Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121689
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.689, "Ostramar S.A. Concurso preventivo. Cuaderno de apelación art. 250 del CPCC", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó el fallo anterior que, a su turno, declaró la ineficacia del pago y ordenó la devolución de importes conforme lo requerido por la concursada (v. fs. 87/93).
Se interpuso, por Ostramar S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/136 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el sub lite , la concursada Ostramar S.A. solicitó que se declare la ineficacia del pago efectuado a Galeno ART mediante cheques de pago diferido, requiriendo que se condene a esta última a la devolución de los importes percibidos (v. fs. 1/3 vta. y 5/6 vta.).
Sustanciada tal pretensión con la sindicatura (v. fs. 4 y vta.) y Galeno ART (v. fs. 7/8), el señor juez de primera instancia hizo lugar a la declaración de ineficacia y dispuso el reintegro de los importes abonados a Galeno ART (v. fs. 19/20).
II. Apelado este pronunciamiento por la citada empresa, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata lo revocó.
En apoyo de su decisión, estimó que la sentencia de grado había omitido aplicar la norma específica que rige el caso, a saber, el art. 54 de la ley 24.452 que dispone la oponibilidad al concurso preventivo del librador de los cheques de pago diferido, situación que -dijo- era diversa a la contemplada en el art. 23 de la citada ley que alude a los cheques posdatados. Tuvo presente además la conducta desplegada por la concursada y el hecho de que los pagos ahora impugnados lo fueron en el marco del contrato que unía a la concursada con Galeno ART S.A. y tenían por finalidad la cancelación de las primas adeudadas por la cobertura de seguro de riesgo de trabajo (v. fs. 87/93).
III. Contra este último pronunciamiento se alza la concursada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 273 inc. 3 de la ley 24.522 -y de la doctrina legal de esta Corte sentada en relación a la temática (cita como ejemplos las causas C. 95.392, sent. de 14-IV-2010; C. 111.068, resol. de 30-XI-2011; Rc. 116.549, resol. de 24-X-2012)-; 260 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega, asimismo, la errónea interpretación del art. 54 de la ley 24.452 -conforme ley 24.760- y quebrantamiento de los arts. 1, 16, 17 y 21 de la ley 24.522. Aduce también arbitrariedad y absurdo. Mantiene reserva del caso federal (v. fs. 114/136 vta.).
En síntesis, esgrime que la concesión y tratamiento del recurso de apelación de la contraria implicó la violación de los citados preceptos adjetivos y concursales (v. fs. 119 vta./122).
Por otro andarivel, argumenta en contra de la decisión de fondo adoptada por el Tribunal (v. fs. 122 vta./136).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Corresponde -en primer término- precisar que la ley 24.522 instaura un régimen propio en materia recursiva, estableciendo como regla general la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal.
Este principio sentado en su art. 273 inc. 3 apunta a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites del concurso se vean perturbados a través de la articulación de recursos que solo persiguen una impropia demora en el desarrollo normal de la causa (v. mi voto en Ac. 89.635, "Gianni", sent. de 21-XI-2007).
De ahí que, ante la ausencia de norma expresa que contemple la posibilidad de recurrir, opera la regla sentada en el art. 273 inc. 3 de la Ley de Concursos y Quiebras. Con todo, dicho principio no es absoluto. En tal sentido, esta Corte ha entendido que su alcance debe limitarse a aquellos actos regulares del proceso, que son consecuencia de su tramitación ordinaria y normal (conf. Ac. 70.579, "Domínguez", sent. de 12-VII-2000), como así también que aquel debe ceder cuando se encuentra afectada la defensa en juicio, la propia regulación en materia concursal o, de modo más amplio, cuando la resolución impugnada causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior (conf. Ac. 80.146, "Roveta", sent. de 3-XII-2003. En idéntico sentido: CNCom., sala E, 28-VIII-1987, JA 1988-II-211; CNCom. sala A, 29-IX-2000, in re "Rosalén", Rev. de Derecho Privado y Comunitario n° 2001-1; CNCom., sala A, 29-IV-2005, in re "Sancayet S.A.").
Ahora bien, en la especie, sin desconocer el criterio estricto con que deben ser admitidas las excepciones a la pauta establecida en el citado art. 273 inc. 3, estimo que no cabe receptar el respectivo agravio.
En efecto, la tesis favorable a la recurribilidad en supuestos como el de autos ha sido receptada por la jurisprudencia.
Tal criterio se trasluce en la actualidad en los numerosos precedentes de la Cámara Nacional de Comercio que se han abocado a analizar las apelaciones deducidas contra las decisiones recaídas en el marco de un concurso preventivo, en torno a la aplicación de la sanción prevista en el art. 17 de la ley 24.522 por violación de la prohibición contenida en su art. 16 y que, en su caso, disponen la devolución de los pagos realizados (en este sentido v. CNCom., sala D, "Sucesión de E.M., s/conc.prev. s/inc." 12-IV-2016, LLey online AR/JUR/13561/2016, con nota de Della Picca, Pablo, LL 2016-D,156; íd. sala E, "Bresciani San Luis S.A. s/conc. prev. s/inc. apelación", 23-XII-2009, LLey online, AR/JUR/63920/2009; íd., sala C, 14-X-2009, "Círculo de Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal Arg. s/conc. Prev.", LL 2010-B, 252, con nota de Casadio Martínez, Claudio A.; íd., sala A, 11-XI-2004, "Carrefour s/restitución de fondos en Argentina Fibraltex SA s/conc. Prev.", LL 11-8-2005, 7; íd., sala A, "Club Daom s/conc. prev.", 28-XI-2002, LLey online AR/JUR/5651/2002; íd. sala B, "Barensi SACIFIA"; 30-IX-2002, LLey online AR/JUR/3753/2002; íd., sala B, 24-V-2001, "Electroláser Ingeniería SA s/conc. Prev.", JA 2001-IV-155; íd. sala C, "Frigorífico Guardia Nacional SA s/conc.", 4-VI-1997, LLey online AR/JUR/648/1997, entre otros. Asimismo, se han examinado en segunda instancia quejas vinculadas con el pedido de la deudora de impedir pagos de cheques con sustento en la violación de la citada prohibición: v. CNCom., sala A, 20-V-2014, "Emprendimientos del Sud SA s/conc. Prev. s/inc. apelación art. 250", LLey online, AR/JUR/33179/2014; íd. sala B, 16-XI-1999, "Transportes Materiales y Equipos SA s/conc. Prev.", JA 2001-II-140).
Tal apertura de la vía recursiva también ha sido seguida por diversos tribunales provinciales, reconociéndose en forma expresa la admisibilidad de la apelación en estos supuestos (v. CCCom. Rosario, sala I, causa "Valle Fértil SA", sent. de 22-X-1999, LL Litoral 2000, 1417).
En adición, en el marco de la quiebra, la declaración de ineficacia de pleno derecho objetiva o legal del art. 118 de la ley 24.522 (arts. 118, 121 y 124 LCQ) -entre cuyas hipótesis se encuentran los actos prohibidos celebrados durante el concurso del deudor (conf. art. 121 a contrario sensu )- es "apelable y recurrible por vía incidental" (art. 118 in fine ), no advirtiéndose razones que justifiquen un temperamento diverso por el solo hecho de estar frente a un concurso preventivo.
En este singular contexto, dado el contenido de la resolución atacada, entiendo que corresponde considerar que el caso no se encuentra alcanzado por la regla sentada en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522.
IV.2. Despejado lo anterior, cabe abordar la crítica relacionada con la falta de fundamentación del memorial de agravios presentado en su momento por Galeno ART y la correlativa violación de los arts. 260 y 261 por parte del Tribunal (v. fs. 120/121).
Al respecto, una atenta lectura de la argumentación desplegada en torno a la temática permite visualizar que, más allá de la puntualización de las expresiones concernientes del a quo , la protesta se diluye, en rigor, en la simple disconformidad de la recurrente con los criterios de admisibilidad y procedencia de la vía actuados por el juzgador.
Dicho in extenso : si bien es cierto que la Cámara ponderó que el memorial de agravios de Galeno "rayaba" la deserción -tal como la impugnante lo indica-, a renglón seguido precisó que debía tenerse por superado tal óbice formal en razón de que la cuestión debatida excedía, en sustancia, los simples intereses de las partes involucradas (v. fs. 88 vta.).
No obstante que la recurrente se percata y hace eco de este motivo expuesto en el fallo, en rigor lo hace para conjeturar dos extremos: de un lado, que ante la valoración de la insuficiencia técnica del alzamiento el único camino a seguir era la declaración de deserción; por otro, que los motivos de orden público invocados por el sentenciante para sortear la admisibilidad de la vía derivaron, paradójicamente, en una decisión de fondo contraria a ese orden público concursal invocado.
Según se ve, lo primero no hace más que contraponerse en forma dogmática al excepcional criterio de habilitación -actuado por el juzgador- para tratar la cuestión de fondo, sin llegar a demostrar que tal temperamento resulte absurdo. La postulada deserción -por parte de la recurrente- solo atiende a la supuesta endeblez de la factura técnica del alzamiento, sin contabilización alguna de la circunstancia de excepción relevada por el sentenciante.
Lo segundo, solo exhibe la simple y dispar opinión de la recurrente con la decisión final, argumentación evidentemente ajena al contexto de análisis propio de la denuncia de infracción de los arts. 260 y 261 del Código de rito. En otras palabras: el abordaje excepcional de la apelación habilitado por la Cámara, al encontrarse -en su parecer- involucrado el orden público concursal, resulta conceptualmente independiente del acierto o desacierto jurídico de la solución finalmente dispensada en el pronunciamiento. Decisión que resulta, desde luego, atacable en sus consideraciones intrínsecas en el marco de conocimiento propio de la vía procesal emprendida, mas independiente -insisto- de las razones ofrecidas por el a quo para justificar el acometimiento de la apelación.
En suma, sabido es que quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito (conf. C. 96.432, "Cooperativa Industrial y Comercial Tamberos Unidos de Paso Ltda.", sent. de 7-X-2009 y C. 98.449, "Fritzler", sent. de 25-VIII-2010), carga que no queda satisfactoriamente abastecida con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que -como en la especie- no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado (causas C. 116.855, "Villagra", sent. de 7-V-2014 y C. 119.184, "Ludueña", sent. de 6-IV-2016).
IV.3. Sentados los puntos precedentes, cuadra repasar la decisión recurrida que revocó la recaída en la instancia liminar.
Esta última, reitero aquí, había declarado la ineficacia de 4 cheques de pago diferido librados por Ostramar S.A. el día 16 de septiembre de 2014, es decir, con anterioridad a su propia presentación en concurso (que solicitó el 29 de diciembre siguiente) y al decreto de su apertura (del día 7 de enero de 2015), presentados al cobro y percibidos por Galeno ART a la fecha de sus vencimientos, los días 25 de febrero, 4, 11 y 18 de marzo del mismo año. Dispuso, en consecuencia, que la empresa debía depositar en autos la suma así percibida. Lo hizo, por considerar que la situación descripta quedaba comprendida entre los actos prohibidos que enuncia el art. 16 de la ley 24.522 y que, por ello, correspondía declarar su ineficacia conforme lo previsto en el art. 17 de igual ordenamiento (v. fs. 19/20).
En cambio, el tribunal a quo juzgó que el caso estaba regido por el art. 54 de la ley 24.452 -según la redacción impuesta por la ley 24.760- que expresamente contempla la oponibilidad del cheque de pago diferido al concurso del librador (v. fs. 87/93) y por ello revocó aquella decisión.
En lo que de momento resulta relevante, la pieza en tratamiento denuncia la infracción de los arts. 54 de la ley 24.452 y 1, 16, 17 y 21 de la ley 24.522; también de la doctrina legal que individualiza.
IV.4. Según se aprecia, esta controversia requiere desentrañar la recta interpretación de lo normado en los arts. 16 y 17 de la ley 24.522 y en lo dispuesto en el art. 54 de la ley 24.452, en su actual redacción.
El primero de los citados dispositivos establece que " el concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación ", y el segundo dispone que los actos obrados en infracción a ese dispositivo " son ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores ".
Por su parte, el aludido art. 54 de la ley 24.452 prescribe que el cheque de pago diferido " es oponible y eficaz " en los supuestos de concurso del librador.
Resulta evidente que hay dos regímenes especiales de indispensable consideración para la solución de esta controversia, ambos gobernados por principios específicos. El concursal, regido -entre otros- por la pars conditio creditorum y el de los títulos de crédito o -más precisamente- de los papeles de comercio o títulos cambiarios aquí involucrados.
Estimo que una indispensable consideración "integral" y "sistemática" debe alcanzarse consultando ambos regímenes; en su consideración armónica y conjunta. Lo contrario; esto es, la subordinación de la solución del caso a la irrestricta vigencia de los principios concursales (v.gr. la mentada pars conditio creditorum ), como si fueran ellas las únicas reglas superiores en juego, conllevaría de antemano una mella a la coherencia que se impone como norte para desentrañar el sentido de las reglas jurídicas involucradas (art. 2 in fine, Cód. Civ. y Com.).
En cualquier caso, existe el resorte extremo de la descalificación de lo dispuesto por el legislador cuando esa actividad importa un desborde a los límites de la razonabilidad (arg. art. 28, Const. nac.), hipótesis ausente en el caso.
IV.5. Adelanto que he de formular una propuesta decisoria adversa a la suerte de la pretensión recursiva en tratamiento (art. 289, CPCC), dado el alcance que tienen las normas involucradas en relación a los hechos sometidos a juzgamiento (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 266, 279 y 289, CPCC). Ello, sin desconocer la existencia de opiniones dispares y variadas sobre el tema, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
En consecuencia, habrá de dilucidarse la eficacia y oponibilidad a la masa de acreedores del cheque de pago diferido emitido con anterioridad a la fecha en que el librador solicitó su propio concurso, que fue luego presentado al cobro y abonado por el banco girado, todo ello con posterioridad a la apertura de ese proceso falencial.
i. Importa señalar que en el diseño de la ley 24.522 la "apertura del concurso" produce el "desapoderamiento atenuado" del deudor, por cuya virtud su poder de disposición ya no es absoluto sino que se encuentra restringido o limitado (Rivera, Julio C., Roitman, Horacio y Vitolo, Daniel R.; Ley de concursos y quiebras , Tomo I, Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2009, págs. 442-443); así, a tenor del art. 15 este " conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico ".
El ya mentado art. 16 de la ley concursal circunscribe aún más ese acotado ámbito de actuación pues bajo el acápite "actos prohibidos", en su parte pertinente dispone que " el concursado no puede realizar actos [...] que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación ". La inobservancia de este precepto -ya se puntualizó- está prevista en el art. 17 que enerva a tales actos obrados en infracción a esa prohibición considerándolos " ineficaces de pleno derecho respecto de los acreedores "; consecuencia esta que ha de ser entendida en términos de "inoponibilidad" (Heredia, Pablo D.; Tratado exegético de derecho concursal , Ábaco, Bs. As., 2000, Tomo I, pág. 429; Rouillon, Adolfo A. N.; Régimen de concursos y quiebras , Astrea, Bs. As., 2013, pág. 84).
Aún más, estas restricciones, pese a estar previstas como "efectos de la apertura" del concurso (Sección II, Capítulo II del Título I de la ley), operan o se retrotraen a la fecha de la presentación liminar del deudor, con lo que alcanzan también a los actos cumplidos en ese interregno que transcurre entre la petición de apertura del concurso y la resolución que así lo ordena (conf. Alegría, Héctor, "Introducción al estudio de los flujos de fondo en el concurso preventivo " , LL, 2003-E, pág. 1294).
Por fin, y de acuerdo con el art. 21 de la ley, a partir de la apertura se obtura por regla a los acreedores de causa o título anterior el ejercicio individual de las acciones que tuvieren contra el concursado, lo que termina de delinear el esquema básico de la dinámica del pasivo obligacional en relación a los vínculos jurídicos nacidos hasta entonces, que queda de allí en más bajo la égida del "principio de concursalidad" y de la par condicio creditorum .
Tal es, en ajustada síntesis, el sistema de la ley 24.522 en lo que concierne a esta controversia.
ii. Ahora bien, cabe indagar si la previa operatoria con cheques de pago diferido realizada por el deudor mientras se encontraba in bonis puede considerarse - a posteriori- en pugna con las normas específicas de la ley de 24.522 antes mencionadas, en cuanto fulminan con la invalidez aquellos actos obrados en infracción al ya citado art. 16.
La respuesta negativa parece imponerse. Veamos.
ii.a. El ámbito de aplicación temporal de este dispositivo es claro; se refiere a los actos celebrados desde la apertura del concurso (tal su ubicación en el contexto sistemático de la ley), aunque ya hemos señalado que por añadidura tampoco puede el deudor realizar tales actos prohibidos (en el caso, el libramiento de cheques) en el período medio tempore , que arranca un tanto antes y corre desde que aquel formula su presentación en los términos del art. 11 de la ley. Vale decir entonces que, por regla, desde ese instante el librador del cheque no puede por ese, ni por ningún otro medio, alterar la situación del acreedor cuyo crédito es anterior al concurso ; prohibición que temporalmente comprende los actos realizados aún "el mismo día" de su presentación (conf. Heredia, ob. cit. Tomo I, p. 431).
Tal es entonces el linde temporal hasta el cual podría remontarse la mentada interdicción; conclusión que luce razonable, ya que no parece lógico sostener que transgrede aquel mandato (incurre en la conducta prohibida) el acto obrado por el deudor in bonis por la sola circunstancia de sobrevenir aquel evento futuro e incierto -su concurso- que opera precisamente como presupuesto de la conducta descripta en la norma que establece la prohibición.
De este modo se explica que el acto cuestionado escapa al ámbito de aplicación temporal de la norma que se dice infringida.
ii.b. Por otra parte, el texto de la ley solo menciona como proscriptos a los actos realizados por el deudor -librador- sujeto a concurso (" el concursado no puede ...", reza la norma). Mientras que esta redacción refuerza la conclusión formulada en el párrafo anterior (pues solo se es "concursado" a partir del momento en que el sujeto se somete a ese proceso falencial, o aún mutatis mutandi , cuando insinúa tal petición en los términos del art. 11, pero no lo es con anterioridad), la fórmula
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.