Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 90612
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos que anteceden se confirma la resolución de fecha 2 de noviembre de 2021, con costas a los apelantes (arts. 68, 69, CPCC) .
Sentencia Definitiva
Causa N° 90612-J; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1ª. Se ajusta a derecho la resolución atacada del 2 de noviembre de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Indalecio Pérez Galimberti invocando la calidad de gestor procesal (art. 48 CPCC) del señor Rodolfo David Arditi contra la resolución de fecha 2 de noviembre de 2021. El memorial se presentó el día 2 de diciembre de 2021 y recibió contestación el 20 de diciembre de 2021 por parte de letrada apoderada. Asimismo, dicho decisorio fue apelado por el Dr. Nicolás Maximiliano Galarraga en carácter de gestor (art. 48 CPCC) de la señora Adriana Rebeca Nahum, cuya fundamentación se presentó el 2 de diciembre de 2021 y recibió réplica por parte de la letrada apoderada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la letrada apoderada del Fisco nacional (AFIP) –ambas del día 20 de diciembre de 2021-.
2. El memorial de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. La norma del artículo 261 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC- dispone, como efecto del incumplimiento de estos recaudos, la declaración de deserción del recurso. Atento la gravedad de tal sanción, dicha norma se ha interpretado con criterio restrictivo, reservando su aplicación a hipótesis de groseras omisiones de la exigencia legal (esta Sala, causas B 83.544, sent. del 25-6-96, RSD 152-96; 115.572, RSD 162/12, sent. del 8-11-12, 124.891, RSD 360/18, sent. del 18-12-18, e/o).
La adecuada garantía del derecho de defensa de las partes impone, cuando el mismo se encuentra en juego, una flexible interpretación de los actos procesales (arts. 18 Const. Nac. y 15 Const. Pcial.; esta Sala, causa 97.133, sent. del 26-9-02, RSD 244/02).
Por ello y en consideración al contenido de los memoriales obrantes en la causa corresponde desestimar el planteo de insuficiencia formulado en la contestación efectuada por la letrada apoderada del BCRA con fecha 20 de diciembre de 2021, al entender fundados los recursos interpuestos (doct. arts. 260 y 261 CPCC).
4. A. Se disgusta el apelante del rechazo de la prescripción planteada respecto de los créditos de la AFIP y del BCRA.
En relación al crédito de la AFIP, sostiene que el derrotero de las intimaciones no interrumpe la prescripción liberatoria de un acuerdo preventivo del año 1998 y que solo la primera suspende dicho plazo, el luego se reanuda. Aduna que: “…respecto de la intimación efectuada en el año 2011 por la AFIP, mi parte entiende que la misma también se encuentra prescripta, ya que para el cómputo de la prescripción debe tenerse en cuenta el plazo establecido en el art. 4027 del Código Civil que dispone: “Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: … 3 - De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos”. Indica que resulta improcedente que se aplique el plazo de prescripción decenal, pues resulta claro que se trata de una deuda que debe pagarse por años y es de materia tributaria y que si se computa desde el año 2011 hasta su pedido formal de prescripción liberatoria efectuado en el año 2016, el plazo de 5 años ya se encontraba cumplido.
B. Se anticipa, acorde se desarrollará, que si bien a la fecha rige el Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante CCCN-, vigente a partir del 1° de agosto de 2015 conforme la ley 26.994, lo cierto es que tratándose de plazos de prescripción en curso al momento de su entrada en vigencia, resulta de aplicación la normativa que regía esa época. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior" (arts 3, CC; 7, 2537 del actual CCCN).
En relación a la prescripción de las cuotas concordatorias, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la ley 24.522 la homologación concursal produce la novación de la deuda, extinguiéndose la obligación originaria y naciendo una nueva consistente en el contenido del acuerdo.
Habiendo acuerdo homologado, nos hallamos frente a una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que determina no sólo el reconocimiento del crédito sino también el nacimiento de un nuevo plazo de prescripción, que interviene el más breve y especial que le era aplicable por el plazo general de la actio judicati (conf. Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, in re: “Morales, Juan Carlos s/ Concurso Preventivo”, sent. del 22-12-2014; La Ley, Cita Online AR/JUR/76553/2014).
Al respecto, tuvo oportunidad de establecer esta Sala que en materia de prescripción de la actio judicati, se abre un plazo de prescripción de 10 años, en virtud de lo previsto por el artículo 4023 del Código Civil -en adelante CC- (arts. 3, 4023, CC; 7, 2537, CCCN; esta Sala, doct. causas A-38.687, R.S. 137/85, sent. del 10-9-85; 94.070, RSD 102/16, sent. del 19-5-16; causa 92.501, RSD 305/19, sent. del 14-11-2019).
De tal manera, resulta improcedente lo pretendido por el apelante, en cuanto a que se aplique en la especie el artículo 4027 inc. 3 del CC (norma actualmente prevista en el artículo 2562 inc. “c” del CCCN, aunque previendo un plazo menor -2 años-), pues en el particular no se trata de una obligación con prestaciones fluyentes que es, precisamente, las que contempla dicha norma.
La previsión legal invocada por el apelante (art. 4027 del CC) -que consagra el plazo de cinco años para el reclamo de "todo lo que deba pagarse por años o períodos más cortos"-, está mentada para las obligaciones de carácter continuado, periódico o fluyente que requieren del transcurso del tiempo para su nacimiento entre las que no se hallan comprendidas aquéllas de ejecución diferida –como es el presente caso-, en las que la prestación es una sola, respecto de la cual se ha convenido el pago diferido en forma periódica.
Sentado lo anterior he de señalar que la prescripción de la acción comienza a correr desde que la misma se halla expedita, es decir desde que el interesado estuvo en posibilidad jurídica de ejercer su potestad.
En cuanto a la fecha de inicio del cómputo, en los supuestos del pago de un capital en cuotas, para una primera opinión, cada cuota comienza a prescribir desde su vencimiento (Salvat, Raymundo-Galli, Enrique, Tratado de Obligaciones, T.III. p. 425), de manera que -según esta posición- el límite inicial corre separadamente para cada cuota, desde la fecha en cada una vence, pues se considera que existen tantas deudas como cuotas hay.
Según otra corriente doctrinaria y jurisprudencial, habría que hacer una distinción: si cada cuota es, en el espíritu de las partes, una obligación separada e independiente, cada una de ellas empieza a prescribir desde la fecha de su vencimiento; pero si se trata en verdad de una deuda única, dividida en su exigibilidad para conveniencia del deudor debe reputarse que la prescripción empieza a correr para todas las cuotas recién al vencer la última (Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones" T. II, 9ª. edición, p. 14, y fallos y doctrina allí citados; CNCom., esta Sala A, 20/09/07, in re "Compañía Argentina de Seguros Anta S.A. c. Jaime Bernardo Coll S.A. s/ ordinario"), lo cual a mi criterio es lo que acontece en la especie.
En el caso, el acuerdo se homologó el día 14 de octubre de 1998 -fs. 655/656-; el mismo consiste en el pago del 45% del monto de los créditos quirografarios verificados en dos cuotas, con vencimiento la primera de ellas a los doce meses de la homologación del acuerdo preventivo y la segunda a los veinticuatro meses, sin intereses.
Por lo tanto el día 14 de octubre de 2000 vencía la segunda cuota concordataria, siendo de aplicación -como se puntualizara- el plazo de prescripción previsto en el artículo 4023 del CC, por lo que la prescripción operaba a los diez años, esto es, el día 14 de octubre de 2010.
Sin embargo, aprecio que se han producido los actos interruptivos invocados como tales por los acreedores interesados.
En efecto, en relación al Fisco nacional, asiste razón a dicho acreedor en cuanto indica que los actos interruptivos de la prescripción resultaron constantes, tales como los requerimientos de pago efectuados en estos obrados bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta -pues tal requerimiento importa, en definitiva, una demanda interruptiva de la prescripción (doct. art. 3986, CC; Cám Ap. San Martín, Sala II, doct. causa 59843 RSD-401-7, sent. del 29/11/2007, Sumario JUBA B2003863)- y los sucesivos reconocimientos efectuados por los deudores, quienes -ante la intimación de pago del acuerdo bajo apercibimiento de quiebra- solicitaron planes de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda, resultando dichos acogimientos un reconocimiento de deuda y, por tanto, actos interruptivos de la prescripción (arts. 3, 3989, CC; v. intimaciones de fecha 16/12/1999, fs. 834; 14/11/2002 -no desconocida por el apelante, fs. 1414-; 1/3/2005, fs. 1203 y vta.; 7/2/2006, fs. 1214 y vta.; 16/9/2011, fs. 1288 y vta.; reconocimientos de deuda efectuados en sede administrativa por los concursados -no desconocidos por el apelante- de fecha 7/6/2000, fs. 1413; 12/3/2003, fs. 1415; 30/3/2004, fs. 1421; 16/6/2004, fs. 1424; 31/3/2005, fs. 1433).
Establece el artículo 3989 del CC que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía.
Los acogimientos a los planes de facilidades (fs. 1413, 1415, 1421, 1424, 1433) importan el reconocimiento de la deuda mantenida con el Fisco nacional.
Sabido es que el reconocimiento importa una confesión de la subsistencia del derecho del adversario, hecho más que concluyente sobre la aniquilación del curso de la prescripción. La actitud de la accionante, al solicitar el acogimiento a planes de facilidades de pago, permite concluir que ha reconocido la deuda interrumpiéndose así la prescripción (art. 3989, Cód. Civ.).
Así, meritando todos los actos interruptivos citados, se aprecia que en virtud del último de ellos (intimación de fecha 16/9/2011) el plazo de prescripción de 10 años se cumpliría el 16/9/2021, por lo cual, al cumplirse durante la vigencia del nuevo CCCN deviene aplicable lo previsto por el art. 2537 de dicho cuerpo legal.
En esa directriz, debe analizarse cuál es el plazo de prescripción previsto por el nuevo Código de fondo para la actio judicata.
Al respecto, no estando previsto un plazo específico, resulta aplicable el plazo de prescripción genérico normado por el art. 2560 del CCCN, el cual es de 5 años. Por ello, siendo que en virtud de lo previsto en el art. 2537 del CCCN dicho plazo de 5 años se cumpliría en la especie el día 1/8/2020 y que ello acontece antes del 16/9/2021 (fecha en la que –como se indicara- se cumpliría el plazo de prescripción según el art. 4023 del CC), debe tomarse aquélla fecha (1/8/2020) a efectos de determinar si al incoarse la prescripción la misma se hallaba cumplida.
Consecuentemente, siendo que la prescripción fue planteada el día 5/4/2016 y que a dicho momento el plazo establecido en el art. 2560 del CCCN no había fenecido, la prescripción ha sido correctamente rechazada (art. 2537, CCCN).
Por todo lo expuesto, cabe confirmar la resolución atacada en cuanto rechaza la prescripción respecto del crédito de la AFIP.
C. Con relación al crédito del BCRA -cesionario del Banco Comafi S.A.-, sostienen los apelantes textualmente que: “…la última intimación (interrupción) efectuada por el letrado apoderado del banco fue en el año 2006, por lo tanto, a la fecha de la solicitud de prescripción habían pasado diez años, por ende, dicho crédito se encuentra prescripto de acuerdo al art. 4027 del CC (o de acuerdo al art. 4023 del CC que aplicó la sentencia)”.
En respuesta a los agravios plasmados, se señala que la intimación a la que hacen referencia los recurrentes en sus memoriales de agravios, fue realizada el día 2/11/2006 y la misma constituye un acto interruptivo (doct. art. 3986, CC; Cám Ap. San Martín, Sala II, doct. causa 59843 RSD-401-7, sent. del 29/11/2007, Sumario JUBA B2003863), por lo cual habida cuenta que el plazo de prescripción aplicable en la especie es el previsto por el artículo 4023 del CC -como ya se indicara en este voto- se colige que, eventualmente, y en el mejor de los casos para el apelante, el mismo se cumplía el día 2/11/2016.
Se aprecia así que al plantearse la prescripción el día 5/4/2016 (fs. 1338), el plazo previsto por el art. 4023 del CC no se encontraba cumplido (arts. 3, 4023, CC; 2537, 2560, CCCN).
Asimismo, deviene relevante destacar que las intimaciones solicitadas por el representante del BCRA con fecha 30/8/2012 y 8/3/2013 (fs. 1319/1321 vta. y 1330, en las que se requiere el pago de lo acordado bajo apercibimiento de decretarse la quiebra indirecta), gozan de efecto interruptivo de la prescripción -como se indicara anteriormente- resultando palmario que la prescripción no ha operado respecto del crédito en cuestión.
D. Por último, respecto al planteo realizado en el memorial de agravios presentado por el Dr. Nicolás Maximiliano Galarraga en carácter de gestor (art. 48 CPCC) de la señora Adriana Rebeca Nahum, atinente a se tenga presente que en el año 2008 se divorció del señor Rodolfo Arditi y que en el acuerdo de división de bienes realizado en el juicio de divorcio, aquél tomó a su cargo toda la deuda post-concursal de la actividad que emprendían juntos, por lo que solicita sea excluida de la misma, se señala que el planteo resulta improcedente atento que el presente proceso solo comprende las obligaciones de carácter concursal, esto es, aquellas de causa o título anterior a la presentación en concurso (doct. arts. 21, 32, ley 24.522).
Consecuentemente, cabe confirmar la resolución apelada, con costas (arts. 68, 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA .
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución apelada, con costas (arts. 68, 69, CPCC).
ASI LO ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos que anteceden se confirma la resolución de fecha 2 de noviembre de 2021, con costas a los apelantes (arts. 68, 69, CPCC) . REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia