Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $ 97.200, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
La Plata, 6 de Noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Genoud, Negri, Soria y Kogan dijeron:
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que importa destacar, confirmó el fallo de origen que -a su turno- aprobara el contrato de gerenciamiento de la firma concursada Expreso Lomas S.A. (v. fs. 5115 y 6844/6846).
II. Frente a ello, la letrada apoderada de la concursada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce violación a los arts. 15, 16 y 17 de la ley 24.522; 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 6956/6970).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 6844/6846 para mantener la decisión de grado sostuvo, por un lado, que "... Por resolución de fs. 97/100 del incidente de investigación incoado por Megacar S.A., se dispuso la separación de la admnistración [administración] de la empresa concursada y la designación de una admnistración [administración] Ad Hoc en su reemplazo. Dicho pronunciamiento se encuentra alcanzado por la autoridad de la cosa juzgada ... Por ende, la facultad de representar a la concursada en la audiencia ... recaía en cabeza de la administradora judicial quien, presente en el acto, prestó su conformidad para la aprobación del contrato de gerenciamiento." (v. fs. 6845) y, por el otro, que "... las críticas que giran en torno al contrato de gerenciamiento no alcanzan a conmover la resolución en crisis, teniendo en cuenta la opinión favorable de la Sindicatura ..." (v. fs. 6845 vta.).
Tales fundamentos, que se erigen en el sostén jurídico del pronunciamiento recurrido, no logran ser conmovidos eficazmente por los agravios volcados a fs. 6960/6969 vta., en tanto su detenida lectura deja advertir que tales ataques (emparentados con el régimen de administración concursal, la participación de la deudora en la aprobación del gerenciamiento y en las bondades del contrato) se limitan a discrepar con las razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las temáticas debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho es indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión de la aquí agraviada, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela del ataque y permite descartar las infracciones normativas indicadas a lo largo de la pieza impugnante (art. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, tampoco puede ser atendida la aducida infracción a las garantías constitucionales expuestas a fs. 6960 y vta., ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la impugnante -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $ 97.200, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia