Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 7651
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 26 días del mes Diciembre del año Dos mil dieciocho se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro debidamente integrada por los Dres. Carlos Enrique Ribera y Jorge Luis Zunino (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “MIÑO ADA BEATRIZ S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION P/ JORGE LUIS RICARDO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Ribera y Zunino, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿Es justa la resolución de fs. 193/195?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ribera dijo:
I. Mediante resolución de fs. 193/195 se declaró verificado en forma tardía un crédito a favor de Luis Ricardo Jorge, en la quiebra de Ada Beatriz Miño, por U$S 120.000, con carácter quirografario; la referida acreencia esta instrumentada en un pagaré, cuya copia se encuentra agregada a fs. 1.
Dicho decisorio fue apelado por la fallida (fs. 196), fundando su recurso en el escrito de fs. 203/211.
Sostiene que el crédito que pretende hacer valer el incidentista por U$S 120.000 es inexistente y se corresponde con una garantía de cumplimiento de un contrato de mutuo concertado por la firma “Azartron S.R.L.” con el acreedor tardío, el cual fue debidamente cancelado sin que aquel devolviera el cartular objeto de verificación.
Manifiesta que la mencionada sociedad, integrada por la fallida y su cónyuge, recibió con fecha 8-7-2004 un préstamo de Jorge por U$S 120.000, exigiendo este último que aquellos firmen un pagaré a título personal por igual cantidad, en resguardo del pago de dicho mutuo. Agrega, en este sentido, que el préstamo ya fue pagado y que los originales del contrato se encuentran agregados en los autos “Miño, Ada Beatriz s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación” (Expte. n° 37.508).
Por otra parte, adhiere a lo manifestado por el síndico, quien consideró que el pretenso acreedor no probó la causa de la obligación, entendiéndose por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario. Coincide con lo argumentado por el funcionario concursal en el sentido que debió el incidentista ofrecer medios de prueba para acreditar la efectiva entrega del importe establecido en el pagaré y no limitarse a aportar los mismos elementos que utilizó en el juicio ejecutivo.
Por último, se agravia la fallida que en la sentencia no se haya valorado la absolución de posiciones del verificante tardío. Al respecto, señala que Jorge se negó a contestar posiciones que versaban sobre hechos controvertidos que formaban parte de la cuestión planteada en autos, por lo que considera que aquellas son pertinentes y la oposición a responderlas debería ser interpretada como una admisión expresa.
Sustanciados los agravios, Jorge omitió contestarlos, no así el Síndico, quien aconsejó que se haga lugar a la apelación deducida por Miño y se rechace el pedido de verificación tardía formulado por el incidentista, con costas a su cargo, por no haber probado la causa de su crédito (escrito electrónico de fecha 15-10-2018).
II. Breves antecedentes.
Luis Ricardo Jorge solicitó la verificación tardía de un crédito por U$S 120.000 instrumentado en un pagaré, cuya copia se encuentra agregada a fs. 1. Al respecto, manifestó que dicho cartular fue otorgado como préstamo para la compra de mercaderías y que a los fines de lograr su cobro, el 11-4-2006 inició las actuaciones caratuladas “Jorge, Luis Ricardo c/ Miño, Ada Beatriz s/ Cobro ejecutivo” (Expte. n° 47.126/06).
Informó que en dicho proceso ejecutivo, el 29-8-2011 se aprobó la venta en subasta del inmueble de propiedad de la fallida, del cual resultó adquirente por boleto. Agregó que en el referido expediente Miño reconoció la deuda y el origen de la obligación que se pretende verificar.
Debe ponerse de relieve que, a los fines de acreditar la causa de su acreencia, el incidentista únicamente ofreció como prueba el expediente ejecutivo mencionado (fs. 39/40).
Al contestar la pretensión verificatoria, la fallida manifestó que el incidentista no acreditó la causa de la obligación y que no resulta suficiente a dichos fines las constancias del juicio ejecutivo seguido entre las partes, ya que la sentencia favorable recaída en ese tipo de procesos solamente reviste carácter formal. En el mismo sentido, argumentó que lo resuelto en juicios ejecutivos no tiene efectos respecto de los restantes acreedores del concurso, quienes pueden invocar todo aquello que controvierta la validez del título y la causa del origen de aquel.
Advirtió la fallida, asimismo, que el pretenso acreedor al iniciar la demanda verificatoria manifestó que el importe del pagaré se adeudaba por igual valor recibido en mercaderías, sin embargo no acompañó ningún contrato de compraventa ni acreditó su entrega mediante la presentación de las correspondientes facturas o remitos de los que surja la existencia del crédito que reclama.
Por último, expuso que el cartular objeto de la verificación tardía corresponde a una garantía de pago de un crédito otorgado a la sociedad “Azartron S.R.L.”, integrada por Miño y su cónyuge, el cual ya se encontraba cancelado.
A los fines de acreditar su relato, la fallida solicitó como prueba informativa se libre oficio a la Fiscalia Federal en lo Criminal y Correccional n°1 de San Isidro con el objeto de comprobar la cancelación del mutuo mencionado y además, se cite a absolver posiciones y reconocer documentación al incidentista (fs. 83/93).
Al expedirse en razón del artículo 56 LCQ, el síndico manifestó que tratándose de un préstamo de dinero, debió el verificante probar la efectiva entrega del importe que habría perfeccionado la contratación y no limitarse a acompañar los mismos elementos que utilizó en el juicio ejecutivo. Indicó, asimismo, que el incidentista no acreditó las circunstancias determinantes del acto cambiario sino que solamente aportó el pagaré y la sentencia obtenida en el referido proceso.
En consecuencia, por no encontrarse acreditada la causa del reclamo, aconsejó rechazar la pretensión verificatoria (fs. 191/192).
No obstante lo argumentado por el síndico, mediante resolución de fs. 193/195, se declaró verificado el crédito insinuado en forma tardía por Jorge por U$S 120.000, con carácter quirografario. Ello, en virtud que la fallida no aportó evidencias idóneas de la ausencia de causa legítima que respalde la obligación cambiaria asumida y por ende, no demostró la tenencia indebida del título por el incidentista. Se consideró, asimismo, que tratándose de la verificación de un pagaré, en el cual no se advierte concilio fraudulento con el concursado, no cabe exigir una prueba acabada y concluyente del origen del crédito.
III. En forma preliminar, debe destacarse que por expresa disposición legal, al solicitar su verificación, el acreedor debe indicar y probar la causa de su crédito, ya que el pedido de verificación constituye un verdadero proceso de conocimiento pleno, por lo que aquel debe probar los extremos de su pretensión y en consecuencia de la norma jurídica invocada (art. 32, ley 24.522).
Es decir, que es la parte actora de este incidente quien soporta la carga de la afirmación y de la prueba, de que las características definitorias del precepto que invoca están fundadas en los hechos, por lo que debe afirmar y acreditar los presupuestos que condicionan la actuación de la norma (art. 375 del CPCC; CACC San Isidro, Sala I Causa n° 51.791 sent. del 24-4-2018, entre otras de esta Sala Iª).
Por lo tanto, sentadas las bases sobre las que se resolvió en la instancia de origen, corresponde analizar las críticas formuladas por la fallida y la prueba aportada por el incidentista a los fines de verificar la causa de su acreencia.
En este sentido, Miño se agravió ya que se declaró verificado el crédito insinuado por Jorge, cuando la actividad probatoria de éste se limitó a aportar los mismos elementos que utilizó en el juicio ejecutivo, sin que se acreditará la causa del crédito insinuado.
Al respecto, como se dijo, el pretenso acreedor únicamente ofreció como prueba el expediente “Jorge, Luis Ricardo c/ Miño, Ada Beatriz s/ Cobro ejecutivo” (Expte. n° 47.126/06).
De dichas actuaciones surge que con fecha 11-6-2007 se mandó llevar adelante la ejecución promovida contra la fallida y su cónyuge por U$S 120.000, con más la tasa de interés activa que utiliza el Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 24, autos mencionados). Se decretó, asimismo, la venta en subasta pública del inmueble embargado a los ejecutados (fs. 87).
En efecto, conforme surge del boleto de compraventa judicial agregado fs. 219 de los autos de referencia, el martillero interviniente vendió en subasta pública a Luis Ricardo Jorge, por vía de compensación, el inmueble propiedad de los ejecutados sito en Pichincha 69, Boulogne, provincia de Buenos Aires; dicha operación de venta resultó aprobada el 29-8-2011 (fs. 324). Sin perjuicio de ello, de la compulsa del expediente no surge que se haya autorizado judicialmente la compensación.
Debe destacarse, asimismo, que a fs. 209 de las referidas actuaciones se presentó la fallida solicitando la suspensión de la subasta en virtud que se había cancelado el monto reclamado. A los fines de acreditar dicha circunstancia acompañó recibo y carta de pago, sin embargo, al ser analizados dichos documentos por un perito calígrafo, resultó que la firma inserta en aquellos no pertenecía a Luis Ricardo Jorge (fs. 281 y 295).
Por último, el incidentista manifestó que la fallida reconoció la causa de la deuda en el acuerdo de pago que se encuentra agregado en copia a fs. 284 de los autos de referencia.
Sentado ello, es oportuno destacar que la sentencia dictada en este tipo de juicios sólo alcanza eficacia formal, ello atento su estrecho marco cognoscitivo que simplemente determina la habilidad ejecutiva del título que se presenta ante el juzgador, pero no conoce sobre la existencia sustancial del crédito, circunstancia fundamental para probar la causa de la acreencia que pretende verificar el incidentista.
Ello se debe a que el procedimiento establecido en la ley 24.522 a los fines de la verificación de los créditos, es una acción causal y de conocimiento pleno que tiene por objeto demostrar la legitimidad de la acreencia pretendida, circunstancia que desborda la estructura formal de este tipo de pleitos, en los que no se abre juicio sobre cuestiones causales.
Si bien en el referido proceso ejecutivo se mandó llevar adelante la ejecución contra la fallida y se ordenó la venta en subasta del bien embargado resultando adquirente por boleto el incidentista, la naturaleza de las resoluciones recaídas en estos procesos no impide reeditar la discusión en la etapa verificatoria, pues en este contexto se requiere al acreedor la justificación del contenido de su pretensión, no ya a través de un título hábil que reúna los requisitos formales sino de la acreditación de la real existencia del crédito (Conf. SCBA Ac. 102.297, sent. del 1.9.2010).
Por otra parte, en lo que respecta al acuerdo de pago cuya copia se encuentra agregada a fs. 284 de las referidas actuaciones, en aquel documento la fallida se habría comprometido a pagar a Jorge el monto de la sentencia de remate. En este sentido, no debe soslayarse que la causa del crédito insinuado no es la sentencia dictada en el marco del expediente ejecutivo, por el contrario, la causa es el hecho o acto jurídico que determinó el libramiento del pagaré isinuado. Además, es oportuno recordar que el proceso de verificación no implica un litigio entre deudor y acreedor sino que se trata de probar el crédito frente al órgano del concurso, los demás acreedores y el juez, por ello se explica que el deber de indicar y probar la causa subsista aunque la fallida haya firmado un acuerdo de pago de la sentencia dictada en el expediente mencionado.
De acuerdo a lo expuesto, entiendo que asiste razón a la recurrente, pues la sentencia recaída en el proceso ejecutivo seguido entre las partes, atento su carácter formal y su estrecho marco cognoscitivo, resulta insuficiente a los fines de probar la causa de emisión del pagaré acompañado a fs. 1 (art. 384 del CPCC; 32, 33, 56 y ccs. LCQ).
IV. En otro orden de ideas, también se agravió la fallida porque en la sentencia no se valoró la absolución de posiciones del verificante tardío.
Así pues, al llevarse a cabo la audiencia confesional, el incidentista se opuso, conforme el artículo 412 del CPCC, a contestar la mayoría de las posiciones propuestas por la fallida (fs. 151/152).
La circunstancia apuntada restaría certidumbre al relato del pretenso acreedor, pues se rehusó a contestar posiciones sobre hechos que alegó en la demanda verificatoria (fs. 39/40), que fueron negados por la fallida (fs. 83/94), por lo que en modo alguno pueden ser consideradas impertinentes. De esta manera, el incidentista se excusó de responder posiciones que tenían como objetivo conocer la causa de la acreencia, entendida por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario, principal hecho controvertido en autos (fs. 151/152; posiciones 2ª, 3ª y 5ª).
Estimo, en consecuencia, que en virtud de la actitud reticente de Jorge a contestar las posiciones, la declaración confesional de aquel tampoco logró aportar elementos de convicción que permitan llegar a conocer la causa que dio origen al libramiento del pagaré (art. 384, 412 y 413 del CPCC; 32, 33, 56 y ccs. LCQ).
V. Por último, conforme fuera reseñado en forma precedente, la fallida tanto al contestar la demanda (fs. 83/94) como al expresar agravios (fs. 203/211) manifestó que la causa de la acreencia no era un préstamo para la compra de mercaderías sino una garantía de cumplimiento del contrato de mutuo concertado por la firma “Azartron S.R.L.” con el incidentista, el cual fue debidamente cancelado sin que aquel devolviera el pagaré.
A los fines de acreditar dicha circunstancia, la recurrente ofreció como prueba el expediente “Miño, Ada Beatriz s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación” (Expte. n° 37.508). En dichas actuaciones, se encuentra agregado un contrato de mutuo celebrado entre “Azartron S.R.L.”, representada por la fallida y su cónyuge, y el incidentista, en el cual éste último entregó a la referida sociedad en calidad de préstamo la suma de U$S 120.000 (fs. 427/429, autos mencionados).
Al respecto, debe destacarse que si bien el monto consignado en el referido mutuo coincide con la suma establecida en el pagaré que se pretende verificar, el cartular se encuentra suscripto con fecha 28-3-2006 mientras que el convenio fue celebrado el 8-7-2004. En idéntico sentido, tampoco surge del contrato que se haya firmado un pagaré como garantía de cobro del crédito. Dichas inconsistencias, las cuales no fueron aclaradas ni mencionadas por la fallida, restan verosimilitud a su relato.
Por lo tanto, no obstante la causa que pretende introducir la fallida, lo cierto es que la copia del contrato de mutuo celebrado entre “Azartron S.R.L.” y el incidentista, tampoco resulta suficiente a los fines de acreditar las circunstancias determinantes del acto cambiario (art. 375 y 384 del CPCC).
VI. Así las cosas, conforme fuera señalado en forma precedente, cuando se trata de un crédito con fundamento en pagarés, como el caso de autos, la condición de portador legitimado no justifica sin más la admisibilidad de la acreencia sino que sobre el insinuante recae la carga de declarar y probar su causa, esto es, las circunstancias determinantes del acto cambiario del presunto deudor, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o de su endosante si el documento circuló (CNCom, en pleno, 26.12.79, "Translínea S.A. c/Electrodinie S.A.", LL 1980-A-332 y ED 86-520).
En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que el presupuesto de hecho de la norma que se invoca como fundamento de la pretensión es el que debe probarse (SCBA, Ac. 21.036 y Ac y Sent. 1976-I-229 y siguientes), y juntamente con ello, los jueces de mérito están facultados para dar preferencia a unas pruebas respecto de otras, sin violar por ello las reglas de la sana crítica (SCBA, Ac. 32.070 sent. del 28-6-83).
En efecto, se advierte que el deber de invocar y probar la causa de la obligación que dio origen a la emisión del pagaré se redujo a las constancias del juicio ejecutivo seguido entre las partes. En dichas actuaciones, como se dijo, se da un debate de limitado margen cognoscitivo, razón por la cual sólo hace cosa juzgada formal. Además, sólo involucra a las partes de dicho proceso y no a los terceros como son los restantes acreedores que tienen participación decisiva en el proceso de verificación. Por lo tanto, resulta insuficiente a los fines de acreditar la causa de la obligación insinuada (art. 384 del CPCC; 32, 33, 56 y ccs. LCQ).
En idéntico sentido, debe ponderarse que la absolución de posiciones del incidentista, impulsada por la fallida, tampoco resultó conducente a los fines de conocer la causa del crédito insinuado. Ello, en virtud de la negativa de Jorge a contestar posiciones que tenían como finalidad conocer las circunstancias que dieron origen al libramiento del cartular, principal hecho controvertido en autos (art. 384, 412 y 413 del CPCC; 32, 33, 56 y ccs. LCQ).
A su vez, cabe recordar que quien dice haber efectuado un préstamo debe dar cuenta de la entrega material del dinero o de la salida de su patrimonio de las sumas implicadas y de su transferencia en beneficio del fallido (conf. CNCom, Sala D, Causa n° 7671/2014, sent. 17.3.2015). Sin embargo, el interesado no logró probar ninguno de esos extremos, es decir, la entrega o salida del dinero de su patrimonio en favor de Ada Beatriz Miño.
Ante las particularidades descriptas, debe ponerse de relieve que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos, si no logra cumplir con ello mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo que su acción sea rechazada (SCBA AC. 110.320 sent. del 22-5-2013).
Por lo tanto, analizando el escaso plexo probatorio aportado por el incidentista y considerando que era aquel quien tenía la carga de acreditar la causa de su acreencia, entiendo que las constancias de autos no son suficientes a los fines de declarar verificado el crédito insinuado (arts. 375 y 384 del CPCC; arts. 32, 56 y ccs. LCQ).
En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo se revoque la sentencia de fs. 193/195 rechazando el pedido de verificación tardía efectuado por Luis Ricardo Jorge por la suma de U$S 120.000.
Mediante resolución de fs. 195/196 se impusieron las costas al incidentista en tanto la verificación resultó objetivamente tardía; dicho decisorio no fue cuestionado. Sin perjuicio de ello, atento la propuesta al acuerdo formulada, toda vez que el incidentista resultó vencido, corresponde mantener este aspecto de la decisión (art. 68 del CPCC).
Respecto de las costas de Alzada, considero que en los incidentes, resultan aplicables las disposiciones de los arts. 68 y 69 del CPCC, que establecen un principio rector en la materia, según el cual debe soportalas quién resulta vencido, es decir, por aquel respecto del cuál se dicta un pronunciamiento adverso (conf. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, T° III, pág. 366 y ss.), principio que sólo debe ceder cuando la condena a una de las partes resulte inequitativa (conf. SCBA. Ac. 21.072 del 11-9-1979).
Atento que era el incidentista quien tenía la carga de acreditar la causa de su acreencia y que los agravios de la fallida prosperaron en su totalidad, no encuentro méritos para apartarme del principio objeti
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