Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal el 22 de julio de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.449 "BANCO PATRICIOS SA. -EMP. SAN VICENTE- INCIDENTE VERIFICACION S/ CONCURSO PREVENTIVO (26)"
I. Con las presentaciones electrónicas de fechas 25 y 28 de julio del corriente, ténganse por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Órgano el 22 de julio de 2020.
II. El apoderado de la concursada deduce, mediante presentación electrónica de fecha 29 de mayo del corriente año, recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. resol. de 11-III-2020).
En el marco de un incidente de revisión incoado por el apoderado de la Sindicatura de la firma Banco Patricios SA, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento de origen que, a su turno, había hecho lugar a la excepción de prescripción deducida por la concursada Empresa San Vicente SAT. En consecuencia, la desestimó al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso, con sustento en la existencia de un acto interruptivo del curso de la prescripción liberatoria (v. resols. de fecha 26-IV-2018 y 2-V-2019).
III. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, propiedad y defensa en juicio (arts. 14, 17 y 18 de la Const. nac.; v. págs. 11, 12, 14 y 16 del pdf adjunto al escrito electrónico del 29-V-2020).
III.1. Sostiene que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto esta Corte, sin analizar los hechos, ni las pruebas aportadas y mediante una fórmula estereotipada, ponderó que el remedio local había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad. Cita el recurrente, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (Fallos: 279:283; 283:148; 284:115; 308:358; 310:237; 311:323; 319:2347; 320:511; 322:182; 323:1455, 1774, 2461; v. págs. 5, 13/15, pdf cit.).
En tal sentido, expone que en la vía de inaplicabilidad de ley denunció que la Cámara había transgredido el principio de congruencia. Ello, con base en que, por un lado, los poderes del a quo se encontraban limitados a los temas planteados ante el juez de primera instancia, donde -asevera- no se había invocado que los escritos de fs. 251 y 252 tengan alcance interruptivo de la prescripción. Y, por el otro, que en su apelación el acreedor incumplió con la carga de formular una crítica concreta y razonada del argumento central del fallo dictado por el magistrado de origen, esto es, que el plazo decenal de la prescripción no había sido interrumpido (v. págs. 13/14 del documento adjunto).
III.2. Alega, finalmente, que lo resuelto por la cámara de apelaciones y convalidado por la resolución desestimatoria de esta Suprema Corte implica un exceso en los límites del pronunciamiento y debe ser dejado sin efecto (v. págs. 15/16 del documento adjunto).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 18 de junio del corriente año), el mismo fue contestado por la Síndico Ana Delia Di Falco y por el apoderado del Síndico Eduardo Pedro Lavagnino (v. presentaciones electrónicas de fecha 25 y 28 de julio de 2020).
V.1 Respecto de la vía federal, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la valoración efectuada por el a quo respecto del plazo de prescripción y los actos interruptivos del mismo, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, desconocimiento de la prueba, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.3. Resta decir que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de debido proceso, propiedad y defensa en juicio; arts. 14, 17 y 18 de la Const. nac.; v. págs. 11, 12, 14 y 16, pdf cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 14 y 16), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal el 22 de julio de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2020 12:11:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 16:22:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 16:26:37 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 18:53:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 19:35:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 12:52:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia