Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 103754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fecha 08/09/2023 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante que reviste objetiva condición de vencida en el alzamiento (arts. 68, 69 CPCC).
MCM / ND
LANDA WALTER OSCAR S/ CONCURSO PREVENTIVO. HOY QUIEBRA
Causa: 103754 Jdo. Civil y Comercial nro. 22
La Plata, 14 de Diciembre de 2023
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO :
1. Antecedentes.
1.1. Que el 08/09/2023 el Juez de origen sobre la base de que la cédula de notificación a la viuda de Virgilio Carlos ibargüengoitia, Margarita Trinidad Perez, del 27/04/2023 fue dirigida al domicilio denunciado por la citada heredera en la sucesión de su marido, constando en la sección observaciones especiales datos para su correcta notificación, que cumplió así con su finalidad y efectos, y no habiéndosele vulnerado a la Sra. Perez su derecho de defensa, no hizo lugar al pedido de nulidad de la misma. Asimismo y respecto a la legitimación procesal del Sr. Eduardo Víctor Ireba consideró que éste, por los mismos fundamentos expuestos en la resolución del 17/98/2022, firme, y por la que se tuvo a Ibargüengoitia como tercero ajeno al presente proceso falencial, sigue la misma suerte por cuanto el mismo viene a estos autos como cesionario de los derechos hereditarios que corresponde a Margarita Trinidad Perez.
1.2. Que contra ese modo de resolver interpuso recurso de apelación Eduardo Víctor Ireba, obrando el fundamento del mismo en la presentación del 15/10/2023.
1.2.1. Refirió en lo sustancial y en cuanto a la legitimación procesal luego de reseñar los antecedentes en torno a la relación contractual entre Landa e Ibargüengoitia que no es posible seguir sosteniendo que el último carece de legitimación en un proceso concluido (sólo resta la revalidación del avenimiento o en su caso, un igual -en sus efectos- decreto de clausura del procedimiento) y antes de resolver el incidente de remoción del Síndico y, esencialmente porque el pago por Ibargüengoitia descalificado por el Juez a quo fue revocado por la Alzada; que el juez a-quo se inclina absoluta, estadística y llamativamente a todos los planteos de la sindicatura, no haberla apartado de oficio, permitiendo así generar perjuicios en los acreedores, siendo Vitale el único, con quien contrató y canceló el crédito principal.
Agregó que se viola la ley, la igualdad de trato y la afectación del principio básico del juez imparcial (art. 18 CN), salvando a la Síndico sin juzgar sus actos; que ante las peticiones del adquirente del predio que pagó el precio y desinteresó al acreedor principal y se halla legitimado por el negocio jurídico de la compraventa del 5/11/2003, se le niega la misma, resultando el razonamiento del juez tan ambivalente como la conspicua posición del Síndico, siempre inclinado a los intereses del fallido.
Esgrimió que de la sentencia del 08/04/2021, modificatoria de la del 24/11/2020, que tuvo por no desinteresado al acreedor Angel Vitale, surge la legitimación de Ibargüengoitia, por la jerarquización del acuerdo con Vitale y la consecuente carta de pago por el crédito principal del concurso; que frente a ello los fallidos promovieron el incidente de nulidad , resuelto el 30/6/2022 haciendo lugar al planteo y que analiza para concluir en que la situación procesal que se advierte en el juzgado es ciertamente grave y avanza hacia cuestiones tales como la gravedad institucional.
Sostuvo que en realidad tanto "La Ernestina Café", como la Síndico y los sucesores físicos de Landa lo único que intentan es "absolverse" de la venta que Landa hizo en vida el 05/11/2003; que se olvida que Ibargüengoitia pagó los U$S100.000 del crédito principal, depositó el importe de la liquidación aprobada en pesos, todo antes de la resolución del 08/04/2021 de la Alzada .
Esbozó consideraciones varias en torno a la falta de legitimación planteada por la Sindicatura al contestar el pedido de su remoción de su parte, quien en todos sus escritos exhibió una alineación permanente al fallido sin representar a los acreedores, volcando expresiones a su respecto; que se pregunta si Ibargüengoitia es para la síndico un tercero no debería también serlo Mielke, explotador del predio minero y, que ha ganado fortunas con la depredación del activo.
Finalmente, señaló que el principal acreedor, Angel Vitale, fue por él desinteresado y de ahí con ese pago el Tribunal legitimó su actuación operando también como cancelación del principal crédito concursal, debiendo tenerse en cuenta lo depositado por el comprador para cancelar los gastos del concurso, colocado en plazo fijo.
1.2.2. Respecto a la nulidad sostuvo que la notificación a Margarita Trinidad Perez no se trató de un acto regular frente a la primera comunicación a la persona luego del deceso de su esposo Ibargüengoitia; que ordenada librar el 12/04/2023 bajo responsabilidad de la parte, se incluyó en su texto la "habilitación de días y horas inhábiles" -error in judicando- ; que también se consignaron indicaciones al Oficial Notificador irregularmente , alterando el domicilio consignado en el Juzgado y logrando que la persona a notificar no sea anoticiada efectivamente; que el carácter del domicilio consignado en la cédula fue como "constituído" y por ello el notificador la entregó a una persona del lugar y que consignada por quien libró la cédula que al domicilio se accede por la calle Rawson, de lo que surge del caso, el oficial habría abordado el domicilio desde la calle Alberti, lo que permite sostener la ilegalidad del acto.
1.3. Que el 22/11/2023 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental entendió que el resolutorio impugnado se encuentra ajustado a derecho.
2. Análisis de los agravios.
Que no obstante el intento del quejoso por revertir lo decidido en la instancia de origen, hemos de destacar que lo resuelto en cuanto a la falta de legitimación procesal de Eduardo Víctor Ireba no es más que la consecuencia de la resolución de fecha 17/08/2022 contra la que si bien se interpuso recurso de apelación el 25/08/2022, fue declarado desierto el 22/11/2022.
En ese sentido quedó firme que Virgilio Carlos Ibargüengoitia resulta ser un tercero ajeno al presente proceso falencial -que aun no ha concluido-, careciendo de legitimación a los fines de solicitar la remoción de la Síndico y que por ello hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta con fecha 03/08/2021, perdiendo así virtualidad el tratamiento de la remoción peticionada sobre cuyo actuar insiste aunque extemporáneamente en el alzamiento en análisis.
De tal forma es que la intervención de Edardo Víctor Ireba, en tanto cesionario de los derechos hereditarios correspondientes a Margarita Trinidad Perez, viuda de Ibargüengoitial, tal como surge de la escritura de cesión celebrada el 17/5/2022 y acompañada al escrito del 21/8/2023, junto a decisión que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa de Ibargüengoitia que solicitara la remoción del Síndico y que éste opusiera con fecha 03/08/2021, y por los argumentos allí expuestos a los que nos remitimos en honor a la brevedad, sigue su misma suerte. De allí entonces que lo resuelto se ajusta a derecho en tanto se abastece y funda en el citado decisorio del 17/8/2022, sobre un idéntico sustrato fáctico, y cuyos términos se proyectan con innegable gravitación en el pronunciamiento apelado. Resulta inviable reexaminar cuestiones como la de la legitimación procesal que ha quedado preclusa (arts. 36 inc. 1, 150, 155, 163, 164, 166, 242, 246 y 384, C.P.C.C.; 278, L.C.; esta Sala, causa 127.036, RSI. 20/2020, e.o.).
2.2. Nulidad de cédula de notificación.
Que esta porción del alzamiento y por más respetables que puedan ser los argumentos desarrollados en la crítica formulada por el quejoso, tampoco es de recibo.
En efecto, el 16/09/2022 se ordenó "... atento que con el certificado adunado en copia PDF al escrito en proveimiento se acredita la defunción del Sr. Virgilio Carlos IBARGÜENGOITIA y la denuncia efectuada por el peticionante, cítase a Margarita Trinidad PEREZ como presunta heredera del mentado causante para que tomen intervención en autos por el plazo de cinco días y bajo apercibimiento de declararlos rebelde (art. 53 inc. 5° y 43 del C.P.C.C.)...." y que "... corresponde destacar que tratándose en la especie de un mandato judicial, el fallecimiento del poderdante como causa del cese (art. 380 inc. b del C.C.C.N.) debe armonizarse con lo normado por el art. 53 inc. 5º del C.P.C.C que prevé la continuación en el ejercicio de la personería del letrado apoderado hasta que los herederos tomen la intervención que les corresponde en el proceso, debiéndose en consecuencia proveer de conformidad lo solicitado al pto. III, y a tal fin, concédese en relación el recurso de apelación interpuesto..." contra la resolución del 17/08/2022 (arts. 242 y 243 del CPCC.).
La cédula ordenada el 12/04/2023 bajo responsabilidad de la parte y con las aclaraciones indicadas en la presentación del 04/04/2023, fue librada el 17/04/2023 y notificada el jueves 27/04/2023 a las 9.53 hs. Ella da cuenta de que fue diligenciada en el domicilio denunciado tal como surge indicado con la "x", y que las indicaciones que en ella figuran al Oficial Notificador fueron ordenadas por el juez "a-quo" en el proveído indicado del 12/4/2023. Respecto a la introducción en el cuerpo del instrumento notificatorio de la expresión "habilitación de días y horas inhábiles", es lo cierto que tal como señala el apelante la notificación fue realizada en horario y día hábil por lo que y aún cuando ello no fue así dispuesto, el acto de anoticiamiento no fue llevada a cabo bajo esa modalidad de emplazamiento tal como suge de lo indicado más arriba.
En cuanto a la alteración del domicilio que tratándose del de la calle Alberti, la cédula se diligenció desde la calle Rawson, tampoco tiene asidero toda vez que las indicaciones dadas al Oficial de Justicia sólo importaron dar facilidad al agente para individualizar entre las dos torres de edificios existentes, el domicilio, que por otra parte quedó indicado en el cuerpo principal de la cédula.
Por otra parte, se destaca que El ataque a la eficacia probatoria de una cédula de notificación, que es un instrumento público (arts. 289 inc. b, C.C.C.N.), tiene diversos carriles: a) el correspondiente a los hechos cumplidos por el oficial público, o pasados ante su presencia, que gozan de entera fe (art. 293, C.C.C.N.) y si no tiene defectos de forma (art. 294, C.C.C.N.), por lo que su eficacia probatoria requiere ser discutida mediante redargución de falsedad en juicio civil o criminal (art. 296, C.C.C.N.), b) las manifestaciones de las partes, que si se cumplieron ante el oficial hacen plena fe, más allá de su veracidad de lo afirmado o de su pertinencia, y c) las meras enunciaciones de los hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca la prueba en contrario (cfr. Rivera, Julio César-Medina, Graciela, Código Civil Comentado, T.1, Ed. La Ley año 2015, pág. 663 a 685). Con respecto a lo primero, se encuentra probada la materialidad del acto, en cuanto a que el oficial de justicia se constituyó en el domicilio de la Sra. Perez. En tal sentido, y tal como se configuró la notificación, la cédula hace plena fe en los términos del art. 296 del C.C.C.N. (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, tomo IV, pág. 457).
Bajo tales circunstancias, y atento a los términos de la crítica, siendo suficiente lo expuesto para dirimir la cuestión, no cabe sino afirmar la regularidad del acto de emplazamiento y ratificar la solución dada en la instancia de origen en cuanto rechazó el planteo de nulidad impetrado (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 5 y 6, 169/172, 242, 246, 260CPCC).
POR ELLO, fundamentos expuestos y dictamen del Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental del 22/11/2023, se confirma la apelada resolución de fecha 08/09/2023 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante que reviste objetiva condición de vencida en el alzamiento (arts. 68, 69 CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia