Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123344
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC); reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) rechazar la queja interpuesta por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790); con costas (art. 68, Cód. cit.).
C. 123.344 "COOPERATIVA INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA DE PRODUCCION Y CONSUMO LTDA. (CITA) S/ CONCURSO PREVENTIVO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco del concurso preventivo de la Cooperativa Industrial Textil Argentina (C.I.T.A.) y frente a la solicitud del síndico Ricardo Alberto Bouche de que se le librara giro en relación a sus honorarios -conforme a la liquidación aprobada de $ 232.486, comprensiva del capital de $ 64.300 con más sus accesorios (v. fs. 1437, resolución de fecha 13 de marzo de 2018)-, rechazó el planteo de prescripción de tales estipendios profesionales articulado por la concursada (v. fs. 1440, 1447, 1457, 1463 y vta. y 1464/1465).
A su turno, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación departamental confirmó lo así resuelto (v. fs. 1485/1491).
Frente a ello, la cooperativa mencionada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-V-2019 y copia de fs. 1516/1520), siendo concedido el primero y denegado el segundo -con sustento en la insuficiencia del valor del agravio- (v. fs. 1505). Tal denegatoria motivó la articulación de una queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; v. fs. 1523/1534).
Recibidas las actuaciones principales en virtud del remedio otorgado, se agregó la queja a las mismas (v. fs. 1535).
II. Pasando a analizar la vía extraordinaria de nulidad concedida, esta Corte reiteradamente ha dicho que ésta sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 118.577, "Luna de Eyheragaray", resol. de 1-IV-2015; C. 120.680, "L., C. H.", resol. de 29-VI-2016; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.590, "Martinez", resol. de 13-XI-2019 y C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020).
En tal sentido, cabe destacar que del análisis del escrito impugnativo resulta que en su fundamentación, no obstante la mención de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios basados en el contenido normativo de tales preceptos. Así, de su lectura se observa que las argumentaciones efectuadas en sostén de la referida vía apuntan, en rigor, a controvertir el acierto de lo resuelto en el fallo de la Cámara puesto en crisis, aduciendo que el mismo es arbitrario y dogmático, que se vulneró el principio de congruencia y resulta contradictorio, derogando -a su entender- la ley de fondo y dejando de lado el instituto de la prescripción (v. fs. 1517 y vta.). Tales manifestaciones se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, planteos que no son propios del carril recursivo en consideración (conf. doctr. causas C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 123.532, "Fernandez", resol. de 23-X-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020 y C. 123.417, cit.).
En consecuencia, deviene inadmisible el carril anulatorio incoado (conf. causas C. 117.268, "Mindel", resol. de 19-XII-2012; C. 121.776, "Zardain", resol. de 20-IX-2017; C. 121.922, "Cassano", resol. de 7-III-2018 y C. 122.689, "Gonzalez", resol. de 19-IX-2018).
Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018 y C. 123.417, cit.).
III. Respecto al recurso de hecho por la vía de inaplicabilidad de ley denegada, cabe observar que, en el sub examine , el recurrente no discute que el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el monto mínimo contemplado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- para acceder a su revisión por el carril intentado (doctr. causas C. 121.413, "Visser", resol. de 19-IV-2017; C. 121.619, "Balatti", resol. de 9-VIII-2017; C. 122.359, "Segovia", resol. de 11-IV-2018; C. 122.617, "Hildebrandt", resol. de 29-VIII-2018).
En la queja pretende que tal valladar pecuniario sea dejado de lado por considerar inconstitucional el referido art. 278, alegando la existencia de cuestiones federales involucradas que en la especie permitirían superar tal limitación. Asimismo, plantea la comparación del monto de los honorarios pretendidos con el valor del JUS y su evolución a fin de satisfacer el recaudo en cuestión (v. fs. 1525 y sigs.).
Con respecto a la alegación referida a la inconstitucionalidad del art. 278 citado (v. fs. 1527 y sigs.), esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en aquel dispositivo legal no vulneran derechos o garantías de ese rango (causas C. 116.566, "Pacheco", resol. de 18-IV-2012; C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019).
Por lo demás, el planteo introducido en relación a la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478; v. fs. 1525 y conc.) carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
Así, en el sub lite , no se advierte - prima facie - la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales (v. fs. cit.), en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (causas Ac. 101.181, "Puntieri", resol. de 4-VII-2007; Ac. 102.752, "Godoy", resol. de 3-IV-2008; C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.634, "Aveldaño", resol. de 11-III-2020).
Finalmente en relación a la referencia que realiza la impugnante en cuanto a la evolución del valor del IUS arancelario y al límite del ya mencionado art. 278 (v. fs. 1529 y vta.), esta Corte reiteradamente ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 113.930, "Becerra", resol. de 30-III-2011; C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 118.512, "Olhaberry", resol. de 27-XI-2013), por lo que resultan inadmisibles los fundamentos expuestos en tal sentido para superar tal limitación (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.757, "Cardano,", resol. de 26-II-2020).
Asimismo, cabe recordar que esta Corte ha dicho, en casos análogos, que a los fines previstos en el art. 278 citado, no corresponde actualizar la suma reclamada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- (conf. causas C. 116.707, "Michelutti", resol. de 6-VI-2012; C. 122.786, "Poceiro De Dieguez", resol. de 7-III-2019 y C. 122.757, cit.), cuya invalidez constitucional aún no ha sido declarada por este Tribunal
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada también resulta inadmisible (art. 278, cit. y Resol. 3.935/2019) y se impone el rechazo de la queja traída a su respecto (art. 292, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC); reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) rechazar la queja interpuesta por el de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790); con costas (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 18:08:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 07/07/2020 20:23:05 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:21:32 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 27/07/2020 17:39:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/07/2020 13:37:37 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia