Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171739
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso interpuesto por la incidentada con fecha 02/02/2021 y en consecuencia, modificar la sentencia del 28/12/2020, otorgando el carácter de quirografario al crédito objeto de la presente;
II. Imponer las costas en el orden causado (art. 68 CPC);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV .
REGISTRADA BAJO EL N º Fo.
Expte. N º 171739 Juzgado Civil y Comercial N°10
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PROVINCIA ART S.A. C/ PACA MURU SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE VERIFICACIÓN TARDÍA” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez, aceptándose en este acto la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau con fecha 15/04/2021.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la resolución dictada el 28 de diciembre de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. En el fallo cuestionado, la Sra. Jueza hizo lugar al incidente de verificación tardía promovido por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y en consecuencia, declaró verificado el crédito insinuado por la suma de $50.883,27 en concepto de saldo deudor por cuotas impagas correspondientes a los meses de marzo a septiembre del año 2000 y enero a agosto del año 2001 con privilegio general del art. 246 inc. “2” de la LCQ.
Difirió la determinación de los intereses para una vez aprobada la liquidación respectiva e impuso las costas a la incidentista.
Consideró que solo correspondía pronunciarse respecto del carácter privilegiado o quirografario del crédito reclamado, en virtud del allanamiento efectuado por la concursada y el dictamen favorable de la sindicatura que la eximieron de mayores consideraciones respecto a la causa y al monto de la obligación.
Adelantó opinión al decir que el crédito reclamado tenía carácter privilegiado en los términos del art. 246 inc. “2” de la LCQ, por entender que el sistema de seguridad social era abarcativo de todas aquellas cuestiones que hacen al bienestar y a la protección de los trabajadores tanto mientras prestan servicio como cuando cesan en sus actividades.
Explicó que conforme los objetivos enumerados en el art. 1 de la ley de Riesgos de Trabajo, mediante dicha norma se creó un subsistema que tendía a garantizar la prevención y reparación integral de contingencias sufridas por los trabajadores y por tal razón, debía ser considerado parte del sistema nacional de seguridad social.
Aclaró que esa solución no se veía conmovida por el hecho de que la incidentista fuera una sociedad privada, con cita de jurisprudencia de la Sala I de San Nicolás (c. nº9932, RSD 97-11, 4/8/2011) que dispuso: “ ( …) en la medida en que las prestaciones dirigidas a tutelar un bien público que en principio debieran ser cumplidas por el Estado, pueden sin embargo, por delegación, ser efectivamente realizadas por un ente de derecho privado (ART) por lo que corresponde extender a las acreencias de la ART el privilegio reconocido a favor del Estado y sin que se oponga a tal comprensión el hecho de que la ART acreedora sea una entidad de derecho privado y no un organismo oficial”.
Con respecto a los intereses devengados por el crédito reclamado, precisó que la ley 24.557 no establecía una tasa de interés específica a aplicar a las cuotas impagas por parte de la empleadora asegurada.
Agregó que la Resolución Nº 39/96 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (modificada por resolución Nº 463/09 y Nº 46/2018), que fijó las condiciones mínimas que deben respetar los contratos de afiliación, determinó como condición CUARTA en relación a la mora en el pago de las cuotas que “la mora será automática en el pago de las cuotas y devengará, a cargo del empleador, los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales”.
En virtud de lo expuesto, consideró aplicable los arts. 37 y 52 de la Ley Nº 11.683 y en consecuencia, las Resoluciones Nº 1253/1998, 110/2002, 36/2003, 314/2004, 492/2006, 841/2010 y 50/2019, que fijaron las distintas tasas que en concepto de intereses resarcitorios y punitorios debían ser aplicadas a las deudas por impuestos nacionales y al crédito reclamado.
Dispuso que de conformidad a lo previsto en el art. 622 del Código Civil derogado, vigente al momento en que se devengaron las cuotas y a la fecha en que se insinuaron los créditos, y art. 768 del CCyC vigente al momento del presente resolutorio, al haber un interés moratorio previsto legalmente, no le correspondía determinar la tasa aplicable ni morigerarla, por lo que rechazó lo solicitado por la sindicatura a fs. 51/52 y difirió su determinación para una vez aprobada la liquidación.
II. La incidentada interpuso recurso de apelación el día 02/02/2021 y lo fundó el 26/02/2021. La sindicatura contestó con fecha 04/03/2021.
Se queja por el carácter de privilegio general otorgado al crédito.
Afirma que si bien se allanó en cuanto al reconocimiento del crédito y eventualmente el monto resultante, hizo la salvedad y cuestionó la naturaleza o calidad pretendida del crédito, tal como se desprende del punto IV del escrito caratulado "Cuestiona y rechaza privilegio pretendido por la incidentista. Fundamenta".
Alega que la jueza está creando un privilegio y una prelación en una materia en la cual solamente puede reconocerse tal calidad por el legislador de la Nación.
Señala que el art. 246 inc. 2 de la LCQ hace referencia a los créditos o deudas para con los organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social y en el caso de autos, estamos ante una entidad privada, por lo que no es su ámbito de aplicación.
Destaca que el carácter de persona jurídica privada no ha sido discutido.
Manifiesta que la sentencia recurrida que establece un crédito privilegiado lesiona su derecho constitucional de propiedad y el principio de igualdad, pues la materia de los privilegios es resorte exclusivo del Congreso de la Nación.
Agrega que la decisión viola el principio de excepción que rige los caracteres del privilegio, lo que implica que siendo la regla concursal la igualdad de los acreedores de causa o título anterior al concursamiento del deudor y frente a la prenda común –patrimonio del deudor- ello trae que en materia de creación, interpretación y aplicación de la ley no puede recurrirse a la analogía o a la interpretación extensiva de los créditos comprendidos en tal calificación.
III. El recurso prospera.
El art. 3875 CC –vigente al tiempo del nacimiento de la obligación- establece que el privilegio es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro.
Y el art. 3876 CC es contundente al consagrar el principio de legalidad en esa materia al disponer que "El privilegio no puede resultar, sino de una disposición de la ley…”.
Al respecto, tiene dicho la SCBA que “ Un análisis razonable con la inteligencia que se acuerda al carácter legal de los privilegios en general (art. 3876 del Código Civil) y en especial a los que se aplican en materia concursal que hacen excepción a la "pars conditio creditorum" y al principio general del derecho privado que califica al patrimonio como la garantía común de los acreedores, impone una interpretación restrictiva en su aplicación” (Ac. 74856 S 19/02/2002).
Es que en materia de derecho concursal, la regulación del régimen de privilegios es autosuficiente (art. 239, ley 24522), salvo remisión expresa de la ley especial.
Y en este caso, la ley especial 24.557 –sancionada con posterioridad a la ley 24.522-, no incorporó ni modificó el régimen de privilegios vigente.
En consecuencia, el sistema en análisis es el que surge del art. 246 LCQ que establece en su inciso segundo que son créditos con privilegio general: “ El capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal, de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo ”.
Se individualiza así a los créditos privilegiados mediante una doble referencia.
Por un lado, respecto a sus titulares: los organismos que integran los mencionados sistemas y por el otro, mediante la mención de sus causas: prestaciones vinculadas con la seguridad social, los subsidios familiares y los fondos de desempleo.
Claramente, la ley 24557 incorporó de lleno la prevención y reparación de los daños causados por los riesgos del trabajo en el campo del derecho de la seguridad social, ya que puso en vigencia un sistema de prestaciones dinerarias y en especie otorgadas a los trabajadores, principalmente por entidades de derecho privado (ART), que tienen a su cargo la gestión del sistema, contratadas por los empleadores mediante el pago de una cuota mensual, bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entidad autárquica que funciona en jurisdicción del Ministerio de Trabajo (Etala, Carlos Alberto, “Derecho de la Seguridad Social”, Astrea, 2008, pág. 246/247).
De lo expuesto se deduce que, si bien las ART son entes privados que forman parte del sistema de la seguridad social, ello no significa que puedan considerarse “organismos” en los términos del art. 246 inc. 2° LQC.
No desconozco la postura de quienes extienden el privilegio general y consideran que las ART quedan comprendidas en él, tal la decisión recurrida (en igual sentido, voto mayoritario en plenario Cám. Nac. Com, Sala “E”, “Garbin”, 20/12/2007, Cita: TR LALEY 70041927; Casadío Martínez, Claudio Alfredo “Privilegio concursal de las primas adeudadas a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, TR LALEY AR/DOC/115/2008; Cám. Civ. Lomas de Zamora, Sala III, 7056 77 S 19/04/2016; Cám. Civ. San Nicolás, Sala I, 9932 RSD-97-11 S 04/08/2011; Cám. Civ. Lomas de Zamora, Sala I, 65539 RSD-147-8 S 15/05/2008).
Sin embargo, comparto la opinión de quienes consideran que cuando la norma hace mención a “organismos”, necesariamente se está refiriendo a entes de carácter público u oficial, descartando así que el privilegio pueda asignársele a entidades como las AFJP o como en este caso, a las ART (ver Julia Villanueva, “Privilegios”, Rubinzal Culzoni, 2004, pág. 345, y en el mismo sentido, Rivera, Roitman, Vítolo, “Ley de Concursos y Quiebras”, Tomo III, Rubinzal Culzoni, 2005, pág. 509).
Mismo criterio es el del voto minoritario del plenario ”Garbin” citado, donde también se argumentó que aunque por hipótesis se entendiera que las primas que reclama una Aseguradora de Riesgos del Trabajo comportan en su totalidad ingresos del sistema de seguridad social -lo que aparece dudoso desde que de allí se cobra sus comisiones, recupera sus gastos, asume riesgos, etc.- no es ésta el sujeto activo del beneficio acordado por la ley en el art. 246, inc. “2”.
Es que necesariamente, el sistema de seguridad social es público o estatal y en todo caso, únicamente nacional, pues es el Congreso Nacional la única legislatura facultada para crear aquellas normas que componen el sistema de seguridad social (Art. 12 CN) (Graziabile Darío J. “Privilegios”, Thomson Reuters La Ley, 2015, pág. 355).
Entonces, cuando la ley hace mención adjetivamente a lo nacional, provincial o municipal, no se refiere al sistema de seguridad social, el cual es necesariamente nacional, sino a los organismos que lo componen cuando ellos sean públicos u oficiales, y correspondan al gobierno federal, estado provincial (art. 125 CN) o municipal (Graziabile, ob. cit., pág. 355).
El fundamento del privilegio contemplado en la norma en análisis, es la necesidad de asegurar a esos organismos públicos sus ingresos, pues tratándose de entes públicos, dichos sumas son las que se destinan al sistema de seguridad social sin ninguna otra actividad lucrativa o comercial (Graziabile, Darío J., ob. cit., pág. 355).
Por todo lo expuesto, en tanto los privilegios solo pueden resultar de la ley y son de interpretación restrictiva, en el entendimiento que el art. 246 inc. “2” cuando menciona a los “organismos” se refiere a entes públicos estatales, nacionales o provinciales, no corresponde extender el privilegio establecido en la norma mencionada a los supuestos en el que acreedor sea una ART –en este caso a Provincia ART S.A.-, en virtud de su carácter de ente privado (arts. 3875, 3876 CC; art. 248 LCQ).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Hacer lugar al recurso interpuesto por la incidentada con fecha 02/02/2021 y en consecuencia, modificar la sentencia del 28/12/2020, otorgando el carácter de quirografario al crédito objeto de la presente; II . Imponer las costas en el orden causado (art. 68 CPC); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I . Hacer lugar al recurso interpuesto por la incidentada con fecha 02/02/2021 y en consecuencia, modificar la sentencia del 28/12/2020, otorgando el carácter de quirografario al crédito objeto de la presente; II . Imponer las costas en el orden causado (art. 68 CPC); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV . REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado de notificaciones a los siguientes domicilios electrónicos (Ac. 3991):
Oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2021 12:43:20 - MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2021 13:58:07 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2021 23:51:06 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia