Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131160
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara que se ajusta a derecho la competencia del juez del concurso para intervenir en la causa laboral que se encuentra en etapa de ejecución contra el concursado, sin perjuicio de la facultad del recurrente de desistir a tenor del art. 133, L.C. y de que la recepción es "ad effectum videndi et probandi" y no para tramitar (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 278, L.C.).Costas de Alzada por su orden.
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Abril de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "GRUPO LABE BERISSO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO) " (causa: 131160), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 17/09/2021 ?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
I.1. En la especie, la Sra. Juez de la anterior instancia, luego de recibir ante sus estrados copia en formato PDF de las actuaciones caratuladas "Figliozzi, Martín Diego Hernán c/ Gobbi, Daniel Marcelo y otros/ Homologación de Convenio" proveniente del Tribunal de Trabajo Nro. 4, consideró oportuno avocarse al tratamiento de la inhibitoria y levantamiento del embargo planteado por la concursada en los escritos de fecha 13/4/2021, 3/5/2021 y 13/8/2021, cuyo traslado fue contestado por la sindicatura mediante escrito de fecha 19/5/2021.
En base a ello, con cita de jurisprudencia vernácula y de las normas concursales que consideró aplicables, resolvió declararse competente para entender en la antes referida causa laboral, requiriendo la radicación de la misma por ante su Juzgado. Asimismo, consideró que resultaba prematuro expedirse sobre el pedido de levantamiento de medida cautelar.
I.2. La decisión motivó el alzamiento de Diego Hernán Figliozzi quien expresó su disconformidad en los términos que surgen de su presentación de fecha 01/12/2021.
Aduce en lo sustancial la improcedencia legal de la radicación dispuesta en la instancia de origen y entorpecimiento del procedimiento de ejecución contra el demando.
Señala que la regla instituyente del fuero de atracción que ejerce el concurso (arts. 21 y 132 de la Ley 24.522) importa una excepción a las reglas de la competencia y como tal, sólo puede hacerse efectiva sobre los juicios que se hallen en trámite, y no sobre los que, a la fecha de apertura del concurso preventivo o declaración de quiebra, ya hubieran concluido por sentencia firme.
Destaca que, al momento del dictado de la sentencia homologatoria, que puso fin al proceso Laboral (28 de febrero de 2020) el proceso concursal de la demandada no se encontraba presentado ya que data del 27 de noviembre de 2020 por lo que considera que la situación jurídica concursal era inexistente al momento del dictado de la sentencia que puso fin a los actuados laborales.
Puntualiza que resulta evidente la improcedencia de fundar, en este caso, la radicación de estos actuados en la normativa establecida por el artículo 21 de la Ley 24.522. y agrega que no obsta a ello, la posibilidad de que la actora, solicite la verificación de su crédito en el concurso de la demandada, habida cuenta que, sin perjuicio de la facultad del juez concursal de solicitar a esos fines la remisión del expediente ad "effectum videndi", medida que no importaría asumir la competencia, si es que el interesado en la verificación así lo ha solicitado.
Expone que en su pedido verificatorio y de pronto pago, no solicitó la remisión del expediente, habiendo acompañado las piezas pertinentes del mismo, y solicitando mediante oficio al Tribunal Laboral, copia certificada de las mismas por lo que resulta improcedente fundar en el artículo 21 de la ley 24.522 el cambio de competencia de órgano que va a conocer en las actuaciones en trámite ante la justicia del trabajo, sobremanera ante la existencia de un codemandado, lo cual genera un entorpecimiento inadmisible en procedimiento de ejecución contra el Sr. DANIEL MARCELO GOBBI.
Denuncia violación de los preceptos del artículo 57 de la LCQ que rige los efectos del acuerdo homologado para los créditos privilegiados y que expresamente contempla que los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo, podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de su crédito.
Pone de manifiesto que el concursado de autos, no ha categorizado a los acreedores privilegiados laborales, por lo que su crédito no estará comprendido en un acuerdo preventivo por lo cual, la radicación de los presentes actuados, pone en jaque la facultad de ejecutar la eventual sentencia verificatoria ante el Juez que corresponda en razón de la naturaleza de su crédito, que es el Tribunal de Trabajo.
Luego se explaya sobre la naturaleza apelable de la resolución en crisis.
I.3. La crítica llega sin replica alguna (ver resolución de fecha 29/12/2021).
II. Tratamiento de los agravios.
II.1. El procedimiento de verificación es el mecanismo que permite el ingreso al pasivo concursal de los acreedores concursales (en el concurso preventivo son los de causa o título anterior a la presentación en concurso), quienes una vez que obtuvieron el reconocimiento de su calidad de acreedor -lo que implica su graduación como quirografario o privilegiado a través de una resolución del juez del concurso-, quedan habilitados para participar en las restantes etapas del proceso y a cobrar su crédito (SOSA AUBONE, Ricardo D., "Ley de Concursos y Quiebras. Comentada. Anotada. Concordada", ed. Hammurabi, 2021, pág. 274).
El principio de concurrencia en los concursos obliga a todos los acreedores a verificar sus créditos, e insinuarse en el pasivo del deudor para participar del procedimiento y procurar el cobro de sus acreencias (arts. 32, 56, 200 y 202, L.C.).
En consecuencia, el mecanismo de verificación es un trámite que tiene carácter "necesario", por cuanto todos los acreedores concursales del deudor -incluso los garantes-, que quieran participar en el concurso y cobrarle al concursado debe concurrir sin excepción alguna. Tal carácter necesario, o si se quiere ineludible, ha sido graficado por el legislador con la palabra "deben", cuando en realidad se trata de una carga, ya que el deudor no está obligado a cobrarle a su deudor, pero si tiene dicha intención "debe" pasar por el control del concurso a través del procedimiento de verificación (SOSA AUBONE, Ricardo D., op. cit., pág. 276).
Por ello, si el recurrente pretende cobrarle al concursado, no esta eximido de dicha carga. La expresión "todos" -explícita y terminante- responde al principio de "colectividad" -comprensión de todos los acreedores- y no permite hacer distingos, por lo que quedan comprendidos en dicha carga no sólo los acreedores quirografarios sino también los privilegiados -siempre que sean de causa o título anterior a la presentación (acreedores concursales)- lo cual permite garantizar uno de los principios del concurso que es el tratamiento igualitario de todos los acreedores. La necesidad de cumplir con la carga verificatoria encuentra suficiente justificación en la circunstancia de que si en todos los casos la insinuación es exigida para posibilitar a los restantes acreedores -sin perjuicio de la necesaria intervención del síndico- el derecho a controlar la legitimidad de los títulos de quienes se presentar al concurso, con mayor razón ello habrá de proceder cuando quien lo hace se encuentra munido de garantías que significan -en cierto modo- sustraer algún bien de la masa, para con su producido cobrarse el importe del crédito (conf. esta Sala, causa 108.031, 12/4/2007, RSD. 58/2007).
II.2. Sentada la necesidad de que el recurrente verifique su crédito, para lo cual la ley establece diversas formas en el concurso preventivo (pronto pago en el art. 16, verificación tempestiva en los arts. 32 y siguientes, verificación tardía por vía incidental mientras tramite el concurso del art. 56, verificación por la acción individual que corresponda conforme el art. 56, verificación tardía que no se considera tardía si se hace dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia a tenor del art. 56), los agravios vertidos imponen destacar que la "universalidad" que rige en materia concursal (art. 1, segundo párrafo, ley 24.522), se hace efectiva mediante el fuero de atracción, en virtud del cual el concurso atrae al tribunal donde el mismo tramita, las acciones de contenido patrimonial promovidas contra el titular del caudal común (arts. 3284, Código Civil; 2336, C.C.C.N; 21 y 132, ley 24.522 -L.C.-), lo cual tiene fundamento en razones prácticas y de interés general, en el sentido de dar intervención a un solo juez en todas las cuestiones atinentes a un patrimonio que se ha de restructurar -y eventualmente liquidar-.
Ahora bien, frente a las excepciones dispuestas por los arts. 21 y 132 L.C., en la práctica los únicos juicios que se suspenden son los juicios ejecutivos (salvo las ejecuciones hipotecarias), por lo que el hecho de que haya culminado la etapa de conocimiento, no lo excluye de la carga de verificar, sino todo lo contrario, debe hacerlo ya que si lo hace dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia, su pedido no será considerado tardío, sin perjuicio de que cesará -en su caso- el efecto interruptivo de la prescripción que importa la tramitación de un proceso de conocimiento (arts. 56, L.C.; 3986, Código Civil; 2546, C.C.C.N.).
En consecuencia, la radicación con base en lo normado por el art. 21 L.C. se ajusta a derecho, ello sin perjuicio de la posibilidad de que en los casos en que el concursado sea codemandado, el actor puede optar por continuar el juicio ante el tribunal de su radicación originaria, desistiendo de la acción contra aquél sin que quede obligado por las costas y sin perjuicio de solicitar la verificación de su crédito (conf. art. 133, que tanto doctrina como jurisprudencia consideran aplicable en materia del concurso preventivo).
A mayor abundamiento, en lo que respecta a los procesos laborales -en relación a la previsión contenida en laprimigenia y ahora derogada redacción de la ley 24.522(B.O. 9/8/1995)-, el actual texto del art. 21 -según ley 26.086, B.O. 11/4/2006- ha retomado el sendero adoptado por su antecesora, esto es, la ley 19.551 (B.O. 8/5/1972), puestoque habilita a los trabajadores a proseguir el proceso decognición pleno por ante la justicia laboral en procura delreconocimiento de sus derechosó a iniciarlo por ante esta última, siempre que el crédito sea por causa o título anterior al concurso (conf. SCBA causas L. 88.703, 22/8/2007 y L. 95.335, 25/4/2007).
De tal modo, el art. 4 de la referida ley 26.086,que modifica el art. 21 de la ley 24.522, establece que se exceptúan expresamente de aquella visattrativa provocada por la apertura del concurso a los juicios laborales, salvo que el actor -acreedor laboral- opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuestopor el art. 32 y concordantes (inc. 2º) -entre otros-, en cuyo caso los juicios debenproseguir su tramitación por ante el tribunal de su radicación originaria o por ante la jurisdicción que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. La sentencia dictada por la justicia del trabajo valdrá como título verificatorio en el respectivo concurso (art. 21 inc. 3, párrafo tercero) (conf. Muguillo, RobertoA., "Apostillas sobre algunos aspectos de la reforma de laley 26.086. Suspensión de procesos, fuero de atracción,prescripción y pronto pago laboral", R.S.L.S.S., 2006-12-1058).
II.3. En cuanto al carácter de la remisión, la misma es "ad effectum videndi et probandi", ya que no van a tener trámite, por tratarse de actuaciones suspendidas, sin que corresponda recaratularlas y comunicar a Receptoría como un nuevo juicio (sería como comunicar que se tiene una nueva causa a compensar con los ingresos futuros, cuando en realidad la misma no va a tener trámite alguno y sólo servirá como prueba).
II.4. En cuanto a la posibilidad de acumular una petición de verificación tardía y de pronto pago, al no poder sustanciarse por los mismos trámites, la misma es improcedente a tenor de lo normado por el art. 87 del C.P.C.C. (aplicable conf. art. 278, L.C.). Y ello sin perjuicio de que el pronto pago se puede peticionar hasta la homologación, ya que el acreedor laboral por la parte quirografaria (v.gr. más de seis sueldos) y privilegiada comprendida en el acuerdo deberá estar al contenido del mismo y por la parte privilegiada no comprendida en el acuerdo recupera la acción individual, pudiendo ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuerdo a la naturaleza de su crédito, que, tratándose de un trabajador, es la justicia del trabajo (art. 57, L.C.).
Si el crédito laboral del recurrente no está comprendido en el acuerdo, la radicación ante el juez del concurso no pone en jaque la facultad de ejecutar la sentencia verificatoria ante el Tribunal del Trabajo que intervino, puesto que para ello sólo necesita un testimonio o copia certificada de la sentencia verificatoria, con nota de que esta firme. Ello no obsta que pueda pedir la remisión de los autos como prueba (lo cual puede ser sobreabundante en un juicio ejecutivo) o su devolución en su caso.
II.5. Conforme el art. 21, penúltimo párrafo, L.C., si existen medidas cautelares que recaen sobre bienes que conforman el activo concursal, su levantamiento debe ser realizado por el juez del concurso, previa vista a los interesados, lo cual reafirma la competencia del juez concursal.
Así pues, no podría -eventualmente- el tribunal laboral disponer cualquier medidacontra el concurso preventivo de la accionada tendiente a hacer cumplir su decisión -o resguardar una futura- sin que ello implique un exceso de su jurisdicción en desmedro de la competencia del juez concursal, por los principiospropios que rigen en ese ámbito (conf. SCBA, Ac. 96.158, 9/8/2006).
III. Por ello, y con el alcance indicado, la competencia del juez del concurso, para intervenir en la causa laboral, se ajusta a derecho, sin perjuicio de la facultad del recurrente de desistir a tenor del art. 133, L.C. y de que la recepción es "ad effectum videndi et probandi" y no para tramitar (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 278, L.C.).
IV. Frente a la forma que se decide y naturaleza de los derechos en juego, las costas se imponen por su orden (art. 68, C.P.C.C.; 278, L.C.).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA .
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atento el acuerdo alcanzado, y por los fundamentos expresados corresponde declarar que se ajusta a derecho la competencia del juez del concurso para intervenir en la causa laboral que se encuentra en etapa de ejecución contra el concursado, sin perjuicio de la facultad del recurrente de desistir a tenor del art. 133, L.C. y de que la recepción es "ad effectum videndi et probandi" y no para tramitar (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 278, L.C.).Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por su orden frente a la forma que se decide la cuestión, la naturaleza de los derechos en juego y tratarse de agravios generados de oficio sin oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68 y 69 del CPCC; 278 L.C.)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, se declara que se ajusta a derecho la competencia del juez del concurso para intervenir en la causa laboral que se encuentra en etapa de ejecución contra el concursado, sin perjuicio de la facultad del recurrente de desistir a tenor del art. 133, L.C. y de que la recepción es "ad effectum videndi et probandi" y no para tramitar (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 278, L.C.).Costas de Alzada por su orden. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia