Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.754 "CALUC SALADILLO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO (GRANDE)"
I. El apoderado de la firma Caluc Saladillo S.A. deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en sustento en la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión, declaró mal concedido el remedio de nulidad y desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 29-VII-2020, escrito electrónico del 28-VIII-2020 y archivo adjunto "REF CALUC.pdf").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, desestimó la petición efectuada por el autodenominado "Grupo Cortese (o CLC)" -que se pretende conformado por las firmas CALUC Saladillo S.A., Super Central S.A., Agapantus Cereales S.A., SUPERCLC S.A. y Carnicerías Integradas S.A.- solicitando que se disponga la apertura del concurso preventivo de las mencionadas en los términos del art. 65 de la ley 24.522, esto es, como agrupamiento (v. resols. de 1-IV-2019 y 19-VI-2019).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia (arts. 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1 y 8, CADH; XVIII, DADDH; 2 incs. 1, 7 y 10, DUDH; v. págs. 4, 16, 21, 24/25 y 28/31, pdf cit.).
II.1. Sostiene que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho aplicable y debe ser descalificada como acto judicial válido, en tanto -según su modo de ver- se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte, sin analizar las circunstancias objetivas de la causa y apartándose de la normativa que rige al caso, calificó -sin fundamentación y con exceso ritual- de no definitiva la decisión del a quo. En consecuencia -por un lado- declaró mal concedido el remedio de nulidad y -por el otro- desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, vulnerando así el derecho de propiedad de su representada.
Contrariamente a lo expuesto, asevera que el rechazo de la apertura del concurso como grupo económico en los términos del art. 65 de la ley 24.522, al impedir el trámite unificado con sindicatura única y la formulación de una sola propuesta a todos los acreedores, recayó sobre el objeto principal del litigio y produjo el efecto de finalizar la litis , haciendo imposible su continuación. Y agrega, que aún pudiendo tramitar el concurso preventivo de cada sociedad por separado, se obtura toda posibilidad de acceder a la tutela judicial efectiva para transitar el proceso concursal del modo que la citada ley establece -especialmente- para los supuestos en que se verifique un agrupamiento económico (v. págs. 18/31, pdf cit.).
II.2. Aduce, también, que dicha postura se apartó de la doctrina sentada por la Corte nacional en los precedentes que cita y entiende atinentes al caso, que señalan que en materia concursal resultan equiparables a sentencia definitiva -en los términos del art. 14 de la ley 48- las decisiones que causan un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de imposible reparación ulterior, o bien resultar tardía o insuficiente (Fallos 314:1202; 319:1492 y 332:479; v. págs. 22/23, pdf cit.).
II.3. Finalmente, alega que por todas las cuestiones mencionadas precedentemente -que entiende de índole federal- corresponde hacer excepción a la regla de la irrevisabilidad de los temas de derecho común y procesal, haciendo lugar al recurso y dejando sin efecto la sentencia atacada (v. págs. 27/31, pdf cit.).
III.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
III.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual manifiesto, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
III.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; arts. 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1 y 8, CADH; XVIII, DADDH; 2 incs. 1, 7 y 10, DUDH; v. págs. 4, 16, 21, 24/25 y 28/31, pdf cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 22/23, pdf cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:44:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 17:00:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:37:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 23:35:51 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 12:53:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia