado las prestaciones concordatarias. Con dicha declaración finaliza el concurso preventivo, tanto proceso como instituto. La misma ha de ser dictada a pedido del deudor. En el escrito respectivo deberá acreditarse tal situación, la que usualmente se prueba con los pertinentes recibos de pago de la cuota concordataria o de la prestación comprometida. Nada obsta a que si algún acreedor fuese remiso en recibir el pago del acuerdo, se consigne en el banco de depósitos oficiales los fondos a su disposición (Junyent Bas-Molina Sandoval, Ley de Concursos y Quiebras Comentada, Tomo 1, Segunda Edición, Abeledo Perrot, pág. 421/422).
Dable es señalar que en el caso sólo hubo acuerdo para acreedores quirografarios. Asimismo, las categorías quedaron fijadas de la siguiente manera: acreedores quirografarios, acreedores quirografarios fiscales y acreedores privilegiados.
Para la categoría de acreedores quirografarios la propuesta homologada consistió en: “…el pago del 20% de capital verificado y/o admitido, en el plazo de 15 años, con una espera de 5 a contarse desde la homologación del acuerdo. El capital devengará un interés igual a la tasa LIBOR, efectiva anual, con más 2 puntos; el servicio de interés descripto de los 5 primeros años, también sufrirá una espera por el mismo lapso, de tal forma que el total devengado será distribuido en las sucesivas cuotas, a vencer desde el año número 6. Se aclara que los pagos resultantes en la presente propuesta serán anuales, venciendo el mismo día de la homologación de cada año respectivo. El pago se efectuará en la sede de la administración y explotación comercial de la concursada...”.
Por su parte, la propuesta homologada para los acreedores quirografarios fiscales consistió en: “… el acogimiento a cada uno de los planes de regularización que tienen vigentes los distintos acreedores cuya normativa está orientada exclusivamente a concursados y fallidos…” (v. fs. 716, 717, 759 y vta., 881, 882 y vta.).
Con posterioridad, el día 1 de junio de 2016, se confirió autorización a la concursada para vender un inmueble a fin de destinar parte de su producido al pago de las cuotas concordatarias pendientes de percepción y de los gastos y costas de este proceso, dejándose establecido que el escribano interviniente debía retener el precio de la venta y depositarlo en la cuenta de autos (fs. 1041/1044).
En lo que aquí interesa, concretada la operación y habiéndose depositado el dinero en la cuenta de estos obrados (fs. 1050/1051) el juez requirió a la concursada que en el término de 5 días arbitre las medidas necesarias a fin de cancelar el pasivo concursal y los gastos del proceso, conforme los lineamientos expuestos en la solicitud de autorización de venta realizada a fs. 1035/1036 y conferida a fs. 1041/1044.
En cumplimiento de dicha intimación, el día 25 de noviembre de 2016, la concursada manifestó que a esa fecha se habían devengado 6 cuotas del acuerdo homologado y que a su vencimiento ningún acreedor se había presentado a percibirlas en la sede de la administración. Acompañó un listado consignando el capital más los intereses que debían percibir los acreedores quirografarios conforme el acuerdo homologado y solicitó que se libre giro a favor de los mismos. Particularmente, indicó que no se habían presentado a cobrar las cuotas concordatarias: Prenet SRL, José Nicolás Casale Sociedad de Hecho, Feiral SRL, Cementos Avellaneda, Asociación Argentina de Hormigón Estructural, Gruas Pantera SRL, Banco Municipal La Plata y Banco Río de La Plata. Asimismo, en relación a los quirografarios fiscales indicó que se encontraban pendientes de pago los siguientes: QBE ART S.A., OSPECON y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, por lo que solicitó que se libre giro a su favor por el importe de sus créditos verificados y/o admitidos, expresando que restarían los intereses posteriores a la homologación por lo que peticionó que se intime a dichos acreedores a practicar liquidación –a excepción de QBE ART, pues a su respecto ya se había efectuado el depósito pertinente-. Asimismo, en relación a Rentas de la Provincia de Buenos Aires –ARBA-, Municipalidad de La Plata y Superintendencia de Riesgos del Trabajo, denunció que los planes de pagos oportunamente suscriptos –en los que se incluía tanto el crédito privilegiado como quirografario- ya habían sido cancelados y que el plan de pagos suscripto con la AFIP se encontraba en etapa de cumplimiento (fs. 1073/1083).
El juez, con fecha 6 de febrero de 2017, proveyó que: “… A los fines de posibilitar la cancelación del pasivo concursal, corresponde sustanciar mediante cédula con adjunción de copias la presentación efectuada a fs. 1073/1083, por el término de cinco días, con los acreedores allí incorporados…”.
En efecto, frente a la invocada omisión de algunos acreedores a cobrar las cuotas concordatarias, y más allá del lugar de pago previsto en el acuerdo, si el concursado pretende que se declare su cumplimiento, debe consignar el importe correspondiente a cada uno de ellos y, claro está las costas y gastos del proceso. Asimismo, para que la suma de dinero depositada en la cuenta judicial de manera voluntaria tenga efecto extintivo de las obligaciones cuya cancelación se procura, el acreedor debe encontrarse debidamente anoticiado del depósito (arts. 3, 509, CC; 7, CCCN; 886, 904, 905, 906, 907, CCCN).
Ahora bien, habiéndose ordenado sustanciar la presentación de fecha 25 de noviembre de 2016 con los acreedores comprendidos en el listado presentado por el concursado a fs. 1073/1083, se observa que la sociedad acreedora Cementos Avellaneda S.A. no ha sido notificada, pues la cédula de notificación respectiva ha sido devuelta sin diligenciar (fs. 1100/1101).
Asimismo, se aprecia que a la Municipalidad de La Plata y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo –acreedores comprendidos en la categoría de quirografarios fiscales (fs. 716 vta.)- no se les ha dirigido cédula alguna. Ello, porque en la presentación de fecha 25/11/2016 la concursada expresó que ya había cancelado el acuerdo con dichos organismos. Sin embargo, se observa que según las certificaciones actuariales de fecha 25 de junio de 2019 y 18 de mayo de 2020 y de lo expresado con posterioridad por la propia concursada (escrito electrónico de fecha 26-2-20) dichos créditos no han sido satisfechos.
Por otro lado, lo peticionado por la concursada en los escritos de fecha 7 de octubre de 2019 y 26 de febrero de 2020 se contrapone con la pretensión primigenia de fecha 25 de noviembre de 2016 en la que dio en pago el importe de los créditos que faltaban cobrar solicitando que se libre giro a favor de los mismos y, en los escritos posteriores, refiere que el monto depositado en autos ha sido dado “en garantía”.
Por su parte, en relación al crédito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se observa que dicho organismo a fs. 1107 y vta. contestó el traslado conferido con fecha 6 de febrero de 2017, solicitando que se libre giro a su favor por el importe del crédito quirografario reconocido en autos ($86.487,38 –v. sentencia verificatoria de fecha 16 de junio de 2004 y su ampliatoria de fecha 5 de julio de 2004) y practicando liquidación por intereses posteriores a la homologación, en la suma de $102.571,74 (con fecha de corte al 21 de mayo de 2017), en cumplimiento de la intimación cursada al efecto a pedido de la concursada. Asimismo, tal acreedor indicó que el importe de los intereses posteriores no había sido puesto a disposición junto a la suma de $86.487,38, por lo que solicitó se ordene transferencia por la suma total de $189.059,12. Se aprecia además, que si bien la concursada consintió la liquidación practicada y requirió que se libre giro por la suma pretendida a ese momento por el citado Ministerio (fs. 1108), el juez (como si se tratara de un pedido de intereses suspendidos en una quiebra) difirió su proveimiento “para la oportunidad en que se encuentre distribuido el capital entre los restantes acreedores quirografarios”. Lo cierto es que –más allá del acierto o error de lo resuelto al respecto- al día de la fecha esa petición no fue proveída y, a mayor abundamiento, tampoco fue meritada en el monto de $350.000 obrante en la cuenta de autos para responder por los créditos comprendidos en el acuerdo homologado pendientes de pago. Nótese que en el despacho de fecha 18 de mayo de 2020 se indicó que esa suma ($350.000) se fijaba ponderado los créditos pendientes de cobro “según certificación actuarial que antecede”, certificación en la cual no se halla la pretensión de $102.571,74 por intereses posteriores esgrimida por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Por lo expuesto, considero que no puede darse por cumplido el acuerdo, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas (arts. 68, CPCC; 274, ley 24.522).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto el día 31 de julio de 2020, con costas (arts. 68, CPCC; 274, ley 24.522).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 31 de julio de 2020, con costas (arts. 68, CPCC; 274, ley 24.522). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia