Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 107457
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 14 de julio de 2021, con costas al apelante (arts. 32, 36, 56, ley 24.522; 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 107457; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
SINOPOLI DOMINGO S/ CONCURSO PREVENTIVO
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de marzo de dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 107457, caratulada: "SINOPOLI DOMINGO S/ CONCURSO PREVENTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución de fecha 14 de julio de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente el día 18 de julio de 2021 por el Dr. Roberto Lalanne contra la resolución de fecha 14 de julio de 2021, en cuanto hace lugar a la prescripción opuesta por el concursado e impone las costas al aquí recurrente. La fundamentación mereció contestación del concursado (23-8-2021) y de la sindicatura (21-9-2021).
2. Se disgusta el recurrente en cuanto la sentencia cuestionada declara la prescripción de su crédito por honorarios y contempla sólo una de las dos regulaciones realizadas en la causa “Banco Central (antes Banco Comafi SA) c/ Sinopoli Domingo y otra s/ Cobro Ejecutivo” tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 25 de este departamento judicial.
Expone que la resolución del art. 36 de la ley 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- se encuentra firme y que la misma le reconoció -sin limitación temporal alguna- su crédito por honorarios por los trabajos realizados en el juicio ejecutivo citado; que dicha sentencia lo tuvo por cumplido con el deber de concurrencia y que el monto debía determinarse en el referido proceso ejecutivo. Expresa que el juez no atendió el dictamen del síndico y que la concursada solicitó la prescripción con fundamento en art. 56 de la ley 24.522 pero invocando que habían transcurrido 4 años, por lo que la sentencia atacada vulnera el principio de congruencia pues aplica un plazo de 2 años.
Agrega que el síndico no cumplió con su función elemental de proteger a todos los acreedores y que no activó el pago de los créditos pendientes reconocidos, como es su responsabilidad. Manifiesta que en el caso se aplica el art. 4023 del Código Civil de Velez (que prevé 10 años y que habida cuenta que su crédito se cuantificó en el año 2015, es decir hace menos de 10 años, no está prescripto), que del referenciado juicio ejecutivo en el que se regularon los honorarios cuya percepción persigue aquí, surgen actos de los que emana que las partes mantuvieron vivo su crédito, tales como la providencia del 7-5-15 tendiente a averiguar cuentas bancarias y ANSES de la obligada, el pedido de la nueva parte actora –BCRA- por el que cursó cedulas a la señora Edith Liliana Scarpato a partir del 23-5-2017, los actos realizados en 2019 (en abril Carlos Lalanne autoriza; en agosto se hacen nuevas cedulas a la señora Scarpato), el de fecha 13-3-20 por el cual la letrada de la señora Scarpato solicita la actualización de honorarios; expresando que ha de meritarse también que él, en julio de 2020, actualiza sus emolumentos y apela por bajos los regulados el día 13-2-20. Aduna que el art. 56 de la ley 24.522 trata solo las verificaciones tardías y él solicitó la verificación en tiempo oportuno, que la cuantificación debió pedirla el síndico o el juez para analizar si el concursado cumplió con todos los acreedores y que la resolución atacada se contrapone con el criterio restrictivo de protección de los derechos y que debe primar en prescripciones. Por último se disgusta de la imposición de las costas.
3. El crédito en cuestión se trata de honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne por las tareas realizadas en la causa “Banco Central c/ Sinopoli Domingo y otra s/Cobro Ejecutivo”. En dicho expediente (que se tiene a la vista), con fecha 19/2/2002, se dictó sentencia que rechazó las excepciones opuestas por los ejecutados y ordenó llevar la ejecución adelante hasta tanto Domingo Sinopoli y Edith Liliana Scarpato hagan al actor integro pago del capital reclamado ($ 11.630,70) más intereses y costas (fs. 77/79), dicho decisorio fue confirmado por la Alzada el 15/3/2003 (fs. 124/125 vta.).
Con posterioridad y habida cuenta que uno de los coejecutados, señor Domingo Sinópoli, se presentó en concurso preventivo el día 16/2/2005, la ejecutante desistió de continuar dicho juicio contra aquél, indicando que lo proseguía únicamente contra la coejecutada, señora Edith Liliana Scarpato y peticionando la subasta de los inmuebles en la parte indivisa que correspondía a la misma (v. escrito de fecha 21/3/2005 obrante a fs. 454 del juicio ejecutivo citado). Asimismo, solicitó la verificación de su crédito en los presentes –el cual fue declarado admisible por la suma de $ 26.691,81-.
Por su parte y concretamente con relación al crédito en cuestión, el Dr. Roberto Marcelo Lalanne se presentó a verificar su crédito por los honorarios devengados en aquélla causa (“Banco Central c/ Sinopoli Domingo y otra s/Cobro Ejecutivo”) por los trabajos realizados como letrado apoderado de la actora, haciendo una estimación de dichos emolumentos. Respecto a tal pedido, la sentencia de verificación dictada el 15/6/20005 en virtud de lo previsto por el art. 36 de la ley 24.522 -más allá de su acierto o error- resolvió que: “… toda vez que, si bien el monto de la obligación que se pretende inscribir en el pasivo concursal no se encuentra debidamente acreditada ello no es óbice para tener por cumplido el deber de concurrencia … respecto de la acreencia motivante del reclamo hasta tanto medie regulación firme de honorarios en los autos caratulados: "Banco Comafi S.A. c/ Sinopoli, Domingo y otra s/ Cobro Ejecutivo".
En orden a ello, con fecha 25/8/2008, el Dr. Roberto Lalanne solicitó tal regulación en el cobro ejecutivo anteriormente citado, proveyendo el juez al respecto que no existiendo base regulatoria aprobada, debía darse traslado (obrando a fs. 570 la cédula respectiva). Asimismo, surge de dicho cobro ejecutivo que: el día el 6/10/2008 el citado letrado reiteró su pedido; el 20/10/2008 el juez ordenó que practique nueva liquidación (la que fue presentada el 30/10/2008 y cuyo traslado al síndico fue ordenado el 31/10/2008 y a la codemandada con fecha 19/6/2009) y con fecha 3/12/2009 se aprobó dicha cuenta al solo efecto regulatorio y se justipreciaron los honorarios del Dr. Roberto Lalanne -cuyo reconocimiento es el que pretende aquí- (fs. 609/610). Tal decisorio fue apelado por el letrado el 16/12/2009 (fs. 611) y, luego de sucesivos pedidos del citado profesional y providencias del juez de grado y de la Alzada por las que ordenó notificaciones a todos los interesados (fs. 616, 617, 622, 623, 651, 652, 662, 663,677, 678, 696, 697, 698, 699, 705, 707, 708, 709, 712, 713), la Cámara resolvió el embate con fecha 7 de abril de 2015 (fs. 715 y vta.), dictándose el “por devueltos” de Cámara el 10 de abril de 2015 (fs. 716).
Así meritando que en aquel juicio ejecutivo la actora -a fin de evitar la suspensión y atracción al juez del concurso- desistió respecto al concursado (petición que mereció favorable acogida en el decisorio de fs. 464 de la causa citada con fecha 22 de junio de 2005) y toda vez que aquélla ejecución solo continuó contra la codemandada, señora Scarpato, deviene improcedente la pretensión del apelante tendiente al reconocimiento en este concurso preventivo de un crédito por honorarios regulados como acrecidos por tareas posteriores a aquel desistimiento y que hacen a la prosecución de la ejecución exclusivamente contra la codemandada (doct. arts. 21, 32, ley 24.522).
Precisamente los honorarios justipreciados en la causa “Banco c/ Sinopoli Domingo y otra s/ Cobro Ejecutivo” con fecha 13 de febrero de 2020 (fs. 875/876 vta.) -resolutorio regulatorio que fue modificado por el Tribunal de Alzada interviniente el 13/11/2020- lo fueron en carácter de acrecidos y a partir de lo actuado a fs. 609/610, es decir, por tareas efectuadas en la ejecución luego del desistimiento contra el concursado tendientes a la prosecución del proceso contra la coejecutada, por lo que no pueden ser reconocidos en este proceso universal (doct. arts. 21, 32, ley 24.522).
Sentado lo anterior y en lo atinente a los honorarios regulados el 7de abril de 2015 en el citado cobro ejecutivo a favor del ahora apelante, se aprecia que el juez de grado en la sentencia de verificación tuvo “por cumplido el deber de concurrencia respecto de la acreencia motivante del reclamo hasta tanto medie regulación firme de honorarios en los autos caratulados: "Banco Comafi S.A. c/ Sinopoli, Domingo y otra s/ Cobro Ejecutivo", lo que en definitiva implica (más allá de su acierto o error) que –en este especial caso- pesaba sobre el Dr. Roberto Lalanne la carga de esgrimir, en tiempo propio, su pretensión una vez obtenida regulación firme de honorarios.
Deviene inatendible la queja planteada por el impugnante referente a que la sentencia de verificación le confirió la posibilidad de presentarse en sede concursal con la regulación firme de sus emolumentos sin limitación temporal alguna, pues ello resulta incompatible con el principio de seguridad jurídica ya que constituiría una arbitrariedad y podría otorgar, así, la posibilidad de tornar imprescriptible su acción (doct. causa 94.070, RSD 102/16, sent. del 19/5/2016).
Esgrimir su pretensión en tiempo oportuno no era una carga del síndico –como alega en su memorial-, pues la actividad tendiente al reconocimiento de su crédito en sede concursal constituye un imperativo de su propio interés y no un deber del síndico (arg. arts. 32, 56, 275, ley 24.522), resultando además inatendibles los agravios referentes a que el juez se apartó de lo dictaminado por la sindicatura y que la resolución atacada viola el principio de congruencia, toda vez que las opiniones de la sindicatura no son vinculantes para el juez y la sentencia se encuentra debidamente fundada (arg. arts. 35, 56, 275, ley 24.522) y no se advierte violación del principio de congruencia, pues el concursado fundó su planteo prescriptivo en lo previsto por el artículo 56 de la ley 24.522, que es precisamente el que prevé el mentado término de dos años (arts. 246, 260, CPCC).
Pues bien, como se puntualizara, era carga del apelante esgrimir en tiempo propio su pretensión una vez obtenida regulación firme de honorarios. Tal posibilidad no se extendía sine die (sin duración determinada) sino que para ello contaba con el plazo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, por tratarse de un crédito concursal –causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo (art. 32, ley 24.522).
Al respecto cabe recordar que abierto el concurso preventivo se opera la reducción de los plazos de prescripción, en el caso en que los que se encuentren en curso superen el plazo legal. La reducción del plazo así operada no se vuelve a modificar en la quiebra que pudiera ser declarada posteriormente, ni existe excepción alguna a ese plazo así generalizado para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación, sin que la ley exija como condición que el concurso haya resultado exitoso (esta Sala, causas 106.008, RSD131/2006, sent. del 29-6-2006; 109.238, RSD 96/08, sent. del 3-6-2008).
El ordenamiento concursal tiene por finalidad generar un mecanismo de extinción de las deudas, en este caso mediante la posibilidad de articular la defensa de prescripción, en virtud de la cual se impide el reclamo por pérdida de la acción. Se persigue así que el pasivo del deudor quede de algún modo determinado en forma definitiva, contribuyendo de esta forma a facilitar la superación de la cesación de pagos (esta Sala, causa 109.238, RSD 96/08, sent. del 3-6-2008, cit.).
Dable es señalar también que toda vez que el plazo previsto el art. 56 de la ley 24.522 es de prescripción, devienen aplicables las disposiciones del derecho común relativas a las causales de suspensión e interrupción y a la posibilidad de dispensar la prescripción ya cumplida (esta Sala, causa 127.123, RSD 49/20, sent. del 14-4-2020).
Despejado lo anterior en cuanto al plazo de prescripción aplicable al caso, se advierte que los actos alegados por el apelante como interruptivos (tales como: escrito de fecha 6/5/2015; providencia del 7/5/2015; libramiento de cédulas a la señora Scarpato el 22/5/2017 y las del mes de agosto y octubre de 2019; providencia del 28/4/2020; resolución de fecha 13/11/2020 de la Cámara sobre la regulación de honorarios practicada en Primera Instancia el 13/02/2020) que fueran realizados en el citado juicio ejecutivo luego del desistimiento contra el aquí concursado y con posterioridad a que la regulación de honorarios del 7 de abril de 2015 adquiriera firmeza, tienden exclusivamente a la prosecución del trámite contra la señora Scarpato, deviniendo inconducentes en el caso, pues no vislumbran la intención de perseguir el crédito por los honorarios regulados el 7 de abril de 2015 que aquí se invoca contra el concursado (arts. 32, ley 24.522; 3, Cód. Civ.; 7, 2549, CCCN).
Asimismo, las actuaciones a las que pretende atribuir aptitud interruptiva que fueran realizadas en el juicio ejecutivo citado durante el año 2020 referentes a la actualización del crédito por los honorarios regulados el 7 de abril de 2015 (verbigracia escritos del 26-2-20, 13-3-20, 6-7-2020, resolución del 20-8-2020) no pueden considerarse como actos interruptivos ya que han tenido lugar transcurrido ya el término bienal previsto por el artículo 56 de la ley 24.522. Es que, carece de eficacia interruptiva el acto realizado con posterioridad al cumplimiento del plazo de prescripción, porque sólo puede interrumpirse una prescripción en curso y no una ya cumplida (SCBA, C 98740, sent. del 2-7-2010).
Consecuentemente, meritando lo resuelto en el caso por la resolución de verificación firme de fecha 15 de junio de 2005, siendo que el recurrente se presentó recién en sede concursal el día 23 de julio de 2020 habiendo transcurrido más de dos años desde que quedara firme la regulación de los estipendios del 7 de abril de 2015, sin que se haya acreditado la realización de algún acto con efecto interruptivo, cabe concluir que su acción se encuentra prescripta, por lo que la sentencia atacada, en cuanto hace lugar a la prescripción planteada por el concursado, se ajusta a derecho y debe ser confirmada (arts. 32, 36, 56, ley 24.522; 375, 384, CPCC).
Por último, en relación a las costas, dable es recordar que como criterio general, la norma del art. 68 del CPCC dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraria. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario, injustificadas erogaciones destinadas al reconocimiento o defensa de sus intereses.
La preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que solo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción, y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad. En consecuencia, la ley no requiere que el litigante sea culpable, sino que atiende solamente a la posición asumida en el proceso (art. 68, segunda regla, CPCC; ésta Sala, causa 127.132 sent. del 12/3/2020, RSI 57/20).
En el particular, revistiendo el Dr. Lalanne la calidad de vencido y no hallando razones que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, se colige que las costas le han sido incuestionablemente impuestas (arts. 68, CPCC; 278, ley 24.522).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución de fecha 14 de julio de 2021, con costas al apelante (arts. 32, 36, 56, ley 24.522; 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 14 de julio de 2021, con costas al apelante (arts. 32, 36, 56, ley 24.522; 68 CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia