Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125868 2
AUTOS
CONSIDERANDO: I.- Que llega apelada la resolución de fs. 4 del presente legajo en la cual el Juez de la instancia decretó el embargo del 20% de los haberes que la concursada percibe del IPS. En primer término, se dedujo revocatoria y apelación subisidiaria. Rechazados ambos mediante la resolución de fs. 7, se concedió la apelación a través de la resolución de este Tribunal, obrante a fs. 10/11. A fs. 12/17 se presentó el memorial en el que la recurrente explica las razones por las que a su entender debiera revocarse la decisión puesta en crisis. Al tiempo de resolver, el a quo centró su fundamentación en torno a la necesidad de contar con una garantía para los acreedores, de modo que éstos puedan llegar a percibir al menos parte de sus acreencias y, por otro lado, la necesidad de contar con un fondo para hacer frente a eventuales gastos del proceso.
II. Tal como tiene dicho nuestro Máximo Tribunal, el concurso preventivo tiene como propósito el reconstruir operativa, económica y financieramente a la empresa o al deudor en estado de cesación de pagos. En ese cometido, el juez, cuando se encuentre ante una eventual colisión entre dos normas legales, ha de conferirle primacía a aquélla que tiende a la preservación de la empresa, salvaguardando adecuadamente el interés de los acreedores y el orden público de la normativa concursal. A tal fin -atento a estos principios iuspublicísticos-, está autorizado a dictar medidas cautelares de excepción u ordenar el levantamiento de las que se hubieren dispuesto en los proceso excluidos de su fuero de atracción, cuando las mismas tiendan a la obtención de un beneficio para el concurso (arts. 21, ley 24.522, texto según ley 26.086; 53, 85, 181, 274 y cc., ley 24.522; SCBA LP, Rc 116215, I 06/06/2012).
Así las cosas entonces, la adopción de medidas cautelares -o su levantamiento- durante el transcurso del concurso deben perseguir esta última premisa: el beneficio de los intereses del proceso concursal en aras de paliar la endeble situación económica que atraviesa su solicitante. Por lo menos a través de las vías que el legislador ha previsto en la normativa de concursos y quiebras, en breve síntesis, el concurso preventivo es un medio que se endereza a lograr y/o obtener un acuerdo entre el deudor y los acreedores quirografarios o privilegiados que han verificado su crédito en la instancia judicial. De tal forma, una vez obtenidas las mayorías de rigor, las conformidades con las formas prescriptas por la ley y homologado el acuerdo por el Juez del concurso, el deudor encuentra allí un nuevo marco regulatorio y vinculante: el efecto novatorio (art. 55 LCQ) implica que desde ese tiempo el concursado esta obligado a cumplir para con sus acreedores en la medida del acuerdo preventivo, en el marco de las nuevas propuestas que éstos aceptaran oportunamente (conf. art. 43, segundo párrafo LCQ).
En sentido concordante se ha sostenido que la finalidad del concurso ha pasado de ser liquidativo absolutamente, como fue históricamente la quiebra, a preventivo de esa liquidación como lo fue el concurso preventivo. De tal forma el concursado, por caso, mantiene la administración de sus bienes durante todo el proceso, bajo la vigilancia del síndico y control judicial (conf. GRAZIABILE, Darío J. "Instituciones de Derecho Concursal, La Ley, 2018, tomo I, págs. 272/273). III.- No se vislumbra en esta prematura instancia del proceso concursal el motivo que justificaría adoptar una medida cautelar como la dispuesta que, atento los fines del concurso preventivo -que someramente aquí se exponen-, hasta podría resultar desaconsejable.
La propia concursada ha expuesto una y otra vez las dificultades económicas por las que atraviesa, las que han sido valoradas positivamente por el a quo, tal es así que determinó la apertura del proceso concursal según resolución que luce a fs. 1/3 del presente. Dicha cesación de pagos ha de pensarse como una situación transitoria, en la que el acuerdo preventivo -de lograrse- actuaría como medio subsanador y reparador, de forma que, en el marco de una renegociación de sus deudas, la concursada podrá hacer frente a sus obligaciones dentro de nuevas pautas de exigencia -más flexibles, por supuesto-. No se advierte la necesidad de conformar un fondo de garantía para los hipotéticos acreedores que puedan verificar su crédito, ya que en definitiva los mismos podrán percibir sus acreeencias en función de las negociaciones que entablen con la concursada y en razón de las concesiones que puedan otorgarle.
Dichas concesiones además funcionan como el sustento a partir del cual la Sra. Servin podrá superar el estado de cesación de pagos y así, hacer frente a otras obligaciones que puedan generarse a partir de la promoción del concurso: honorarios profesionales y gastos varios, que han de determinarse en la oportunidad procesal oportuna (arts. 240, 265 y cc. de la ley 24.522). Y son los haberes que la concursada percibe del IPS -pues así lo denuncia ella misma- la principal herramienta con la que cuenta para hacer frente al endeudamiento. El objetivo a cumplir, como ya se dijo, justifica que pueda ofrecer mejores pautas y posibilidades de pago con la totalidad de los ingresos disponibles; la traba de un embargo acortaría las chances de proponer mejores ofrecimientos, lo que redundaría en mayores probabilidades de rechazo de los hipotéticos acreedores.
Lo que redunda en contraproducente para los fines del concurso (arts. 15, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 59 de la ley 24.522). IV.- El art. 14 inc. 7 LCQ establece que el Juez deberá disponer en la resolución de apertura la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables, exigencia cumplida a través del resolutorio de fs. 1/3, punto 5°. Como es sabido, en el concurso preventivo no hay instancia liquidativa a no ser que a posteriori se termine arribando a la quiebra, en razón de las alternancias que la propia ley 24.522 supone. Lo cual implica la innecesariedad, como principio, de afectar a embargo tal o cual bien, medida que lleva implícita su posterior realización. V.- En consecuencia, corresponde revocar la apelada resolución de fs. 4, procediéndose al levantamiento del embargo allí ordenado.
Atento el modo de decidir las costas se imponen por su orden (art. 68 del CPCC). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad. POR ELLO, se revoca la resolución de fs. 4 del presente legajo y se procede al levantamiento del embargo allí dispuesto. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia